Carlos Salinas de Gortari, 1o de Septiembre de 1993

Honorable Congreso de la Unión; Mexicanos:

Cumplo con la norma constitucional que señala al presidente de la República el deber de informar al Poder Legislativo sobre el estado que guarda la administración pública federal. Hago entrega ahora del documento escrito que satisface la exigencia del artículo 69 de la Constitución.

I. AVANCE Y CONSOLIDACIÓN DEL CAMBIO

Hace un año convoqué a la nación a consolidar los cambios para asegurar la soberanía de México y para dar nuevos pasos en el camino de la justicia, la libertad y la democracia. Con el trabajo de todos los mexicanos hemos avanzado en este propósito central.

Hace un año propuse consolidar la diversificación de nuestras relaciones con el exterior, esencia de nuestra estrategia internacional. Hoy estamos por concluir un acuerdo de libre comercio con Colombia y Venezuela; abrimos el acercamiento del Grupo de los Tres con el Caribe y se desarrolla con intensidad el acuerdo comercial con la República de Chile. Hacia el

norte se dio un paso más hacia la creación de una zona de libre comercio; se firmaron los acuerdos de cooperación en materia ambiental y laboral con los Estados Unidos y Canadá. También con Estados Unidos se negocia un nuevo tratado de extradición. Hemos ampliado los vínculos políticos, culturales y económicos con Europa y avanzamos para ser parte de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCRE), que agrupa a los países más industrializados; se incrementan comercio e inversión con las naciones del Pacífico Asiático y avanza nuestra presencia en sus organizaciones. Se fortalecen la Conferencia Iberoamericana y el Grupo de Río.

Hace un año propuse avanzar en nuestra democracia. Desde entonces, a partir del diálogo y del debate, se han dado nuevos pasos en la reforma al marco legal electoral, no sólo en lo relativo a las condiciones para la competencia política, sino también en el sistema de representación y en la organización y calificación de las elecciones. Se consolidan nuevas prácticas de concertación para establecer consensos y resolver diferencias. Se reconoce la corresponsabilidad de todos para mantener la estabilidad política y la paz social.

Propuse consolidar la defensa de los derechos humanos y, hoy, la Comisión Nacional encargada de promoverlos amplía su cobertura con el aprecio de la sociedad. Se registran las asociaciones religiosas y se fortalece el ejercicio de la libertad de creencias con apego a la Constitución.

Hace un año propuse consolidar la estabilidad de precios. Hoy, la inflación anual es de alrededor del 8 por ciento. La nueva etapa del Pacto ratifica el compromiso de abatir la inflación y aprovecha el superávit fiscal, conquistado con disciplina, para reactivar la economía y fortalecer el mercado interno. Se avanza en la recuperación del salario —incluyendo el mínimo—vinculado con la productividad. Una nueva regulación de la competencia establece reglas claras para evitar monopolios y fomentar la actividad económica interna, libre y leal. Se amplían los apoyos a las micro, pequeñas y medianas empresas para facilitar su modernización. Avanzamos en la consolidación de la infraestructura carretera, energética, eléctrica, de telecomunicaciones y portuaria del país

Nos comprometimos a consolidar la reforma campesina. Hoy, penetran ya en la vida del campo las nuevas instituciones para procurar y administrar justicia. Nuevas medidas abaten el rezago, amplían la titulación y responden a las dificultades de la cartera crediticia. Un nuevo programa en marcha, Pro campo, permitirá por vez primera dar apoyos directos y transparentes a más de tres millones de campesinos.

Hace un año propuse consolidar la nueva política social. Hoy ha concluido ordenadamente la federalización educativa, se renuevan los contenidos y se pone en operación la carrera magisterial en beneficio de los maestros y de la calidad de la educación para nuestros hijos. Avanza la participación comunitaria en la escuela, la capacitación para el trabajo y el esfuerzo de alfabetizar. Se ha cumplido, año con año, el compromiso de incrementar en términos reales los recursos presupuestales para la educación. Nuevos proyectos permiten rescatar y preservar nuestro pasado arqueológico, se apoya a los investigadores y a los creadores en la libertad, y las escuelas nacionales de arte pronto contarán con instalaciones apropiadas para su mejor desenvolvimiento. La lucha a favor de la salud de los niños ha tenido avances extraordinarios: erradicamos la poliomielitis y la difteria, abatimos drásticamente el sarampión, el tétanos y la tuberculosis, y también las afecciones parasitarias.

Avanza la defensa y protección de nuestro medio ambiente, estableciendo zonas protegidas que superan la superficie de varios países europeos. Solidaridad llega a más comunidades, realiza con los colonos organizados más obra básica, entrega más títulos de propiedad, apoya productivamente a más campesinos y fomenta más empresas sociales y empleos entre la población que menos tiene. Progresa así la lucha contra la pobreza.

Hemos reflejado estos cambios en la ley. Las reformas constitucionales han ampliado los derechos de las comunidades indígenas, han establecido avances en el sistema electoral, han precisado derechos como el de recibir educación básica y extendido la obligatoriedad de la educación a la secundaria; fortalecieron la libertad de creencias y dotaron de libertad plena a los ejidatarios respecto de sus tierras y formas de asociación. Existen, ahora, más y mejores derechos procesales para todos los mexicanos. Para mantener la estabilidad de precios se dio autonomía al Banco de México; también se han abierto nuevos ámbitos económicos para la participación de la sociedad. Con un marco constitucional actualizado trabajamos para hacer de México una nación de mayor justicia, de ampliadas libertades.

Estas acciones en conjunto permiten que se vaya consolidando la reforma de la Revolución, haciéndola benéfica para el pueblo y renovando los ánimos para construir el futuro.

Frente a estos avances en la consolidación de los cambios, tenemos, sin duda, carencias por atender, acciones que redoblar, nuevas demandas a qué responder. Todo ello exige profundizar las transformaciones en marcha. Reclama la misma voluntad y el mismo esfuerzo que aquellos necesarios para emprender los grandes cambios de los últimos cinco años. Traducir estos cambios en oportunidades de bienestar para más familias y en más regiones demanda constancia, seguir desplazando formas obsoletas de operar, afianzar nuevas actitudes. Ello toma tiempo y, sobre todo, convoca al esfuerzo sostenido de cada mexicano.

Sin duda, vivir el cambio en sus nuevas modalidades impone retos a la creatividad y al temple de todos. Esto es lo que han demostrado los mexicanos, en abundancia y generosamente, sumando esfuerzos hacia metas compartidas. Por eso, el cambio comienza a consolidarse, aunque no siempre los beneficios se hayan extendido con la celeridad y en las proporciones que se necesita. Con todo, constituimos ya un México diferente que empieza a cosechar la siembra de su propia transformación.

Los mexicanos entendemos bien esta circunstancia; sabemos que las cosas se hacen ya de manera diferente y que esos cambios toman tiempo y pasan por ajustes que significarán, más pronto que tarde, bienestar para todos, mayores espacios de libertad y democracia, de respeto y esperanza. Así me lo han dicho los miles de compatriotas con los que he dialogado en mis giras semanales por el interior del país. Así lo ratifican las encuestas de opinión a nivel nacional y regional. Nuestros compatriotas exigieron cambios y ahora reconocen los hechos, construyendo el nuevo tiempo mexicano, que es profundo y es de verdad.

Estamos consolidando los cambios, y lo hemos hecho en circunstancias internacionales que han sido difíciles. Los principales países europeos, después de una expansión sin precedente, viven la peor recesión económica desde hace 50 años; Estados Unidos se afana por impulsar una recuperación que presenta una debilidad singular; el Pacífico Asiático pierde dinamismo. Crecen, por lo mismo, las voces que renuevan viejos proteccionismos en estos centros de la dinámica mundial. Ello se ha reflejado en mercados disminuidos y, lo que más nos ha afectado, en precios muy bajos para nuestros productos. Así, vivimos en 1993 uno de los niveles más bajos en los precios internacionales del petróleo de los últimos 25 años; también, los precios del café más bajos del siglo, producto que llegó a ser hasta hace poco la principal exportación agrícola; algo similar ha sucedido con los precios del azúcar, de los cítricos, granos y metales preciosos. Todo ello afecta nuestras posibilidades de crecer. Pero, gracias a los cambios realizados, hemos podido atenuar el impacto desfavorable de la situación internacional y proponernos, incluso, a partir del nuevo Pacto, fortalecer el mercado interno para recuperar el próximo año un crecimiento económico mayor.

El clima mundial muestra, en lo político, signos contradictorios: esfuerzos sin precedente hacia la paz en el Medio Oriente, en Sudáfrica y en El Salvador; al mismo tiempo, la triste debacle de la fraternidad, la razón y la dignidad en la antigua Yugoslavia. Con el resurgimiento de intolerancia y racismo se manifiestan conflictos recrudecidos en varios países de África, inestabilidad en la Federación Rusa y la existencia de más de treinta guerras civiles en distintas partes del mundo. Renacen viejas discordias y brotes de intolerancia, ecos dolorosos de otros tiempos. También, en nuestro continente, algunas instituciones democráticas en América Latina sufren el embate del desaliento; pero por fortuna, parecen sobreponerse con éxito.

En general, el mundo no encuentra la dirección, la ruta del progreso, la sensatez y tolerancia que pudo generar el fin de la Guerra Fría. Se perdieron referencias ideológicas y políticas, que ahora hay que reconstruir. De estas tensiones nadie escapa; impactan más a aquellos que no han fortalecido su convivencia a través de cambios internos armónicos con su historia y con las nuevas tendencias del mundo; por eso, en México, para fortalecernos ante la incertidumbre internacional y para responder a la esperanza de los mexicanos, consolidamos nuestra propia transformación.

El cambio mundial no es un enemigo del que debemos aislarnos, huir, como quien trata de alejarse de lo inevitable. El país ha proseguido su activa política exterior para influir en la manera como nos afectan estas circunstancias y construir, con ellas, oportunidades favorables para la nación. Lo hemos podido hacer porque antes construimos los cambios internos que nos permiten, con autoridad y con fortaleza, elevar nuestra voz en los foros internacionales y ser escuchados con respeto.

Ante los retos internos y las dificultades externas seguimos adelante. Hemos realizado nuevas reformas para consolidar el cambio, en la ley y en la realidad. Cada paso que hemos dado para diversificar nuestras relaciones con el exterior, para asegurar el ejercicio de las libertades, para estabilizar y transformar productivamente la economía, para cimentar un mejor piso de servicios y de empleo productivo destinado a la población más necesitada, nos ha impuesto realizar nuevas acciones, promover nuevas normas; nos ha reclamado más decisión, más diálogo en todo el territorio y con todos los grupos, más ánimo y confianza en nosotros mismos. Esta es la vía del futuro, la vía moderna de México; el cambio es nacionalista porque fortalece a la nación, y popular, porque extiende sus beneficios a las mayorías.

Como lo he expresado desde el inicio de mi gobierno, el cambio no ha sido inmediato ni ha estado exento de grandes esfuerzos. Esto ha sido así porque hemos tenido que vencer inercias, concertar y escuchar, explicar y alentar, y es que queremos una transformación eficaz y duradera. No queremos un cambio que destruya tradiciones o ignore la historia, porque erosionaría nuestros apegos culturales, que son los que nos dan identidad, orgullo y futuro. No queremos un cambio que sea a costa de las libertades, porque entonces el progreso no sería valioso ni respetaría la dignidad de los mexicanos. No queremos un cambio que concentre las oportunidades, sino que incorpore a todos a las tareas de la nación, y más a los que menos tienen. No queremos un cambio que perjudique nuestro medio ambiente, porque estaríamos sacrificando nuestro propio esfuerzo, estaríamos negando el porvenir a nuestros hijos.

Por eso, por todo lo que exigimos del cambio, éste no se ha dado sin costos; pero el cambio que emprendimos y hemos llevado a cabo, era y sigue siendo indispensable para lograr lo que demanda el pueblo: conservar la patria soberana y libre, enfrentarnos con democracia a las necesidades populares y competir exitosamente en el mundo.

