Wayne A. Cornelius, Octubre de 1994

Wayne A. Cornelius es profesor de Ciencia Política y director-general del Centro de Estudios México-Estados Unidos de la Universidad de California-San Diego.

Este texto es la versión corregida de un comentario presentado en el seminario sobre las elecciones presidenciales de 1994, realizado en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, el 26 de agosto de 1994.

De acuerdo con lo que escribió Sergio Aguayo hace poco, creo que las elecciones presidenciales de 1994 "dan muchas razones para celebrar, lamentar y reflexionar".

Sergio Aguayo Quezada, "Un balance ciudadano de la elección", La Jornada, 24 de agosto de 1994.

Mis propias observaciones, realizadas durante casi 15 horas, en 15 casillas urbanas y rurales en el Estado de México, me llevan a la conclusión de que el nuevo sistema electoral, conformado principalmente entre enero y marzo de 1994, sí tiene la capacidad para frenar drásticamente -pero no eliminar por completo- el manipuleo de la votación en sus varias formas, al menos cuando está funcionando bajo el escrutinio de muchos observadores independientes y representantes de partido.

Es igualmente indiscutible, juzgando por la distribución de las irregularidades detectadas por Alianza Cívica, el PAN, y el PRD, que el nuevo aparato electoral funciona mucho mejor en el ámbito urbano que en el rural.

Abundan las indicaciones de la inercia y la persistencia de la vieja cultura del fraude en las localidades más pequeñas y aisladas, sobre todo en estados como Chiapas, donde esa cultura del fraude tiene más arraigo.

Sin embargo, hay que reconocer que cualquier sistema que logra movilizar a cuatro de cada cinco mexicanos empadronados a acudir a las urnas representa un gran avance en la democratización de México. Si se puede perfeccionar el sistema, por medio de la rectificación adicional del padrón, la instalación de un número más adecuado de casillas especiales para votantes en tránsito (surtidas con un número más adecuado de boletas), más renovación de personal en los consejos distritales del IFE para mejorar el conteo a ese nivel, y con una penetración mucho más amplia de las zonas rurales por observadores y representantes de partido, se podría aumentar notablemente la capacidad del sistema para garantizar la transparencia en la jornada electoral.

Mis inquietudes tienen principalmente que ver con la contienda inequitativa, la cual, bajo el nuevo sistema electoral, puede tener mucho más influencia sobre el resultado electoral que lo que pasa en el día de las elecciones. Reflexionando sobre el proceso electoral de 1994, se destaca la necesidad de hacer mucho más para nivelar la cancha de juego o sea, debilitar las reglas del juego que todavía hacen posible el funcionamiento de "la aplanadora" priísta, cuyos efectos fueron tan evidentes en el proceso electoral de este año.

Parcialidad de los medios de comunicación masiva

No hay ninguna razón por la cual la oposición -y el público en general- debe tolerar, otra vez, los abusos y el manipuleo tan grotesco de la cobertura electoral por la televisión que presenciamos en la campaña de 1994, incluyendo la virtual "desaparición" involuntaria de Diego Fernández de Cevallos de la televisión nacional, en los días críticos inmediatamente después de su triunfo en el debate presidencial. Seguramente el PAN podría haber cosechado muchos votos por sus candidatos durante ese periodo, si el público mexicano hubiera sido mejor informado sobre las reacciones al triunfo de su candidato presidencial. Este es un excelente ejemplo del manipuleo tan obvio de los medios de comunicación masiva algo no impedido por el nuevo codigo electoral, ni frenado por los informes bastante críticos emitidos por el IFE sobre la parcialidad de los medios de comunicación durante los últimos meses de la campaña presidencial, que sin duda tuvo un efecto significativo sobre los resultados electorales. Me pregunto, por ejemplo, si el PAN hubiera ganado las dos senadurías en el Estado de Jalisco, en vez de perderlas.

Otro ejemplo. La cobertura de saturación que dieron los medios de comunicación a las declaraciones de Roberto Hernández, presidente de la Asociación Nacional de Banqueros, quien advirtió, una semana antes de las elecciones, que las tasas de interés subirían de manera dramática, en caso del triunfo electoral de cualquier partido de oposición. Así se añadió otra dimensión al clima de incertidumbre y miedo de las consecuencias de un cambio de gobierno a nivel nacional - clima que parece haber promovido ampliamente la votación a favor del PRI.

Hay dos maneras para atacar este elemento de "la aplanadora". La primera, menos deseable por las oportunidades de abuso que ofrece al Estado, es por vía de la legislación y la regulación gubernamental, que corre el riesgo de restringir el derecho de libertad de expresión. La segunda es por medio de las fuerzas del mercado aumentar la competencia entre los concesionarios de radio y televisión y fortalecer sus derechos como concesionarios, para que sus intereses no puedan ser afectados tan fácilmente por las autoridades (Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Gobernación). Sólo aumentando el nivel de confianza y seguridad, el gobierno y el partido en el poder se puede transformar la estructura de intereses económicos y políticos que convierte a los concesionarios y sus empleados en rehenes de la línea oficial y practicantes fieles de la autocensura.

