Miguel de la Madrid, 1o. de Septiembre de 1987

Mexicanos:

Durante casi ya cinco años, sociedad y Gobierno hemos trabajado juntos con tenacidad para recuperar enormes dificultades. Hemos enfrentado la crisis económica más dura de nuestra historia contemporánea con un profundo sentido de renovación. Nos comprometimos a librar una ardua batalla por la Nación, no sólo para controlar la adversidad, sino también para modernizar las instituciones y la economía. Lo hemos hecho reafirmando principios y valores fundamentales. Y lo logramos en un clima de libertad, paz social, estabilidad y creciente solidaridad entre los mexicanos.

Al enfrentar desafíos, de una magnitud sin precedente, rechazamos tajantemente experimentar con el destino de la Nación. Gobernar al gran pueblo mexicano ha exigido una prudencia política constante para discernir entre lo conveniente y lo inconveniente, y poder así evitar y prevenir males mayores; ha demandado también actuar con firmeza y rapidez para hacer frente a lo inesperado. Descartamos la postura de contemporizar con los problemas, y hemos preferido siempre conducir el cambio que aceptarlo como fatalidad.

Con la responsabilidad y prudente audacia, nos hemos lanzado a la gran tarea de la renovación nacional. En el mundo complejo e incierto en el que vivimos, hemos dado las batallas que han sido necesarias. Lo hemos hecho con la seguridad de que contamos con la fuerza para ganarlas, con la fe inquebrantable de que México es más grande que sus problemas. Hemos usado el poder de la acción para dar forma y sentido a los acontecimientos, bajo la guía de la razón y el consenso social.

El período al que corresponde este informe cubre el final de un año de enormes retos económicos para los mexicanos. En 1986 cayeron abruptamente los precios internacionales del petróleo y disminuyó nuestro volumen de exportación. Además, sufrimos un grave deterioro en los términos de intercambio de otras materias primas. Nuestras exportaciones generaron menos divisas y no tuvimos acceso al crédito externo. Dejamos de percibir ingresos por un monto superior al valor de toda la producción agropecuaria del país. A estas calamidades habrá que agregar la secuela económica de los terremotos de septiembre de 1985 que todavía resentimos el año pasado. En el contexto de cuatro años de esfuerzo y sacrificio para resolver nuestros apremios, este trastorno económico, de mucha mayor magnitud que el de 1982, provocó una nueva crisis económica que a muchos pareció explosiva. Las predicciones, dentro y fuera del país, estimaban esta situación como inmanejable. Se presagiaron quiebra masiva, desempleo generalizado y espiral hiperinflacionaria. Se vaticinó fractura y retroceso.

Entendamos el reto y sus circunstancias para evaluar lo hecho. Ante dificultades de tal dimensión, no quedaba sino actuar con decisión y energía. El esfuerzo de los mexicanos por salir adelante no se inhibió por titubeos o temores catastróficos infundados. Profundizamos lo que veníamos haciendo para contrarrestar los efectos inmediatos de la adversidad y, simultáneamente, poner remedio firme a nuestras dificultades. Se actuó con oportunidad para ejecutar los programas anunciados. Participamos todos los mexicanos. El mérito es de todos.

La política económica puesta en marcha permitió que la sociedad no sufriera desabasto, que se realizaran las importaciones necesarias y se alcanzara el nivel más alto de exportaciones no petroleras, superando incluso a las de este carácter. El aparato productivo y el sistema financiero resintieron los efectos de la aguda escasez de recursos, pero continuaron operando en forma adecuada. La flexibilidad de las medidas de contención adoptadas evitó un ajuste brusco y su consecuente costo social. El manejo económico propició un importante regreso de capitales y se registró un aumento sustancial en las reservas monetarias del país.

Existen ya elementos alentadores en el panorama de este año: el precio internacional del petróleo tiende gradualmente a aumentar; lo peor de la caída de los términos de intercambio parece haber quedado atrás; el turismo está en expansión; las exportaciones no petroleras conservan el importante dinamismo del año pasado; hemos concluido en eI primer cuatrimestre del año;la renegociación de la deuda externa, considerada, a la fecha, como la más avanzada en el ámbito internacional; nuestras reservas internacionales continúan creciendo; los depósitos en los bancos comerciales han empezado a recuperarse en términos reales; la recesión muestra signos de haber tocado fondo, y se ha iniciado ya una reactivación gradual. La inflación sigue alta, pero no está desbocada, y se han tomado medidas adicionales para moderar su ritmo. Lo que más nos alienta es que notamos un ambiente cada vez más positivo entre los diversos sectores de la sociedad, cuyas expectativas son más optimistas.

En lo que respecta al desarrollo social, se ha emprendido también una renovación nacional sustentada en el cambio estructural y la transformación institucional, para elevar el nivel de bienestar de la población y para mitigar los efectos negativos de la crisis económica. Sólo con una vida institucional y democrática y con una economía sana, productiva y eficiente, se puede lograr la justicia social que por generaciones ha constituido el objetivo superior de los mexicanos.

El Constituyente Permanente reformó los artículos constitucionales 4 y 123 'nra. garantizar el derecho a la vivienda, la salud y una más efectiva protección del salario de los trabajadores. Estas reformas se han traducido en acciones que han permitido dar una clara orientación social a la política del Gobierno.

En circunstancias en que la población trabajadora crece a las. tasas más elevadas de nuestra historia, hemos continuado la Iabor de atender las crecientes necesidades de alimentación, educación, vivienda, salud y un medio ambiente digno. Lo hemos hecho con menores recursos, pero con mayor eficacia y reforzando las bases para una justicia duradera. Hay un clara propósito social en la renovación nacional.

Se ha protegido la planta productiva y el empleo, y han merecido especial atención el abasto y la distribución de productos básicos. Se ha avanzado en el mejoramiento de las condiciones desiguales de intercambio entre el campo y la ciudad, y se han otorgado grandes apoyos a la producción y organización agrícolas. Como resultado, hemos logrado autosuficiencia en trigo, arroz, frijol y azúcar, y tenemos un superávit en el comercio exterior agropecuario.

No puede haber crecimiento sostenido ni avance social duradero sin una economía estructuralmente sana y fuerte. Por ello, la política económica de los últimos cuatro años ha partido de esta tesis básica: para superar desequilibrios cuyos orígenes son de naturaleza estructural, es necesario articular medidas que reduzcan la inestabilidad económica y el costo social resultante de la crisis con acciones que ataquen sus causas de fondo. El Plan Nacional de Desarrollo definió así, desde mayo de 1983, una estrategia que, a pesar del entorno internacional adverso, no ha variado en su concepción general. La reordenación económica y el cambio estructural han constituido dos elementos medulares de la renovación nacional.

Las acciones emprendidas han permitido un saneamiento considerable de las finanzas públicas. Antes del pago de intereses, se observa un superávit sin precedente, resultado de la contracción del gasto público y, en forma incipiente, de los efectos de la reforma fiscal. Hemos continuado la política de desincorporación de entidades que no son estratégicas ni prioritarias, y a la vez, nos empeñamos en el fortalecimiento de las que sí lo son. Con los recursos financiero y la capacidad administrativa que libera eI proceso de desincorporación, apoyamos selectivamente programas prioritarios de gasto, y hemos iniciado con paso firme la reconversión en las industrias petrolera, eléctrica, siderúrgica, azucarera, naval y de fertilizantes. También están en marcha importantes programas de modernización de los ferrocarriles y del sistema de comercialización y abasto de productos básicos.

La racionalización del quehacer del sector público ha partido de una definición clara y moderna del papel que tiene que desempeñar el Estado en la economía y de los fines que han de orientar su acción. La sociedad mexicana no quiere un Estado débil, con déficit crónico, cuya dimensión o intervencionismo indiscriminado le resten capacidad de acción eficaz y conducción clara. Quiere un Estado fuerte que dirija al país, respete y estimule la libertad y la capacidad de innovación de los mexicanos, y cumpla su deber de promover el interés general con eficacia.

Seguimos un intenso proceso de racionalización de la protección comercial para inducir mayor eficiencia y competitividad en la industria nacional. En 1982, todo el comercio exterior estaba sujeto a restricciones cuantitativas y a precios oficiales, lo cual implicaba un nivel excesivo de proteccionismo que afectaba negativamente la eficiencia y la competitividad de nuestra eonomía. Ahora, la industria nacional está protegida por un tipo de cambio adecuado, una estructura arancelaria racional en un marco legal actualizado y un aparato administrativo moderno que permite a los productores mexicanos defenderse de las prácticas desleales de comercio. Al ratificarse nuestra adhesión al GATT, se asegura continuidad en el proceso de apertura comercial de nuestra economía.

El esfuerzo por corregir desequilibrios y cambiar profunda y positivamente nos ha llevado a conceder la mayor importancia a la descentralización y a la conformación de un Sistema Nacional de Planeación Democrática. Con aquélla, equilibramos el desarrollo de las distintas regiones que integran la República, transferimos recursos, áreas de actividad y decisiones. De la planeación hemos hecho un medio eficaz de concertación política, de conducción y coordinación intergubernamental, y un canal permanente para articular demandas de la sociedad, promover la participación y lograr consenso social.

Sin embargo, debemos reconocer el impacto social desfavorable que esta situación económica provocó. El salario real cayó; la elevada inflación lastima particularmente a los grupos más débiles; el nivel de bienestar, mermado ya por la crisis anterior, se vio reducido, y la sociedad vivió un período de agobio. Empero, si bien hubo una caída del producto, ésta no alcanzó la profundidad que se anticipaba al inicio de esta nueva crisis; la inflación no se disparó; se ha logrado evitar que el desempleo abierto aumente sustancialmente, e incluso, el número de trabajadores inscritos en el Seguro Social mantiene una tendencia positiva de crecimiento.

Evitamos el desquiciamiento de la economía nacional. Evaluemos el esfuerzo frente al desafío, para fortalecer nuestra confianza ante la hazaña realizada. Lo que afirmo no es para vanagloria del Gobierno; es un justo reconocimiento para todos los mexicanos.

Siete tesis políticas han articulado pensamiento y acción de mi Gobierno. Tesis que recogen los valores y principios de la Revolución Mexicana, contenidos en la Constitución, que asimilan las demandas de los grupos sociales más amplios y que, a la vez, han permitido adaptar ideas fundamentales para la Nación a la nueva realidad que vive el país. Guiados por estas tesis, reafirmamos la validez del proyecto nacional y la capacidad de renovación del sistema político. Fijamos objetivos y estrategias, realizamos reformas y emprendimos acciones. El Gobierno ha mantenido una línea consistente. Se ha dicho lo que se va a hacer y en ello se ha perseverado.

La renovación implica transformación ordenada y eficaz. En México tenemos una vigorosa tradición que concibe el derecho como instrumento de perfeccionamiento social. En cada momento, el derecho debe reflejar la nueva realidad del país y, a la vez, sentar las bases para etapas superiores de su modernización política, económica y social. Para la consecución de los grandes cambios cualitativos que conlleva la renovación nacional, es requisito la vigencia efectiva del Estado de Derecho.

Conforme a estos principios, desde el inicio de esta Administración se ha venido realizando una profunda reforma jurídica con el propósito de establecer el marco de la renovación nacional. Se ha enriquecido nuestro orden constitucional y legal. Se reafirmaron los valores fundamentales y, a partir de ellos, se precisaron instrumentos y áreas de competencia para que el Estado cumpla de manera más eficaz sus funciones de rectoría y para que la sociedad pueda ejercer en forma más efectiva sus derechos y desarrollar su libertad.