Reitero que a este proceso que aún no termina, han concurrido todos los grupos de la sociedad con su esfuerzo, su empeño y su entrega. Merecen todos un amplio reconocimiento. He visto ese carácter y esa determinación de superar las circunstancias a todo lo largo del país, en las comunidades rurales e indígenas que visito, en cada colonia popular, en pequeñas y grandes empresas, en escuelas y oficinas, en las diversas organizaciones políticas. Eso me llena de aliento. Sé que, por eso, podremos seguir avanzando.

Pero es propio de la sociedad plural que somos, que también acudan al foro público diversas visiones de lo que el país requiere. Se ha dado, entonces, un amplio debate nacional, y estamos decididos a mantener las condiciones para que sea en plena libertad y respeto. Al reconocer este debate y al considerar cuidadosamente las distintas propuestas hacemos honor a las libertades que compartimos y que se han consolidado. Al responder con respeto y con razones, y al unir los esfuerzos de la sociedad alrededor de estas razones, hacemos honor a las convicciones que orientan el camino de la nación; convicciones fundadas en la historia, situadas en el momento que nos tocó vivir y decididamente orientadas hacia un futuro que realice mejor los objetivos que, desde siempre, han movilizado a la nación.

En México ya no existen unanimidades, si es que alguna vez las hubo. Hay un diálogo nacional abierto sobre la dirección que hemos seguido y la que debemos asumir en adelante. Detrás de las diversas posiciones que hoy se manifiestan, como a lo largo de nuestra historia, encontramos no sólo tensiones entre viejos hábitos y nuevos impulsos sino distintas interpretaciones de cómo alcanzar mejor los objetivos nacionales.

En el pasado, muchas de esas oposiciones se resolvieron sin concordia. En el siglo XIX, los liberales, con su visión modernizadora frente a las corporaciones y los fueros, enfrentaron a los conservadores y su visión del pasado, heredada de la Colonia, hasta la guerra civil y la de Intervención. Una propuesta de avance sin participación terminó en la Revolución de 1910; y la Revolución tuvo que superar una constante oposición y no pocas situaciones conflictivas para construir una nueva organización política que permitió la transmisión pacífica del poder, la reforma agraria, la seguridad social, la educación laica y la reivindicación de los recursos de la nación.

La Revolución Mexicana no fue una sola; han existido dentro de ella varias visiones, varias conducciones, varias propuestas encontradas y, por eso, varias expresiones de la misma Revolución; cada una, en su tiempo y en su momento, tuvo su oportunidad y ejerció su responsabilidad. Hoy, dentro de los grandes principios que han caracterizado a la Revolución Mexicana, definimos nuestra expresión propia, la reforma de la Revolución. Los proyectos de esta reforma han enfrentado viejas prácticas y enfoques pretéritos. Y es que el nuevo cambio en México también suscita resistencias. Pero el país ha avanzado mucho; los puntos de vista opuestos han encontrado ya medios pacíficos y civilizados para expresarse y ello ha contribuido a que el debate apoye el avance de la nación. Las partes de este debate no se ven ya como enemigos, sino como adversarios leales, diferentes y respetables, en busca todos de un fin superior.

La visión de futuro que he propuesto a la nación no añora tiempos pasados pero tampoco reniega de sus realizaciones. De hecho, es en el saldo de los grandes avances de ayer que ahora encontramos la plataforma desde la cual podemos construir un futuro mejor. Nuestro liberalismo social no va en contra de tradiciones, las incorpora y les da fuerza transformadora, como lo ha hecho Solidaridad. Modifica, sí, hábitos e inercias que ya no permitían al país avanzar y cuyo retorno no favorecería la consecución de los objetivos nacionales.

Si en nuestro pasado tenemos nuestro mayor orgullo, hemos logrado evitar que se convirtiera, por una interpretación nacida de la inercia o la costumbre, en nuestro mayor obstáculo. México no puede distraer su acción por nostalgia. Los mexicanos queremos seguir avanzando, porque estamos orgullosos de lo que hemos logrado y porque estamos seguros de los objetivos que deseamos alcanzar. Será viendo hacia el futuro, y actuando para el futuro, como mejor podremos honrar nuestro pasado y aprovechar, al mismo tiempo, las nuevas oportunidades que se han creado con nuestro trabajo.

Lo que puede permitirnos vivir valiosa y productivamente, con las diferencias de interpretación de nuestro momento, es la base común de referencias que hemos construido en la ley y en nuestros actos; referencias a las que todos podemos públicamente acogernos, asumiendo los principios de respeto, tolerancia y de buenas razones. Finalmente, la población inevitablemente acepta o rechaza, y es a ese juicio de los mexicanos al que debemos remitirnos todos.

Por eso, he señalado que, aun teniendo muchas tareas por realizar, del cambio en la vida política, económica y social que hemos emprendido, y del que ahora daré cuenta, México está saliendo fortalecido, construyendo mejor, en las condiciones del presente, sus objetivos históricos y siendo más respetado en el mundo.

II. LOS CAMBIOS ENTRE 1988 Y 1993

1. México es más respetado en el exterior

Las circunstancias políticas del mundo siguen despertando esperanzas y, también, agravando incertidumbres. Por eso, México ha enfrentado los nuevos tiempos mediante la fortaleza de sus principios de política exterior, y diversificando sus relaciones como razón estratégica. Al reafirmar los principios, impulsamos que las relaciones internacionales, tanto en organismos como entre países, se ajusten a derecho e incorporen los cambios que demanda la nueva estructura mundial. A través de la diversificación damos equilibrio a la intensa relación con nuestros poderosos vecinos, acercando a los amigos lejanos y, en particular, a las naciones de nuestras mayores afinidades culturales e históricas. Diversificación es la política para un mundo de varios centros económicos y uno solo militar; es defensa de la soberanía y promoción de los intereses nacionales en los tiempos del fin de la Guerra Fría.

Así, en el exterior, México ha fortalecido su voz y su presencia. Ha sido un objetivo deliberado y promovido por el gobierno. Mantenemos relaciones con 175 países, 28 más que al principio de la administración, y tenemos fluida comunicación y entendimiento político con todas las regiones del mundo. En los últimos cinco años he sostenido más de 350 encuentros con jefes de Estado y de Gobierno. En 1993 dialogué con 45 de ellos en 87 encuentros destinados a intensificar nuestras relaciones de amistad, elevar los intercambios con México y promover la paz.

Hacia América Latina, México ha desplegado una acción sostenida sin precedente. Me he encontrado con todos los presidentes de la región en 193 ocasiones. En cada caso, se elevó el nivel de diálogo político y crecieron los intercambios económicos y culturales. Se han suscrito 70 convenios y tratados y 115 acuerdos interinstitucionales con los países latinoamericanos y caribeños. Tenemos una nueva ofensiva diplomática, ajena a la retórica, para orientar nuestras relaciones y acelerar los hechos de la integración. Cuando fue solicitada nuestra mediación para apoyar los esfuerzos de paz, como con El Salvador, Guatemala, Colombia y Haití, lo hicimos con respeto y con eficacia. Por todo ello, México es un actor más fuerte, más respetado y más apreciado en América Latina.

En 1993, la acción de México en América Latina ha sido particularmente dinámica. Se suscribieron 22 convenios de cooperación. En julio sostuve una entrevista con el nuevo presidente de Guatemala. Nuestro vecino al sur, que este año reafirmó su vocación por la democracia, es receptor de un tercio de las acciones de cooperación que México realiza en Centroamérica. Nuestro país refrendó también su disposición de continuar apoyando el proceso de diálogo y pacificación que se realiza entre las fuerzas políticas guatemaltecas con estricto respeto a su soberanía. Con Belice, México mantiene importantes proyectos de cooperación. En agosto nos visitó el primer ministro de esa nación vecina, y nos comprometimos a proteger nuestras reservas ecológicas, ampliar el comercio y combatir con mayor energía el narcotráfico.

En febrero visité Nicaragua y en agosto recibí a la mandataria nicaragüense. Revisamos los acuerdos existentes, suscribimos nuevos convenios de asistencia y colaboración, reafirmé la voluntad de nuestro país de continuar brindando apoyo a su proceso de paz y desarrollo en los difíciles momentos por los que hoy atraviesa. Durante mi visita a El Salvador, en julio, firmamos más de una decena de acuerdos de colaboración, y refrendé también la voluntad de México de continuar colaborando, con respeto, en la aplicación de los Acuerdos de Paz de Chapultepec y con la Misión de Observadores de las Naciones Unidas. Con Costa Rica avanza la estrecha cooperación y las negociaciones de libre comercio.

Junto con los presidentes de Guatemala, Honduras y El Salvador, y el primer ministro de Belice, recorrí los más importantes lugares arqueológicos incluidos en la Ruta de la Cultura Maya. Al término de nuestra gira firmamos la Declaración de Copán, que recoge nuestro compromiso para proteger las zonas arqueológicas mayas y avanzar en el desarrollo de las comunidades vecinas. Con el Caribe trabajamos para ampliar los nexos de amistad y cooperación. En septiembre recibimos la visita del primer ministro de Jamaica y en octubre, junto con los presidentes de Colombia y Venezuela, nos reunimos en Trinidad y Tobago, por primera vez, con los mandatarios del Caribe, en un histórico encuentro celebrado para crear la Asociación de Países Caribeños.

Durante los cinco años de mi gobierno he visitado todos los países sudamericanos. México tiene una presencia activa en esas entrañables naciones. En diciembre de 1992 realicé una visita de Estado a Paraguay, la primera de un presidente mexicano, en la cual firmamos convenios de colaboración técnica y científica, cultural, financiera y comercial. Durante 1993 realicé tres visitas a la América del Sur. Me reuní, en dos ocasiones, con el presidente de Chile y definimos acciones para fortalecer el exitoso acuerdo de libre comercio entre nuestros países. Recibimos en México al presidente de Ecuador y también al de Uruguay. Las dos visitas, realizadas en un ambiente de gran cordialidad, nos permitieron suscribir acuerdos específicos de cooperación en diversos asuntos de interés para el desarrollo de nuestras naciones.

He participado en cinco reuniones a nivel presidencial del Grupo de Río. En el periodo que aquí se informa se realizaron dos de ellas: una en diciembre de 1992 en Buenos Aires y la otra en octubre de este año en Santiago de Chile. Este grupo ha ampliado su membresía desde 1991, conjunta su voluntad política frente a los problemas regionales, impulsa la armonización de los distintos procesos de apertura comercial al interior de la comunidad y establece vínculos de carácter regional con Europa. El Grupo de los Tres, formado por México, Colombia y Venezuela, avanza rápidamente en un acuerdo sobre libre comercio, que nos hemos comprometido a poner en marcha en enero de 1994, además de ampliar el diálogo político y económico con Centroamérica.

En julio asistí a la III Cumbre Iberoamericana, realizada en Salvador de Bahía. Esta iniciativa de México ha probado sus bondades como espacio de diálogo al más alto nivel entre países unidos por valores históricos y culturales. La última reunión nos permitió diseñar propuestas de una agenda para el desarrollo y considerar métodos innovadores de cooperación social para nuestros pueblos.

México ha acrecentado de manera notable su participación en los foros y organismos de carácter regional. Logramos que la Organización de Estados Americanos (OEA) reconociera la importancia de la lucha contra la pobreza extrema, como elemento esencial para sustentar la estabilidad y el desarrollo de las instituciones democráticas. En 1994 se llevará a cabo en México una asamblea extraordinaria sobre este tema.

En estos cinco años se ha elevado el nivel de nuestras relaciones con los países más industrializados de América, Europa y el Pacífico Asiático. Buscamos aprovechar nuestra privilegiada ubicación geográfica y las oportunidades que hemos creado, para incrementar intercambios de inversión, comercio y cultura y ampliar la participación de México en sus más importantes organizaciones multilaterales.

