Lorenzo Meyer, Junio de 1988

Para comprender cabalmente las posibilidades y obstáculos de una posible democratización del Partido Revolucionario Institucional (PRI) -es decir, su modernización- es necesario tener como punto de partida una caracterización, aunque sea rápida, del sistema político del que este partido forma parte: la totalidad de la estructura de poder en que se enmarca la acción de un partido hegemónico, que bajo sus siglas actuales u otras anteriores -Partido Nacional Revolucionario (PNR) y Partido de la Revolución Mexicana (PRM)- ha llevado al triunfo a todos los presidentes, gobernadores y senadores que México ha tenido desde 1930 - fecha en que el PNR organizó la primera elección nacional- hasta hoy, así como a la enorme mayoría de los diputados y presidentes municipales.

En principio, los marcos constitucionales de México desde la restauración de la forma republicana de gobierno en 1867, han consagrado a las elecciones libres como la forma primera y esencial para sustentar la legitimidad del poder político. La forma de estas elecciones ha variado mucho a lo largo de 121 años, pero supuestamente no ha variado su significado último, que consiste en permitir que grupos de ciudadanos organizados en partidos políticos presenten a los electores programas de gobierno para que con base en los mismos, y en los atributos personales del candidato y otros elementos significativos, ejerzan su derecho soberano de decidir quiénes habrán de ser sus gobernantes por un tiempo limitado y dentro de un marco jurídico que especifica los derechos y obligaciones de gobernantes y gobernados.

A pesar de esto, la historia política de México, desde su independencia hasta la actualidad, no registra todavía un caso en que el poder político al más alto nivel haya pasado sin problema de manos de un partido a las de otro como consecuencia exclusiva de un proceso electoral. Los dos grandes períodos de estabilidad política posteriores a la independencia -el Porfiriato y el nuevo régimen que surgió de la Revolución de 1910- contrastan vivamente por su forma de resolver el problema de la transmisión ordenada del poder -la reelección sistemática en el primero y la no reelección como principio en el segund, pero en ninguno de los dos casos el proceso electoral -que se observó puntualmente sirvió para determinar quién habría de ascender al poder; en los dos casos la decisión se hizo antes de celebrar la elección, que por ese motivo tuvo, en realidad, el carácter de un referéndum. Por eso, desde el principio del nuevo régimen en 1917, la alternancia en el poder entre grupos o partidos antagónicos sólo se dio una vez y eso como resultado de una rebelión militar (el movimiento de Aguaprieta en 1920). Cuando con posterioridad a 1920 la oposición amenazó seriamente el dominio del grupo en el poder mediante la movilización masiva de sus partidarios en el proceso electoral -fue el caso de las campañas opositoras encabezadas por José Vasconcelos, Juan Andrew Almazán y Miguel Henríquez Guzmán-, el gobierno desconoció con éxito los resultados de la consulta electoral apoyándose en sus bases sociales, burocráticas y militares. Hoy, cuando la oposición partidista ha vuelto a ganar fuerza, el tema del fraude electoral reapareció como uno de los ejes del debate político.

El control absoluto sobre el poder en México que el PRI y sus antecesores han mantenido desde su creación hace 59 años, es una de las características que han llevado a un buen número de estudiosos nacionales y extranjeros -especialmente a partir de la crisis política de 1968- a catalogar al sistema político mexicano contemporáneo como un sistema autoritario, es decir, de pluralismo político limitado, aunque más institucionalizado y mucho menos excluyente que los autoritarismos que florecieron en el Cono Sur de América Latina en el decenio pasado. Es justamente esta caracterización del sistema político mexicano como un sistema no democrático la que ha llevado, junto con los efectos deslegitimadores de la crisis económica iniciada en 1982 y aún no superada, a un buen número de críticos de dentro y fuera del PRI a proponer que llegó el momento de iniciar una transición mexicana del autoritarismo a la democracia, como única alternativa a un proceso de decadencia política que pondría en peligro el carácter institucional de la vida política mexicana.

EL PESO DEL PASADO

El origen de los partidos políticos, se ha dicho, influye profundamente en su evolución posterior. En sus orígenes, el actual PRI se formó no para disputar con otros partidos el derecho de la llamada "familia revolucionaria" a monopolizar el ejercicio de un poder conquistado por la fuerza de las armas y apoyado en una extraordinaria movilización social, sino como una respuesta circunstancial a una crisis interna del grupo en el poder, que en 1928 necesitaba de una institución que reemplazara al caudillo revolucionario que acababa de ser asesinado: el general Alvaro Obregón. El creador del partido, el presidente saliente Plutarco Elías Calles, señaló entonces no sólo que México necesitaba pasar de la época de los caudillos a la de las instituciones, sino también que el propósito de ese partido y de los grupos revolucionarios que le darían vida era contender abiertamente con la oposición en la arena electoral. Sin embargo, una cosa fueron las declaraciones y otra los hechos. El PNR nació en realidad para disciplinar la acción de la heterogénea y violenta coalición de intereses que formaba la "familia revolucionaria" y en ningún momento se mostró dispuesto a que en las urnas se pusiera en duda su derecho a gobernar, y a gobernar con mayorías aplastantes.