Optamos por apoyarnos en las instituciones y, a la vez, perfeccionarlas para lograr una mayor y mejor vida democrática. No nos hemos apartado de los principios políticos fundamentales de la Revolución, pero cambiamos actitudes y formas de hacer política. Se ha establecido y aceptado ampliamente el diálogo y la participación como ejercicios para la negociación y la solución ordenada de los conflictos. Se han fortalecido las insituciones para que se mantengan como ejes esenciales del desarrollo del país y de la convivencia armónica entre los mexicanos. Dentro del proceso de renovación nacional, propusimos modificaciones a la Constitución que permitieran una ampliación de la participación política y de la confianza de los ciudadanos en el ejercicio libre del voto. Se han reformado los procesos electorales para hacer más transparentes sus resultados, facilitar las formas de expresión de las distintas ideologías, elevar la calidad y confiabilidad del padrón de ciudadanos, acrecentar la participación y la representación en la capital de la República y dirimir las inconformidades ante un nuevo Tribunal Federal Electoral. La paz, la libertad y el respeto a todos los grupos y tendencias políticas son la piedra angular de la verdadera vida democrática. En México, los partidos políticos desarrollan sus actividades libremente, proponen, debaten, denuncian y critican sin cortapisas, lo cual enriquece nuestro pluralismo y demuestra la madurez de nuestro pueblo.

Al afán de perfeccionar nuestra vida política, corresponde el fortalecimiento de la división de Poderes, equilibrio indispensable en una democracia. El Poder Legislativo aumentará el número de sus integrantes y sesionará en dos períodos ordinarios, para contar con mayor tiempo en el desempeño de sus importantes tareas. El Poder Judicial se ha fortalecido con la reforma que devuelve a la Suprema Corte de Justicia de la Nación su misión original de ser el intérprete definitivo de la Constitución. Además, hemos logrado que la administración de justicia sea más expedita, lo que ha coadyuvado a sostener la paz social que vive el país. Por su parte, la renovación moral ha sentado nuevas pautas de conducta en la gestión pública; simplificando y agilizando procesos administrativos, así como establecido un clima de mayor confianza entre servidores públicos y los ciudadanos.

De manera destacada, se ha reactivado el Pacto Federal para fortalecer a los Gobiernos estatales y al municipio, célula política de la democracia en México. Descentralizar competencias, facultades y recursos ha permitido que las decisiones se tomen más cerca de las comunidades a las que van a afectar.

Estamos logrando una democracia territorialmente más extendida y enraizada y una mayor eficacia enr la administración pública.

Nuestras fronteras, como el resto del país, se encuentran en paz. Somos una Nación con peso y autoridad en los escenarios internacionales. Hemos renovado también la política exterior, adecuándola a las condiciones internas y a las circunstancias prevalecientes en el mundo. Conforme a nuestros tradicionales principios políticos y al derecho internacional, hemos asumido una posición activa que no sólo defiende, sino que promueve los intereses de México en el exterior, con ideas firmes y acciones prácticas.

Las actuales dificultades que México enfrenta como las del pasado, están cediendo, no por inercia, sino por la acción decidida del pueblo y el Gobierno. Los resultados están a la vista de todos: disfrutamos plenamente de nuestras libertades ejercemos nuestros derechos; los problemas naturales de la convivencia se resuelven mediante el diálogo y la negociación; los servicios públicos y sociales esenciales operan a niveles adecuados, y se aprecia una elevación de su cobertura y calidad.

En todo el territorio nacional, prevalece un ambiente de paz y trabajo. La crisis que vivimos es principalmente urbana, financiera e industrial y por ello, sus efectos se dejan sentir con mayor fuerza en el centro del país. La mayoría de los Estados de la República mantienen sus niveles de inversión pública y privada y, en algunos casos, se observa un mayor dinamismo. En muchas regiones, se realizan hoy intensas actividades de promoción y fomento económico, se impulsa el desarrollo social, se crean empleos, y se inicia una nueva etapa de desarrollo integral.

Tenemos la certidumbre de que la estrategia seguida es la congruente con los principios y valores fundamentales de la Revolución, la apropiada a las necesidades del país y la que responde a las demandas de cambio de la población. Sabemos que cambiar cuesta trabajo, que los cambios de fondo no siempre.calan de inmediato en la conciencia o en la realidad. La inercia de la costumbre hace más fácil preservar que transfórmar, andar lo andado que emprender el cambio. La labor de un pueblo para encontrar el justo medio entre la seguridad y la innovación requiere de gran sabiduría. México, sin duda, la tiene.

Los mexicanos estamos.recimentando bases; políticas, económicas y sociales para ser una Nación moderna, más fuerte y más justa, capaz de mantener su lugar..y personalidad propia en el múndo. En estos años hemos vivido abnegadamente, pero no resignados ante la adversidad. El esfuerzo ha sido grande. Requerimos todavía constancia y empeño para cumplir con los propósitos que nos hemos marcado. Los desafíos son múltiples. Desterremos pesimismos, desesperación y nostalgia, y combatamos todo aquello que, al pretender dividirnos en lo fundamental, atenta contra la paz social y la estabilidad política de México.

La estrategia de cambio estructural sanea y refuerza las bases de nues.tra economía. Para los problemas que aún subsisten, tenemos soluciones por aplicar. Los fenómenos económicos tienen su ritmo y equilibrio. Durante este año, no hemos pretendido, por impaciencia, forzar resultados, pues hubiéramos corrido el riesgo de desperdiciar el esfuerzo y el sacrificio que los mexicanos hemos soportado. Gobernamos para consolidar lo hecho, no para arriesgarlo.

La historia nos enseña que en México los grandes cambios, los que han transformado y fortalecido, se han dado dentro del programa de la Revolución, por medio de las instituciones políticas y sociales que los mexicanos hemos construido y perfeccionado en el marco de la Constitución.

La Nación se renueva y fortalece. Contamos con el vigor institucional, con los hombre, las leyes, los recursos y la voluntad para seguir manteniendo vigente. el Estado de Derecho; para perfeccionar nuestra vida democrática; garantizar plenamente la soberanía nacional y el disfrute de las libertades, bienes y derechos de los individuos; para seguir construyendo las bases estructurales de una economía sana, dinámica y productiva, que distribuya más equitativamente el ingreso nacional y nos permita alcanzar una sociedad más igualitaria y más justa. Por mandato popular y decisión política, seguiremos renovando a la Nación en forma democrática y dentro del Estado de Derecho. Es la reciedumbre institucional de México la que nos permite sortear dificultades, cambiar estrategias y tácticas, y mantener el rumbo de nuestra historia.

El avance material poco vale sin instituciones democráticas y sin. progreso social. Sólo las instituciones cuya finalidad es el desarrollo integral pueden conseguir seguridad y bienestar para los mexicanos. Por ello, trabajamos en todos los frentes y lo hacemos con mayor conocimiento y estrategia.

Hoy nadie duda de la viabilidad de la Nación. El mundo observa con respeto lo que hemos realizado.

No todos nuestros problemas están resueltos, pero tenemos mayor conciencia de lo que queremos hacer y mayor seguridad de cómo lograrlo. La transformación política, económica y social que hemos emprendido no es una labor de acciones espectaculares. Es fruto del esfuerzo tenaz y del trabajo diario, de ir resolviendo con firmeza y serenidad, paso a paso, área por área, asunto por asunto, los complejos y apremiantes problemas del país.

México es una Nación madura que ha aprendido en la adversidad la virtud de la fortaleza y el valor de la verdad para mantenerse unida. Hemos atacado los problemas con decisión, sin demagogia.. Hemos trabajado con dirección, orientación social, consistencia y claro sentido de la modernidad que los mexicanos queremos. Nos hemos apegado invariablemente a la Constitución y al mandato de la voluntad popular.

México avanza con armonía, y acompasa los ritmos de la acción en la política, la economía y la sociedad. Ello ha permitido equilibrio y estabilidad, fortaleza frente al exterior y solidaridad interna. Tenemos la certeza de que la renovación nacional es el camino para mantener la unidad, preservar soberanía e independencia, fortalecer la democracia y la libertad, y cumplir con el mandato constitucional de justicia y bienestar para los mexicanos.

Hoy tenemos una mejor perspectiva. Estamos de lleno en la conducción de un proceso de cambio en la política, en la economía, en la sociedad y en la cultura. El cambio ya no es sólo propósito del Gobierno, sino que se ha convertido en conciencia y demanda social. Está surgiendo un México más vigoroso.

1. POLITICA DEL ESTADO MEXICANO

1.1 Política interior

Con talento y trabajo, los mexicanos hemos construido a lo largo de muchas décadas un sistema político sólido, con una gran capacidad de adaptación y de cambio. Apoyados en él y en sus instituciones, hemos podido resolver con eficacia los distintos problemas derivados del desarrollo y de la creciente complejidad social y política del país. Hoy, gracias a ello, enfrentamos la crisis y estamos Ilevando a cabo una profunda renovación nacional, que fortalece la democracia y garantiza la soberanía de la Nación.

Han sido tiempos de esfuerzo, empeño y de resultados. La sociedad actual es más dinámica y participativa. El Gobierno es más moderno. Un estado plural como el mexicano, sensible al cambio que está ocurriendo, reafirma la democracia comó propósito permanentede su acción. Por ello, en el período que se informa, promovimos diversas iniciativas para abrir mayores espacios de participación política.

Toda reforma, para que sea duradera y arraigue en la sociedad, necesita ser analizada, discutida y criticada por todos los grupos sociales. Por eso, las reformas a los preceptos constitucionales relativos a la integración y funcionamiento del Congreso de la Unión, la creación de una Asamblea de Representantes del Distrito Federal y la promulgación de un nuevo Código Federal Electoral, surgieron de una amplia consulta popular, en la que intervinieron partidos y asociaciones políticas nacionales, organizaciones sociales, instituciones académicas y ciudadanos en general. Se escuchó a todos los grupos, quienes gozaron de una irrestricta libertad para expresar y defender ideas y posiciones. A todos se consultó y la mayoría decidió. Así funcionan las democracias.

La reforma aprobada mantiene el sistema electoral mixto que permite la integración de una mayoría efectiva y la representación de las diversas corrientes minoritarias, sin que se disperse la voluntad popular o se pulvericen las fuerzas políticas. La Cámara de Diputados ampliará sus escaños de representación proporcional y reflejará con mayor fidelidad el carácter plural de la sociedad mexicana. Los partidos minoritarios aumentarán su presencia y su voz en este foro, toda vez que les corresponderá, como mínimo, el 30 por ciento del total de las curules. En el caso del Senado se vuelve al modelo original de renovar la mitad de sus integrantes cada 3 años, para garantizar la continuidad de sus trabajos legislativos y lograr una mayor presencia del órgano representante del Pacto Federal en la vida política del país.

Los partidos políticos son protagonistas esenciales del proceso electoral. La Constitución les otorga el carácter de instituciones de interés público. Tienen derechos, pero también obligaciones y responsabilidades; la democracia así lo exige. El Código Federal Electoral les amplia apoyos y prerrogativas, ensancha su participación y sus garantías en todas y cada una de las fases del proceso electoral, les da un mayor acceso a los medios de comunicación social; además, facilita la concertación de coaliciones que unifiquen fuerzas políticas afines, al precisar mecanismos y requisitos para tal efecto.

Ideologías encontradas y tácticas de lucha encienden con frecuencia la pasión y pueden dar pie a interpretaciones erróneas de los procesos electorales. El Gobierno desea mantener y reforzar la confianza de los ciudadanos en el voto. Para garantizar mejor la imparcialidad, legalidad y transparencia de las elecciones, se creó un Tribunal de lo Contencioso Electoral, autónomo, para resolver los recursos de apelación y queja e integrado por jurisconsultos de reconocido prestigio y solvencia moral, nombrados, a propuesta de los partidos políticos, por el H. Congreso de la Unión.

La ciudad de México; por sus dimensiones, densidad demográfica y su carácter de asiento de Ios poderes federales, es una urbe de una. complejidad extraordinaria, tanto en la administración de los servicios públicos, como en la integración de su autoridad. Aquí no se pueden aplicar fórmulas útiles para otras ciudades. En tal sentido, el Constituyente Permanente aprobó el mes pasado la iniciativa de reforma constitucional para crear la Asamblea de Representantes del Distrito Federal. Con esta reforma, se amplían los mecanismos de representación ciudadana en la capital de la República. Respondemos así a una demanda recogida durante mi campaña política y confirmada en las audiencias de consulta popular con el establecimiento de una novedosa institución del derecho político.