Con los Estados Unidos hemos construido entre gobiernos un clima de cooperación y respeto mutuo que busca modificar las difíciles relaciones del pasado. En una vecindad tan compleja, no podrá dejar de haber diferencias serias pero mantendremos siempre la firmeza de nuestros principios; al promover mayores relaciones, defendemos mejor a México en la vecindad inevitable con la nación más poderosa del mundo. Destacan, en los últimos cinco años, los acuerdos financieros y de renegociación de nuestra deuda y, desde luego, la conclusión de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio (TLC), firmado también con Canadá.

Sobresale, asimismo, la nueva cooperación contra el narcotráfico, en materia ambiental y laboral, en educación y cultura, y las acciones para mejorar la relación fronteriza. En todo momento, hemos sido claros y directos en los asuntos más difíciles de la relación: el trato a emigrantes mexicanos, las pretensiones de aplicación extraterritorial de leyes, las acciones unilaterales en el comercio y en la lucha contra el narcotráfico. Quiero reiterar que en la protección a los derechos humanos y laborales de los trabajadores mexicanos emigrantes en los Estados Unidos mantendremos todo el respaldo a nuestros compatriotas y fortaleceremos las acciones del gobierno. En la función consular México dispone de un importante instrumento para proteger los intereses de los nacionales en el extranjero, promover la imagen de nuestro país y alcanzar una mayor presencia comercial. El número de nuestras representaciones consulares se ha ampliado constantemente; en la actualidad tenemos 51 de ellas en los Estados Unidos, de un total de 250.

Las relaciones entre nuestras naciones tienen para ambos países el más alto nivel de atención gubernamental. He realizado 18 visitas a diversas ciudades norteamericanas para promover nuestros intereses en foros empresariales, académicos y culturales. Tenemos una creciente relación con la comunidad mexicano americana, orgullosa de sus raíces, que trabaja honesta y dignamente para engrandecer a su país. Esta relación la seguimos fortaleciendo.

En enero me entrevisté con el entonces recién electo presidente de los Estados Unidos. En un marco de gran cordialidad y respeto acordamos impulsar los distintos temas de la agenda bilateral. Acordamos, también, revisar el Tratado de Extradición a fin de confirmar la prohibición total de los secuestros transfronterizos y establecer las sanciones legales aplicables en caso de violación. Por nuestra parte, una reforma legal establece que el secuestro en favor de terceros países es equiparable con el delito de traición a la patria.

Nuestra relación con Canadá es cada vez más importante, lo cual se expresa en el constante diálogo entre gobiernos y el aumento de los intercambios. Tan sólo en 1992 la inversión de ese país en México se incrementó en 18 por ciento y el comercio bilateral en 16 por ciento. Con Canadá, además del Tratado de Libre Comercio, avanzamos en diversos acuerdos de cooperación en materia de minería, vivienda, industria forestal y de tecnología para la educación a distancia.

Hacia Europa, México ha desplegado una amplia iniciativa de acercamiento. Ello ha cambiado los vínculos con el viejo continente, que había considerado a México desde la posguerra, fuera del ámbito de sus intereses directos. Paradójicamente, fue la perspectiva del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos y Canadá la que contribuyó a transformar la anterior curiosidad europea en un franco interés por invertir e intercambiar con nuestro país. Ahora, y debido a nuestros profundos cambios internos. los principales sectores políticos y económicos de Europa han señalado que México es ya un centro de atención para ellos, independientemente del potencial que guarda en la región de América del Norte. Con la Comunidad Europea firmamos el acuerdo de complementación económica más amplio que ésta haya firmado con país latinoamericano alguno. Sobre esta base, acuerdos similares se han firmado con Italia y Francia, y avanzamos en esa dirección con Alemania. Las inversiones de la Comunidad en México han aumentado en más del 50 por ciento y el comercio en casi 100 por ciento. Somos miembros fundadores del Banco de Reconstrucción y Desarrollo para Europa del Este. Nuestro país ha sido invitado para iniciar conversaciones conducentes a su incorporación como miembro de pleno derecho de la OCDE.

En 1993 hemos fortalecido el diálogo político y ampliado las oportunidades de intercambio con esta importante región del mundo. La gira que realicé en septiembre pasado confirmó el interés de la Comunidad Europea, así como de Bélgica, Holanda y Suecia, por estrechar sus vínculos con nuestro país. También inauguramos la Exposición EuropaliaMéxico 93, evento europeo dedicado por primera vez a un país latinoamericano, y en donde hemos desplegado una amplia y representativa muestra de nuestro arte y cultura.

En el periodo que cubre este Informe, nos visitó el presidente de la República Federal de Alemania, con el propósito de fortalecer el intercambio y la cooperación en diversas áreas de interés común. También vinieron a México el presidente de la Comisión de las Comunidades Europeas, el rey Juan Carlos de España, el príncipe Alberto de Lieja, hoy rey de Bélgica. y el príncipe Carlos de Gales.

En enero, a raíz de la disolución de la República Federativa Checa y Eslovaca, México formalizó relaciones diplomáticas con ambas naciones. En octubre, nos visitó el primer ministro de la República Checa, lo que nos permitió definir las bases de amistad y cooperación que habrán de sustentar nuestras relaciones.

Una mención especial merece la visita, tan apreciada y querida por los mexicanos, del Papa Juan Pablo II, en el marco de las restablecidas relaciones diplomáticas con el Vaticano. Al encuentro en Yucatán de este peregrino de la paz, acudieron con alegría cientos de miles de compatriotas. Fue la segunda visita durante esta administración y, nuevamente, se significó por el gran entusiasmo y genuina emoción para nuestro país.

En los últimos cinco años, en la región del Pacifico Asiático, la de mayor dinamismo económico en el mundo, hemos abierto una nueva y muy intensa presencia. Nuestro país es el pionero latinoamericano en los foros multilaterales económicos de esa región. Hemos fortalecido los vínculos bilaterales a raíz de la gira realizada en 1990 y a través de la visita de sus mandatarios en estos últimos años. En esas ocasiones exploramos las posibilidades de estrechar nuestras relaciones de cooperación e intercambio con todas las naciones de esa dinámica parte del mundo.

Nuestras relaciones de amistad y cooperación se han fortalecido también con otros países y regiones. En diciembre de 1992 llevamos a cabo con Israel un mecanismo que facilita el intercambio comercial y la inversión extranjera. También hemos estrechado relaciones con los países árabes. En junio establecimos relaciones diplomáticas con la recién independizada nación de Eritrea y concluimos, en respuesta al llamado mundial, el establecimiento de relaciones con Sudáfrica.

En el ámbito multilateral hemos continuado desplegando una activa política en favor de la paz, el desarrollo y la primacía del derecho internacional. Hemos contribuido, también, a las iniciativas mundiales de la ONU a favor de la infancia y del medio ambiente. Nuestros compromisos internacionales se han cumplido fielmente. En las últimas asambleas generales de la ONU nos manifestamos por el equilibrio entre sus órganos principales. Esta gran institución, que fue creada para la realidad geopolítica de la Guerra Fría, debe hoy modificarse. Nuestra posición es fortalecer la Organización, dar mayor presencia a la Asamblea General, e introducir en el Consejo de Seguridad una adecuada representación regional, con un número ampliado de miembros permanentes y una redefinición del sistema de voto y de veto. El gobierno mexicano trabaja muy cerca del secretario general en los mecanismos de reflexión y propositivos para realizar esta indispensable reforma de la ONU.

Hemos suscrito cinco convenciones y acuerdos multilaterales en materia de narcotráfico, derechos humanos, y sobre armas químicas, tema este último del que México fue promotor principal. En junio la Conferencia Mundial de Derechos Humanos, celebrada en Viena, Austria, impulsamos todas aquellas resoluciones encaminadas a fortalecer las garantías del individuo y nos opusimos a que, con el pretexto de defender los derechos humanos, se generen mecanismos que vulneren la soberanía de los Estados.

Las fuerzas armadas son baluarte de la seguridad territorial y la mejor garantía de que nuestros recursos naturales e instalaciones vitales están a buen resguardo. Su labor en cinco años, ha sido ejemplar. Han desplegado el valor, la disciplina y patriotismo a la altura de su historia. Han apoyado a casi 800 poblaciones bajo condiciones de desastres naturales, han promovido 62 programas de salud en todo el país, han colaborado en la lucha contra el narcotráfico, erradicando más de 73 mil hectáreas sembradas de marihuana y amapola, arriesgando sus vidas para salvaguardar la seguridad de la nación. Es a ese costo como nuestras fuerzas armadas demuestran, día con día, su compromiso con la seguridad de nuestras instituciones y con la protección del pueblo mexicano.

En 1993, han auxiliado a los damnificados por las inundaciones que afectaron a 24 estados de la República y han colaborado en la extinción de 182 incendios que dañaron los recursos forestales de 22 entidades federativas. En especial, la respuesta inmediata, dedicada y eficaz de nuestro Ejército en la región del Golfo de México, durante septiembre y octubre, frente al huracán Gert merece nuestro mayor reconocimiento. Más allá de las contingencias, nuestros soldados y marinos han dado muestras de su inalterable compromiso con las acciones permanentes de beneficio social del Estado mexicano. En las últimas dos décadas, las fuerzas armas se han transformado, al renovar sus mandos, adecuar su doctrina a favor de la seguridad del país y del pueblo, fortalecer su instrucción y ratificar su lealtad.

Es preocupación del gobierno asegurar el constante mejoramiento de la infraestructura que apoya las labores del Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada de México, así como asegurar el bienestar de quienes orgullosamente integran nuestro instituto armado y de sus familias. Durante 1993 se construyeron y otorgaron créditos para adquirir más de mil 800 viviendas y se inició la construcción de otras 2 mil 100, para así llegar a la meta sexenal de 12 mil viviendas, casi el doble de lo construido para las fuerzas armadas en 75 años. Además, se mejoraron los haberes y los servicios asistenciales. Teniendo su origen en la Revolución Mexicana y su inspiración en los Niños Héroes de Chapultepec, su lealtad y su prestigio los confirman como una verdadera institución de la patria. Reitero que México avanza confiado y tranquilo con la contribución de sus fuerzas armadas, orgullo de todos los mexicanos. Quisiera por eso expresar mi más profundo reconocimiento a la patriótica y leal labor que realizan por la nación el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea mexicanos.

2. Un México más libre y más democrático

Las reformas constitucionales y la creación de instituciones protectoras de los derechos humanos que se han realizado durante este gobierno renuevan nuestro estado de derecho y amplían nuestras libertades fundamentales. Ello ha fortalecido a la nación.

La necesidad de proteger mejor las garantías individuales estimuló la creación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en 1990 y su fundamento constitucional en 1992 como organismo con recomendaciones autónomas, así como el establecimiento de 32 comisiones en las entidades federativas. Este sistema de ombudsman es el más grande del mundo y está ya operando prácticamente en su totalidad. La Comisión Nacional ha reafirmado su autoridad moral bajo los principios de autonomía e independencia y se ha arraigado ya en la vida de la nación. En casi tres años y medio de trabajo ha recibido más de 23 mil quejas, habiendo concluido totalmente más de 20 mil de ellas. Este esfuerzo en la lucha contra la impunidad ha significado el ejercicio de acciones penales y sanciones administrativas, muchas de las cuales son destituciones o inhabilitaciones. Hemos emprendido ya una acción especial para apoyar el pleno cumplimiento de las recomendaciones emitidas que aún no han sido atendidas. El gobierno de la República reitera su más firme apoyo para que todas las recomendaciones que expida se satisfagan completamente.

En el ámbito de las garantías procesales, las reformas constitucionales aprobadas en estos años toman en cuenta las condiciones socioeconómicas del procesado para garantizar la reparación del daño, permitiéndole obtener su libertad provisional de acuerdo con la ley. Los detenidos sólo podrán declarar, en presencia de su abogado, ante el juez o el Ministerio Público. Asimismo, queda expresamente prohibida, y con fuertes sanciones penales, toda incomunicación, intimidación o tortura por parte de quienes aplican la ley.

