Enero 16 de 1996

Generales

El 16 de Enero de 1996, en el Castillo de Chapultepec, se reunieron especialistas, militantes de los partidos políticos y sus dirigentes nacionales, con el objetivo de discutir sobre la necesidad y contenidos de una reforma electoral, así como la revisión al sistema de representación nacional.

Participantes

Se contó con la participación de académicos e intelectuales, entre otros Víctor Blanco, Alonso Lujambio, Federico Reyes Heroles, Adolfo Aguilar Zínser, José Antonio Crespo, Juan Molinar Horcacitas y Arturo Sánchez Gutiérrez.

También formaron parte de este ejercicio, militantes de los partidos políticos y los dirigentes nacionales de éstos. Por parte del Partido Acción Nacional asistieron Humberto Aguilar, Juan José Rodríguez Prats, José Luís Torres, Jorge Zermeño y su dirigente nacional Carlos Castillo Peraza.

Del Partido de la Revolucionario Institucional, participaron: Tristán Canales, Juan Enrique Ibarra Pedroza, Daniel Mora, Ignacio Ovalle, Juan Ramiro Robledo y el dirigente nacional: Santiago Oñate Laborde.

El Partido de la Revolución Democrática estuvo representado por José Barberán, Raymundo Cárdenas, María Sainz, Ricardo Ruiz, Amalia García, Ricardo Valero Villavicencio, Jesús Zambrano y el dirigente nacional Porfirio Muñoz Ledo.

Agenda

De este ejercicio, se derivan sesenta propuestas divididas en catorce temas, junto con un apartado de propuestas adicionales: Derechos Políticos, Autoridad Electoral, Tribunal Federal Electoral, Fiscalía Especial de Delitos Electorales, Condiciones de Equidad en los Medios de Comunicación, Condiciones de la Competencia, Partidos Políticos y su Afiliación, Coaliciones y Candidaturas Comunes, Cédula de Identidad Ciudadana y Padrón Electoral, Programas Públicos y Procesos Electorales, Calificaciones de las Elecciones, Representación Nacional y Procesos Electorales Locales.

Conclusiones o propuestas

Sobre los derechos políticos

•Que los derechos políticos de los mexicanos estén sujetos control constitucional.
•Que el control constitucional se ejerza sobre la legislación electoral federal y local, así como sobre los actos de la autoridad electoral federal y local.
•Que la Suprema Corte de Justicia de la Nación sea el órgano competente para dirimir controversias constitucionales que versen sobre la legislación electoral.
•Que el Tribunal Electoral se integre al Poder Judicial de la Federación y sea el órgano competente para desahogar los recursos sobre la constitucionalidad de los actos de las autoridades electorales.
•Que los procedimientos constitucionales tomen en cuenta los términos de preclusión y de definitividad que deben regir en los procesos electorales.
Sobre la autoridad electoral
•Que se establezca la autonomía e independencia plena del órgano electoral.
•Que la vinculación de los poderes del Estado con la autoridad electoral se norme a través de la legislación, para que adquiera un carácter jurídico político.
•Que la concurrencia de los poderes con la autoridad electoral se estipulen en la Ley, de conformidad con las atribuciones y competencias de cada una de las dependencias.
•Que el Consejo General esté formado por siete "Consejeros Electorales", con voz y voto, por los representantes de los partidos políticos, sólo con voz.
•Que la Cámara de Diputados nombre por mayoría calificada a los consejeros electorales del Consejo General a propuesta de una comisión pluripartidista paritaria de las fracciones parlamentarias, que reciban y condensen las propuestas de las propias fracciones parlamentarias.
•Que el Consejo General nombre a los miembros de los consejos locales.
•Que el Consejo General elija por mayoría calificada a cada uno de sus miembros como presidente.
•Que el Presidente sea el representante legal del Consejo con la función fundamental de conducir los debates.
•Que el Presidente dure en su cargo un año.
•Que el Presidente pueda ser revocado por la mayoría calificada de propio consejo.
•Que el Presidente pueda ser reelecto.
•Que la Ley estipule las causas de revocación y los tiempos en los cuales se pueda hacer valer para no interrumpir el desarrollo del proceso electoral.
•Que el Consejo General sea el órgano superior del IFE y que tenga las facultades y atribuciones necesarias para determinar las políticas generales de su administración y para aprobar sus reglas y lineamientos.
•Que el Consejo General integra la Comisión o Comisiones que sean necesarias para la debida supervisión y vigilancia del ejercicio de las funciones ejecutivas y administrativas de la Institución.
•Que esas comisiones puedan ser integradas por consejeros electorales, representantes de partidos y/o comisionados externos elegidos por sus capacidades técnicas, pero que siempre pertenezca a ellas por lo menos uno de los consejeros electorales.
•Que la Comisión Nacional de Vigilancia del Registro Federal de Electores permanezca, no obstante esas comisiones.
•Que se integra una comisión de Auditoría del Instituto con auditores independientes nombrados por el Consejo General.
•Que se presente anualmente un dictamen al Consejo que se haga público, y que actúe de forma independiente de la acción fiscalizadora que por ley realiza la Contaduría Mayor de Hacienda o su equivalente.
•Que para el nombramiento y la evaluación del personal del Servicio Profesional Electoral el Consejo General establezca las normas generales, que elabore, en su caso, el nuevo Estatuto del Servicio Profesional Electoral para proponerlo a aprobación del Congreso.
•Que el IFE elabore y administre su propio presupuesto.
•Que sea incluido sin modificaciones en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación.
•Que deba presentarse ante la Cámara de Diputados para su discusión y aprobación.
•Que el IFE reciba su presupuesto según un calendario fijo para resolver el problema del control presupuestal.