Estas transformaciones en materia electoral constituyen un adelanto, significativo en el perfeccionamiento de nuestro régimen democrático. La imparcialidad en las elecciones está garantizada.

Gobierno, partidos y ciudadanos son corresponsables del cumplimiento de todos y cada uno de los pasos que requiere el proceso electoral, tal y como corresponde a una sociedad madura y plural como la mexicana. Hemos renovado el sistema electoral mexicano.

Con este nuevo espíritu, la Comisión Federal Electoral supervisó y apoyó a las comisiones locales para que los comicios realizados en este período se apegaran estrictamente a los ordenamientos en la materia. Se celebraron, con toda normalidad, elecciones para Gobernador en Veracruz, Aguascalientes, Tlaxcala, Sinaloa, Puebla, Guerrero, Tamaulipas, Hidalgo, Baja California Sur, Quintana Roo, Nayarit y Estado de México. Se eligieron 505 ayuntamientos en 9 entidades, y se renovaron 12 congresos locales.

La seguridad pública es una prioridad del Gobierno. Sabemos que las grandes transformaciones que se están operando en el mundo, también han traído consigo cambios profundos en los patrones de valoración de los pueblos y graves patologías que afectan la conducta social. Estos factores, entremezclados con el acelerado crecimiento urbano, el incremento de los índices demográficos, los efectos que la crisis ha generado en nuestro país y la desatención en que durante muchos años se mantuvo a los cuerpos policíacos, han dado lugar a.actividades antisociales y delictivas que dañan la convivencia en nuestra sociedad. El proceso de renovación nacional demanda la modernización de nuestro sistema de procuración e impartición de justicia y exige que nuestra sociedad cuente con cuerpos de policía cada vez más profesionales y eficientes; requiere también de una gran responsabilidad ciudadana y conciencia cívica. La seguridad pública nos atañe a todos.

Por ello, en estrecha colaboración con los Gobiernos estatales y municipales y con los grupos sociales representativos, nos propusimos trabajar aceleradamente en la labor de dignificar y hacer más profesionales los servicios judicialy policíaco. Con este fin, hemos avanzado en la implantación de un sistema de seguridad federal y Iocal para brindar a los ciudadanos una verdadera protección, un auténtico ambiente de paz y tranquilidad.

Nuestros propósitos aún no se logran con plenitud. Me preocupa profundamente el problema de la seguridad pública. Sé que todavía hay graves deficiencias. De ahí mi propósito de redoblar esfuerzos de no cejar en este empeño. Solicito nuevamente la colaboración de los Gobiernos de los Estados y la participación solidaria y decidida de toda la sociedad.

La división de Poderes es valor democrático esencial. En México, la perfeccionamos y fortalecemos en forma permanente para asegurar que las relaciones entre ellos se den en estrecha colaboración y respeto mutuo. Mención especial merece la reforma que confiere autonomía presupuestaria a los Poderes Legislativo y Judicial de la Federación.

El respeto irrestricto a la libertad de expresión en cualquiera de sus formas es característica fundamental de un régimen democrático. No puede existir una democracia auténtica si se oculta o distorsiona la realidad. La sociedad necesita estar informada con veracidad. Los medios de comunicación tienen la elevada responsabilidad de informar objetiva y oportunamente a la opinión pública, y de orientarla mediante análisis críticos y juicios diversos. En estos años se ha organizado que nuestro sistema de comunicación social refleje el pluralismo político de nuestra sociedad. Necesitamos seguir democratizando la información.

Continuamos empeñados en la modernización y racionalización de los medios de comunicación social del Gobierno. En el área de radio y televisión, hemos incrementado el número de repetidoras, especialmente en las zonas fronterizas, a fin de difundir programas que resalten nuestros valores culturales e históricos y las costumbres del país. Reforzamos así, la identidad, independencia y soberanía.

Una vez más, reiteramos que no hay crecimiento económico capaz de satisfacer las necesidades de una sociedad, si ésta registra tasas de crecimiento demográfico desproporcionadas a su capacidad de desarrollo, como las tenidas por nuestro país durante las últimas décadas. Existe ya entre los mexicanos la comprensión del problema del crecimiento de la población y se cobra conciencia de la necesidad de moderarlo. El' Gobierno ha utilizado, en ese sentido, todos los recursos disponibles, con pleno respeto a las libertades; convenciendo y no imponiendo, respetando invariablemente.la libertad y dignidad de la familia mexicana.

Los contenidos de las campañas de educación y comunicación social empiezan a convertirse en realidad. Existe progresivamente una paternidad responsable y la pareja planifica su familia dé manera libre e informada. Las instituciones de salud seguirán brindando los apoyos a las orientaciones que la sociedad demanda en esta materia. Los logros son ya importantes, pero debemos mantener los programas en marcha. Estamos en condiciones de cumplir la meta de tener una tasa de crecimiento de la población de 1.9 por ciento, para el final de esta Administración, cuando al iniciarla ésta era de 2.6 por ciento.

No obstante que la población crece a tasas menores que las registradas en décadas pasadas, hoy somos aproximadamente 8 millones más de mexicanos que al inicio de esta Administración.

La explosión demográfica de los años sesentas ha provocado la consecuente presión sobre la demanda de alimentos, educación y salud.

En condiciones normales, esto, por sí mismo, significaría un reto de considerable magnitud; con mayor razón lo es en momentos de escasez de recursos. Por ello hemos introducido criterios demográficos como elementos fundamentales en el diseño de nuestra política económica, que establece relaciones entre el campo y la distribución territorial del crecimiento, y busca dotar de satisfatores básicos a la población, en especial, a las nuevas generaciones para asegurarles un futuro digno; lo hemos hecho mediante diversas políticas que incluyen la atención a las mujeres y a los jóvenes.

No podemos soslayar la necesidad de mejorar la distribución territorial de la población, de vincular y articular nuestras políticas en función de nuestro pueblo, de su número, su edad y de la calidad de vida que merece y exige.

La migración internacional, fenómeno que ocurre principalmente entre países limítrofes y con distinto grado de desarrollo, se ha visto acentuada en nuestro caso, por las dificultades económicas que hemos padecido y, también, por la demanda de mano de obra de nuestros vecinos. La alta estructura salarial de los Estados Unidos de Norteamérica siempre ha resultado atractiva para compatriotas que; desgraciadamente, no cuentan, en muchos casos, con oportunidades de empleo bien. remunerado en sus lugares de origen. Se trata de mexicanos trabajadores y bien intencionados que, con su esfuerzo, contribuyen en forma importante a la economía de varias regiones norteamericanas.

Sin embargo, en muchas ocasiones no se les reconoce esta aportación y se les trata en forma discriminatoria. Nuestra posición frente a este fenómeno es invariable: exigimos respeto, trato justo y cumplimiento de la ley. Seguiremos insistiendo ante el Gobierno de los Estados Unidos, utilizando todos los instrumentos a nuestro alcance, los jurídicos, los políticos y los diplomáticos, para que nuestros compatriotas que se encuentran allá gocen de las garantías y prerrogativas que como personas merecen y que con su trabajo se han ganado.

México sigue cumpliendo con sus obligaciones humanitarias al atender con esmero y respeto a los refugiados guatemaltecos. Ya no se observa un aumento importante de estos flujos migratorios. Hemos convenido con el Gobierno de Guatemala métodos y programas para su repatriación gradual con absoluto respeto a la libre decisión de los emigrados. En estos programas, seguimos contando con la colaboración.de la Organización de las Naciones Unidas.

Los devastadores terremotos de hace dos años hicieron cobrar conciericia a todos los mexicanos de la necesidad inaplazable de estar preparados para que, ante la eventualidad de volver a vivir situaciones de desastres naturales, tengamos capacidad de respuesta efectiva y oportuna. Con ese propósito, sociedad y Gobierno hemos venido consolidando un Sistema Nacional de Protección Civil, en el que se establece un conjunto ordenado de estructuras, relaciones, métodos y procedimientos, con la participación de los tres órdenes de Gobierno y de los grupos sociales, que nos prepare para hacer frente a cualquier siniestro. La conformación del Mapa Nacional de Riesgo constituye una primera aportación significativa de este sistema.

1.2 Reforma jurídica y procuración de justicia

Todo Estado de Derecho tiene que estar asentado en un orden que dé certidumbre a los ciudadanos frente a los actos de Gobierno, que garantice sus derechos, libertades y propiedades, y que repare cualquier violación a las normas jurídicas. Para fortalecer el Estado de Derecho y tutelar más eficazmente al individuo y sus derechos, venimos realizando una profunda reforma que fortalece al Poder Judicial Federal, así cómo al. de las entidades federativas. A ella han contribuido servidores públicos de los tres Poderes, tanto de la Unión, como de los Estados, agrupaciones de abogados y ciudadanos interesados.

No obstante las restricciones que hemos padecido en estos años, los tribunales y juzgados del Poder Judicial Federal han aumentado, durante esta

Administración, en un 40 por ciento. Las percepciones de los jueces y magistrados se han incrementado en forma sustancial para hacerlas más acordes con su elevada responsabilidad. Se ha reducido considerablemente el tiempo promedio de tramitación de los juicios y demás: asuntos, competencia de ese Poder.

Los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia de todo el país plantearon, hace más de un año, la necesidad de establecer en nuestro texto constitucional los fundamentos para una amplia renovación judicial de carácter nacional.

El Constituyente Permanente recibió, en octubre de 1986, una iniciativa de reformas a los artículos 17, 46, 115 y 116 constitucionales, que recogía esa demanda. De esta manera, se sentaron las bases para una modernización de fondo del sistema judicial mexicano.

Conel artículo 17 constitucional reformado, se habrán de garantizar, de manera más eficaz, los derechos y libertades del individuo.

El nuevo contenido del artículo 116 constitucional establece, expresamente, el principio de división de poderes para todos los Estados, así como las bases y lineamientos generales para la organización y funcionamiento de los poderes judiciales de las entidades federativas y la garantía de su independencia y su autonomía. Se reconoce que sean los Tribunales Superiores de Ios Estados los que nombren a los jueces y se establece la inamovilidad de los magistrados. Existen ahora principios y normas renovadas para elevar la calidad de la impartición de justicia.

Un sistema de distribución de competencias tradicional propició que la Suprema Corte de Justicia de la Nación desempeñara funciones de tribunal de alzada, impropias de un tribunal constitucional, y que los colegiados, que son de menor jerarquía, en muchas ocasiones se erigieran en intérpretes supremos de la Constitución. Era fundamental y de la mayor importancia para la vida de la República superar esta práctica. Era menester que la Suprema Corte recobrara su sentido original mediante un nuevo sistema de competencias y atribuciones que le devolviera su carácter de intérprete supremo y único de la Constitución.

Con este propósito, se presentó al Constituyente Permanente una iniciativa de reforma constitucional que modifica el sistema de distribución de competencias del Poder. Judicial Federal. A la Suprema Corte de Justicia de la Nación se le confiere, en exclusiva, el control de la constitucionalidad de las leyes federales y locales, así como de los tratados y reglamentos. A los tribunales Colegiados de Circuito y a los Juzgados de Distrito se les asigna el control de la legalidad y el conocimiento de la violación constitucional por actos de autoridad. La renovación del país alcanza todos los ámbitos. Para renovar verdaderamente a México, modernizamos sus leyes e instituciones judiciales.

Se reformaron también los Códigos Penal y Federal de Procedimientos Penales y las leyes orgánicas de la Procuraduría General de justicia del Distrito Federal, de los tribunales de justicia del fuero común del Distrito Federal, y la Ley de Quiebras y Suspensión de Pagos. Con estas reformas tendremos un Poder Judicial más fortalecido, con mayor capacidad para elevar la calidad de la justicia mexicana y mantener vigente el Estado de Derecho.

Acercar cada vez más la impartición de justicia a los que la demandan es un compromiso y una necesidad. La desconcentración del servicio de procuración federal de justicia, mediante el sistema de delegaciones de circuito, ha significado la más profunda modificación orgánica y operativa de la Procuraduría General de la República, que se complementa con una mayor cobertura territorial de las Agencias del Ministerio Público Federal y con el establecimiento del Ministerio Público Federal Itinerante. Se ha propiciado así una mejor coordinación entre las autoridades federales y locales en el establecimiento de un sistema nacional de procuración de justicia.