Recientemente se han aprobado por el Constituyente Permanente reformas a los Artículos 16, 19 y 20, que fijan términos a la detención de personas durante la averiguación previa que realiza el Ministerio Público. Asimismo, se crea la figura del crimen organizado, lo que permitirá al país, defendiendo los derechos humanos, enfrentar las nuevas formas que adopta la delincuencia, particularmente la vinculada al narcotráfico.

Con la reforma al Artículo 119 se amplió el marco de cooperación en la persecución de los delitos, al facultarse la firma de convenios entre las procuradurías de los estados, General de la República y General de Justicia del Distrito Federal. En los casos de delitos graves o de reincidencia se reformaron las leyes para evitar que se conceda a los sentenciados la libertad preparatoria o el tratamiento preliberacional y la remisión parcial de la pena, excepto cuando se demuestre atraso cultural, aislamiento social o extrema necesidad económica. Bajo los esquemas de liberación previa. 9 mil 500 personas han sido beneficiadas. Al mismo tiempo, está en marcha la construcción de 12 centros de readaptación social que significarán un incremento de 16 mil nuevos espacios. Buscamos, así, crear condiciones adecuadas para que el sistema penitenciario no sólo sancione sino también contribuya a la rehabilitación.

Luchamos decididamente para evitar que el fenómeno de las drogas afecte la salud y la seguridad de los mexicanos. En cinco años, se ha combatido y capturado a grupos organizados de narcotraficantes y han sido procesados más de una docena de sus más buscados jefes. De diciembre de 1988 al pasado mes de julio se ha detenido a casi 89 mil personas involucradas en delitos contra la salud. A ello se suma la destrucción de poco más de 100 mil hectáreas de cultivos ilícitos y el aseguramiento de más de dos mil toneladas de marihuana, casi dos toneladas de heroína y goma de opio, así como más de 210 toneladas de cocaína pura.

La sociedad cobró plena conciencia de la importancia de combatir el narcotráfico cuando, en medio de la lucha entre dos bandas, pereció trágica e injustamente el cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo. cuya memoria permanecerá siempre entre nosotros por su generosidad y su bondad. Valoraré siempre la amistad que me brindó. La Procuraduría General de la República refuerza su acción para detener a los culpables de este crimen. La respuesta contra el narcotráfico ha de ser ahora de todos para acabar con este grave mal. Trágico y doloroso hecho fue, en mayo, la muerte del Cardenal, pero en agosto recibimos la grata visita y el mensaje de aliento de su Santidad el Papa.

Creamos el Instituto Nacional para el Combate a las Drogas, organismo capaz de realizar, con la tecnología y los métodos más modernos, esta vital tarea en favor de México. Reitero, esta es una lucha soberana sin descanso; pero el triunfo definitivo no lo encontraremos sólo dentro de nuestras fronteras, sino adecuada cooperación internacional. Mientras el mercado de consumo proporcione utilidades y ganancias tan elevadas, el combate a estas organizaciones seguirá imponiendo a nuestra sociedad costos altísimos. México promueve la discusión de este problema en foros mundiales para que, en la cooperación respetuosa, avancemos en esta guerra común.

El gobierno de la República considera de vital importancia guardar y hacer guardar la ley para afianzar el orden público y la tranquilidad social. En coordinación con los titulares de los gobiernos de los estados hemos emprendido acciones para modernizar y ampliar el equipo de sus cuerpos de procuración de justicia y de seguridad. Con ese fin, durante el último año, se transfirieron a las entidades federativas casi 100 millones de nuevos pesos. Redoblaremos los esfuerzos para lograr que todo mexicano tenga efectiva seguridad en su persona y en su patrimonio.

La procuración de justicia se ha vuelto más ágil y expedita en este año. En el ámbito federal se concluyeron más de 110 mil averiguaciones previas y se ejecutaron más de 68 mil órdenes de aprehensión. En el Distrito Federal, se concluyeron casi 21 mil averiguaciones previas y se ejecutaron más de cinco mil órdenes. Se crearon ya las carreras civiles de agentes del Ministerio Público federal y la propia de la policía judicial federal, estableciéndose sistemas de estímulos económicos y sociales.

Se ha modificado la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Ello ha permitido dar congruencia al desempeño gubernamental en las nuevas circunstancias del país y ser estrictos en la exigencia del cumplimiento de responsabilidades públicas. En lo que va de la presente administración se han impuesto más de 70 mil sanciones administrativas y se han presentado ante las autoridades competentes alrededor de seis mil denuncias penales en puestos de autoridad.

En un marco de respeto a los principios republicanos de nuestra Constitución, el Ejecutivo federal a mi cargo promovió la eficaz colaboración con los Poderes Legislativo y Judicial, al proporcionar con oportunidad los elementos necesarios para el ejercicio cabal de sus atribuciones. En estos años se ha mantenido una estrecha cooperación entre la federación y los estados, fortaleciendo sus haciendas públicas, la infraestructura, y la educación ahora a su cargo, aportando a la construcción de los servicios básicos y ampliando los apoyos a la producción.

La importancia de la función legislativa que conlleva la vida democrática del país motivó también las reformas constitucionales a los Artículos 65 y 66. Así, el Honorable Congreso de la Unión dispondrá, a partir del 15 de marzo de 1995, de nuevas fechas para realizar sus periodos ordinarios de sesiones. Esta reforma dará el tiempo adecuado para la presentación de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la Federación y permitirá ordenar mejor el trabajo legislativo.

Continuamos con nuestra tradicional política de otorgar asilo y apoyo a los ciudadanos que solicitan refugio en nuestro país. A más de 42 mil refugiados de nacionalidad guatemalteca, asentados en los estados de Campeche, Chiapas y Quintana Roo, se les continúan proporcionando los recursos productivos que posibilitan su autosuficiencia, además de servicios básicos de salud y educación. Durante el primer semestre de 1993, con total respeto a su decisión, 3 mil 600 de esos refugiados han sido repatriados. Desde que en 1984 se inició este proceso, más de 11 mil centroamericanos ya han regresado a su país de origen.

En el mundo de finales del siglo XX, el tema migratorio se está convirtiendo en uno de los asuntos políticos más delicados. Sobre él existen grandes debates y tensiones en los países industrializados, en Europa, en los Estados Unidos y en muchas naciones en desarrollo. En México estamos decididos a mantener nuestra reconocida tradición de asilo a perseguidos políticos en otras naciones; también conservaremos la de acoger a emigrantes por razones humanitarias. Pero no debemos olvidar que nuestro país no se ha integrado por grandes corrientes de emigrantes sino por la multiplicación de nuestra propia población. Históricamente hemos dado muy pocos certificados de nacionalidad, estando muy orgullosos de los mexicanos que ya lo son por ese motivo. Por eso, no permitiremos ser utilizados con fines de presión política ni tampoco como instancia de trámite ante terceros países. Así, en el periodo que abarca este Informe, se han deportado cerca de 125 mil personas que se encontraban ilegalmente en nuestro territorio.

El nuevo marco jurídico para las asociaciones religiosas responde a las nuevas condiciones del país y es sensible a las convicciones íntimas de la población. Estas reformas culminan un largo proceso de conciliación y de tolerancia, y promueven una clara manera de que los mexicanos ejerzan a plenitud su libertad de creencias. Este es un paso trascendente de la vida civil y moderna de la nación, que reafirma, a la vez, los principios de libertad de creencias, separación del Estado y las iglesias, educación pública laica y respeto a las diferencias y libertades de los demás. A la fecha, 900 iglesias y agrupaciones religiosas ya han obtenido sus certificados constitutivos y, con ellos, personalidad jurídica propia.

Durante este año se renovaron 12 ejecutivos estatales, 262 diputados locales, y mil 107 presidentes municipales en 14 entidades federativas. Los resultados manifiestan nuestra pluralidad política y la creciente diversidad de opciones. En 1993, por primera vez, se utilizó la credencial para votar con fotografía en las elecciones de tres estados de la federación. De los 40 millones 367 mil registros ciudadanos, base del nuevo padrón electoral, la cobertura actual del programa de empadronamiento y distribución de las nuevas credenciales sobrepasa los 37 millones de ciudadanos. Esta es una cifra alentadora, si consideramos que para la distribución de las credenciales restantes se cuenta con un margen adecuado de tiempo.

El país continúa construyendo su reforma democrática. Ha venido cambiando gradualmente sus instituciones políticas. En algunos ámbitos han existido mayores grados de consenso para su modificación; en otros, se ha generado un mayor debate. Eso es natural en una sociedad en plena transformación y en un Congreso que expresa las fuerzas, los pesos y las diversas posiciones de un México plural. Todos hemos ido aprendiendo el valor que tiene la búsqueda de acercamientos, la decisión de abrir la posibilidad del cambio, la convicción de hacer siempre el mayor esfuerzo para no caer en la exclusión. Todos aspiramos a niveles más altos de consenso y las diferencias se han expresado con respeto y libertad.

Desde diciembre de 1992 hubo un intenso intercambio de opiniones y propuestas sobre la consolidación de nuestras instituciones politicoelectorales. El debate enriqueció las diversas iniciativas de reformas que, en la materia, presentaron los diferentes partidos políticos en el periodo extraordinario de sesiones convocado para ese propósito. En ese periodo, que concluyó el pasado mes de septiembre, el Constituyente Permanente aprobó la reforma de los Artículos 41, 54, 56, 60, 63, 74, 82 y 100 de la Constitución Política. Esta Soberanía reformó, consecuentemente, más de 170 artículos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Por ellas, se abre el Senado de la República a la primera minoría, se elimina la llamada cláusula de gobernabilidad en la Cámara de Diputados y se evita que un partido, por si solo, pueda reformar la Constitución. También se elimina el proceso de autocalificación para sustituirlo por la decisión del organismo electoral y, en casos de controversia, por un tribunal de plena jurisdicción y autonomía, con una sala de segunda instancia.

Asimismo, las reformas amplían, en los tiempos establecidos por el Constituyente Permanente, las condiciones de elegibilidad para ser presidente de la República y norman, por primera vez en nuestra historia, el financiamiento de los partidos. Se establecen topes a los gastos de campaña y se regula el acceso a los medios de comunicación, para hacer más equitativa la Competencia entre partidos. Debo destacar que tales reformas fueron aprobadas, en lo general, por el voto favorable de los legisladores de aquellos partidos políticos que representan el 84 por ciento de los integrantes de la Cámara de Diputados y el 87 por ciento de los miembros del Senado de la República. Los momentos vividos durante esos días reflejan el intenso trabajo parlamentario. El debate en el Congreso fue amplio y serio. El pueblo de México sabe apreciar, sin lugar a dudas, la dedicación de sus legisladores y la importancia de su labor. Mi respeto y mi reconocimiento a los diputados y senadores del Congreso de la Unión.

Ha concluido así esta etapa de reformas. En los próximos meses tendremos la posibilidad alentadora de hacer realidad los cambios y de mejorar, a partir del compromiso de todos con la nueva legalidad, las relaciones entre las distintas fuerzas políticas. Hasta el último día, mi gobierno estará comprometido con la búsqueda de la civilidad política. Su conducta seguirá siendo de diálogo, concertación y tolerancia, para avanzar en las prácticas políticas y para que los compromisos de todos se respeten. Creo en el debate franco y en la búsqueda del acuerdo.

El próximo año se realizarán elecciones federales para presidente de la República, diputados y senadores de acuerdo con el nuevo texto constitucional. Hoy, por las reformas, el panorama apunta hacia un régimen de partidos fortalecido. La ciudadanía ha visto ampliadas sus opciones. Se han establecido bases ciertas para una perspectiva de civilidad política en la futura contienda electoral. Todos, con sus acciones, han contribuido a la reforma democrática de México.