En el México en que surgió el PNR en marzo de 1929, las rupturas políticas se habían resuelto mediante la eliminación del contendiente por la fuerza, y los enemigos del nuevo régimen habrían de perder ese mismo año su última carta con la derrota político-militar de la rebelión cristera. Así pues, la base inicial del dominio absoluto que el PNR se propuso lograr desde un principio sobre la vida política mexicana, era la ausencia de un partido de oposición y el apoyo del ejército y de los "hombres fuertes" locales a un partido que prácticamente aceptó a todos los que se quisieron incorporar a él a cambio únicamente de aceptar su disciplina. Así, el valor del voto como instrumento político resultó muy secundario. Cuando los vasconcelistas alegaron fraude en las elecciones presidenciales de 1930, el gobierno sólo les dejó una alternativa: lanzarse a la rebelión armada o desaparecer como fuerza política; intentaron el primer camino y fallaron desde el principio, por tanto debieron resignarse a recorrer el segundo.

Pero si el PNR no aceptó nunca que se decidiera en las urnas su derecho a gobernar, tampoco dio pie a que en la vida interna del partido las decisiones se tomaran con una participación democrática de sus miembros. Desde el momento mismo de su nacimiento -cuando la candidatura presidencial de Pascual Ortiz Rubio se impuso sobre la supuestamente más popular de Aarón Sáenz pero que resultaba inaceptable para el creador y dirigente principal del partido, el general Calles; desde entonces quedó claro que las convenciones del partido no existían para tomar las decisiones políticas básicas, como lo señalaban los estatutos, sino para refrendar y poner en práctica las decisiones previamente tomadas por la cúpula del partido.

En un principio, al partido del gobierno no lo controló el presidente sino aquel personaje al que los integrantes de la élite política mexicana llamaron sin rodeos el "Jefe Máximo de la Revolución Mexicana", es decir, el general Calles. Mientras Calles se mantuvo como el centro informal pero real del sistema político mexicano -hasta mediados de 1935-, el PNR fue una fuerza relativamente independiente y en ciertos momentos se usó en contra del poder presidencial, como en el caso de Pascual Ortiz Rubio. Todo esto cambió una vez que el presidente Lázaro Cárdenas envió a Calles al exilio y unió a los grandes poderes constitucionales de la presidencia otros metaconstitucionales, siendo el de jefe indiscutible del partido el más importante, de entre estos últimos.

Como jefe de un partido donde las cadenas de transmisión corren básicamente de arriba hacia abajo y no al revés, el presidente designa al candidato que habrá de sucederle tras una elección que se sabe ganada de antemano; lo mismo ocurre con los candidatos a gobernadores y con un buen número de miembros de los congresos federal y estatales; ocurre incluso con las autoridades municipales de las ciudades más importantes.

De igual manera, es el presidente, a través de su control sobre el poder legislativo, quien remueve de su posición a aquellos funcionarios supuestamente electos, cuando considera que así es necesario.(11) Por esta falta de autonomía y por el carácter instrumental del partido del gobierno -o del Estado, como prefieren llamarle algunos de los tratadistas- en manos del presidente, se ha puesto en duda el carácter mismo de partido político del PRI, pues más que ser una organización con vida y poder propios, trasmisora y aglutinadora de las demandas de sus bases masivas, es otro instrumento presidencial para imponer disciplina entre la élite política y llevar a cabo las campañas electorales. Por eso, para Manuel Moreno Sánchez, un antiguo y distinguido miembro del partido oficial, el PRI no es más que la agencia electoral del gobierno. Los recursos económicos y humanos de que dispone el partido del Estado en sus campañas electorales -en particular la presidencial- no provienen de sus propios recursos sino de aquellos que le trasmite el gobierno, de ahí que sea realmente imposible determinar dónde termina el gobierno y dónde empieza el partido. Esta falta de diferenciación entre partido y gobierno es uno de los obstáculos a la modernización del partido hegemónico y del sistema político en su conjunto.

En conclusión, el PRI es un partido que no surgió para disputar el poder con sus adversarios políticos en las urnas, sino para completar la estructura institucional del nuevo régimen, abriendo un campo en que la élite gobernante pudiera llevar a cabo sus negociaciones internas, distribuirse los cargos públicos, reclutar -aunque cada vez menos- a los nuevos miembros, socializarlos, poner en contacto, durante las campañas, a los futuros gobernantes con sus gobernados y llevar a cabo las movilizaciones parciales que de tarde en tarde requiere el sistema. Por eso entre una elección y otra -y salvo las movilizaciones coyunturales demandadas por la cúpula gubernamental- el partido oficial casi desaparece; el ritmo de su actividad lo determinan casi exclusivamente el presidente y el calendario electoral y no los intereses y demandas de las bases. Aunque la naturaleza intima del partido del Estado no ha variado desde su nacimiento hasta ahora, no significa que haya sido refractario al cambio. Uno de estos cambios ya se mencionó: de ser una fuerza semiindependiente de la presidencia pasó a ser un instrumento de control del Ejecutivo sobre el Legislativo y los gobiernos locales, pero hay otros cambios. El PNR surgió como una alianza de numerosos partidos -en gran medida pequeños y locales- pero en unos cuantos años pudo disolver dentro de si a todos sus componentes y facilitar así el proceso de centralización y homogeneización de la vida política postrevolucionaria en que estaba empeñado entonces Calles como parte de su proyecto nacional.