Se avanza en la labor de moralizar y hacer más profesionales a los servidores públicos que procuran justicia en el fuero federal. En la actualidad, el 75 por ciento de las plazas de la Policía Judicial Federal se cubre por egresados del Instituto Nacional de Ciencias Penales; el 40 por ciento del total de agentes del Ministerio Público Federal y el 45 por ciento de peritos que laboran en la institución se han incorporado después de haber aprobado examen de oposición. La procuración de justicia se moderniza a la par que la Nación.

El narcotráfico es un delito que rebasa los ámbitos de un solo país. Su proliferación, lo extenso de sus conexiones y lo complejo de su red de intereses nos obligan a todas las naciones a tomar medidas internas y coordinar acciones para combatirlo. Su peligrosidad social, que puede traducirse en factor de desorden político como ha sucedido en otras latitudes, nos conmina a redoblar esfuerzos. Mucho hemos hecho los mexicanos en este terreno. Lo hacemos por determinación propia y por compromiso con nuestro pueblo. La acción conjunta y coordinada de las fuerzas Armadas y de la Procuraduría General de la República ha permitido elevar la eficacia en la destrucción de plantíos de amapola y mariguana, y el decomiso de cocaína. Lo mismo ocurre con la detención y consignación ante la autoridad judicial de personas por delitos contra la salud.

El narcotráfico es un délito de secuencia internadonal. México es un lugar de tránsito entre los centros productores y el mercado de consumo de drogas.

Por ello, mientras no se adapten seriamente y con profundidad medidas coordinadas entre los países involucrados para combatirlo en toda la cadena, los esfuerzos aislados de México y otros países serán insuficientes. Es necesario que cada Gobierno realice una tarea proporcional a la que nosotros estamos llevando a cabo. Mientras no se afecte la demanda de drogas en los centros de consumo, mediante campañas y acciones enérgicas de educación y combate más decidido, no habrá solución final para este grave problema.

Promovimos y asistimos a diversos foros internacionales para dar testimonio de los resultados obtenidos en este campo e intercambiar experiencias. Organizamos la Primera Reunión Regional de Ministros y Procuradores Generales de Justicia, la cual contó con la representación de trece países del continente americano. Asimismo, participamos en la Conferencia Internacional sobre el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Droga, organizada por la Organización de las Naciones Unidas en Viena, el pasado mes de junio, en donde se analizaron los problemas y características del narcotráfico y su contrapartida, la farmacodependencia.

En la sociedad mexicana no tenemos problemas de drogadicción o de farmacodependencia tan graves como en otros países. Sin embargo, tomamos medidas preventivas y atendemos los casos que se presentan mediante el programa comunitario denominado Atención a la Farmacodependencia. Operan en este programa mil 351 comités y subcomités a lo largo del territorio nacional.

La labor que desempeña la Procuraduría. General de Justicia del Distrito Federal es objeto de continua revisión y ajuste con la colaboración de la comunidad. Se ha iniciado un proceso gradual de actualización de los ordenamientos jurídicos ele la institución para adecuarlos a las circunstancias actuales. 'Se estableció un programa permanente para hacer más profesionales a los servidores públicos con nuevas especialidades técnicas y científicas. La incorporación del personal se lleva a cabo previa aprobación de los cursos impartidos y mediante concurso de oposición. Se inició el programa de desconcentración de la Procuraduría en cuatro sectores del Distrito Federal. Con ello, se busca elevar la eficiencia del servicio, la atención de las denuncias, una regulación más equilibrada de las cargas de trabajo y la oportuna intervención en la clarificación de las controversias.

1.3 Renovación moral y control de la gestión pública

Un Estado democrático demanda una Administración Pública capaz y dotada de conciencia de servicio. Por ello, desde el inicio de mi gestión propuse cambios de orden constitucional y legislativo, a fin de dotar a la renovación moral demanda reiterada de la sociedad de un marco jurídico adecuado, que sustente de manera efectiva el cumplimiento de los compromisos asumidos por el Ejecutivo. Esta reforma se apoyó en una concepción de la fiscalización del aparato público federal, que se basa en el autocontrol y la vigilancia interna. Estos mecanismos se encuentran debidamente integrados y no representan una carga ni un obstáculo en el desarrollo de la actividad gubernamental. A través de ellos se vigila, año con año, la evolución del patrimonio de los altos servidores públicos; se practican auditorías externas a todas las empresas del sector paraestatal; se evalúa el cumplimiento de sus metas y programas; se revisan escrupulosamente las compras que efectúan tanto el Gobierno, como las empresas paraestatales en el exterior; se da seguimiento cotidiano al gasto corriente; y se someten a concursos y licitación la gran mayoría de las obras públicas y de las adquisiciones. En suma, hemos avanzado en los mecanismos de vigilancia y prevención permanente.

Hemos erradicado las prácticas nocivas del nepotismo y los obsequios excesivos a los servidores públicos. Se han escuchado 'las quejas, denuncias e inconformidades, y, luego de estudiarlas, se han aplicado las sanciones cuando han procedido. Hemos dado mayor libertad y autonomía a la empresa paraestatal, pero insistimos en vigilar los indicadores de productividad y la autoevaluación. No hemos desistido ni desistiremos, un solo momento, de combatir la ineficiencia y el desperdicio de los recursos públicos.

Con los avances en la sistematización del servicio civil de carrera buscamos elevar la eficacia del personal federal, mediante una motivación y una capacitación adecuadas.

En virtud del carácter fundamentalmente preventivo de la renovación moral, no debemos medir sus resultados por el número de servidores públicos sancionados o denunciados ante las autoridades del Ministerio Público; ni siquiera por el ahorro directo que se obtiene mediante la aplicación de algunos de sus instrumentos. El verdadero avance de la renovación moral se refleja en una Administración Pública más apegada a derecho; con más controles efectivos en el manejo de los recursos públicos, con procedimientos más simples 'y transparentes; más accesibles a los reclamos de los ciudadanos. Estoy convencido de que los mexicanos no daremos marcha atrás en nuestra decisión de exigira los servidores un comportamiento apegado cabalmente a las disposiciones legales y a la honradez.

He girado instrucciones precisas para que las áreas responsables del control vigilen, con el mayor esmero, que no se desvíen fondos a propósitos distintos de los autorizados por el H. Congreso de la Unión; que las obras públicas programadas durante la presente Administración se concluyan oportunamente y que se cumpla con las especificaciones de calidad establecidas en los proyectos; que en aquellas obras cuya fecha de terminación rebase el término de la presente Administración se vigile puntualmente que se cumpla con los avances programados; que no se inicien nuevos proyectos sin antes concluir los que están en ejecución y que se dé una atención prioritaria a los trabajos de conservación y mantenimiento. Estamos tomando medidas para evitar que en los servidores públicos aparezcan actitudes de indolencia o conductas ilícitas en las postrimerías del sexenio. Habremos de continuar trabajando con dedicación y entrega, manejando escrupulosamente los recursos que la sociedad nos ha confiado. No relajaremos disciplina ni vigilancia. Vamos a entregar buenas cuentas.

1.4 Fuerzas Armadas

Nuestras Fuerzas Aunadas son motivo de legítimo orgullo para todos los mexicanos. Por su acendrado nacionalismo, profunda vocación de servicio y constánté afán por adiestrarse y ser cada día más profesionales, la Nación reconoce en ellas la mejor garantía para preservar y fortalecer la soberanía de México.

Ha sido preocupación de mi Gobierno modernizar a las Fuerzas Armadas del país, dotándolas de las directivas y los recursos que aseguren su constante perfeccionamiento. Por ello, en el período que cubre este Informe, hemos seguido impulsando la actualización de las instalaciones, materiales y equipo del Ejército, Ia,Fuerza Aérea y la Armada de México y, de manera especial, hemos procurado mantener el ritmo de adiestramiento de sus elementos.

Fue promulgada la nueva ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, que moderniza las bases de su organización.

En la actualidad contamos con una capacidad de fuego notablemente incrementada; con batallones adicionales en relación con el alimento demográfico del país; con mejores instalaciones. Hemos modernizado el sistema de comunicaciones, el sistema administrativo y la organización de las tropas al redefinir regiones y crear los cuerpos de ejército. Ahora contarnos con los medios de transporte para el despliegue inmediato de tropas a los puntos del país donde la seguridad nacional lo requiera. Las Fuerzas Armadas participan en la renovación del país.

En este sentido, consolidamos en la industria militar procesos productivos para el abasto de armamento, municiones, vestuario y equipo de tierra y aire. Gracias a ello, puedo informar que la totalidad del material denominado ligero es ya abastecido por esa industria, lo cual ha reducido significativamente la dependencia del extranjero.

Asimismo, por lo que toca a la industria naval militar, se ha continuado con la construcción de unidades de superficie y aeronaves. De ella destacan los proyectos de construcción de las naves patrullas Olmeca y del avión Tonatiuh.

Con eI fin de garantizar la permanente y óptima capacitación militar, se ha puesto un énfasis especial en el mejoramiento de la Universidad Militar y de la Heroica Escuela Naval Militar, así como de los demás centros de adiestramiento. Como justa retribución al esfuerzo cotidiano que realiza el cuerpo armado y para compensar el rezago que registraban sus ingresos, procedimos a retabular sus percepciones económicas.

Especial reconocimiento merece la lucha cotidiana que el Ejército y la Armada despliegan por todo el territorio y aguas nacionales, tanto contra las siembras de mariguana y amapola, como contra el tráfico de estupefacientes. Nuestros soldados y marinos arriesgan sus vidas con el fin de contribuir a preservar la salud de la juventud.

Desde esta alta tribuna de la Nación, exhorto a las Fuerzas Armadas a mantener su ejemplar actitud de indeclinable patriotismo y a continuar asumiendo la gran responsabilidad que México les ha encomendado: ser salvaguarda de la soberanía nacional y de los más elevados valores de la Patria. Estoy orgulloso de ustedes; son ejemplo de patriotismo, de lealtad y apoyo a las instituciones de la República y de consciente solidaridad con el pueblo de México.

1.5 Política exterior

La política exterior de México es, ante todo, expresión cabal de los legítimos propósitos de la soberanía en la preservación de la paz y la defensa y promoción de nuestro proyecto nacional.

Frente a la limitada voluntad de las potencias internacionales para resolver los graves problemas económicos y tensiones políticas que restringen y, a veces, cancelan las expectativas de crecimiento y justicia social de los países en vías de desarrollo; ante los escenarios de guerra y crisis políticas y sociales, la acción internacional de México se sustenta en principios, se orienta por las normas del derecho internacional y utiliza como único y legítimo instrumento para resolver controversias la negociación diplomática. A la congruencia, consistencia y continuidad de nuestra política exterior, se debe no sólo el sólido prestigio externo del país, sino la capacidad de acción para defender los más altos intereses de la República.

Con base en nuestros principios fundamentales, hemos ejecutado una dinámica, política exterior. Nuestras acciones atienden a los intereses nacionales ubicándose, con realismo, en el contexto internacional y regional; tomamos en cuenta las condiciones de interdependencia del mundo actual y, de manera especial, los intereses comunes que tenemos con nuestros hermanos de América Latina y el Caribe. Con ello, compartimos un pasado común que nos da identidad y propicia el mutua entendimiento. Tenemos problemas de índole similar como el de la deuda externa, el del proteccionismo y el de las deformaciones estructurales del desarrollo.

Juntos hemos concebido y realizado importantes proyectos. Baste citar una cooperación cada vez más intensa, nuevos mecanismos de concertación política y un proceso moderno de integración económica. En este espíritu se inscriben las visitas a México que realizaron los Presidentes de Argentina, Brasil, Costa Rica, Perú y Venezuela, así como las que tuve el honor de hacer a Guatemala y Jamaica.

Tenemos la satisfacción de vivir una nueva y fructífera etapa en nuestras relaciones con Guatemala y vemos con aliento su regreso al Gobierno constitucional y democrático. Cooperamos con nuestro más próximo hermano de acuerdo con sus propias decisiones y con una actitud de afecto y respeto genuino a su dignidad.