Finanzas de campaña: Fuera del control

También hay que controlar, de manera mucho más estricta, el financiamiento de las campañas. No hay razón defendible para que el sistema de controles sobre ingresos y gastos de campaña tenga tantos loopholes (oportunidades para eludir la intención de la ley). El COFIPE aprobado en 1993 tiene suficientes loopholes en el área de las finanzas para que pase todo el ejército de Napoleón. ¿Por qué no exigir y difundir ampliamente, por lodos los medios de comunicación, reportes detallados de los ingresos y gastos de los partidos políticos, incluyendo las fuentes específicas de ingresos y el monto de cada una de sus contribuciones, con una auditoría independiente de los datos, durante toda la campaña?

¿Por que no acabar con las contribuciones anónimas, e imponer topes máximos mucho más bajos sobre el monto total de contribuciones, de cualquier fuente, así como sobre los gastos de campaña para la elección del presidente? ¿Por qué es necesario que, en México, los topes máximos sean varias veces más altos que los topes permitidos por la ley electoral en los Estados Unidos?

Igualmente obvia es la necesidad de castigar a los responsables de violaciones de los controles sobre financiamiento, antes de las elecciones, no después. En este año electoral, no hubo un solo caso de una violación de las provisiones del COFIPE correspondientes al financiamiento de campañas la cual fue investigada, comprobada, y públicamente sancionada, antes de las elecciones. La razón es sencilla: el COFIPE no requiere que los partidos políticos entreguen sus informes sobre ingresos y gastos de campaña hasta 90 días después del día de las elecciones. Esta demora representa un serio defecto de la ley electoral vigente, que urge corregir.

Los muy conocidos "abusos de incumbency" (las ventajas de estar en el poder) nunca se van a eliminar, ni en México, ni en Estados Unidos, ni en cualquier otro país. Siempre habrán los cheques de PROCAMPO, o de PRONASOL, o de la multiplicidad de otros programas de gobierno, que se van a distribuir a los beneficiarios durante las últimas semanas antes de una elección, porque es imposible comprobar que tal distribución representa la compra de votos. Siempre habrá el uso de recursos públicos para fortalecer a los candidatos del partido en el poder, porque no hay mecanismos adecuados para vigilar, dar a conocer, y castigar tales abusos, de manera rápida y sistemática. Por eso, hay que hacer todo lo posible para atacar las otras bases de la contienda inequitativa, que reducen el número de opciones creíbles que son disponibles al electorado, aunque estén dentro de la ley.

El proceso electoral mexicano debe ser -y aparecer- tan justo como limpio. Con relativamente pocas excepciones, la parte que asegura la limpieza del proceso fue bien atendida en las elecciones de 1994; pero todavía falta mucho para asegurar la parte justa. Si esta parte no se atiende de manera decisiva en el futuro muy cercano, será muy difícil mantener el alto nivel de interés y participación ciudadana que fue el gran triunfo de las elecciones de 1994. Desde luego, atacar sistemáticamente las bases de "la aplanadora" no será fácil, sobre todo con una mayoría priísta de por lo menos 300 en la Cámara de Diputados. Pero debe ser factible movilizar fuertes presiones sobre el gobierno y la delegación priísta, utilizando las organizaciones no-gubernamentales, los medios de comunicación más independientes y los del extranjero, y otros canales, para que el proceso de "nivelación" continúe y se acelere.

El costo de no hacerlo puede ser muy alto. ¿Qué es lo que va a pasar con esta sociedad civil, nuevamente movilizada y motivada para participar en el proceso electoral? No estoy hablando de los llamados grupos "elitistas" que se han organizado durante 1994 para promover reformas al sistema electoral o para vigilar la campaña y la jornada electoral. Me refiero a la gran masa de ciudadanos que, quizá por primera vez en su vida, se ha interesado en participar, y que ya cree, también por primera vez, que su participación cuenta; que puede utilizar el sufragio para castigar o apoyar a los que aspiran al poder.

Hay que seguir motivando su participación, no solamente en la votación sino en la observación del proceso. Perder el compromiso de muchos miles de mexicanos a la vigilancia electoral sería un gran retroceso, porque es muy evidente que tal observación reduce el manipuleo de la votación a favor del PRI, como demuestra la comparación realizada por la Alianza Cívica entre las casillas observadas en la Sierra de Puebla y las que no tuvieron vigilancia. Próximamente habrá datos más amplios, procedentes del IFE, sobre la distribución de representantes de partido por casilla, los cuales muy probablemente van a comprobar el mismo efecto de la observación, a nivel nacional.

En fin, sin un gran esfuerzo de nivelación de la cancha, el nuevo sistema electoral mexicano puede quedarse dentro de poco como un flamante automóvil marca Rolls Royce, parado en medio camino, con las llantas de sinfladas, el tanque de gasolina vacío y las placas robadas.