Otro cambio aún más importante se produjo en 1938, como resultado de la política de masas del populismo cardenista. El PNR dejó de existir entonces para dar paso al PRM, un partido basado en una estructura corporativa, pluriclasista y que englobaba a las principales organizaciones de masas. Esta reforma del partido le dio al régimen de la Revolución Mexicana una base social mucho más amplia que la de cualquier otro periodo anterior en la historia del país. Fue justamente esta fuerza organizada la que le permitió al presidente Cárdenas desentenderse de los resultados relativamente desfavorables para el PRM en la elección de 1940, sin que la oposición encabezada por Juan Andrew Almazán pudiera transformar su presencia en las urnas en una verdadera fuerza política. Fue también esta transformación la que hizo posible que el sucesor de Cárdenas, el presidente Manuel Avila Camacho, pudiera relegar al ejército a una posición secundaria dentro del elenco de actores políticos, afianzando de una vez por todas la primacía de las fuerzas civiles sobre las militares. Finalmente, también resultó importante el cambio que se le dio al partido del gobierno al transformarlo de PRM en PRI en enero de 1946. Este cambio no fue importante por lo que hace a su estructura, que continuó siendo básicamente corporativa, sino a la competencia de sus diferentes órganos en la toma de decisiones: estas decisiones se hicieron más centralizadas. Hubo también entonces un cambio en su doctrina: el concepto de lucha de clases -que fue central en la época de incorporación de las masas por Cárdenas -cedió su lugar a otro basado en el nacionalismo -la doctrina de la "mexicanidad"-, el desarrollo económico y la cooperación entre las clases.

La mención de los cambios fundamentales sufridos por el partido del gobierno desde su fundación hasta mediados de los años cuarenta -pasar de PNR a PRM y a PRI- tiene relación directa con el tema de este trabajo, pues muestra que el partido ha tenido capacidad de cambio cuando las circunstancias de su entorno así lo han demandado. La inflexibilidad no ha sido una de las características del partido del Estado, aunque hay que calificar esa afirmación, pues tal flexibilidad se dio más en los primeros tiempos que en los últimos y, en cualquier caso, los cambios nunca significaron hacer de las elecciones el instrumento político fundamental para la preservación de la legitimidad. En cualquier caso, y como afirma José Luis Reyna, a partir de las elecciones de 1952- cuando tuvo lugar la última oposición electoral significativa anterior a la actual- el partido y el sistema político en su conjunto, adquirieron todos los rasgos que conservan hasta la fecha. Desde entonces los cambios en el partido han sido mínimos, ninguno sustantivo, pero en cambio el entorno en que funciona el partido sí ha cambiado, y mucho, sobre todo a partir de 1982, cuando el viejo modelo de desarrollo económico con base en la sustitución de importaciones entró en una crisis irreversible.

LA PROPUESTA DEL CAMBIO

Los llamados al cambio de las formas incluyentes pero autoritarias que caracterizaron desde un principio al sistema político mexicano y a su partido de Estado, por otras, más plurales y democráticas, han sido constantes en los últimos treinta años y en ultimas fechas han ido en aumento.

En realidad estas llamadas se iniciaron apenas media docena de años después de que el sistema resolvió con relativo éxito el desafío de Miguel Henríquez Guzmán y sus partidarios en 1952. En efecto, fue la disputa entre el gobierno y el sindicato ferrocarrilero en 1958 la que llevó a la crítica por la vía de los hechos del arreglo o pacto corporativo que dominaba la vida política mexicana; sólo la disolución violenta del movimiento puso fin a la demanda de un sindicalismo independiente, que no tuviera que formar parte del partido del Estado. La siguiente ronda de críticas y demandas de un sistema más abierto, flexible y moderno, donde las reglas democráticas del juego político se respetaran, también se dio en medio de la disputa abierta y fue precisamente el conflicto estudiantil de 1968 que concluyó con otra ola de represión. En el ínterin, grupos de las clases medias, bajo una inspiración católica y conservadora, también habían tomado, aunque pacíficamente, las calles en ciertas ciudades para exigir al gobierno a través de su critica al libro de texto único en las escuelas primarias, un mayor pluralismo en la política educativa.

En el campo teórico, fue el libro de Pablo González Casanova La democracia en México, aparecido en 1965, el que formuló desde dos perspectivas distintas y en principio antagónicas - la marxista y la estructural-funcionalista- un análisis de la naturaleza intima del sistema político mexicano, para desembocar en un llamado a la clase política mexicana para abrir al sistema social y político, de tal manera que mediante una reforma democrática que ampliara los espacios de acción de las clases populares, se le diera al régimen una nueva vitalidad que impidiera su agotamiento histórico. Después de la violenta y brutal solución que el presidente Gustavo Díaz Ordaz dio a la protesta juvenil, clasemediera y citadina de 1968, los llamados en diferentes tonos al cambio de las estructuras políticas aumentaron de manera notable tanto en México como en el extranjero, pero fueron hechos básicamente por intelectuales y académicos sin tener una base social masiva en qué sustentarse.

Desde el fin del cardenismo y hasta antes de la llegada de Luis Echeverría a la presidencia, los cambios en la estructura política mexicana fueron mínimos y se pueden resumir en la apertura de la Cámara de Diputados a un puñado de representantes de la oposición partidista por la vía de los llamados diputados de partido. Con Echeverría, y como respuesta a la crisis de 1968, se alentó desde las alturas mismas del poder a la critica y autocrítica del sistema, se pidió el cambio desde dentro, y se prosiguió con la reforma política por la vía ya iniciada: ampliación del espacio en la Cámara de Diputados para los partidos con registro, ampliación que pretendió canalizar las energías de la oposición por la vía del proceso electoral en vez de la acción guerrillera, pero de tal manera que no se pusiera en peligro a la mayoría priísta en las cámaras y sin permitir a la oposición otro ejercicio directo del poder que una que otra alcaldía. Esta estrategia de cambiar en la superficie para no cambiar nada en el fondo favoreció notablemente a pequeños partidos aliados del PRI y a la izquierda y muy poco a la oposición con mayor arraigo electoral: al PAN.(18) A fin de cuentas, todo este proceso de reforma política no cambió en nada a la parte medular del sistema político: el poder presidencial siguió ejerciéndose exactamente igual que al inicio del proceso, si bien la oposición tuvo un mayor espacio para vocear sus criticas sin tener que recurrir a la fuerza, pero nada más.