Como producto de las entrevistas sostenidas con los dirigentes latinoamericanos, se establecieron importantes mecanismos de consulta que habrán de contribuir a la integración de nuestros acuerdos en materia política, comercial, financiera, industrial, científica, técnica y cultural, y al avance del proceso de formación de una verdadera comunidad latinoamericana.

Debemos fortalecer las instituciones latinoamericanas y consolidar las vías de entendimiento político. Por ello, mi Gobierno promovió la celebración de un encuentro entre los ocho Jefes de Estado del Grupo Permanente de Consulta, que se efectuará en México el próximo mes de noviembre.

Este mecanismo permanente de consulta y coordinación política fue creado en Río de Janeiro, en diciembre del año pasado, por los Gobiernos de Argentina, Brasil, Colombia, México, P ínamá, Perú, Uruguay y Venezuela. En su primera reunión, celebrada en Buenos Aires, en abril pasado, se subrayó el papel fundamental que ha desempeñado el retorno al civilismo y a la democracia en el proceso latinoamericano de integración y cooperación.

Para el Gobierno de México merece atención especial el conflicto de Centroamérica. En esta región tan cercana, se viven días de incertidumbre y desasosiego. La amenaza y realidad de la violencia entorpecen las perspectivas de justicia social y desarrollo político. Para el Gobierno mexicano, evitar la guerra y la confrontación es un imperativo ineludible. Junto con el Gobierno de Colombia, Panamá y Venezuela hemos proseguido con los esfuerzos de pacificación del Grupo de Contadora, con el valioso auxilio del Grupo de Apoyo. Estamos convencidos de que sólo el diálogo y la negociación harán posible una solución pacífica de los conflictos.

México ha expresado su 'satisfacción por los resultados de la reciente reunión de los cinco Presidentes centroamericanos en Guatemala. Seguiremos apoyando sus esfuerzos por una paz negociada en la región, mediante acuerdos dignos y firmes que respeten los legítimos derechos de sus pueblos y establezcan bases sólidas para su desarrollo económico y social.

Por razones de vecindad e intercambio comercial, tecnológico y de servicios, resultan de particular significado para México las relaciones con los Estados Unidos de Norteamérica. Mi Gobierno desea mantener con ellos una relación madura, seria, digna y mutuamente benéfica. Hemos insistido en que la relación entre ambos debe ser respetuosa de ideas, principios y objetivos, como corresponde a dos países con distinto origen y cultura. En la Sexta Reunión de la Comisión Binacional entre México y Estados Unidos, expusimos la grave: dad de los efectos del proteccionismo comercial, de las restricciones a la importación de energéticos y de las reformas a la Ley de Nacionalidad y Naturalización de aquel país. Hemos reforzado nuestro sistema consular, y pusimos en marcha un programa de información para brindara nuestros compatriotas asistencia en el proceso de regularización de su situación migratoria. Asimismo, mantenemos una permanente comunicación con las autoridades locales, estatales y federales de ese país vecino, con objeto de que se garanticen los derechos de nuestros compatriotas.

Con el país vecino del norte hemos logrado una mejor comunicación y la superación de varios problemas. Podemos contar entre los avances de nuestra relación una actitud positiva en la reestructuración de la deuda externa, la contención de amenazas proteccionistas para nuestras exportaciones, un clima mejorado en el combate al narcotráfico, acciones conjuntas de protección ecológica y una comunicación sistemática en problemas migratorios.

Con el propósito esencial de consolidar y ampliar el universo de nuestras relaciones internacionales, recibimos en México, por primera vez, al Ministro de Asuntos Exteriores de la Unión Soviética. En un acto de reciprocidad, instruí al Secretario de Relaciones Exteriores para que visitara ese país. Ambas visitas permitieron el análisis de importantes temas de interés bilateral y mundial, y han evidenciado un alto grado de madurez en nuestra política exterior, así como las virtudes de México como interlocutor confiable en el ámbito internacional.

Ha sido preocupación de mi Gobierno enriquecer nuestras relaciones con los países de la Cuenca del Pacifico. Ello responde no sólo a proyectos específicos de desarrollo, sino a la necesidad más amplia de insertar a México en la región de mayor potencial económico y tecnológico. Con tal propósito, realicé una visita de Estado a Japón y a la República Popular China. Tuve la oportunidad de comprobar el excelente estado de nuestras relaciones diplomáticas, así como la necesidad de emprender un mayor esfuerzo para aprovechar las grandes oportunidades comerciales y de complementación industrial que estas Naciones ofrecen a México. Con Japón acordamos establecer un mecanismo permanente de consulta, impulsar el intercambio en materia de hidrocarburos y fomentar nuevosproyectos de coinversión. Con la República Popular China, sentamos las bases de un sistema de consulta y cooperación en distintos renglones de la actividad productiva, cultural y científica.

A causa de la grave situación económica de los pueblos latinoamericanos y con objeto de analizar las acciones que al respecto es urgente adoptar, México convocó una conferencia extraordinaria de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, donde propusimos una nueva agenda para el desarrollo de la región e insistimos acerca de la imposibilidad de responder, puntual y desahogadamente, a los compromisos generados por la deuda externa, si no se asegura el crecimiento económico, firme y sostenido de los países deudores. Al término de la conferencia, se suscribió la Declaración de México, que recoge las grandes inquietudes de nuestras naciones y.señala una estrategia regional orientada a superar las dificultades de nuestras economías.

En el mes de septiembre, acudí al cuadragésimo primer período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas. En esa oportunidad, manifesté, en nombre de México, que ante las transgresiones a las normas del derecho y el uso de la fuerza, que amenazan la paz mundial y vulneran la soberanía de las naciones, nuestro país insiste en una política en favor del desarme y del fin de la carrera armamentista, así como en la negociación diplomática de los conflictos conforme al derecho internacional. Afirmé también que los Estados no nucleares compartimos la responsabilidad de preservar la vida humana y no podemos mantenernos al margen de los peligros que se ciernen sobre la seguridad y el desarrollo de los pueblos del mundo.

En noviembre, durante la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, México reafirmó : su compromiso inalterable con ese importante foro. Señalamos la necesidad de impulsar su modernización mediante el pleno respaldo al proceso de reformas que desembocó en el Protocolo de Cartagena. Subrayamos que es necesario adecuar la OEA a los requerimientos actuales de América Latina y que se constituya en un vínculo efectivo de comunicación y colaboración entre nuestros países y los Estados Unidos de Norteamérica.

2. GRANDES LINEAS DE ESTRATEGIA

2.1 Reconstrucción nacional

Sociedad y Gobierno hemos respondido con eficacia al reto que nos plantearon los terremotos de hace casi dos años.

Tuvimos que reordenar las prioridades para atender con eficacia las tareas de emergencia y, posteriormente, emprender la reconstrucción con un sentido modernizador. Era necesario reconstruir y renovar simultáneamente con mayor fuerza la descentralización de la vida nacional. El trabajo de reconstrucción fue conducido en forma democrática y concertada. Se llevó a cabo con la participación activa de los afectados y con la representación de las organizaciones más dinámicas de la sociedad.

Se crearon ramos especiales dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para identificar los recursos fiscales canalizados a la reconstrucción y los destinados a apoyar el proceso de descentralización. Dichos recursos ascendieron en 1986 a 340 mil 438 millones de pesos, y a 485 mil millones en 1987. Se realizaron adecuaciones tributarias de carácter temporal que permitieron captar ingresos adicionales por aproximadamente 240 mil millones de pesos. Para administrar con transparencia las donaciones de origen nacional e internacional, se creó el Fondo Nacional de Reconstrucción, el cual manejó recursos por aproximadamente 48 mil millones de pesos y 15 millones de dólares.

Del uso y aplicación de estos recursos hemos informado puntualmente a este H. Congreso y a la opinión pública.

El Gobierno dio prioridad a la construcción de viviendas para las clases populares. El Programa de Renovación Habitacional Popular fue el más importante. En un lapso de 17 meses se construyeron más de 48 mil 800 viviendas, con lo cual se favoreció a un núcleo de población superior a 200 mil habitantes en el Distrito Federal. Este programa ha merecido el reconocimiento mundial con el Premio Internacional de Urbanismo.

También fue concluido el Programa Emergente de Vivienda Fase I, que brindó atención tanto a los derechohabientes del INFONAVIT y el FOVISSSTE, como a la población damnificada no derechohabiente. Dicho programa benefició a un total de 16 mil familias. Hemos continuado el Programa de Reconstrucción Democrática de Tlatelolco, así como el Programa Emergente de Vivienda Fase II, mediante el cual se financia a grupos organizados de inquilinos que decidieron reparar sus inmuebles dañados y adquirirlos en propiedad. .

En el sur de Jalisco concluyeron, en el mes de junio, las obras de reconstrucción, que beneficiaron a más de 3 mil familias damnificadas.

La acción conjunta de la sociedad y el Estado ha permitido atender alrededor de 500 mil personas que vieron afectadas sus viviendas.

En el sector educativo, como consecuencia de los terremotos, 300 mil alumnos tuvieron que suspender temporalmente su instrucción. Reparamos y reconstruimos poqo más de 2 mil 200 edificios escolares en las zonas afectadas. Aprovechamos la necesidad de atender los daños causados a la red hospitalaria, para acelerar la descentralización en el sector salud. En el área metropolitana de la ciudad de México, la Secretaría de Salud rehabilitó 8 hospitales y construyó 5 nuevos de segundo y tercer nivel, mientras el Departamento del Distrito Federal amplió 8 hospitales. El Centro Médico Nacional se encuentra en una etapa de remodelación y descentralización que comprende 5 hospitales generales construidos en la zona limítrofe con el Estado de México y las obras de 5 Centros Médicos Regionales en León, Puebla, Veracruz, Ciudad Obregón y Mérida. .

El Gobierno de la República reconoce que gracias al esfuerzo de todos Ios grupos sociales damnificados, trabajadores, profesionales, constructores, empresarios, servidores públicos y un gran número de organizaciones sociales ha sido posible cumplir con la meta que nos propusimos de reconstruir y renovar.

2.2 Cambio estructural

La crisis, cuyos efectos todavía padecemos, tiene en gran medida sus orígenes en factores estructurales. Desde diciembre de 1982, identificamos sus causas principales: insuficiencia de ahorro interno, falta de competitividad del aparato productivo nacional y desequilibrios en nuestro patrón de desarrollo entre agricultura, industria y comercio, así como entre el campo y la ciudad y entre el centro del país y el interior de la República. En forma creciente, hemos otorgado prioridad al cambio estructural para combatir dichos fenómenos y sanear y fortalecer las bases mismas de,nuestra economía, para sentar sobre ellas un desarrollo sostenido, más eficaz y más justo..

El esfuerzo de renovación y cambio ha abarcado los distintos ámbitos de la vida económica, y se concentra en tres áreas fundamentales, que son la desincorporación de entidades públicas no estratégicas ni prioritarias, la reconversión industrial y la racionalización de la protección comercial. Los avances ya alcanzados, en un terreno en donde los resultados suelen madurar gradualmente, muestran la continuidad y la perseverancia con que se han conducido las acciones de cambio.

Hemos introducido transformaciones de fondo para avanzar decididamente en el saneamiento de las finanzas públicas. Adoptamos una amplia reforma fiscal que induce a un menor endeudamiento y a una mayor capitalización de las empresas. Revisamos la estructura de los precios y tarifas de los bienes y servicios que suministra el sector público para reconocer costos sin. traspasar ineficiencias y promover una mejor asignación de recursos. Hemos mantenido la disciplina presupuestaria y reorientado el gasto público de acuerdo con las nuevas prioridades del desarrollo del país.