Quiero reiterar que la democracia es un proceso real que depende de la capacidad de las partes para asumir compromisos políticos en el marco de la ley. Lo importante es que las diferencias no cierren la posibilidad de alcanzar una mejor convivencia y nuevos avances democráticos; lo importante es que entre todas las fuerzas políticas siga afianzándose la conciencia sobre sus responsabilidades crecientes con el destino de la nación. El desacuerdo, por más amplio que sea, siempre podrá resolverse entre nosotros mientras cada mexicano se obligue con la soberanía de nuestra patria. Ahora la nación demanda el compromiso democrático de la autoridad, de cada ciudadano y de todos los partidos para apegarse cabalmente a la legalidad y mantener siempre la paz pública.

3. México crece con estabilidad de precios

En los últimos años los mexicanos hemos realizado un enorme esfuerzo colectivo para sanear nuestra economía y sentar las bases para un desarrollo sostenido que brinde igualdad de oportunidades a todos. Ha valido la pena. El país ya ha recuperado su estabilidad, crece moderadamente y avanza en el cambio estructural de sus actividades productivas.

Hemos abatido la inflación de niveles de casi 200 por ciento a menos de 10 por ciento anual. Avanzamos así hacia la meta que parecía imposible conquistar hasta hace poco: la convergencia con la inflación de los países desarrollados. Ello, además, está ocurriendo en un contexto de liberalización de precios y de abasto pleno. Al abatir la inflación cancelamos el impuesto más regresivo, sustituimos la especulación por la inversión productiva y construimos una nueva certidumbre para crecer, generar empleos y competir en el mundo.

Hemos reducido la deuda externa, que al principio de este gobierno imponía un pesado lastre a nuestros esfuerzos; sus niveles son hoy congruentes con la perspectiva de un mayor crecimiento económico sobre bases permanentes. Hemos pasado de un crecimiento nulo en promedio durante casi toda la década de los ochenta a un crecimiento moderado, por encima del incremento poblacional, por quinto año consecutivo.

Hemos pasado también de unas finanzas públicas con déficit crónico a otras sanas, registrándose un balance superavitrario en los últimos dos años, situación excepcional en nuestra historia y en el mundo. Por eso, mientras en casi todos los países suben los impuestos, en México los hemos bajado para apoyar el esfuerzo individual y colectivo. Con la renegociación de la deuda externa y la disminución de la deuda interna mediante la venta de empresas públicas, hemos liberado cuantiosos recursos para el gasto social, el cual ha crecido casi 85 por ciento en términos reales en cinco años.

En un lapso relativamente corto hemos pasado de una economía cerrada a una economía abierta. Hemos cambiado también de un Estado propietario y actor protagónico de la vida económica a un Estado solidario que asume un claro compromiso con la justicia social, fortalece la infraestructura y la producción, y apoya y regula de manera clara la iniciativa de los particulares para promover el crecimiento y la competitividad.

México está entrando a la última década del siglo con la mirada puesta hacia los retos económicos del futuro: productividad y competitividad. Con ese fin, las empresas se están reestructurando, redefinen sus procesos productivos y elevan su eficacia. Cuentan con un entorno favorable de estabilidad, desregulación, certidumbre legal, alineación de los precios públicos a sus referencias internacionales. Algunos sectores ya han terminado su reconversión; otros han avanzado mucho; otros más apenas empiezan. Todos tienen el mismo compromiso de productividad con sus empresas y con el país.

La tarea de la modernización es compleja. Implica sustituir maquinaria obsoleta por instalaciones modernas. Esta sustitución, sin embargo, no puede darse de un día para otro; exige talento y recursos financieros; requiere identificar el equipo adecuado, adquirirlo, instalarlo; demanda que se capaciten los trabajadores. Aunque en muchos casos se ven compensados por la generación de empleos en otras ramas en expansión, estos ajustes afectan la realidad cotidiana de muchas familias mexicanas. Asimismo, varios contratos colectivos de trabajo se han flexibilizado a fin de reemplazar cláusulas que obstaculizan la productividad por otras que la promueven y aseguran la participación de los trabajadores en los aumentos correspondientes. Este proceso toma tiempo. Las empresas ,competitivas deben contar con una situación financiera sana, lo que implica una mayor inyección de capital, la reestructuración de su deuda, el establecimiento de alianzas estratégicas y la profesionalización de sus cuadros. Esta transformación está ocurriendo en miles de empresas en el país; sin embargo, también toma tiempo concluirla.

Un entorno internacional recesivo no ha favorecido el proceso general de cambios económicos y ha elevado su carga. Los costos de la reconstrucción de Europa Central y del Este en la posguerra fría y los desequilibrios fiscales estructurales de los países industrializados han ocasionado el alza de las tasas de interés en Europa, el muy bajo crecimiento mundial, la desaceleración del comercio internacional y un profundo deterioro de los términos de intercambio en los productos agrícolas y la minería.

A pesar del complejo proceso de transformación interna y la adversidad económica del entorno internacional, no son pocos ya los signos alentadores. Entre 1988 y 1992 la inversión como proporción del Producto pasó de 17 por ciento a 22 por ciento y continúa creciendo, concentrándose en mayor medida en maquinaria y equipo. De 1990 a la fecha, el número de establecimientos manufactureros se incrementó en alrededor de 24 mil, para llegar actualmente a cerca de 127 mil. Por su parte, en los últimos tres años, la productividad de la mano de obra en la industria manufacturera se incrementó en un 19 por ciento y hoy sigue elevándose. Las exportaciones manufactureras crecen rápidamente, lo que demuestra una mayor penetración de nuestros productos en los mercados internacionales.

Comparemos objetivamente las dificultades de hoy con los mucho mas graves problemas que existían hace algunos años. Se fueron ya los tiempos de la obsesión de la deuda impagable, la angustia por la inflación excesiva. Se ha ido, con ellos, la imagen de desaliento y falta de confianza en nuestras propias fuerzas. Y no ha sido producto de una circunstancia externa favorable, ha sido el resultado de nuestro trabajo diario y de mantener la dirección que nos hemos propuesto. Tenemos retos, sí, y estamos trabajando en ellos para superarlos y avanzar. Pero tenemos la certeza de que cambiamos, y lo hacemos deliberadamente, a tono con el mundo de hoy. México no se quedará atrás; es ya un factor importante en la economía internacional. Estamos trabajando para levantar mucho más nuestro potencial productivo y exportador, nuestra capacidad de generación de empleos y de incrementar el bienestar. Los resultados ya ensanchan nuestra perspectiva más allá de los ciclos económicos. Nos alientan a profundizar en la reforma del Estado, en la revolución microeconómica a nivel de cada empresa y en la solidaridad.

La gran transformación económica ha vivido en 1993 un año complejo. Al tiempo que se han afianzado bases para el futuro, enfrentamos circunstancias difíciles para muchas familias y empresas, que lo hubieran sido todavía más de no haberse iniciado y sostenido los cambios requeridos.

Durante el primer semestre de 1993 la economía registró una tasa de crecimiento de 1.3 por ciento, ritmo inferior al de los pasados cuatro años. Anticipamos esto en los Criterios Generales de Política Económica sometidos en noviembre pasado al Congreso de la Unión, cuando consideramos que el entorno económico no ofrecía las condiciones para proponernos un crecimiento superior al de 1992. Desde el punto de vista sectorial, la desaceleración de la actividad económica no ha sido uniforme. Durante este periodo el sector servicios y el industrial crecieron a tasas de 1.9 y 1.2 por ciento, respectivamente, mientras que las actividades agropecuarias, silvícolas y pesqueras registraron un descenso de 1.5 por ciento.

Conscientes de que la actual desaceleración económica es una consecuencia transitoria del propio proceso interno de modernización, y de un ámbito internacional poco favorable, hemos concertado en la última renovación del Pacto, el pasado mes de octubre, un conjunto de acciones para superar los problemas coyunturales y seguir adelante. Todos los sectores se comprometieron a mantener la lucha contra la inflación. Para contribuir a reactivar el mercado interno se acordó un amplio paquete de reducciones fiscales a favor de los trabajadores y de las empresas; se otorga permanencia a la recuperación del salario mínimo y de los salarios contractuales, al vincularlos no sólo a la inflación esperada sino a los aumentos de la productividad; se reducen los precios de los insumos industriales del sector público para llevarlos a su referencia internacional, y se canalizarán cuantiosos recursos adicionales al nuevo programa de apoyos directos al campo. Se decide usar así el superávit fiscal, fruto del esfuerzo acumulado de todos los mexicanos, para alentar responsablemente, sin políticas expansionistas, la reactivación económica. Lo haremos a través de un proyecto de presupuesto equilibrado que presentaré oportunamente a la Cámara de Diputados de este Honorable Congreso de la Unión. Con está renovación del Pacto, México responde a las circunstancias internacionales y enfrenta las condiciones propias.

La disciplina fiscal es un elemento indispensable para abatir permanentemente la inflación e impulsar el crecimiento sostenido. El sector público pasó de un déficit financiero de 12.5 por ciento como proporción del Producto Nacional en 1988, a un superávit de 0.5 por ciento en 1992. Al término de los primeros seis meses de 1993, las finanzas públicas registraron un superávit de casi 13 mil millones de nuevos pesos, el cual representa cerca del 70 por ciento de la meta programada para todo el año. Este resultado se refleja en una drástica reducción del endeudamiento del sector público: a finales de 1988 la deuda neta total del sector público representaba poco más del 68 por ciento del Producto y ésta se sitúa actualmente en alrededor del 22 por ciento. Dentro de este total, el saldo de la deuda neta externa pasó de un 48 por ciento del Producto a sólo 12 en 1993.

El saldo de la deuda interna se redujo sustancialmente. Mientras que en los países industrializados representa entre 60 y 120 por ciento del Producto, en México la deuda interna llegó a sólo 10 por ciento en el primer semestre de 1993. Esta es la magnitud del desendeudamiento público en México.

La reforma del sistema tributario ha buscado crear un contexto más justo y eficiente y, al mismo tiempo, elevar la recaudación. La tasa marginal del Impuesto Sobre la Renta para personas físicas disminuyó del 50 por ciento en 1988 a 35 hoy en día. Por su parte, la tasa para las empresas bajó del 40 en 1988 al 35 por ciento a la fecha. Ello crea un marco propicio para la inversión. El Impuesto al Valor Agregado disminuyó de 20 y 15 por ciento en 1988, al 10 a partir de los últimos meses de 1991. Adicionalmente, y de conformidad con lo acordado en el Pacto, someteré a la consideración de esta Soberanía un paquete de medidas tributarias que permitan elevar entre 7.5 y 10.8 por ciento el ingreso disponible de los trabajadores que reciben un salario mínimo; que aseguren que los trabajadores con ingresos de hasta dos salarios mínimos no paguen impuestos y se beneficien los casi siete millones de trabajadores que ganan menos de cuatro salarios mínimos. Asimismo, propondré reducir el Impuesto Sobre la Renta a las empresas del 35 al 34 por ciento; bajar en dos terceras partes la tasa del Impuesto Sobre la Renta para operaciones de crédito con el exterior; deducir más rápidamente las inversiones en vehículos y equipos anticontaminantes, y otorgar facilidades a empresas para cubrir el importe de sus impuestos en parcialidades, destacadamente el Impuesto al Activo.

Se ha ampliado la base gravable. El número de contribuyentes, distintos de los trabajadores, pasó de 1.7 a 4.8 millones entre 1988 y julio de 1993. De esta forma, se ha logrado evitar inequidades y otorgar un trato semejante a todos los contribuyentes, al tiempo que se ha incrementado considerablemente la recaudación, a pesar de la disminución de las tasas. Mientras en el periodo de 1989 a 1993 se estima un crecimiento acumulado del Producto del 17 por ciento; los ingresos tributarios no petroleros habrán crecido 34 por ciento en términos reales. Así cumplimos con el propósito de consolidar un esquema tributario que fortalece el ahorro y alienta el trabajo de la sociedad, con menos gravámenes y más contribuyentes.