Sobre el Tribunal Federal Electoral

•Que el Tribunal Federal Electoral funcione como un organismo jurisdiccional de pleno derecho y se integre al Poder Judicial de la Federación.
•Que la Cámara de Senadores nombre a los magistrados del Tribunal a propuestas de la Suprema Corte de Justicia.

Sobre la fiscalía especial de delitos electorales

•Que se incorpore en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, el nombramiento de un agente del Ministerio Público especializado en Asuntos Electorales.
•Que tenga autonomía funcional del procurador.
•Que sea nombrado por el procurador a propuesta del Consejo General (del IFE).
•Que tenga que informar de sus gestiones al Consejo General (del IFE).

Sobre el financiamiento y los gastos de campaña

•Que el monto del financiamiento público a los partidos y los topes a los gastos de campaña y a las aportaciones privadas, sean revisados a la baja de los vigentes para responder con austeridad en los costos de la democracia, a las actuales circunstancias económicas por la que atraviesa el país.
•Que el 60 por ciento del financiamiento público se distribuya a los partidos según el criterio de proporcionalidad y el 40 por ciento según el principio de igualdad, a partir de los resultados electorales de diputados de mayoría relativa de la elección anterior, tomando en cuenta la votación válida.
•Que el tope de gasto de campaña de cada partido para cualquier elección federal, sea un nuevo peso por cada ciudadano votante potencial de la siguiente elección por realizar, trátese de elección presidencia, de diputados federales o senadores. Que el nuevo peso sea a valor de agosto de 1994, ajustado según una proyección del índice de Precios de Consumidor del Banco de México. Que la cantidad de votantes potenciales se calcule según una proyección realizada por el INEGI a partir del padrón electoral de la elección anterior.
•Que los partidos políticos que obtengan su registro con posterioridad a la fecha en la cual se determine el financiamiento público a los partidos, solamente tengan derecho a una cantidad igual a la que corresponda a los partidos que ya tenían el registro según el criterio de igualdad. •Que ese financiamiento no sea retroactivo, sino se aplique a partir del año siguiente la fecha de la concesión del registro. Que ese gasto se incremente al presupuesto del IFE para los partidos y no modifique el cálculo inicial.
•Que de la cantidad que corresponda a cada partido se entregue el 20 por ciento el primer año del trienio, 30 por ciento el segundo año y 50 por ciento el tercer año.
•Que el financiamiento privado a los partidos y a los candidatos se limite a un tope. Que se prohíban las aportaciones de las personas morales. Que se cuantifiquen las aportaciones de las personas morales. Que se cuantifiquen las aportaciones en especie.
•Que para su campaña, cada candidato abra una cuenta bancaria única por la cual deban pasar todos sus ingresos y todos sus gastos de campaña.
•Que sean fiscalizados los ingresos y los gastos de los partidos y de los candidatos. Que la Comisión que audite a la autoridad electoral sea la que fiscalice a los partidos y a los candidatos.
•Que la Comisión presente sus informes al Consejo General de la autoridad electoral para su aprobación y los haga públicos junto con los estados financieros de los partidos.
•Que se establezca un sistema gradual de sanciones al incumplimiento de las normas de financiamiento. Que entre las sanciones esté la pérdida de la candidatura, la anulación del resultado electoral del candidato infractor o la pérdida del registro del partido. Que se sancione gravemente el ocultamiento doloso de la información.