¿Cómo explicar la reticencia del sistema a modificar sus patrones centrales de conductas a pesar de haber experimentado varias crisis y de haber admitido por voz de Luis Echeverría desde la presidencia la necesidad del cambio? Una parte de la respuesta tiene que ver con el hecho de que en todos los casos de protesta que desbordaron los canales institucionales del procesamiento de conflictos entre 1958 y 1968, nunca lograron tener un carácter nacional y pluriclasista. Así, cuando los trabajadores ferrocarrileros, los maestros, los electricistas y los petroleros protestaron a fines de los años cincuenta, el grueso de las clases medias fueron sólo espectadoras hostiles del drama. Cuando años después les tocó a las clases medias el papel de impugnadores, los obreros no se unieron a ellas y en cambio se ofrecieron, a través de los sindicatos oficiales, a reprimirlas. Por otro lado, la heterogeneidad de las clases medias les llevó a oponerse al gobierno a veces desde una posición de derecha y otras desde la izquierda. Los campesinos, por su lado, después del cardenismo, nunca lograron articular un movimiento de protesta que trascendiera lo regional ni tampoco pudieron construir localmente una alianza con otras clases. Finalmente, el gran beneficiado por la política de desarrollo económico impulsada desde el gobierno a partir de la Segunda Guerra Mundial, la burguesía, no tuvo hasta mediados de los años setenta más que expresiones de solidaridad con una élite política que si bien no compartía con ellos el ejercicio directo del poder sí protegía sus intereses económicos de manera adecuada.

Hasta mediados del decenio pasado, la gran legitimidad del sistema, del gobierno y de su partido, consistió en que el pacto corporativo que unía a las principales organizaciones de campesinos, obreros y sectores medios -todas ellas unidas dentro del PRI- con las organizaciones empresariales por medio de la presidencia, fue capaz de garantizar estabilidad política y crecimiento sistemático de la economía de una manera no igualada hasta entonces por ningún otro país latinoamericano. Desde 1940 y hasta 1976, el Producto Interno Bruto (PIB) de México creció a un ritmo promedio de 6% al año, es decir, a una tasa superior a la del incremento demográfico, con lo cual, y pese a la muy injusta distribución del ingreso se logró un ascenso real de nivel de vida general. En más de un sentido, la actitud de la opinión publica aceptaba la marginación del ciudadano promedio de los procesos políticos y la irrelevancia de las elecciones, a cambio de que los dirigentes de la cúpula corporativa garantizaran el crecimiento económico sistemático por la vía de industrialización a travéz de la sustitución de importaciones.

No es este lugar para intentar una explicación de las causas que llevaron el agotamiento del modelo de desarrollo económico de México desde los años cuarenta hasta principios de este decenio. Basta decir que tal modelo sufrió, a partir de lo años sesenta, un déficit crónico en su balanza de pagos, mismos que intento cubrir mediante un aumento creciente del endeudamiento externo, pero que, finalmente hizo crisis en 1976. El descubrimiento y exportación rápida de nuevos yacimientos petrolíferos a partir de 1977 en un mercado mundial de energéticos dominados por los vendedores y con precios a la alza, permitieron al gobierno de López

Portillo paliar los efectos de la crisis pero sin resolverla. La caída drástica de los precios del crudo junto con un endeudamiento externo tan espectacular como poco antes había sido el aumento de las exportaciones de petróleo crudo, llevaron a que la crisis económica de fondo volviera a reaparecer en 1982, pero agravada.

A partir de 1982 se detuvo el crecimiento histórico de los indicadores económicos mexicanos, y después de seis años de depresión combinada con inflación creciente, la economía mexicana aún no es capaz de recuperar su antigua capacidad de crecer. La crisis económica de los ochenta es la peor que ha experimentado la economía mexicana desde el fin de la Gran Depresión en 1933-1934. Aunque de distinta manera, la pérdida de dinamismo de la economía ha afectado de manera muy negativa a casi todas las clases y grupos sociales: a empleados y a empleadores, a citadinos y a campesinos, a productores y a consumidores.

La depresión económica de los ochenta ha obligado al gobierno a un intento de cambio de la naturaleza misma del modelo económico en que se sustenta, transformándolo de uno que estaba orientado casi exclusivamente hacia el mercado interno en otro cuyo dínamo será, o al menos así se espera, la exportación. Nadie puede asegurar aún la viabilidad del nuevo modelo, pero en el proceso de transición, que ya empezó, el costo social es creciente, pues antiguas empresas protegidas están siendo destruidas por la competencia externa, la necesidad de aumentar la competitividad de los productos mexicanos ha llevado a una devaluación constante del peso, lo que perpetúa la inflación y golpea sistemáticamente a los sectores que dependen de la venta de su fuerza de trabajo, porque el salario se ha mantenido sistemáticamente por debajo del aumento de los precios, por lo menos hasta principios de 1988. Además, la necesidad de disminuir el déficit fiscal ha llevado a desmantelar parte del aparato estatal que a través de subsidios y servicios baratos intentaba proteger el nivel de vida de las clases mayoritarias. Sin la legitimidad que le daba al régimen postrevolucionario el crecimiento económico sostenido, y con su capacidad menguada -aunque no eliminada- para mediar el conflicto entre los factores de la producción, el gobierno y el sistema se encuentran cada vez más bajo presión, tanto del México encuadrado en las organizaciones corporativas como de ese otro México, mayoritario, que está fuera de tales organizaciones y que por ello ha sido el más golpeado por las adversas condiciones económicas. Una de las formas que esta presión antisistema ha asumido, es la demanda de una democracia efectiva para dar a las clases una mayor capacidad de defender sus intereses y de poner un límite a un presidencialismo que tiene pocos paralelos en el mundo contemporáneo, y al que hoy se le hace responsable, justa o injustamente, de las decisiones erróneas que llevaron a la economía mexicana al desastre actual.

