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Selección de textos y documentos:

Doralicia Carmona Dávila

© Derechos Reservados
ISBN 970-95193

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1983 Declaración de Cancún sobre la paz en Centroamérica

17 de Julio de 1983

Ante el agravamiento de los conflictos en la América Central, los jefes de Estado de Colombia, Belisario Betancur; de México, Miguel de la Madrid; de Panamá, Ricardo de la Espriella, y de Venezuela, Luis Herrera Campins, decidimos reunirnos en Cancún, México, hoy 17 de julio de 1983.

Analizamos la crítica situación centroamericana y coincidimos en nuestra profunda preocupación por su rápido deterioro ante una creciente escalada de violencia, el aumento progresivo de las tensiones, los incidentes fronterizos y la amenaza de una conflagración bélica que podría generalizarse. A todo ello se suman la carrera armamentista y la injerencia foránea, para formar un cuadro dramático que afecta la estabilidad política de la región y en el que no logran avanzar ni consolidarse instituciones que respondan al anhelo democrático de libertad, justicia social y desarrollo económico.

Los conflictos de Centroamérica plantean a la comunidad internacional la disyuntiva de apoyar y fortalecer decididamente la vía del entendimiento político, aportando soluciones constructivas, o aceptar pasivamente que se acentúen los factores que podrían conducir a confrontaciones armadas de mayor peligrosidad.

El uso de la fuerza como alternativa de solución no resuelve, sino que agrava las tensiones subyacentes. La paz centroamericana sólo podrá ser una realidad en la medida en que se respeten los principios fundamentales de la convivencia entre las naciones: la no intervención; la autodeterminación; la igualdad soberana de los Estados; la cooperación para el desarrollo económico y social; la solución pacífica de las controversias, así como la expresión libre y auténtica de la voluntad popular.

La creación de condiciones favorables para la paz en la región depende, fundamentalmente, de la actitud y de la genuina disposición para el diálogo por parte de los países centroamericanos, a los que corresponde la responsabilidad primordial y el mayor esfuerzo en la búsqueda de los acuerdos que aseguren la convivencia.

En tal sentido resulta indispensable que la voluntad política de entendimiento, ya manifiesta desde el inicio de la gestión del Grupo de Contadora, se continúe expresando claramente en la prosecución de los esfuerzos de paz a fin de que se traduzca en acciones y compromisos concretos.

Es necesario, además, que otros Estados con intereses y vínculos en la región contribuyan con su influencia política a fortalecer los cauces del entendimiento y se comprometan, sin reservas, en favor de la opción diplomática por la paz.

Los esfuerzos del Grupo de Contadora han hecho posible, hasta ahora, la iniciación de un diálogo con la participación de todos los gobiernos de América Central, el establecimiento de un mecanismo de consultas y la definición, por acuerdo unánime, de un temario que recoge los aspectos más relevantes de la problemática regional.

Estos logros, aunque todavía insuficientes, se han visto estimulados por el apoyo de numerosos países, diversas organizaciones y los más variados grupos de opinión a nivel internacional. Todos coinciden en que la gestión del Grupo de Contadora ha contribuido a moderar los peligros y reducir los riesgos de una confrontación generalizada y su acción ha permitido identificar problemas y causas de un escenario que hoy se expresa en conflicto y temor.

Este generoso respaldo de la comunidad internacional nos compromete a persistir en nuestro empeño y hacer todos los esfuerzos en favor de una causa cuyas nobles finalidades compensan cualquier posible incomprensión.

Animados por el amplio espíritu de solidaridad de nuestros países con los pueblos hermanos de la América Central, creemos necesario acelerar los procesos que traduzcan la voluntad de paz en propuestas que, debidamente desarrolladas, puedan contribuir con eficacia a la solución de los conflictos.

Con tal fin hemos convenido las directrices generales de un programa para ser propuesto a los países centroamericanos que supone, además del estricto cumplimiento de los principios esenciales que rigen las relaciones internacionales, la celebración de acuerdos y compromisos políticos que conduzcan, en el ámbito regional, a un efectivo control de la carrera armamentista; la eliminación de asesores extranjeros; la creación de zonas desmilitarizadas; la proscripción del uso del territorio de unos Estados para desarrollar acciones políticas o militares de desestabilización en otros Estados; ]a erradicación del trasiego y tráfico de armas y la prohibición de otras formas de agresión o injerencia en los asuntos internos de cualesquiera de los países del área.