El Estado mantiene el control directo de las actividades señaladas por la Constitución como estratégicas o definidas como prioritarias en nuestras leyes, planes y programas. A partir de esta tesis, hemos llevado a cabo un amplio proceso de reestructuración del sector público mediante la liquidación, venta, fusión o transferencia a los Gobiernos estatales y municipales de entidades no estratégicas ni prioritarias. De esta manera, el sector público se retira totalmente de las ramas automotriz, farmacéutica, petroquímica secundaria y diversas de la industria manufacturera, tales como refrescas embotellados, textiles y enseres domésticos. Asimismo, disminuimos en forma significativa nuestra participación en la rama turística y recreativa. Hoy, el sector industrial paraestatal participa únicamente en 13 ramas productivas, cuando al inicio de esta Administración lo hacia en 28.

Con el apoyo de los recursos financieros yla capacidad administrativa liberada por el proceso de desincorporación, se ha iniciado la reconversión industrial de las empresas estratégicas y prioritarias para modernizar tecnologías, elevar eficiencia y productividad, abrir nuevas plantas y cerrar otras lineas de producción ya obsoletas. Con ello, se fortalece en forma efectiva, la capacidad de rectoría económica del Estado.

Un aspecto fundamental en el proceso de cambio estructural es la racionalización de la protección comercial. En el pasado, el proceso de sustitución de importaciones contó con una protección excesiva. Actualmente, sin exponer en forma brusca e imprevista la industria nacional a la competencia externa, debemos utilizar en mayor medida la protección que brinda un tipo de cambio adecuado y recurrir a instrumentos comerciales más efectivos, más equitativos y menos discrecionales. Ello permitirá elevar la eficiencia de la planta productiva en beneficio del consumidor y la competitividad de sus exportaciones.

En el transcurso de la presente Administración se han venido sustituyendo los permisos previos de importación por un sistema más ágil, equitativo y eficiente basado en aranceles. En 1982, la totalidad del comercio exterior estaba sujeta a restricciones cuantitativas. A partir de esa situación, iniciamos un proceso de liberalización, empezando por los bienes de uso intermedio y terminando con los de consumo final, para darle a la industria nacional el tiempo requerido por su adaptación. En 1984, se llevó a cabo la primera etapa, en la cual se eximió de permiso previo a 2 mil 844 fracciones de la Tarifa del Impuesto General a las Importaciones; en mayo de 1986, el número de fracciones liberadas llegó a 7 mil 306. Posteriormente, en julio del presente año, las fracciones aún sujetas a permiso previo eran únicamente 427 de un total de 8 mil 310; dicha cifra representa cerca del 30 por ciento de las importaciones totales del primer bimestre del año.

Mediante el Programa de Desgravación Arancelaria, se redujo a la fecha el nivel arancelario a un rango de 0 a 40 por ciento, lo que se compara con el rango de 0 a 100 por ciento que existía en 1983. Como parte del proceso de racionalización de la protección, se han venido sustituyendo los precios oficiales de importación, como base del cálculo de los aranceles, por el régimen de valoración aduanera, y se ha implantado un marco legal actualizado y un aparato administrativo ágil para defendernos de prácticas desleales de comercio. Como estaba anunciado, aunque con unos meses de anticipación, ante las nuevas condiciones del sector externo, eI 20 de julio se. suprimieron los precios oficiales restantes, con excepción de 53. La ratificación del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio y de cuatro de los códigos de conducta asociados da continuidad y seguridad al proceso de apertura..

2.3 Descentralización de la vida nacional

Al inicio de mi Administración nos propusimos atender uno de los reclamos más sentidos de la sociedad: la descentralización de la vida nacional. Era impostergable orientar nuestro esfuerzo a la modificación de las tendencias centralizadoras. Su permanencia produce ineficiencia_y desigualdad, inhibe el potencial de trabajo que tiene México en sus Estados y, . en última instancia, distorsiona nuestra vida democrática. Esta estrategia de cambio estructural, desde su misma concepción, tuvo en la descentralizaciónuno de sus principales instrumentos de transformación política, económica y social.

Esta política nos ha permitido favorecer el desarrollo integral de los Estados, fortalecer a los municipios y reordenar la actividad en el territorio nacional. Con base en ella, trabajamos para vencer desequilibrios, esparcir. el desarrollo por toda la República y crear en las regiones mejores opciones de vida y bienestar para los mexicanos. Hoy, luego de casi cinco años de perseverantes esfuerzos, mediante la participación conjunta de sociedad y Gobierno; podemos apreciar lo mucho que hemos avanzado. La descentralización ya no sólo constituye un objetivo político; como programa de Gobierno es, ante todo, pauta que caracteriza y define el desarrollo contemporáneo de México.

La centralización dejó de ser la tendencia predominante de la Nación. La capital del país ya no es el único centro de decisiones.. En la actualidad, observamos que la actividad económica en las ciudades medias, que se han impulsado en todo el territorio nacional, es más alta que la registrada en los grandes centros urbanos. La política regionales hoy apoyo y. expresión de una República más equilibrada, de un federalismo renovado y de una relación más equitativa entre Federación, Estados y municipios.

La coordinación intergubernamental es el elemento más importante de la políticá regional del Gobierno Federal y, en consecuencia, de la propia descentralización. Gracias a ella, hemospodido hacer compatibles los objetivos del desarrollo regional y estatal con las prioridades nacionales; hamos logrado complementar adecuadamente las acciones de los tres niveles de Gobierno; dar un uso más eficaz a los recursos, y propiciar la participación creciente , de los grupos sociales en las decisiones que los afectan. Ha sido preciso descentralizar decisiones y actividades a las entidades federativas; las instituciones públicas tienen ahora mayor capacidad para dar respuestas oportunas y eficaces a las demandas de las distintas comunidades.

Desde un principio, la coordinación entre los niveles de Gobierno se ha apoyado en un marco jurídico y administrativo que sustenta y da congruencia al proceso de planeación regional y estatal. En ese sentido, al igual que en los años anteriores, en 1987 se renovaron los 31 Convenios Unicos de Desarrollo. Las materias objeto de los convenios se han ido enriqueciendo en forma importante y han dado. origen a nuevos programas de cooperación entre la Federación y los Estados. Cabe destacar los programas de política de población; de comunicación social; de cooperación electoral; de promoción de justicia y seguridad pública; de descentralización educativa y de instalaciones de bibliotecas en cada municipio; de descentralización de salud para poder brindar servicio a la población más desprotegida; de fomento agropecuario y pesquero; de coordinación fiscal; de crédito y financiamiento de mejoramiento ambiental; de desarrollo urbano y vivienda; de comunicaciones y transportes; de apoyo para el mantenimiento de obras y servicios públicos; de apoyo a la descentralización de los Estados hacia los municipios, así como también de apoyo a sistemas de control y evaluación y simplificación administrativa. Estos convenios constituyen la vertiente de coordinación del Sistema Nacional de Planeación. En esta ocasión, mediante la revisión de estos instrumentos, fue posible ampliar las bases de coordinación y vinculación entre las inversiones federal y estatal, ya que las dependencias federales informaron a Ios ejecutivos estatales de sus programas y acciones de alcance local. Esto ha permitido superar el antiguo esquema centralizado, accediendo así a una concepción participativa del desarrollo regional. De esta manera, se ha mejorado la asignación del gastó regional, que busca una creciente descentralización de la programación, ejecución, control y evaluación de las inversiones hacia los propios Estados y de éstos hacia los municipios. Cabe señalar que muchos de nuestros ayuntamientos ya han revisado y modernizado sus estructuras administrativas, lo que: les ha permitido mejorar la prestación de servicios básicos a la comunidad y ejecutar eficientemente proyectos y obras. Hemos renovado las relaciones entre la Federación y los Estados.

Como resultado de este proceso de coordinación, se tiene que en el último lustro, un 80 por ciento de la inversión pública federal, se ha ejercido en los Estados y municipios. Además, las participaciones fiscales de ingresos federales representan el 80 por ciento de los ingresos actuales de los Gobiernos estatales. Asimismo, durante la presente Administración, el 56 por ciento del total de recursos convenidos ge ha destinado a proyectos para ampliar la cobertura de los servicios sociales, el 26 por ciento a obras de infraestructura básica y el 18 por ciento a proyectos productivos.

Parte esencial de los convenios ha sido la definición de los programas de desarrollo regional, de empleo y de coordinación especial que se ejecutan en las entidades federativas. Al igual que en los años anteriores, durante 1987 estos programas fueron diseñados a partir de una clara orientación social. En todos los casos se propició la construcción de escuelas primarias, caminos y clínicas rurales, viviendas populares, hospitales, sistemas de agua potable y alcantarillado, así como la electrificación de poblados. Adicionalmente y como una forma de complementar la política de empleo, se apoyaron programas para la incorporación a estas labores de mujeres y jóvenes, así como de pasantes de instituciones de educación superior.

La reordenación de la actividad económica en todo el territorio y el desarrollo estatal integral son objetivos que nos propusimos para avanzar en el desarrollo regional. El Gobierno Federal, por medio de sus dependencias y en coordinación con los Gobiernos estatales, definió las regiones de Mar de Cortés, Frontera Norte, Sureste, Centro y Zona Metropolitana del Distrito Federal y Zonas Aridas como las áreas geográficas de mayor prioridad. En esas regiones estratégicas, la acción combinada de la Federación y de los Estados ha permitido aprovechar más eficazmente sus potencialidades productivas; crear mejores condiciones para su desarrollo, y vincularlas más eficientemente a los mercados del resto del país.

Este año, en los Estados de la región del Mar de Cortés se realizaron acciones para consolidar la infraestructura hidráulica y mantener la dinámica de las actividades agropecuarias, pesqueras y turísticas, de gran importancia . en la captación de divisas; se ha apoyado el sistema de enlaces para mejorar la integración del territorio continental con la península de Bajá California.

En los últimos años, la frontera norte no sólo ha recuperado, sino también renovado su tradicional confianza y vitalidad. Al diversificar su actividad económica, por medio de programas agropecuarios y de fomento, y mediante el establecimiento de empresas maquiladóras y nuevas industrias, se ha abatido el desempleo y la franja fronteriza muestra un pujante crecimiento económico. Ello ha permitido hacer menos vulnerable su patrón de desarrollo y, por lo tanto, fortificar su carácter de valladar en la soberanía nacional. Estamos orgullosos de la mexicanidad de nuestra frontera norte.

El dinámico ímpetu de la: economía en la franja fronteriza ha puesto en relieve su insuficiente infraestructura para el desarrollo industrial, a la vez que ha generado un flujo creciente sobre la oferta de servicios urbanos. Por ello, he ordenado la preparación de un paquete de medidas financieras, fiscales, y comerciales, así como de inversión productiva y de servicios, para fortalecer la industria nacional en la zona y compensar los rezagos, en materia social. Apoyaremos decididamente el desarrollo sano, firme y sostenido de esta promisoria región.

Para impulsar la descentralización industrial de la zona metropolitana de la ciudad de México y favorecer, el desarrollo de nuevos mercados regionales, se ha promovido en los Estados del centro del país la construcción de obras de infraestructura urbana y la ampliación del sistema de comunicaciones y transportes. .

Los programas de desarrollo en las entidades federativas de la región sureste han sido una prioridad de mi Gobierno. Hemos trabajado intensamente para cambiar su patrón de desarrollo, por medio de la aplicación de políticas de mayor justicia social, basadas en el mejor aprovechamiento de su potencial productivo. Ello ha permitido incrementar la cobertura de los servicios de salud, educación, abasto y vivienda en amplios sectores de la población rural y urbana, avanzar en la diversificación e incorporación de amplias zonas dél trópico húmedo a la producción agropecuaria y mejorar el sistema de enlaces regionales.

Con el fin de integrar las zonas áridas al desarrollo productivo nacional y de explotar de mejor manera sus recursos, hemos impulsado proyectos que propician un mejor aprovechamiento del agua, mediante la construcción de obras hidráulicas y la aplicación de tecnologías, agrícolas y ganaderas. Asimismo, hemos puesto en marcha políticas orientadas a modernizar la actividad minera de estas zonas.

El Gobierno ha hecho acopio de todas sus facultades e instrumentos para propiciar una distribución más equilibrada y equitativa del desarrollo a lo largo y ancho del territorio nacional, y sentar así bases para una sociedad más justa e igualitaria. Con este propósito, durante 1987, se canalizaron importantes recursos. financieros y de inversión, y no sólo a las regiones prioritarias. Además, se continúa con la promoción para descentralizar y desconcentrar la Administración Pública Federal.