Es la reanuanudación de la crisis económica a partir de 1982 y sus múltiples consecuencias negativas en el bienestar material de los mexicanos y sus perspectivas futuras -o falta de las mismas-; lo que ha hecho que el México no pertenece a la estructura corporativa y una parte del que si pertenece a ella, demanden el fin del corporativismo y su práctica política por ilegítima, y exijan, en su lugar, que se dé vida real a los principios de pluralismo y democracia contenidos en un marco constitucional que ha sido reverenciado pero no observado. Los grupos opositores y disidentes utilizan la demanda democrática no porque realmente éstos sean demócratas, ni porque estén seguros de que el pluralismo político va a resolver sus problemas específicos, sino porque atacar al régimen y al gobierno en nombre de la democracia da una fuerte legitimidad a los impugnadores. En realidad, y dada la total falta de experiencia, nadie sabe a ciencia cierta cómo operar la democracia en una sociedad y en una cultura como la mexicana.

Como ya se indicó, hoy el desafío al sistema político proviene, por primera vez desde 1952, de un conjunto muy heterogéneo social y culturalmente considerado. En la lista de los descontentos están, desde luego, la derecha y la izquierda tradicionales, pero a ellas se han unido grupos nuevos, que exigen que el proceso electoral sirva, realmente, de arena para resolver en el futuro demandas que, por ahora, ya no procesa un gobierno con un claro problema de falta de recursos. Entre estos grupos que antes eran aliados y no impugnadores del gobierno, se encuentran empresarios que le perdieron la confianza al gobierno a raíz de la expropiación del sistema bancario en 1982 y de la crisis económica posterior, y que ahora reclaman para su clase el derecho al ejercicio directo del poder; antiguos militantes del PRI marginados por el círculo de hierro que rodea a la presidencia a partir de 1982 y que al haber perdido su papel de protagonistas dentro de la burocracia federal y del partido del Estado, se decidieron a dar vida a un movimiento de oposición: el Frente Democrático Nacional (FDN); estudiantes universitarios movilizados por reformas hechas desde la rectoría a sus planes de estudio, pero que han encontrado en la lucha contra la burocracia universitaria una vía de expresión a sus insatisfacciones e inseguridades, pues ahora un grado universitario ya no garantiza un empleo adecuadamente remunerado; obreros descontentos con la aceptación sistemática por parte de sus líderes sindicales del deterioro de sus salarios en una proporción cercana al 50% desde 1981 a la fecha; habitantes marginados de las ciudades, y cuya posición ha quedado más endeble debido a que el déficit fiscal ha llevado al gobierno a disminuir o acabar con los subsidios a su modesto consumo; clases medias que se ven amenazadas de proletarización por la inflación y el desempleo; campesinos que ya no encuentran en sus antiguas centrales capacidad de negociación con un gobierno que ya dejó de lado programas que los beneficiaban, como fue el Sistema Alimentario Nacional, etcétera.

¿QUÉ TIPO DE CAMBIO?

La irritación de la sociedad mexicana con su situación de retroceso económico, inflación, desempleo y subempleo, deterioro ecológico, persistencia de la corrupción gubernamental y ausencia de un proyecto nacional alternativo, creíble y aceptable para los diferentes grupos sociales: todo esto ha desembocado en una demanda de cambio en las estructuras políticas cada vez más abierta y compartida por mayores grupos, cambio que todos sintetizan en un término: democratización, pero que no significa lo mismo para todos.

Como es natural, el tipo de cambio deseado y propuesto -la definición de democracia- varía según el grupo que lo exprese. La izquierda desea volver a dar al Estado el papel de actor económico central y de productor directo de bienes y servicios que el gobierno actual rechaza por ineficiente e imposible. La derecha, por su parte, exige lo contrario: un aumento en el ritmo de la desestatización de la actividad económica, un peso mayor al sector privado y una reforma a fondo de la administración pública para disminuir, si no es que eliminar, su corrupción e ineficiencia tradicionales. Los disidentes del partido oficial pretenden un neocardenismo, es decir, un cierto retorno al nacionalismo y populismo que correspondía al modelo económico que hoy se está abandonando. Sin embargo, en un punto coinciden todos los proyectos de los partidos opositores y de un buen número de grupos y personalidades que al margen de los partidos son igualmente voceros de la demanda del cambio: la democracia política es un elemento sine qua non para llevar adelante y de manera pacífica el proyecto del cambio, cualquiera que este sea, pues sólo la democracia política puede dar una solución al nivel de conflicto que se ha gestado en el seno de la sociedad mexicana a raíz de la crisis económica.