La reforma fiscal y el redimensionamiento del sector público han permitido abatir la deuda, reducir los niveles totales de gasto y elevar las erogaciones en desarrollo social. En 1988 el pago de intereses representaba cerca del 18 por ciento del Producto, mientras que se estima que para 1993 sea solamente del 3. Esta menor carga, además de su favorable impacto financiero, se ha traducido en más recursos para infraestructura de educación, salud, ecología y vivienda para los que menos tienen. En 1988, por cada peso de pago de intereses, sólo 33 centavos se destinaban al gasto social; hoy en día, por cada peso que se gasta en servicio de la deuda, se destinan más de tres pesos a las necesidades sociales fundamentales de nuestros compatriotas. En 1993 el gasto social representará el 54 por ciento del gasto programable del gobierno y 10 del Producto Nacional. Nunca hasta ahora se había destinado una proporción semejante. En los primeros cinco años de mi administración, el gasto en educación ha crecido casi 90 por ciento, en salud 79, en ecología, desarrollo urbano y agua potable 65, todo ello en términos reales.

Para dar solidez institucional a los avances alcanzados y continuidad al compromiso de todos los mexicanos en la lucha contra la inflación, promovimos cambios a los Artículos 28, 73 y 123 de nuestra Constitución. Se concede así autonomía al Banco de México y se le fija como prioridad la estabilidad del poder de compra de nuestra moneda. De acuerdo con esta reforma, ninguna autoridad podrá exigirle la emisión de dinero para financiar los programas burocráticos. Se contempla un sistema escalonado de nombramientos en el banco central que fortalece su independencia y su profesionalismo. En los próximos días enviaré a esta Soberanía la iniciativa de nueva Ley del Banco de México de acuerdo con las nuevas disposiciones constitucionales. Esta trascendental reforma compromete al país de manera permanente a mantener la salud financiera de la nación.

A partir de este año, los mexicanos comenzamos a utilizar la unidad monetaria denominada transitoriamente Nuevo Peso; ésta contribuye a una mejor expresión del valor real de los bienes y servicios, y facilita nuestras transacciones. Se ha puesto ya en circulación una serie de nuevas monedas.

La mayor estabilidad de precios se ha reflejado en la constante disminución en el costo del dinero. La tasa de rendimiento de los Cetes a 28 días es de 13 por ciento, prácticamente una tercera parte de las que imperaban en octubre de 1992. Estas menores tasas de interés están contribuyendo a la reactivación gradual de nuestra economía. El ahorro de la sociedad en el sistema financiero ha pasado de representar el 29 por ciento del Producto en 1988 a 40 en 1992 y, el 46 en 1993. Para agosto de 1993, el ahorro financiero, este año registró un crecimiento anual de 17 por ciento en términos reales. A ello ha contribuido la consolidación del Sistema de Ahorro para el Retiro, el SAR, que fomenta el ahorro de los trabajadores: al mes de agosto de este año se habían incorporado 11.4 millones de cuentas individuales, cuyas aportaciones ascendieron a poco más de 12 mil millones de nuevos pesos. Adicionalmente, por conducto del Patronato del Ahorro Nacional, se establecerá un gran número de sucursales en lugares de alto tránsito de personas, primordialmente en oficinas del Servicio Postal Mexicano en que se ofrezcan a las clases populares instrumentos de ahorro seguros y sencillos. La liberación de recursos derivados del desendeudamiento del sector público permitió que, entre 1989 y 1992, el financiamiento interno al sector privado creciera en un 225 por ciento en términos reales.

A partir de 1989 el sector financiero se sujetó a una profunda reforma: desregulación de operaciones, adecuaciones del marco jurídico, modificación en el régimen de propiedad de la banca y apertura financiera. Durante el periodo de 1991 a 1993 se autorizó la constitución de 25 grupos financieros, y de nueve bancos nuevos con carácter regional, cuidando en todo momento su seriedad y calificación profesional. A medida que avancemos hacia un sistema financiero más eficiente y competitivo, disminuirán las tasas activas en beneficio de los usuarios del crédito.

La desincorporación de entidades públicas que no son estratégicas ni prioritarias se encuentra en su última etapa. Durante mi administración se han desincorporado 390 entidades, que representan el 63 por ciento de las existentes en un inicio. Ello se ha realizado mediante ofertas públicas; se han expedido títulos de concesión para proteger a los consumidores en los casos de monopolios naturales; se ha mantenido constantemente informada a la sociedad. Actualmente, existen 209 entidades públicas de las cuales 50 se encuentran sometidas a proceso de liquidación, extinción, venta, fusión o transferencia a gobiernos estatales. Mediante las privatizaciones se han generado recursos de una sola vez que, al reducir la deuda interna, han fortalecido permanentemente la capacidad gubernamental para atender demandas sociales inaplazables. Con ello, se cumple el compromiso de vender bienes públicos para remediar males sociales y se fortalece al Estado y a la nación.

De diciembre de 1990 a junio de 1993, el Fondo de Contingencia recibió 55 mil 700 millones de nuevos pesos, provenientes del proceso de privatización. Con estos recursos pagamos deuda interna. Cuando el mercado secundario de la deuda externa ha ofrecido descuentos atractivos, los hemos aprovechado. Como resultado de estas operaciones el saldo remanente en el Fondo de Contingencia al cierre del primer semestre de este año fue de 4 mil 300 millones de nuevos pesos. Esta información ha sido proporcionada con detalle a esta Soberanía en los informes trimestrales correspondientes.

Los avances en materia de estabilización, sumados a la intensificación del cambio estructural, han hecho de nuestro país un lugar atractivo para la inversión externa, tanto financiera como directa. La inversión foránea acumulada a lo largo de mi administración superó en pesos los 34 mil millones de dólares, cantidad que excede ya en un 40 por ciento la meta para todo el sexenio. De enero a septiembre de 1993 la inversión extranjera llegó al equivalente de ocho mil millones de dólares, 18 por ciento más que en el periodo correspondiente de 1992, y ha financiado la creación de mil nuevas empresas. De esta manera la inversión extranjera ha complementado nuestro ahorro interno, favoreciendo la competitividad y alentando la utilización de tecnologías modernas y limpias.

Durante los últimos años se registró un aumento del déficit de la cuenta corriente. Ello ha sido resultado del proceso de cambio tecnológico que requería de la importación de bienes de capital e intermedios, y de los fuertes flujos de inversión extranjera. Las exportaciones manufactureras, aunque crecían a tasas aceleradas, lo hacían a un ritmo más lento que las importaciones. Como se señaló, este desfasamiento era consecuencia del proceso de maduración de las inversiones, es decir, del tiempo que va de la instalación de nueva tecnología a la nueva exportación resultante de estas adquisiciones.

A partir de 1993 hemos empezado a observar una marcada reversión de este proceso. Actualmente las importaciones tienden a estabilizarse, mientras que las exportaciones, especialmente las manufactureras, están repuntando con un renovado dinamismo. Así, al mes de agosto, las exportaciones no petroleras registraron una tasa de crecimiento anual de 15 por ciento, a pesar de la debilidad del comercio internacional. Por su parte, las importaciones avanzaron a una tasa de sólo el 6. Estas cifras confirman que vamos por el camino correcto. Las empresas del país están respondiendo positivamente al reto de la apertura. Si perseveramos, México podrá tener una presencia comercial cada vez mayor en los mercados internacionales. Esta reversión en las tendencias de las exportaciones y las importaciones permitió que, al mes de agosto, se registrara un déficit en la balanza comercial de alrededor de 9 mil 300 millones de dólares. cifra inferior en 8 por ciento a la del mismo periodo de 1992. Asimismo, en el primer semestre de este año el superávit en la cuenta de capital ascendió a 16 mil 190 millones de dólares, lo que significa un aumento de 35 por ciento con respecto al primer semestre de 1992.

El comportamiento favorable observado en las cuentas con el exterior ha permitido la consolidación de las reservas internacionales del Banco de México, al día de hoy ascienden a 23 mil 017 millones de dólares. Ello fortalece la posición de nuestro país ante eventualidades externas y contribuye a la viabilidad de nuestro proyecto económico.

El país ha avanzado para incrementar su eficiencia micro económica. Los primeros esfuerzos de desregulación fueron en las áreas de las telecomunicaciones, el transporte carretero y la acuacultura. Después se avanzó en el sector externo de la economía y ahora alcanza a todas las actividades productivas. Tan sólo en los últimos doce meses se introdujeron reformas legales en materia de energía eléctrica, puertos y correduría pública, las cuales alientan la participación del sector privado en esas actividades e inducen a una sana competencia en beneficio de los usuarios de estos servicios. Asimismo, la nueva Ley Federal de Competencia Económica y la Comisión respectiva fijan normas para prevenir y eliminar monopolios, sancionar prácticas indebidas y suprimir barreras de entrada al mercado, todo ello en beneficio de los consumidores.

En los últimos cinco años, para aumentar la competitividad de las empresas, hemos apoyado con asistencia técnica y financiera a alrededor de 250 mil empresas micro, pequeñas y medianas, principalmente a través de Nacional Financiera (Nafin) y los Bancos de Comercio Interior y Exterior. De igual manera, hemos perseverado en el cambio estructural de la banca de fomento. El porcentaje de crédito total otorgado por Nafin al sector privado pasó de menos de 10 por ciento en 1988, a alrededor de 90 en la actualidad. Para asegurar su operación, se estableció en 1993 que, al igual que la banca comercial, la banca de desarrollo debe calificar los riesgos de su cartera y sujetarse a una estricta constitución de reservas preventivas. Bajo este nuevo esquema la banca de desarrollo mejora sus sistemas de evaluación y seguimiento del crédito y promueve una mayor eficiencia en la intermediación de los recursos.

El Programa Impulso tiene como meta apoyar a medio millón de empresas pequeñas y medianas, a través de la constitución de uniones de crédito, empresas integradoras y entidades de fomento privadas. También se han impulsado la creación de empresas comercializadoras, el desarrollo de franquicias y la capacitación para modernizar el pequeño y mediano comercio. Para estos fines, en 1993, el Banco Nacional de Comercio Interior y el Fideicomiso para el Desarrollo Comercial, canalizarán conjuntamente casi 15 mil millones de nuevos pesos.

El apoyo a la actividad exportadora ha sido una tarea permanente durante los últimos cinco años. En ese lapso, se otorgaron 714 constancias a empresas altamente exportadoras, se autorizaron programas de importación temporal para la exportación a mil 393 empresas, se registraron 110 nuevas empresas de comercio exterior y se inició la operación de un nuevo sistema automatizado para la expedición de permisos de importación y exportación. Con la nueva Ley de Comercio Exterior estamos afianzando el papel de la actividad exportadora como catalizador de la competitividad del país. Seguimos combatiendo las prácticas de comercio desleal e imponiendo sanciones en los casos necesarios. Queremos más comercio, pero no el que dañe injustamente nuestra producción o nuestro mercado.

Hemos seguido actuando para reorganizar y alentar nuestros intercambios comerciales. Con mis homólogos de Estados Unidos y Canadá, el 17 de diciembre de 1992 firmé el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y, el 14 de septiembre de 1993, los acuerdos paralelos en materia ecológica, laboral y de salvaguardas. Desde el principio de las negociaciones dejamos muy claro que con el Tratado de Libre Comercio tendríamos que cuidar el medio ambiente y preservar los derechos laborales de los trabajadores. Es por ello que México vio con interés la posibilidad de negociar acuerdos sobre estos temas, bajo las premisas de respeto a nuestra soberanía, de ser plenamente compatibles con el tratado comercial y no constituirse en medios encubiertos de proteccionismo. Al haberse cumplido las premisas establecidas, con estos acuerdos se amplía la cooperación de los tres países en estos temas.

El Tratado, junto con los acuerdos paralelos, tiene una importancia singular al incorporar explícitamente los temas ecológicos y laborales con pleno respeto a las soberanías; es pionero en las negociaciones comerciales y marcará futuras tendencias en la región y en el mundo. No se permite la creación de leyes u órganos supranacionales sino que se alienta la cooperación para que cada país aplique mejor sus propias leyes, en su propio territorio. No se establecen sanciones comerciales tradicionales, ya que se impiden reacciones unilaterales y, con el cumplimiento de una parte, se levanta automáticamente toda restricción impuesta por otra.