El Gobierno de la República apoya con recursos financieros la consolidación de parques industriales en varios Estados e impulsa la conformación de ciudades medias, al dotarlas de infraestructura y equipamiento urbano, para que puedan descentralizarse hacia ellas actividades productivas y de servicios, y se constituyan en polos de desarrollo.

La descentralización administrativa puesta en marcha en enero de 1985 continúa impulsándose mediante la transferencia de áreas operativas y de servicios a los Gobiernos de los Estados. Cumplimos recientemente con la descentralización de los servicios de educación básica y normal a las 31 entidades del país, con la colaboración de los Gobiernos estatales y del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación, quienes son protagonistas y puntales en este proceso.

La descentralización de los servicios de salud a población abierta es un planteamiento nacional dirigido al cambio estructural. Se ha consolidado la descentralización orgánica y de operación a12 Estados de la República, con lo que se alcanza ya una cobertura del 87 por ciento de la población abierta y se eleva la eficiencia de los servicios. En las entidades federativas en las que aún no se procede a la transferencia de estos servicios se han realizado ya acciones de desconcentración funcional y administrativa, y se ha impulsado un programa de modernización.

Otras secciones importantes en materia de descentralización de dependencias federales han permitido que en 13 entidades se administren y ejecuten los Programas de las Juntas Locales de Caminos. También, el Gobierno Federal ha transferido 36 empresas y fideicomisos a 23 Gobiernos estatales.

La desconcentración de facultades y decisiones a las representaciones federales se ha visto impulsada con el establecimiento del centro regional de decisión en Monterrey, en donde participaron 12 Secretarías de Estado, la Procuraduría General de la República y dos entidades paraestatales. En su conjunto, estas dependencias delegaron 245 funciones a sus representaciones establecidas en esa ciudad, con el mismo modelo del centro regional establecido previamente en Guadalajara.

Fueron reubicadas, en distintos Estados de la República, 13 empresas del Gobierno Federal y, adicionalmente, han sido llevadas fuera del área metropolitana, 20 unidades administrativas del sector público central. En breve, se dará inicio al traslado de otras 11 paraestatales. Por medio. de la descentralización de la cultura, se extienden a las zonas marginadas del país los beneficios del desarrollo educativo y se fortalece la identidad de nuestras regiones.

Mi Gobierno ha de seguir atento a las demandas, tanto de la sociedad, como de los Gobiernos de los. Estados, para descentralizar. Reitero mi convocatoria.a toda la sociedad para que juntos establezcamos los rumbos más idóneos de la descentralización, para avanzar en forma decidida en los cambios estructurales que nos demandan las actuales circunstancias y fincar, de esta manera, los pilafes de la modernización que reclama el país.

3. POLITICA ECONOMICA 3.1

Situación económica interna

El año de 1986 fue el de mayores amenazas económicas. Desde su inicio, se reconoció que la aplicación de la política prevista se vería dificultada por la fragilidad del mercado petrolero. Se estimó que el precio internacional promedio del crudo durante el año sería de 23 dólares por barril, casi 10 por ciento inferior al de 1985. Tal estimación razonable según los elementos de juicio con que entonces se contaba no se sostuvo. El precio promedio del crudo mexicano en 1986 se situó abajo de los 12 dólares por barril.

La caída de nuestros ingresos petroleros tuvo efectos decisivos sobre la economía. Agudiió en forma extraordinaria las dificultades que se habían venido padeciendo en años recientes en materia de balanza de pagos y de finanzas públicas, pues las exportaciones de petróleo y sus derivados. habían constituido aproximadamente la mitad de los ingresos en. cuenta corriente y más del 20 por ciento de los ingresos totales_ del sector público. La sola disminución del valor de las ventas petroleras en 1986 representó más del 6 por ciento del producto interno de ese año.

Ante tales circunstancias, resultaba indispensable realizar una gran adecuación táctica de la política económica. El 21 de febrero de 1986, en mensaje a la Nación, expuse la necesidad de buscar en el ámbito interno márgenes adicionales de acción para contener el gasto público, aumentar los ingresos, otorgar con selectividad el crédito, acelerar el deslizamiento cambiario para promover las exportaciones no petroleras y el turismo, y defender así las reservas internacionales del país. Señalé la conveniencia de profundizar en la política de cambio estructural, en la racionalización del quehacer del sector público y en la proteccióncomercial a la actividad de los particulares.

Afirmé también la imposibilidad de absorber la pérdida de ingresos petroleros a costa de una recesión profunda y duradera y, por lo tanto, la necesidad de replantear los términos de contratación de la deuda externa, bajo el principió de corresponsabilidad de acreedores y deudores.. A mediados de año, precisamos en el Programa de Aliento y Crecimiento nuestros objetivos económicos más allá de la etapa de contención. La negociación con la comunidad financiera internacional se revisó y, a partir de entonces, se condujo sobre esas bases; conseguimos plazos, tasas y créditos congruentes con .la puesta en marcha del programa anunciado:

Las medidas adoptadas en 1986 impidieron una verdadera fractura de la economía. El producto interno cayó 3.8 por ciento, contracción sin duda significativa, pero que demuestra la efectividad del ajuste ordenado que se llevó a cabo si se compara con la magnitud de la pérdida petrolera. Esta situación se agravó por el deterioro de los precios de las demás materias primas, la nula disponibilidad de crédito externo por parte del sector público y las amortizaciones de deuda privada.

La inflación subió a 105 por ciento, como resultado de la presión de los costos; el deslizamiento cambiario conrespecto al dólar controlado con que se enfrentó la escasez de divisas llegó a 148 por ciento; las tasas de interés subieron 23 puntos en el año, como consecuencia de la menor disponibilidad de recursos; a su vez, el alza en el costo del dinero encareció el servicio de la deuda pública interna y elevó el déficit financiero, lo que contribuyó al aumento de las presiones inflacionarias que todavía padecemos.

Estas medidas tuvieron también efectos positivos. La mayor competitividad del tipo de cambio y la mayor apertura comercial impulsaron las exportaciones no petroleras, que alcanzaron un nivel sin precedente de cerca de 10 mil millones de dólares. El ahorro financiero empezó a recuperarse a partir de septiembre pasado y, al cierre del año de mayor adversidad externa, las reservas internacionales del país mostraban una acumulación importante.

En los primeros siete meses del presente año, el panorama económico ha sido más alentador. Se ha iniciado ya una recuperación gradual. La producción del sector manufacturero pasó de una variación anual de menos 5.6 por ciento en el primer bimestre del año a una variación positiva de 4.2. por ciento en junio. Según las encuestas de opinión del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, el 84 por ciento de las empresas prevén que, en el trimestre de julio a septiembre, su producción aumentará o se mantendrá igual, en relación al trimestre precedente, el 89 por ciento esperan que el volumen de ventas sea igual o mayor y el 74 por ciento tenía la expectativa de mantener o reducir sus inventarios en dicho período. Las ventas aumentaron 5.4 por ciento en mayo y 14.3 por ciento en junio y los inventarios se han reducido, Io que apunta a una mayor recuperación de la producción en el futuro. En el mes de junios el consumo de electricidad creció 10 por ciento a tasa anual, las llamadas telefónicas de larga distancia 8.8 por ciento y el número de asegurados permanentes al IMSS 3.8 por ciento.

Se obsérva así una recuperación gradual impulsada por cuatro motores: las exportaciones no petroleras; el fortalecimiento del mercado interno, producto tanto de la sustitución de importaciones, como del aumento relativo del empleo y de los salarios contractuales; nuevas oportunidades de inversión para las empresas privadas, y una reactivación selectiva de. la inversión pública.

En materia de finanzas públicas, en el período enerojunio, se observó antes del pago de intereses, un superávit de 5.7 billones de pesos, que representa alrededor del 8 por ciento del producto interno semestral. Nunca habíamos generado un superávit operacional de esa magnitud. El gasto en bienes y servicios no financieros cayó 6 por ciento en términos reales. A pesar del comportamiento, todavía poco favorable, de los ingresos petroleros, se aprecia un crecimiento real significativo de los dos rubros en donde se concentró la reforma fiscal: los pagos provisionales del impuesto sobre la renta de las empresas y el IVA recaudado por las tesorerías :estatales. Estos datos ilustran la magnitud del esfuerzo de saneamiento fiscal realizado.

El déficit financiero global se situó én 9.8 billones de pesos en el período enerojunio, debido al peso del pago de intereses sobre la deuda pública interna provocado por los niveles actuales de inflación.

El ahorro financiero ha venido creciendo en términos reales en lo que va del año, y se registra una tasa anual de más de 12 por ciento en junio. A partir del mes de marzo, y por primera vez en más de 18 meses, se observó un crecimiento positivo de la captación bancaria. La importante entrada de capitales del exterior explica en parte el dinamismo de la intermediación financiera, tanto en el sector bancario como en el mercado de valores. Este incremento no sólo ha sido suficiente para cubrir los requerimientos totales de la economía, sino que ha permitido financiar un considerable aumento de las reservas internacionales. El crecimiento del ahorro se ha reflejado en una moderada reducción de las tasas de interés, especialmente la aplicable al crédito que la banca concede a empresas y particulares. Las tasas de interés, desde su nivel más alto en septiembre de 1986, se han reducido en más de 7 puntos porcentuales. Como consecuencia de ello, a partir de ábril se ha iniciado una sensible recuperación de los flujos de financiamiento al sector productivo.

En lo que toca al sector externo, las exportaciones no petroleras han mantenido un gran dinamismo a lo largo del primer semestre, y han crecido 26 por ciento con respecto al mismo período del año anterior; en particular, las exportaciones de manufacturas aumentaron 46 por ciento y han alcanzado un ritmo de 800 millones de dólares al mes. El precio de exportación del petróleo ha repuntado, y se situó en 16 dólares por barril en el primer semestre. No obstante una recuperación gradual de las importaciones del sector privado, el superávit comercial alcanzó 4,760 millones de dólares y la cuenta corriente 3,122 millones de dólares en el primer semestre. Como resultado conjunto de esta evolución y de un comportamiento favorable de la cuenta de capital público y privado, las reservas monetarias del Banco de México alcanzaron al día de ayer 14 mil 597 millones de dólares, cifra que supera en más de diez mil millones de dólares a la reportada en el informe anterior.

No obstante lo alentador del panorama general, la inflación permanece a niveles demasiado altos. Su naturaleza ha ido cambiando conforme se han modificado las características de la crisis y se ha avanzado en la aplicación de la política económica. A finales de 1982, vivimos una inflación derivada de un exceso de demanda . El déficit público requería de emisión de dinero para su financiamiento y el gasto privado presionaba la capacidad de producción y la balanza de pagos. Era entonces necesario adecuar la demanda global a la economía. Las primeras medidas aplicadas con ese fin lograron abatir la inflación anual de 120 a principios de 1983 a 80 por ciento al cierre de ese año; y alrededor de 60 por ciento en 19841985.

Al sobrevenir, a principios de 1986, el desplome petrolero y al interrumpirse el financiamiento externo, la inflación repuntó debido a la presión de los costos, producto, a su vez, del tipo de cambio y las tasas de interés. Hoy, no existe exceso de demanda ni choque de oferta. Sin embargo, la inflación permanece alta, aunque estable, en gran medida por factores de inercia. Una vez alcanzada una tasa mensual del orden de 7.5 por ciento, ésta tiende a mantenerse al mismo nivel debido a la dinámica de los costos y las expectativas que incorpora la inflación pasada.

Dada su naturaleza actual, no constituyen soluciones adecuadas para reducir la inflación, contraer los niveles de demanda; reprimir ajustes a los precios y tarifas del sector público, o manipular artificialmente a la baja el desliz cambiarlo o las tasas de interés. Debemos abatir conjuntamente las presiones inflacionarias, sostener una reactivación económica moderada y elevar la competitividad del aparato productivo. Para ello, habremos de seguir apo' yándonos, con la intensidad que la realidad . aconiseje, en el control fiscal, en precios y tarifas realistas, en una política monetaria y cambiaria flexible, congruente con el equilibrio básico de los mercados financieros, y en una mayor apertura comercial. Esta es la política que anunciamos desde noviembre del año pasado. Unicamente se ha adecuado su ritmo e intensidad a las circunstancias. No cambiaremos la estrategia en marcha.