Aunque la "Corriente Democrática" del PRI fue obligada a abandonar ese partido en 1987, cuando impugnó abiertamente los procedimientos tradicionales para la selección del candidato a la presidencia, aún hay voces de miembros importantes del partido del Estado que consideran indispensable iniciar un proceso de modernización del mismo que le lleve a cambiar las reglas internas del juego para que pueda auto-transformarse y adaptarse a las nuevas circunstancias de su entorno social, de ahí que en los últimos meses se haya creado dentro del PRI la llamada Comisión de Modernización. Quienes desde el interior del partido hegemónico proponen igualar modernización con democratización, sostienen que es indispensable modificar los sistemas de selección de los candidatos del partido, de tal manera que se logre postular a esos que alguna vez se llamó los "líderes naturales" para que las bases del partido y la sociedad civil que sin ser militante del PRI es su simpatizante, voten por ellos en número suficiente para que los triunfos electorales sean vistos como producto de la voluntad mayoritaria y no del fraude o la apatía. Quienes sostienen este punto de vista, lo hacen conscientes de que la modernización y el surgimiento de verdaderos partidos de oposición va a hacer cada vez más difícil para el PRI recurrir a las fórmulas tradicionales -el fraude- para triunfar en zonas donde los partidos de oposición cuenten con representantes en las casillas, y los procesos históricos llevan a que la oposición sea capaz de hacerse presente frente a las urnas y vigilarlas posteriormente. En segundo lugar, los reformistas del PRI insisten en la necesidad de dar más autonomía en sus decisiones a los comités y subcomités seccionales y municipales, para alentarlos a llevar a cabo una labor de militancia entre las bases del partido y para que puedan elegir realmente a sus representantes en los niveles superiores, única manera de mantener una verdadera liga entre las bases y la dirigencia. En tercer lugar, está la necesidad de trazar los límites entre el partido y el gobierno, límites que hace mucho tiempo se borraron y que han terminado por hacer del PRI una mera dependencia gubernamental, lo que ha llevado, entre otras cosas, a que los altos funcionarios públicos tomen las decisiones políticas clave sin consultar con el partido y, lo que es peor, a que cubran las plazas de la administración pública con gente de carrera burocrática y no con militantes priístas; por eso hoy al gabinete se llega por la vía de los méritos técnicos y no de la carrera partidista. En cuarto lugar y siempre desde el punto de vista de los reformistas, es indispensable cambiar la mentalidad de los cuadros dirigentes: dejar atrás la política de "carro completo" o "de todas todas" y respetar los triunfos de la oposición y aprender a convivir con ella sin pretender su destrucción, por la vía de una acción menos corrupta y más eficiente y no por la de su marginación, pues a la larga eso va en contra de la legitimidad del partido y del régimen del que es parte central.

En principio, el proyecto de reforma interna propuesto por el ala modernizante del PRI no parece utópico ni radical y, en cambio, de llevarse a la práctica, ofrece la posibilidad de crear las bases de una nueva viabilidad del partido del Estado y del sistema en su conjunto. Este sencillo programa abriría la puerta para hacer del PRI no un partido hegemónico sino únicamente dominante, al menos en el futuro inmediato. Sin embargo, bien vistos, los cambios en principio razonables, modestos, se enfrentan en realidad a obstáculos colosales. El hacer participar a las bases en la selección de los candidatos por la vía de elecciones primarias ya se ha intentado, pero sólo a nivel municipal y únicamente en ciertos municipios de algunos estados, como fue el caso de San Luis Potosí; la decisión de aplicar este sistema a todo el país se ha puesto en el cajón en espera de circunstancias más propicias, circunstancias que nadie sabe cuáles serán ni cuándo tendrán lugar. La selección del candidato a la presidencia a fines de 1987, resultó un intento frustrado de "pluralismo controlado", pues si bien el PRI presentó a sus militantes y al público en general a seis "Priístas distinguidos" para decidirse por uno de ellos, nunca hubo un verdadero debate entre ellos, no hubo proselitismo interno, y prácticamente todos los miembros del partido del Estado se convirtieron por algunos meses en meros espectadores en espera de que se diera la señal "desde arriba" para decidirse a dar su adhesión a alguno de los seis; cuando dicha señal, salida del presidente, apuntó a Carlos Salinas de Gortari, todo el partido se lanzó a la "cargada" tradicional, destruyendo así cualquier intento de participación de los militantes en la selección del candidato y reconfirmando el carácter autoritario de sus decisiones internas.

A estas alturas, resulta claro que el obstáculo más fuerte para la democratización interna y externa del PRI es la presidencia mexicana, la estructura central e indispensable del sistema político mexicano. Un PRI que dejara en manos de sus bases la decisión de elegir libremente a sus representantes a puestos partidarios más altos y, sobre todo, a los candidatos a los puestos de elección popular, no necesariamente sería un PRI más democrático en relación con sus rivales pero sí sería un PRI donde las fuerzas locales y sectoriales, y no el presidente, serían las que repartieran premios o castigos a los militantes y los que diseñaran las plataformas del partido, y con esto le quitarían al presidente uno de sus poderes metaconstitucionales más importantes: el de ser jefe único e indiscutido del partido del Estado. Si el destino político de cientos de cuadros del PRI dependiera de sus ligas con las bases y no de la aceptación presidencial, el orden tradicional de todo sistema autoritario, y que requiere que las órdenes corran de arriba hacia abajo y la responsabilidad de abajo hacia arriba, se trastocaría por completo. Llevado esto a sus últimas consecuencias bien pudiera suponerse el caso de que el partido y el presidente se encontraran en posiciones opuestas y entonces, por la vía de los gobiernos municipales, los congresos -locales y federales- y de las gubernaturas estatales, se pondría un límite efectivo al poder presidencial, límite totalmente desconocido en las circunstancias actuales.