Para hacer eficaz este programa general, se requiere la concertación de acuerdos estableciendo los compromisos políticos destinados a garantizar la paz regional. Estos acuerdos podrán comprender:

— Compromiso para poner término a toda situación de beligerancia prevaleciente;

— Compromiso para la congelación en el nivel de armamentos ofensivos existentes;

— Compromiso para la iniciación de negociaciones sobre acuerdos de control y reducción en el inventario actual de armamentos, con la constitución de mecanismos adecuados de supervisión;

— Compromiso de proscribir la existencia de instalaciones militares de otros países en su territorio;

— Compromiso de dar aviso previo de movimientos de tropas cercanas a la frontera, cuando estos contingentes rebasen la cuantía definida en el acuerdo;

— Compromiso para efectuar, según el caso, patrullajes fronterizos conjuntos o supervisiones internacionales de fronteras por grupos de observadores seleccionados de común acuerdo por los interesados;

— Compromiso de constituir comisiones mixtas de seguridad, con el objeto de prevenir y, en su caso, resolver incidentes fronterizos;

— Compromiso de establecer mecanismos internos de control para impedir el trasiego de armas desde el territorio de cualquier país de la región hacia territorio de otro;

— Compromiso de promover un clima de distensión y de confianza en el área, evitando declaraciones y otras acciones que pongan en peligro el indispensable clima de confianza política que se requiere;

— Compromiso de coordinar sistemas de comunicación directa entre los gobiernos a fin de prever conflictos armados y de generar una atmósfera de confianza política recíproca.

De la misma manera, consideramos que, en forma simultánea a la ejecución de este programa general, la tarea de zanjar diferencias específicas entre países debe acometerse inicialmente con la suscripción de memoranda de entendimiento y la creación de comisiones mixtas que permitan a las partes desarrollar acciones conjuntas y garantizar el control efectivo de sus territorios, especialmente en las zonas fronterizas.

Estas medidas orientadas a la eliminación de los factores que perturban la paz regional, deben ir acompañadas de un gran esfuerzo interno para fortalecer las instituciones democráticas y garantizar la observancia de los derechos humanos.

En este sentido es necesario perfeccionar los métodos de consulta popular, asegurar el libre acceso de las diversas corrientes de opinión al proceso electoral y promover la plena participación de los ciudadanos en la vida política de su país.

El fortalecimiento de las instituciones políticas democráticas está vinculado estrechamente a la evolución y a los avances que se logren en materia de desarrollo económico y de justicia social. De hecho se trata de dos dimensiones de un mismo proceso que, en definitiva, se orienta hacia la realización de los valores fundamentales del hombre.

Con esta perspectiva debe enfrentarse el atraso económico que está en la raíz de la inestabilidad regional y es causa próxima de muchos de sus conflictos.

Fortalecer los mecanismos de integración, incrementar el comercio intrazonal y aprovechar las posibilidades de cómplementación industrial, son algunas de las acciones más urgentes para neutralizar los efectos de la crisis económica mundial.

Pero el esfuerzo propio debe complementarse con el apoyo de la comunidad internacional, especialmente de los países industrializados, mediante créditos de fomento, programas de cooperación y el acceso de los productos centroamericanos a sus mercados.

Los gobiernos de los países del Grupo de Contadora reiteran su decisión de continuar los programas de cooperación en favor de la subregión y ofrecen su concurso para canalizar el apoyo internacional hacia estos propósitos de reactivación económica.

Con base en estos lineamientos generales, hemos confiado a nuestros ministros de Relaciones Exteriores la elaboración de propuestas específicas que habrán de presentarse a la consideración de los países centroamericanos con motivo de la próxima reunión conjunta de cancilleres.

Hacemos un llamado a todos los miembros de la comunidad internacional, especialmente a los que han manifestado su simpatía con los esfuerzos que realiza el Grupo de Contadora, así como al Secretario General de las Naciones Unidas y al Presidente del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos, para que contribuyan con su experiencia y capacidad diplomáticas en favor de soluciones pacíficas para los problemas centroamericanos.

Por todas estas consideraciones nos hemos dirigido a los mandatarios del continente americano en busca de su necesaria solidaridad.

Los jefes de Estado de Colombia, México, Panamá y Venezuela reafirmamos los propósitos que unen a nuestros gobiernos en esta tarea de ayudar a construir la paz justa y duradera que anhelan los pueblos de América Central.

Dada en Cancún, México, a los diecisiete días del mes de julio de mil novecientos ochenta y tres.

(Fdo.) MIGUEL DE LA MADRID H.,

Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.

(Fdo.) RICARDO DE LA ESPRIELLA

Presidente de la República de Panamá.

BELISARIO BETANCUR,

Presidente de la República de Colombia

LUIS HERRERA CAMPINS,

Presidente de la República de Venezuela.