Sobre las condiciones de equidad en los medios de comunicación

•Que el principio de equidad rija el acceso de los partidos políticos y de los candidatos a los medios de comunicación colectiva.
•Que las prerrogativas de comunicación sean distribuidas entre los partidos con la misma regla del financiamiento: 40 por ciento por el principio de igualdad y 60 por ciento por el principio de proporcionalidad.
•Que para las prerrogativas se incluya un capítulo especial en la Ley Electoral que regule los tiempos propuestos para los periodos electorales y no electorales, y que el IFE este obligado a elaborar programas con objetivos de educación cívica y fomentó de la cultura democrática.
•Que establezca un canal público de televisión y una estación de radio, ambos de cadena nacional, para el fomento de la cultura democrática, dependientes del Congreso de la Unión. •Que en las épocas de campaña el Consejo General fije la norma para que el IFE administre los tiempos de este canal público. Que transmitan los debates de los candidatos y la presentación de los programas y las propuestas de los partidos. Que compartan con los medios privados los tiempos relativos a las prerrogativas.
•Que se promueva una reforma a la Ley de Radio y Televisión y que el IFE administre los tiempos del Estado en los canales comerciales en los periodos de campaña electoral.
•Que como complemento de las prerrogativas de los partidos en los medios electrónicos de comunicación, en tiempos de campaña la contratación de publicidad política por los candidatos en ningún caso rebase el 30 por ciento de sus topes de campaña.
•Que la publicidad política sea cotizada en los medios en los mismos términos, condiciones y precios que la publicidad comercial y que se incorporen en ella la que es pagada por el partido.
•Que el IFE lleve a cabo monitoreos permanentes de la información noticiosa de las campañas electorales. Que los resúmenes de ese monitoreo sean difundidos por los propios medios.
•Que el IFE esté obligado a organizar y convocar a debates públicos a los candidatos. Que se establezca la obligación de los candidatos de presentar públicamente las plataformas electorales de sus partidos.
•Que se legislen los derechos de réplica y reclamación de los partidos y los candidatos frente a informaciones falsas o deformadas, calumniosas o difamatorias, emitidas por los medios de comunicación colectiva.
Sobre las condiciones de la competencia
•Que se elimine la exclusividad para cualquiera de los partidos de utilizar los colores patrios y que se prohíba el uso de los demás símbolos patrios.

Sobre los partidos políticos y su afiliación

•Que desaparezca el registro condicionado de los partidos políticos y se establezca un solo tipo de registro. Que se establezca que el partido político que pierda su registro no pueda solicitarlo para la siguiente elección.
•Que se incremente a 3 por ciento el porcentaje de votos para mantener el registro de los partidos y a 5 por ciento el necesario para tener acceso a los curules de representación proporcional.
•Que se introduzca la figura de las asociaciones políticas. Que se establezcan como prerrogativas la exención fiscal y las franquicias postales y telegráficas. Que solamente puedan participar en las elecciones federales, aliadas con los partidos políticos nacionales, en cuyo caso deban sujetarse a las limitaciones que establezca la ley en materia de prerrogativas y financia-miento. Que se establezca una fundación para apoyarlas, que les financie proyectos y les tramite la deducibilidad de los donativos que reciban. Que en la fundación se establezca un fideicomiso que recoja recursos para apoyar a las asociaciones. Que en los comités técnicos de la fundación y del fideicomiso participen los consejeros electorales y representantes de los partidos políticos. Que se puedan organizar asociaciones políticas para apoyar a un partido o a un candidato.
•Que el ejercicio de los derechos ciudadanos sea libre y personal por mandato constitucional.
•Que se sancione toda forma de coerción o inducción del voto derivada de la relación laboral, de la agremiación social o del disfrute de un bien o un servicio público.

Sobre las coaliciones y las candidaturas comunes

•Que se permita el registro de candidatos independientes siempre y cuando acrediten el apoyo de por lo menos el 2 por ciento de los votantes de la demarcación territorial por la que se postulen. Que se sujeten a las restricciones que se establezcan a los partidos y a los candidatos en materia de equidad en las condiciones de la competencia y en particular respecto de los términos de financiamiento privado, fiscalización, topes de campaña y equidad. Que no sean objeto de prerrogativas.
•Que se faciliten las condiciones para formar coaliciones y para postular candidatos comunes. Que se establezca como único requisito que presenten una propuesta común. Que los candidatos aparezcan una sola vez en las boletas electorales incluyendo en el recuadro respectivo los símbolos de todos partidos que los postulen. Que el candidato de varios partidos no lesione el principio de equidad por  disfrutar de mayores prerrogativas por acumulación, o sea que no puedan superar el tope de gastos de campaña.
•Que una coalición de partidos no pueda tener financiamiento por encima del partido que tenga derecho a los mayores ingresos, según las prerrogativas de la ley. Que se establezcan términos de preclusión para la formación de coaliciones o la postulación de candidatos comunes. Que en los convenios de coalición o candidato común, se especifique la forma como cumplirá con la legalidad en lo relativo al reparto plurinominal y al registro de los partidos.