En efecto, el control de las bases del partido sobre quiénes ocupen los puestos de elección popular, podría llevar a una independencia relativa de munícipes, gobernadores, diputados y senadores respecto al centro tradicional de poder, del cual hasta hoy ha dependido su elección: la presidencia. Esto, a su vez, podría propiciar el funcionamiento real de la división de poderes incluso si no se modifica la posición dominante del PRI frente a los partidos de oposición. Una situación así no se ha visto en México desde hace ya más de un siglo, es decir, desde la época de la República Restaurada, cuando el presidente Juárez no pudo controlar a los propios liberales y debió aceptar una independencia relativa del poder legislativo y del poder judicial. Si bien muchos de los que hoy demandan la democratización del sistema encontrarían en ese retorno a la división de los poderes un avance real en la modernización de México, no hay duda de que los elementos más conservadores dentro del PRI verían ese cambio con temor, porque la presidencia experimentaría una pérdida sustantiva en su calidad de árbitro de todos los conflictos y demandas importantes de la sociedad mexicana.

Estas consideraciones llevan a otro de los obstáculos serios a la democratización del PRI: su estructura corporativa. En efecto, un partido más abierto a la sociedad civil, al México no organizado pero mayoritario, requiere que las organizaciones gremiales en el corazón del PRI compartan espacios con quienes no están en ellas e incluso con los partidos de oposición. Una democratización del partido del Estado va a tropezar inevitablemente -de hecho tropieza ya- con la oposición de las cúpulas de los tres sectores -el obrero, el campesino y el popular- a dar cabida a personas y grupos que no sean parte del orden corporativo y a dar mayor autonomía a las bases de las corporaciones. Igualmente, las directivas del Congreso del Trabajo -piedra fundamental del PRI actual- y de la CNC se opondrían decididamente, y así lo han manifestado, a aceptar que algunos de sus candidatos a puestos de elección- sus "posiciones" en los gobiernos locales y en el Congreso federal- pierdan frente a la oposición. Tradicionalmente, las cúpulas de los tres sectores del PRI han sido enemigos de las reformas políticas, de esas que se llevaron a cabo bajo las presidencias de Adolfo López Mateos, Luis Echeverría Alvarez y José López Portillo, pues han decidido anteponer sus intereses gremiales a las necesidades de reforma del sistema en su conjunto. La lógica de las cúpulas corporativas es mucho más concreta y limitada que la de aquellos encargados de velar por la salud del proceso político global. La misma argumentación que se da para explicar la oposición de la estructura corporativa al proceso de democratización del PRI es válida para explicar esa misma actitud por parte del caciquismo regional cuando es posible distinguir entre éste y aquel.

Las dificultades que enfrentan o van a enfrentar aquellos miembros del PRI que consideran que la democratización del partido es la única alternativa a un endurecimiento del sistema y a su inviabilidad histórica, son tan grandes que se antojan insuperables. Por otro lado, los reformistas tienen como aliados en su proyecto la innegable y creciente movilización de una sociedad civil que cada vez más pone en duda la legitimidad de las formas tradicionales de control político y que amenaza con derrotar de una manera u otra al PRI, no ahora pero sí en el mediano plazo, si este partido no se reforma.

Por lo pronto, dentro del PRI, las fuerzas antirreformistas han ganado la partida. Como ya se señaló, el procedimiento para la selección del candidato del partido del Estado a la presidencia sólo significó unos cuantos cambios en las formas pero ninguno en el fondo; una vez más fue el presidente y sólo el presidente quien decidió quién habría de ser su sucesor en 1988. Por otra parte, a lo largo de la posterior campaña presidencial, la supuesta distinción entre el partido y el gobierno volvió a borrarse. Tanto el gobierno federal como los de los estados, han usado abiertamente los recursos del erario público para apoyar la campaña del partido que sigue siendo, así, el partido del Estado.

La selección, durante la primera quincena de marzo, de los candidatos del PRI a diputados y senadores federales, se volvió a hacer de la manera tradicional, sin la supuesta participación de las bases y si, en cambio, con la concurrencia de los dirigentes de las corporaciones, que tuvieron buen cuidado de cobrar con curules al presidente y al candidato presidencial del PRI, el apoyo que han dado al gobierno en el financiamiento de la campaña presidencial y en el éxito del programa de contención salarial, que es parte del llamado Pacto de Solidaridad Económica, un ambicioso proyecto gubernamental que pretende contener la inflación en los meses anteriores a las elecciones, para contar con un clima electoral más benigno para el candidato oficial.

Pese a todo lo anterior, que tiende a confirmar la incapacidad del PRI actual para reformarse, de manera tal que facilite y no entorpezca el paso de un sistema autoritario a otro relativamente plural y democrático, es necesario no dar la última palabra hasta que tengan lugar las elecciones de julio -sólo entonces se podrá decir si el PRI y el gobierno recurrieron o no al fraude masivo- y al cambio de poder en diciembre de este año, pues sólo entonces se podrá saber si la nueva presidencia va a lanzar su peso detrás de los elementos reformistas del partido del Estado o va a apoyarse en los elementos tradicionales. Un presidente dispuesto a mover a su partido en el sentido deseado por los reformistas, es un elemento clave para que la reforma, por difícil que sea, pueda tener posibilidades de éxito, aunque sea parcial. Miguel de la Madrid inició su presidencia mostrándose partidario del cambio, pero tras las pérdidas electorales en los estados del norte, dio marcha atrás. Sin embargo, aún no se debe cancelar la posibilidad de que la nueva presidencia acepte el reto que le lanza la historia y decida ser una de las fuerzas que lleven a México a la destrucción de la presidencia autoritaria para que, de sus cenizas, resurja una presidencia menos fuerte, pero más democrática y, sobre todo, viable en el largo plazo. Esa es una estrategia posible si la depresión económica va a continuar y la legitimidad debe recuperarse sin nuevos recursos materiales y únicamente con acciones políticas.