El avance y éxito en estas largas y difíciles negociaciones se debe a la invaluable labor de un numeroso grupo de servidores públicos, de representantes de organizaciones sindicales, rurales y empresariales así como de expertos en diversas materias. Por el más alto compromiso con México que demostraron a lo largo de la negociación, manifiesto a todos ellos mi profundo reconocimiento.

La ratificación del Tratado y de los acuerdos paralelos depende ahora de los poderes legislativos. Conviene recordar que sus beneficios no serán de corto plazo ni producirán resultados espectaculares. Reitero, con o sin Tratado, en el plazo inmediato no se alterará sustancialmente la evolución de nuestra economía. Siendo importante el Tratado, éste se sumaría a los instrumentos que ya hemos establecido para que la economía crezca con estabilidad. Los tratados de libre comercio son instrumentos que otorgan a las economías la certidumbre de reglas permanentes, que alientan la inversión, la creación de empleo, y mayores escalas de producción. La clave para nuestro desarrollo no está fuera del país, sino en los esfuerzos internos, en el ahorro, la productividad y la calidad. De ahí la justa importancia de los acuerdos comerciales que proporcionan un marco de referencia, más preciso, al trabajo interno para competir mejor en el propio mercado doméstico y en el mundo.

Por eso, hemos intensificado los contactos y negociaciones comerciales con otros países y regiones. El próximo año, de aprobarlo el Senado de la República, entrará en vigor un tratado de libre comercio con Venezuela y Colombia, similar al que ya tenemos con Chile. Buscamos incorporar a los países centroamericanos a este nuevo esquema. También, en el transcurso de mi gobierno, hemos concluido las negociaciones para evitar la doble tributación con 15 países de Europa, Asia y América, lo que facilita indudablemente la interrelación económica.

El desarrollo sectorial

El sector energético es fundamental para el desarrollo. Su importancia estratégica para la economía y su significado histórico para los mexicanos así lo han determinado. En ese sentido, el control estatal de los hidrocarburos y el suministro suficiente y oportuno de energéticos han sido principio y prioridad para mi gobierno. Con la descentralización de funciones y responsabilidades de PEMEX se edifica una industria petrolera más eficiente. Se ha dado preeminencia a la exploración de zonas con mayores potencialidades. A finales de 1992, con el descubrimiento de nuevos yacimientos en montos superiores a los volúmenes extraídos, las reservas probadas de hidrocarburos se situaron en 65 mil millones de barriles, con lo que se ubica México en la sexta posición mundial. Así, como afirmé en el Cuarto Informe de Gobierno, se revierte la declinación de las reservas de hidrocarburos que se venía observando año tras año por casi un decenio.

Durante 1993 la producción nacional de crudo fue de un promedio de 2.7 millones de barriles diarios, cifra similar a la obtenida en 1992. Aun cuando hasta el mes de agosto la mezcla mexicana de exportación registró un precio promedio de 13.80 dólares por barril, 44 centavos de dólar menos que el programado para el año, la situación pudo mitigarse con la aplicación del seguro petrolero contratado con anterioridad.

A escasos quince meses de la promulgación de su nueva Ley Orgánica, funcionan ya con normalidad los cuatro organismos subsidiarios y el corporativo de PEMEX. Se han superado los obstáculos derivados del cambio de una compleja estructura administrativa que había operado durante 55 años; se ha mantenido regularidad en la producción y en el abasto, aspectos críticos para el buen funcionamiento de la economía. Productividad, competitividad, honestidad, protección al medio ambiente y resguardo de la soberanía son los criterios que orientan los trabajos de PEMEX en esta nueva etapa de su desarrollo al servicio de México.

Para impulsar la expansión del sector eléctrico, en diciembre de 1992 este Honorable Congreso aprobó las reformas a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, y en mayo de este año se expidió su reglamento a fin de permitir la participación corresponsable de los particulares. La energía eléctrica producida por las empresas privadas se venderá en forma exclusiva a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), única entidad autorizada para proporcionar este servicio público. La recién creada Comisión Reguladora de Energía supervisará estas operaciones.

En el periodo de enero a octubre, la generación bruta de electricidad se incrementó en un 3.2 por ciento respecto a igual periodo del año anterior. El sector eléctrico de México ocupa el segundo lugar en América Latina y su capacidad instalada es de casi 29 mil megavatios; en los pasados cinco años se incorporó un 20 por ciento más que la capacidad de generación construida por la CFE en toda su historia. Actualmente, esta industria atiende a cerca de 80 millones de mexicanos, más del 90 por ciento de la población. De este total, más de 15 millones de habitantes han recibido el servicio en los últimos cinco años.

La variedad y disponibilidad de minerales con que cuenta el país lo ubican dentro de los 11 primeros lugares en la producción mundial de 19 de ellos. Esta importante industria se ha enfrentado a los retos de bajos precios internacionales, particularmente de la plata. Hoy, la actividad minera cuenta con un nuevo marco jurídico que permite un mejor aprovechamiento de esta riqueza. La nueva regulación confiere viabilidad a proyectos de larga maduración, fomenta la concurrencia de los particulares, simplifica trámites, propicia el desarrollo de la

pequeña y mediana minería y da racionalidad al régimen de concesión. Así, en los últimos cinco años se han liberado casi 11 millones de hectáreas aptas para la minería, y la superficie concesionada se duplicó al pasar de casi tres a seis millones de hectáreas. Asimismo, mediante el Programa de Apoyo a la Minería Social y a la Pequeña Minería, se otorgaron créditos por un monto de 870 millones de nuevos pesos para actividades de exploración y explotación, capacitar al personal y un sistema de garantías parciales.

Las comunicaciones y los transportes del país son, año con año, cuantitativa y cualitativamente superiores. Por las carreteras circulan la mayoría de los mexicanos, la producción nacional y, también, las esperanzas de las comunidades por progresar. Al inicio de mi administración la red carretera emergía, tras años de reducidas inversiones públicas, del retraso en el mantenimiento periódico y del congestionamiento que la deterioraba y elevaba sus costos. En mis visitas a los estados, los caminos siempre han figurado entre las primeras demandas de la población. La respuesta ha sido un gran programa de modernización.

En la red troncal se ha terminado la construcción de 735 kilómetros de nuevas carreteras federales, la ampliación de mil 300 kilómetros y la reconstrucción de 10 mil más. Con la venta de activos del sector hemos puesto en marcha un programa especial de mantenimiento de carreteras, que será intensificado en los meses siguientes. En cuanto a las autopistas, recientemente inauguré obras impresionantes no sólo por su tamaño y belleza, sino por su importancia económica y de integración regional, como la Autopista del Sol, Cuernavaca, Acapulco, la de Mérida, Cancún, la de Guadalajara La Barca y la de Guadalajara Lagos de Moreno, que se suman a las 60 carreteras de cuatro carriles, realizadas por todo el país. Me permito informar a esta Soberanía que con las supercarreteras inauguradas en días pasados hemos llegado ya a la meta prevista para todo el sexenio: son cuatro mil kilómetros de autopistas de cuota construidas en estos años, cuatro veces más que lo realizado en un cuarto de siglo. Reitero que, al concluir el periodo de concesión a los particulares, estas obras se revertirán como propiedad de la nación.

En cuanto a los Ferrocarriles Nacionales de México reconocemos los significativos esfuerzos tecnológicos y administrativos, así como los novedosos sistemas de comercialización puestos en marcha para modernizarlos. Queda mucho trabajo para elevar la eficiencia y competitividad en los servicios. Pero, hoy, los ferrocarriles están rescatando mayores volúmenes de carga con ahorros para las empresas y para el Estado.

Hemos cumplido la primera etapa de modernización de la infraestructura portuaria; cuatro puertos cuentan ya con capacidad para operar a niveles internacionales de productividad. Con la nueva Ley de Puertos se promueve la descentralización administrativa y se permite incorporar a la iniciativa privada y al sector social, tanto en los aspectos de operación como en el desarrollo de la infraestructura.

Nuestra red de aeropuertos funciona adecuadamente, habiendo crecido el movimiento de pasajeros y operaciones aéreas 61 y 42 por ciento, respectivamente, durante los últimos cinco años. Los aeropuertos con grado de saturación como los de la ciudad de México, Cancún y Guadalajara son objeto de especial atención. Gracias a ello, y con una amplia participación de coinversionistas privados se están atendiendo los requerimientos de los usuarios de la aviación. Quiero reiterar que el Estado mantiene pleno control de los aeropuertos en materia de seguridad, aspectos aduanales y migratorios.

Durante el último año hemos dado pasos importantes en el desarrollo de nuevos y modernos sistemas de telecomunicaciones y con mayor cobertura en el territorio nacional. El servicio postal mexicano se ha enfrentado con éxito al enorme reto de ser autosuficiente, al cubrir este año, con ingresos propios, su gasto de operación y de inversión.

Por quinto año consecutivo hemos realizado importantes transformaciones en el sector turismo. La oferta de alojamiento se ha incrementado durante los últimos 12 meses con cerca de 10 mil nuevos cuartos, lo que da un total de más de 53 mil cuartos adicionales de 1989 a la fecha. Los 31 estados de la federación ya se han sumado al programa de descentralización de funciones, de conformidad con la nueva Ley Federal de Turismo. Las divisas generadas por el turismo se han incrementado en un 11 por ciento anual en promedio entre 1988 y 1992, en tanto que en el primer semestre de 1993 se registró un crecimiento de 2.2 por ciento, reflejo de la recesión internacional. Durante este año se espera que los turistas nacionales asciendan a 39 millones de personas, lo que representa un incremento del 2 por ciento en relación con el año anterior. Durante el periodo de enero a junio, el número de turistas extranjeros fue de más de tres millones 300 mil visitantes, casi 3 por ciento adicional respecto al mismo periodo de 1992, y se captaron más de dos mil millones de dólares.

Nuestra política pesquera se ha orientado principalmente a fomentar la integración de cadenas productivas, a la estricta aplicación de la regulación de vedas para evitar la desaparición de las especies y a fomentar el desarrollo de la acuacultura. Hemos mantenido el saldo favorable de la balanza comercial pesquera. Es importante destacar el notable dinamismo que experimenta la producción del camarón de acuacultura, pues mientras que hace cinco años la producción era de sólo 551 toneladas, para 1993 será superior a las 10 mil. Con la nueva Ley de Pesca, las primeras beneficiarias del régimen de concesiones han sido las organizaciones del sector social, para dar permanencia a quienes han demostrado eficiencia y productividad. Por otra parte, hemos reestructurado la deuda de las sociedades cooperativas del litoral del Pacífico que son rentables y se inició el proceso para las que operan en el Golfo de México.

La reforma campesina

En el campo enfrentamos uno de los mayores desafíos del país. En él confluyeron estancamiento social y hasta retroceso económico, instituciones públicas que ya no cumplían, prácticas burocráticas que los mismos campesinos rechazaban, restricciones legales que ya no protegían, sino constreñían al ejidatario y al comunero, dejándolos en el desamparo y, sobre todo, en la pobreza; también un contexto internacional que, por más de dos décadas, ha reducido los precios de los productos agrícolas básicos. Por todo ello, para el campo no existen soluciones simples, voluntaristas o inmediatas.

En el campo vive y trabaja uno de cada cuatro mexicanos. Su producción, sin embargo, representa menos del 8 por ciento del Producto Nacional. La brecha es muy grande y se llama pobreza. En el campo se encuentran así, la mayor parte de los mexicanos más desprotegidos. Ellos, más que nadie, demandaban cambios y con su comportamiento cotidiano, silencioso pero con claridad y sencillez, exigían transformaciones de fondo, con rumbo definido desde abajo. La ruta era la que ellos mismos señalaban: libertad, equidad y respeto. Adquirirnos, como sociedad y como gobierno, el compromiso de reformar al campo, encabezados por los propios campesinos; por eso es una reforma campesina. La primer tarea fue la de cambiar los instrumentos del Estado para el campo que ya no cumplían con su propósito de promover la producción y la justicia.