Las metas quenos hemos propuesto, tanto en materia de crecimiento como de inflación, son moderadas, porque sabemos que, en las condiciones actuales, sólo cambios graduales habrán de ser firmes y permitirán avances duraderos. Sería inconveniente ser presa de la impaciencia y .forzar resultados que deben mantener equilibrio entre sí y tienen un orden natural de encadenamiento en el tiempo. Intentarlo provocaría, tarde o temprano, retroceso productivo y frustración social. Un Gobierno responsable rechaza un manejo de la economía que sólo busque logros y avances aparentes en el período de su mandato; el horizonte de su trabajo lo fija la exigencia de mejorar en forma sostenida los niveles de bienestar de las mayorías en el mediano y largo plazos.

La aplicación constante y coordinada de la política en marcha nos permitirá alcanzar, para el período 19871988, los objetivos fijados en el Programa de Miento y Crecimiento. La estrategia de renovación y de cambio estructural aplicada en el ámbito económico está ya rindiendo frutos, al sentar bases mas sanas y más sólidas para impulsar un desarrollo equilibrado y más equitativo.

3.2 Política de gasto

Durante estos últimos años, la política de gasto público ha sido objeto de cambios importantes que han contribuido al proceso de renovación nacional. Se ha enmarcado estrictamente en los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo y ha apoyado la ejecución de sus dos vertientes estratégicas, la reordenación económica y el cambio estructural.

El control y la disciplina con que se ha ejercido el presupuesto pueden evaluarse al observar la evolución del gasto programable del sector presupuestario, es decir, del gasto en bienes y servicios no financieros del Gobierno Federal y de los organismos y empresas sujetos a su control directo. De 1982 a 1986, dicho gasto cayó 6 puntos porcentuales del producto nacional y 22.7 por ciento en términos reales. En los primeros seis meses del año, se observa una caída adicional de 9 por ciento real con relación al primer semestre de 1986. Estas cifras. tienen pocos puntos de comparación en nuestro pasado o en la experiencia internacional. A pesar de la escasez de recursos, se ha logrado abrir espacio para la atención de las prioridades económicas y las necesidades sociales básicas.

Para que la reducción del gasto sea duradera y congruente con las nuevas prioridades del desarrollo, se ha buscado qüe descanse sobre medidas de cambio estructural. De 1982 a 1986, el gasto corriente del sector presupuestario se ha reducido en 2.7 puntos porcentuales del producto o 20 por ciento en términos reales. Dos medidas han contribuido a ello: la contención del crecimiento del número global de trabajadores del sector público y la racionalización de las transferencias y los subsidios.

En el Gobierno Federal, el número global de plazas se mantiene constante desde 1985, a pesar de haber crecido en los sectores prioritarios de educación, salud; impartición de justicia y seguridad nacional; esto ha sido posible al reducir el número de empleados en las otras dependencias. En los organismos y empresas paraestatales, se ha realizado un esfuerzo similar de racionalización de estructuras, funciones y modalidades de operación. El rubro de gasto que ha experimentado el mayor ajuste es el de las transferencias, con un 45 por ciento en términos reales. Se han eliminado todos los subsidios que no llegaban con efectividad a su destino final y sólo se mantienen los que apoyan el consumo de alimentos básicos de los grupos menos favorecidos y la actividad productiva de los campesinos. Hemos renovado la política de gasto público.

Actualmente, el gasto en bienes y servicios no financieros del sector presupuestario representa alrededor de 22 por ciento del producto interno. De . este total, 6 por ciento corresponde a servicios personales, 9 a otros gastos de operación, 3 a transferencias y poco menos de 5 por ciento a inversión. Cabe destacar que los gastos de operación de los organismos y empresas, el rubro de mayor peso en el presupuesto, está asociado a la adquisición de los insumos, los necesarios para sostener las ventas del sector paraestatal. Asimismo, conviene recordar que más de la mitad de las transferencias canalizadas a las entidades de control indirecto beneficiaron a las instituciones de educación media y superior, a entidades que apoyan la producción agropecuaria, el transporte colectivo y el desarrollo regional, lo que evidencia su clara orientación social.

Después de casi cinco años de ajuste presupuestario, no existen posibilidades de reducir indiscriminadamente el gasto. Existen sin duda áreas en las cuales es necesario seguir elevando productividad y eficiencia. Lo seguiremos haciendo. Este ejercicio es en esencia selectivo y sólo se lleva a cabo en forma gradual, como parte de la estrategia de cambio estructural, en.un marco de estricta disciplina en el ejercicio del presupuesto.

3.3 Empresa pública

La erfipresa pública constituye un instrumento muy. importante para fortalecer el papel rector del Estado en nuestro régimen de economía mixta y coadyuvar a la consecución de los objetivos nacionales. Desde el principio de esta Administración, se inició una labor para racionalizar y fortalecer al sector paraestatal. No se trata de privatizar empresas públicas fundamentales. Como parte del proceso de renovación en marcha constituye un amplio esfuerzo de reestructuración del sector económico del Estado encaminado a revisar sus modalidades de operación, de acuerdo con las responsabilidades marcadas por la ley y las necesidades actuales de promoción del desarrollo económico y social del país. Hemos renovado el marco de acción del sector público y estamos reforzando sus entidades estratégicas y prioritarias.

La desincorporación de entidades paraestatales tiene como marco el ámbito de acción fijado explícitamente por la Constitución y las leyes, así como por las prioridades del desarrollo. El Estado no se desprenderá de empresas estratégicas ni de aquellas entidades que tengan fines de asistencia y seguridad social, como son los organismos de vivienda, educación, abasto, salud y previsión social. En este contexto, se ha llevado a cabo un importante proceso de desincorporación de entidades paraestatales; éste se ha consolidado mediante la operación de cuatro mecanismos: de liquidación, fusión, transferencia a los Gobiernos locales y enajenación a los sectores social y privado.

La reconversión industrial en el ámbito público se orienta a fortalecer el sector estratégico del Estado, modernizar la economía, ampliar la generación de empleos y elevar los niveles de bienestar de las mayorías. Reconocemos que puede haber, en el corto plazo, competencia entre los distintos objetivos; pero sólo con una economía dinámica, productiva e integrada, podremos lograr desarrollo y bienestar. Hemos definido los sectores sujetos a reconversión, precisado Ios programas correspondientes, concertado acciones con los grupos sociales involucrados, en particular con los trabajadores, y estamos hoy empeñados en su ejecución.

Como parte de su proyecto de reestructuración, el sector siderúrgico continuó con la desincorporación de entidades no vinculadas directamente a la producción acerera. De esta forma, sólo quedan integradas a SIDERMEX, como entidad controladora, AHMSA, SICARTSA y 35 empresas mas en forma asociada. En éstas; se están llevando a cabo acciones para fortalecer sus capacidades de operación. Por otra parte, se reinició el proyecto SICARTSA II, estimándoseque para 1988 estarán en operación las plantas de reducción directa, acería eléctrica y colado continuo, con las que se podrá producir fierro esponja y sus derivados. Dentro del programa de reconversión de la industria azucarera, destacan el cierre de los ingenios Nueva Zelanda y Libertad, debido a lo incosteable de su operación, la venta o transferencia de otros ingenios y el fortalecimiento de aquellos productivos, con lo que se ha podido obtener por quinto año consecutivo una zafra récord de 3 millones 750 mil toneladas, que permite abastecer la demanda interna y exportar excedentes por 500 mil toneladas, es decir, más de 100 millones de dólares.

En materia de fertilizantes, los programas de modernización se han orientado a resolver los problemas estructurales que afectan su eficiencia operativa. Destacan las acciones para aumentar en 18 por ciento la capacidad productiva en términos de nutrientes. Para este año, se estima alcanzar la autosuficiencia de nitrogenados y fosfatos. Asimismo, con el inicio de operaciones del complejo industrial de Lázaro Cárdenas, Michoacán, será posible incrementar la capacidad instalada de producción en 1.3 millones de toneladas de fertilizantes de alta concentración y en 1.9. millones de toneladas de productos intermedios.

Gracias a la estrategia de reconversión industrial se obtienen ya resultados en cuanto a aumento de eficiencia y productividad. Fuera del servicio de la deuda, las transferencias del presupuesto del Gobierno central al sector industrial paraestatal se han reducido en un 57 por ciento en términos reales de 1982 a 1986.

Como parte de esta estrategia general, destacan las asunciones de pasivos efectuados por él Gobierno Federal por medio de convenios de reordenamiento integral y saneamiento financiero con la CFE, FERRONALES, CONASUPO, SIDERMEX y PROPEMEX, entre los más importantes. En 1986 el Gobierno Federal asumió pasivos por 7.7 billones de pesos, mismos que no implicaron un endeudamiento neto adicional, sino únicamente reclasificación de saldos dentro del sector presupuestario. Las empresas así apoyadas han asumido formalmente compromisos para elevar eficiencia y productividad.

3.4 Financiamiento del desarrollo

Lograr un financiamiento sano del desarrollo, en el cual el ahorro interno desempeñe el papel principal y el externo provea los fondos complementarios indispensables, ha sido objetivo primordial del Gobierno de la República. A ello obedecen las medidas que se han aplicado para elevar el ahorro de los sectores público, privado y social. Ese fue también el propósito de los distintos esfuerzos que realizamos para replantear nuestras relaciones financieras con el resto del mundo.

Las modificaciones a la Ley del Impuesto Sobre la Renta, que entraron en vigor el lo. de enero de 1987, buscan contrarrestar los efectos negativos

que ha tenido la inflación sobre nuestro sistema fiscal y las modalidades de financiamiento de las empresas. Para alentar la inversión productiva e inducir a las empresas a mantener una estructura. financiera más saludable, se adecuó el impuesto que pagan las sociedades mercantiles, ampliando la base gravable, al autorizar únicamente la deducción del componente real de los intereses pagados, y reduciendo las tasas impositivas. Para permitir la adaptación gradual de las; empresas al nuevo marco fiscal, se introdujo la reforma con un período de transición de 4 años. Ello produce inevitablemente situaciones contables o administrativas más complejas, pero el costo económico de un ajuste brusco hubiera sido mayor. Es alentador observar que, en respuesta a los cambios introducidos, muchas empresas han iniciado ya un importante proceso de capitalización.

Respecto a las personas físicas, se busca que el impuesto sea congruente con los ingresos reales para evitar una gravación excesiva. En consecuencia, al igual que en los últimos años; se reestructuró la tarifa correspondiente; la cual sólo contiene ahora 16 estratos. Además, se eliminó la sobretasa de 10 por ciento que se había adoptado para apoyar la reconstrucción y, a partir del próximo año, se reducirá la tasa marginal.

Objetivo fundamental del paquete fiscal vigente es apoyar la descentralización y contribuir a mejorar las finanzas de las entidades federativas. Por ello, se decidió otorgarles el 35 por ciento de la recaudación que exceda un monto preconvenido con la Federación. Estos recursos se sumarán a los canalizados por medio del Fondo de Fomento Municipal, cuyo monto este año duplicará el registrado en 1986. Estas medidas estimularán la participación de los Estados en la administración tributaria federal y fortalecerán las haciendas municipales.

Con el fin de reforzar las modificaciones tributarias desde el punto de vista administrativo, se han introducido numerosos cambios que simplifican nuestro sistema fiscal y que recogen las sugerencias expresadas a lo largo de la consulta realizada al respecto. Hemos emprendido una cruzada nacional contra la evasión. Los contribuyentes debemos entender que si todos participamos, el esfuerzo individual será menor. Hemos renovado el sistema tributario mexicano.

La política de precios y tarifas cumple también un doble propósito, recaudatorio y cambio estructural. Los ajustes a los precios públicos mantienen o elevan los ingresos propios del sector paraestatal, lo que le permite sanear sus finanz