Sobre la Cédula de Identidad Ciudadana y el padrón electoral

•Que la Cédula de Identidad Ciudadana se convierta en el instrumento para la identificación de los electores en las casillas para las elecciones del año 2000. Que el Registro Electoral sea actualizado permanentemente con la participación de los partidos políticos y auditado antes de cada elección.
•Que sea corresponsabilidad del Estado y los ciudadanos obtener el registro de estos últimos en el padrón.
•Que la lista nominal de las elecciones de 1997 incorpore la fotografía del elector.
•Que la redistritación se haga para las elecciones de 1997 siguiendo jerárquicamente los criterios geográficos, de manera que no se dividan estados o municipios; y numérico, para lograr la igualdad de población.

Sobre los programas públicos y los procesos electorales

•Que no se identifiquen por ningún medio los programas públicos con programas partidarios y mucho menos se les utilice con fines electorales.
•Que su publicidad se suspenda en tiempos electorales. Que sea el Consejo General del IFE el que autorice las excepciones.

Sobre las calificaciones de las elecciones

•Que el cómputo y el otorgamiento de la constancia de la mayoría para la elección de diputados uninominales sea realizada por los consejos distritales. Que la de los senadores lo sea por los consejos locales.
•Que la elección presidencial y de los diputados plurinominales lo sea por el Consejo General. •Que el Tribunal Federal Electoral haga la declaratoria de validez de todas las elecciones y respecto a la elección presidencial, notifique al Congreso para que el candidato triunfante rinda su protesta como presidente de la República ante dicho Poder.

Sobre la representación nacional

•Que se aplique el criterio de la mayor proporcionalidad posible para la Cámara de Diputados. Que se estudie la integración de la Cámara de Diputados que garantice esa fórmula de proporcional. Que no haya límite en la lista de candidatos a diputados de mayoría relativa.
•Que el reparto de los plurinominales tenga como objeto complementar las bancadas de los partidos que no hayan alcanzando su cuota proporcional con asientos obtenidos por el camino de la mayoría relativa. Que cuando algún partido obtenga sobre representación por el principio de mayoría relativa, en ningún caso se le resten curules, independiente del porcentaje de votación que haya obtenido.
•Que la composición del Senado se lleve a cabo por representación proporcional según el principio de consciente natural y resto mayor.
•Que se establezca la reelección de los legisladores por un número limitado de periodos, a partir del año 2000.
•Que se incluya en los artículos 41 y 116 de la Constitución, que las legislaciones de los Estados, deban incorporar para los procesos electorales locales los mismos principios establecidos para los procesos electorales federales, de tal suerte que pueda operar en forma eficiente el control constitucional respecto de leyes y procesos electorales.
Propuestas adicionales
•Que se reduzca de forma significativa el plazo de las campañas electorales. Que en la medida de lo posible se realicen simultáneamente los procesos electorales federales y los locales.
•Que se evalúe la posibilidad de establecer un mecanismo eficaz para que los ciudadanos mexicanos que residan en el extranjero puedan ejercitar su derecho al voto.
•Que se incluyan en la Constitución el referéndum, el plebiscito y la iniciativa popular.
•Que en aquello que sea aceptable, se ratifique las resoluciones adoptadas por el Consejo General del IFE con Motivo del acuerdo por la Paz, la democracia y la justicia del 27 de enero de 1994, así como las resueltas a propósito de las elecciones extraordinarias celebradas en distritos de los estados de Puebla y Veracruz que no hayan sido consideradas en este documento, incluyendo la creación de una comisión de consejeros electorales representantes de partidos políticos y funcionarios de la autoridad electoral, para que a partir del mes de noviembre de 1996 monitoreen, supervisen y arriben a consensos que puedan ser propuestos al Consejo General para su ratificación, en todo aquello relativo al buen desarrollo del próximo proceso electoral.

Fuente: Efrén Elías Galaviz (coordinador). Proyectos de reforma del Estado en el México contemporáneo. Subsecretaría de Desarrollo Político de la Secretaría de Gobernación. México. 2003.