1 Para un análisis sobre la evolución de los marcos electorales en México, puede consultarse a Luis Medina, Evolución electoral en el México contemporáneo (México: Comisión Federal Electoral, 1977), y a Antonio Orozco García, Legislación mexicana, 1812-1977 (México: Comisión Federal Electoral, 2a. ed., 1978).

2 La única excepción al principio no reeleccionista fue la reelección del general Alvaro Obregón en julio de 1928, pero el asesinato del caudillo antes de asumir la presidencia consolidó de manera definitiva la regla de la no reelección.

3 Al respecto pueden consultarse, entre otras, las obras de John Skirius, José Vasconcelos y la cruzada de 1929 (México: Siglo XXI, 1978); Albert L. Michaels, "Las elecciones de 1940" en Historia Mexicana, Vol. XXI. No. 3 (julio-septiembre de 1971); José Luis Reyna, "Las elecciones en el México institucionalizado, 1946 1976", en Pablo González Casanova (ed.), Las elecciones en México, evolución y perspectivas (México: Siglo XXI e Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, 1985).

4 Ejemplos recientes de las dudas sobre la limpieza de varios procesos electorales se encuentran en Enrique Krauze, "Chihuahua ida y vuelta" en Vuelta, Año X, No. 115, junio de 1986; Juan Molinar Horcasitas, "Regreso a Chihuahua" en Nexos, Año X, III, marzo de 1987.

5 Un compendio de los argumentos de quienes definen como autoritario al sistema político mexicano contemporáneo, se encuentra en la obra editada por Luis Reyna y Richard S. Weinert, Authoritarianism in México (Philadelphia, Penn.: Institute for the Study of Human Issues, 1977).

6 Uno de los numerosos ejemplos recientes de la demandas de un tránsito de autoritarismo a la democracia en México se encuentran en Enrique Krauze, Por una democracia sin adjetivos (México: Joaquín Mortiz-Planeta, 1986) o en Jaime Sánchez Susarrey, "México:

¿Corporativismo o democracia?", Vuelta, Año XII, marzo de 1988. En un plano menos teórico y más práctico, el ejemplo más espectacular resultó ser la "Corriente Democrática" que se formó dentro del PRI en 1987, encabezada por Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo y que finalmente cristalizó en un movimiento de oposición para las elecciones presidenciales de 1988.

7 Maurice Duverger: Los partidos políticos (México: Fondo de Cultura Económica, 1969, p. 15).

8 Para un análisis de los orígenes del partido hegemónico en México, puede verse a Luis Javier Garrido, El partido de la revolución institucionalizada. La formación del nuevo estado en México (1928-1945) (México: Siglo XXI, 1982); Alejandra Lajous, Los orígenes del partido único en México (México: Universidad Nacional Autónoma de México, 1979).

9 Lorenzo Meyer, Rafael Segovia y Alejandra Lajous: Historia de la Revolución Mexicana, T. 12. Los inicios de la institucionalización. La política del maximato (México: El Colegio de México, 1978), pp. 36-63.

10 Jorge Carpizo: El presidencialismo mexicano (México: Siglo XXI, 1978), pp. 190-199.

11 Ibidem.

12 Manuel Moreno Sánchez: Crisis política de México (México extemporáneos, 1970).

13 Para un análisis de la relación entre políticas de masas cardenistas y la estructuración del partido del gobierno dentro de una forma corporativa, véase Arnoldo Córdova, La política de masa de cardenismo (México: Ediciones Era, 1974).

14 Este cambio en la naturaleza de la doctrina del partido del Estado ha sido analizado, entre otros, por Luis Medina en Historia de la Revolución Mexicana, periodo 1940-1952. Civilismo y modernización del autoritarismo (México: El Colegio de México, 1979), pp. 179-194.

15 José Luis Reyna: "Las elecciones en el México institucionalizado, 1946-1976", en Pablo González Casanova, op. cit., pp. 105-110.

16 Los estudios en torno a estos tres movimientos que pusieron en duda la legitimidad del gobierno, son numerosos, unos ejemplos de esta bibliografía se tienen en las siguientes obras: Mario Gil: Los ferrocarrileros (México: Extemporáneos, 1971); Evelyn P. Stevens: Protest and Response in México (Cambridge, Mass.: Massachusetts Institute of Technology, 1974); Octavio Paz: Posdata (México: Siglo XXI, 1970); Elena Poniatowska: La noche de Tlatelolco (México: Era, 1971); Soledad Loaeza: Clases medias y política en México (México: El Colegio de México, 1988).

17 Una parte de esta bibliografía crítica, y un análisis de la misma, se encuentra en Lorenzo Meyer y Manuel Camacho: "La ciencia política en México: su desarrollo y estado actual" en El Colegio de México, Ciencias sociales en México. Desarrollo y Perspectiva (México: El Colegio de México, 1979), pp. 19-46.

18 Francisco José Paoli Bolio: "Legislación electoral y proceso político 1917-1982". en Pablo González Casanova (ed.), op. cit., pp. 152-161.

19 Uno de los mejores ejemplos actuales de la crítica global al presidencialismo mexicano se encuentra en Gabriel Zaid: La economía presidencial (México: Editorial Vuelta, 1987).

20 Juan Molinar: "La asfixia electoral", en Nexos, Año XI, No. 123 (marzo de 1988).

21 Rodolfo González Guevara: "Para cambiar al PRI", en Nexos, Año XI, No. 122 (febrero de 1988).