Así, se reestructuró a fondo Banrural, desapareció Anagsa, la aseguradora del campo, y se crearon mecanismos claros con Agroasemex. Sólo dos de 11 productos conservaron los precios de garantía y se estableció Aserca para dar paso, en el resto, a la concertación de precios en la comercialización. El sistema para el financiamiento del campo ha sido saneado y los recursos se han incrementado. En 1993, el financiamiento total asciende a 37 mil millones de nuevos pesos, 27 por ciento más que en 1992, de los cuales el 74 proviene de la banca de desarrollo.

Para ello realizamos un esfuerzo extraordinario para resolver las carteras vencidas con Banrural, traspasando la de casi 400 mil productores a un fideicomiso creado con ese propósito, y la de 500 mil más a Solidaridad; ello restauró la viabilidad del financiamiento de los ejidatarios. Las que restan se están negociando entre organizaciones rurales y Banrural. Persiste un problema de carteras vencidas pero que no tiene ni el mismo origen ni la misma magnitud; es el de la banca privada con los agricultores privados y algunos sociales: son alrededor de cinco mil entre más de 650 mil acreditados. Con todo, estamos canalizando para su atención mil millones de nuevos pesos adicionales para la reestructuración de sus carteras, pero con respeto a la enorme mayoría de los acreditados que en similares condiciones sí cumplieron. En el campo hoy no falta crédito, falta capital.

Una vez realizado el cambio de las instituciones rurales emprendimos la gran reforma legal para el campo. El nuevo Artículo 27 constitucional y sus leyes reglamentarias en materia de propiedad y aprovechamiento de la tierra, así como de aguas y bosques, recogen la experiencia, demandas y aspiraciones de los campesinos. Protege a ejidatarios y comuneros, ampliando, no restringiendo, sus libertades. Da certeza en sus derechos y respetan sus decisiones sobre la tierra y sobre su asociación, para así poder superar los graves defectos del minifundio. Es una reforma de libertad, vinculada a la democracia en las asambleas ejidales. Es una reforma de justicia al reconocer a los campesinos como actores del cambio y al responder con apoyos a sus demandas. Da certidumbre en la posesión de la tierra y termina simultáneamente con el engaño de promesas de reparto, ya fisicamente imposibles, y de invasiones de tierras, jurídicamente sancionadas.

De la reforma legal nacieron nuevas instituciones para el campo, la Procuraduría y los Tribunales Agrarios, ya en pleno funcionamiento. También surgieron dos programas de enorme magnitud, complejidad y aliento, uno para abatir el rezago agrario, que se ha cumplido ya en 19 estados de la República; otro, para titular los derechos particulares y colectivos de ejidatarios y comuneros. La cuarta parte de los ejidos ya está inscrita en el programa, por decisión de las asambleas; sus derechos están en proceso de certificación, con la conformidad de sus integrantes y colindantes. En este año se expedirán cerca de 240 mil certificados parcelarios, derechos sobre tierras de uso común y de solares. Por su alcance, este programa llamado Procede, no tiene paralelo en el mundo. Con el trabajo y la voluntad de los ejidatarios vamos a consolidarlo.

A principios del mes de octubre de este año se puso en marcha el Procampo, un innovador programa rural de apoyos directos. Este sustituirá, gradualmente, el subsidio implícito en los precios de garantía. Lo hará con apoyos directos por hectárea, diferenciados por zona agroeconómica. Se va así a la raíz de los problemas de la producción rural. Más de dos millones de campesinos, que sólo alcanzaban a producir para autoconsumo y no generaban excedentes qué vender al precio de garantía, perdiendo el beneficio de esos subsidios, ahora recibirán por primera vez el apoyo directo y transparente del gobierno a su esfuerzo productivo. Significa un aliento, una oportunidad y un acto de justicia reclamado.

Los precios internos se igualarán con sus equivalentes a los internacionales, lo que significará beneficio directo para los consumidores y para las cadenas productivas; al mismo tiempo, nuestros productores recibirán apoyos directos, en efectivo, equivalentes a los subsidios de sus competidores de fuera. Los campesinos me han expresado su voluntad de competir: "pero que sea parejo", me dicen. Con Procampo podrán hacerlo. El programa, por un plazo de 15 años, brindará certeza de apoyo directo y en consecuencia esto promoverá la capitalización, la actualización técnica y el cambio en la estructura de producción. Para evitar fluctuaciones bruscas establecimos un periodo de transición. Implicará la erogación de más de 11 mil 700 millones de nuevos pesos en el transcurso de 1994, 80 por ciento más que este año, en apoyo de 3.3 millones de campesinos y productores de básicos que trabajan el 70 por ciento de la superficie cultivada en el país. Con Procampo, con la titulación de parcelas y con la conclusión del rezago, el espíritu de libertad y justicia de la reforma del Artículo 27 adquiere expresión concreta para los campesinos y les abre perspectivas ciertas de progreso.

El avance en materia de infraestructura hidroagrícola permitió incorporar, en cinco años, casi 145 mil hectáreas al riego y 250 mil al temporal tecnificado. También se rehabilitaron 519 mil hectáreas para transferir su operación a trabajadores agrícolas. En 1993 continuamos transfiriendo a los productores la administración y el manejo de la infraestructura de los distritos de riego en 714 mil hectáreas que, sumadas a las entregadas en el periodo de 1989 a 1992, dan un total de 2.2 millones de hectáreas, superficie casi 16 por ciento superior a la meta sexenal. Durante los últimos cinco años se han concluido 24 presas, duplicándose la capacidad de almacenamiento respecto de la construida en el lustro anterior. Ello nos coloca, en cuanto a superficie de riego, en el séptimo lugar mundial y el primero de América Latina, con un total superior a los seis millones de hectáreas irrigadas. En la Ley de Aguas Nacionales, que entró en vigor en diciembre de 1992, se reitera el dominio de la nación sobre este recurso, se consolida a los Consejos de Cuencas para la coórdinación entre usuarios y autoridades, y se promueve la participación de la sociedad en la construcción y el mantenimiento de las obras.

Hemos procedido, en todos los cambios que hemos realizado en el campo, con claridad y firmeza, sin apresuramientos, con el consenso de los productores rurales y de sus organizaciones. Se han llevado a cabo no sólo manteniendo los volúmenes históricos de producción, sino también elevándolos en los productos básicos. En 1993 la producción de los 10 principales cultivos creció en un 7 por ciento respecto a 1992. En maíz, mantenemos la autosuficiencia alcanzada hace un par de años y hemos pasado de producir 11 millones de toneladas en 1989 a casi 18 millones en este año y en frijol de 600 mil toneladas en 1989 a un millón 100 mil en 1993. Reitero, el maíz y el frijol que consumimos los mexicanos, parte esencial de nuestra dieta, son producidos ahora exclusivamente por campesinos mexicanos. En materia pecuaria, la producción de carne de res superará 1.2 millones de toneladas; y la de huevo y leche continúa creciendo. La inversión y el gasto público, así como la presencia de las instituciones del sector no se ha interrumpido, sino fortalecido. En 1993, el gasto y la inversión de más de 11 mil 800 millones de nuevos pesos en el sector agropecuario es superior en 9 por ciento al del año pasado, y seis veces mayores que en 1989.

Adicionalmente, para promover la inversión y la asociación productiva, Nacional Financiera constituyó un nuevo Fondo de Inversión y Capitalización del Sector Rural, el Focir, con un capital inicial de 200 millones de nuevos pesos, hoy duplicado. Este será el gran instrumento para ampliar la promoción de agroindustrias, la opción productiva de empleos para los nuevos actores del campo.

El FIRA está canalizando 12 mil millones de nuevos pesos para otorgar garantías a créditos. También abatimos el incremento de la tarifa eléctrica en áreas de riego por bombeo, lo que representa un apoyo adicional de 90 millones de nuevos pesos y, en el último Pacto, congelamos su deslizamiento, procediendo a apoyar a los usuarios con problemas. En respuesta a las demandas de los campesinos, a partir de marzo del presente año establecimos la desgravación de los insumos importados más relevantes para el sector agropecuario.

Cerramos un ciclo en la reconstrucción del campo. La reforma jurídica, la institucional y la del sistema de titulación y apoyos son sus nuevas bases. Sobre ellas superamos inercias, frenamos la tendencia al deterioro y retomamos el rumbo de la recuperación y de la justicia. Los campesinos no quieren más engaños, promesas vanas o remedios parciales que convierten el alivio momentáneo en desaliento. Ofrecí respeto y claridad. Por eso reconocemos que los problemas inmediatos no están resueltos, que los cambios requieren de consolidar acciones, que los plazos de maduración no han concluido. Pero existe ya una nueva relación entre el Estado, los campesinos y 1os productores rurales. Hay una visión para el futuro. Fortaleciendo la decisión de los propios campesinos vamos construyendo con hechos un nueva etapa de animo y esperanza en el campo mexicano.

4. México avanza en la justicia

El desarrollo social es propósito eminente de la acción pública. Es la razón que explica y justifica lo que hacemos en materia económica, política e internacional. Durante los últimos cinco años hemos aumentado el gasto social en casi 85 por ciento en términos reales. Hoy, como lo he señalado, el gasto social representa más de la mitad del presupuesto federal, cuando hace cinco años era tan sólo un tercio del gasto público. Hay armonía entre las prioridades públicas y los valores que sostenemos. Nuestra política social está comprometida con una nueva manera de hacer las cosas, de alentar la participación democrática del pueblo en su definición y operación y, sobre todo, en convocar en la solidaridad de los mexicanos.

Por una mejor distribución del ingreso

En estos años, sin duda, la estabilidad económica, la desregulación y las privatizaciones han permitido la creación de grandes grupos financieros y empresariales. Conviene poner este hecho en su perspectiva adecuada. Si nosotros en México no tuviéramos grandes grupos, difícilmente podríamos acometer los retos de la globalización y la competitividad, y quedaríamos fuera de los mercados mundiales. Esto significaría menos exportaciones y, en consecuencia, menos empleos tanto en las industrias y los servicios con orientación exportadora como en las medianas y pequeñas empresas que los proveen de insumos. En nuestro mercado interno enfrentamos igualmente la intensificada competencia de grandes empresas de otras naciones. Para competir con ellas, necesitamos grandes grupos mexicanos. Al mismo tiempo debemos reconocer que existen áreas de la producción que requieren elevadas inversiones en investigación y capacitación que sólo las mayores escalas, en los niveles nacional, regional y hasta mundial pueden generar. Por eso es que promovemos la formación de grandes grupos empresariales y su integración a cadenas productivas en México que estimulen la creación de más empleo.

En ocasiones se señala que las grandes empresas son sinónimo de monopolio y los grandes grupos, de concentración del ingreso. Esto pudo ser cierto en el pasado, cuando México tenía una economía cerrada y en ella sólo el tamaño reducido de la empresa podía asegurar que no ejercería un poder de mercado excesivo. Pero las circunstancias han cambiado radicalmente. Hoy, la apertura de nuestro mercado y la nueva Ley Federal de Competencia son la garantía de que los grandes grupos empresariales no podrán adoptar prácticas monopólicas.

Tampoco existen correlaciones con valor universal entre grandes grupos y la concentración del ingreso. Hay países con grandes grupos económicos y una equitativa distribución del ingreso y países con pequeñas empresas y grandes inequidades. Mucho depende del entorno general y de las políticas que se adopten. En nuestro México, con las medidas para abatir la inflación, con la promoción de empleos y el apoyo a la pequeña y mediana empresa, con la profunda transformación educativa en marcha y con el Programa Nacional de Solidaridad, se ha logrado detener el proceso concentrador del ingreso que provocó la crisis.

La inflación fue la gran concentradora de la riqueza y el resultado del desorden fiscal y financiero del Estado. Las políticas de estabilización y camb