Nueva Rosita, Coahuila, 27 de abril de 1951.

Hemos regresado a nuestros lugares de origen: Rosita y Cloete, después de más de seis meses de una lucha larga y difícil. La resolución del juez de distrito dictada en el amparo que presentamos contra el arbitraje de la junta, cuando calificó nuestra huelga, antes de que estallara, no hace sino confirmar la serie de actos arbitrarios que se han cometido en nuestra contra. No podíamos esperar en la Ciudad de México el tiempo necesario para que la Suprema Corte dictara el fallo definitivo, por lo que nuestros compañeros determinaron aguardar en el sitio en que están nuestros hogares hasta que se nos haga justicia. En esas circunstancias, consideramos el momento de dejar constancia ante la opinión pública de nuestra conducta y de la conducta de quienes, pudiendo haber obrado legalmente frente a nuestras demandas, han hecho a un lado la ley y nos han condenado a una situación aflictiva.

El día 16 de octubre de 1950 los trabajadores mineros de Nueva Rosita y Cloete salimos a un movimiento de huelga, por acuerdo mayoritario de nuestra asamblea, para reclamar el cumplimiento del contrato colectivo de trabajo, violado por las compañías norteamericanas.

La violación fundamental consistió en el hecho de que las empresas mineras, obedeciendo instrucciones de la Secretaría del Trabajo, desconocieron la personalidad legal de la Sección 14 de la Fracción 1 del sindicato en que estamos agrupados y negaron a estas entidades sindicales facultad para administrar el contrato colectivo de trabajo, con lo que destruyó en la base la resolución normal entre los trabajadores y la empresa.

Las autoridades del Trabajo dieron esa orden a las compañías como represalia porque nosotros nos negamos a reconocer al comité general del sindicato que había sido impuesto por las propias autoridades. Es decir, la Secretaría del Trabajo había previamente interferido y de modo ilegal la libertad de asociación y la independencia sindical.

Después de haber recibido el pliego de peticiones con aviso de huelga y haber ordenado su notificación a las empresas, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, rompiendo todos los precedentes, atentando de manera inaudita contra los preceptos de la Constitución y la Ley Federal del Trabajo, tuvo por no presentado el pliego de huelga y por no hecha la notificación del mismo y mandó archivar el expediente, lo que equivalió a calificar la huelga antes de que estallara.

Con este proceder, las autoridades del Trabajo no sólo atacaron los intereses particulares de los trabajadores de Nueva Rosita y Cloete, sino que lesionaron gravemente los derechos generales de la clase trabajadora y, especialmente, el derecho de huelga.

Desde entonces nos pusimos en pie de lucha, porque tenemos la plena convicción de que nuestra causa es justa y que es preciso defenderla con todos los recursos y por todos los medios lícitos a nuestro alcance.

En la defensa de nuestros derechos e intereses fuimos combatidos por una acción combinada del gobierno federal, de las compañías mineras norteamericanas y de los líderes del sindicato minero, que cuentan con el reconocimiento y el apoyo oficiales.

Esta triple coalición, forjada en la ejecución de actos opuestos al derecho obrero y al derecho constitucional de la República, llevó a cabo la persecución más enconada de que se tiene memoria en México en contra de un núcleo de trabajadores que reclama el respeto a sus derechos fundamentales.

Esta persecución se tradujo en actos vejatorios y opresivos y en atropellos de que fuimos víctimas nosotros, nuestras familias y otros hombres y mujeres del pueblo, que nos prestaron su solidaridad. Nuestros fondos sindicales, parte del fruto legítimo de nuestros esfuerzos, y de los cuales no debe disponer nadie, sino nosotros mismos, fueron retenidos y prácticamente decomisados por las empresas norteamericanas, por orden de la Secretaría del Trabajo. Fuimos desposeídos de nuestra Cooperativa de Consumo y de nuestros locales sindicales. Fuimos privados de la clínica que prestaba atención médica a nosotros y a nuestras familias.

Para reprimir nuestra protesta y aniquilar nuestra huelga, la región donde trabajamos y tenemos nuestros hogares fue ocupada militarmente y se nos sometió prácticamente a la Ley Marcial y a la inquisición policiaca. No sólo se atentó contra el derecho de huelga, sino contra los derechos de reunión y de expresión, y aun en contra del elemental derecho de tránsito.

Al mismo tiempo, se desató contra nosotros y el movimiento obrero independiente que nos otorgó su solidaridad, una calumniosa y sañuda campaña de prensa, cuyas directivas salieron día a día de las oficinas de la Secretaría del Trabajo y en ocasiones de otras altas dependencias gubernamentales.

En esta situación, nos propusimos dar a conocer por nosotros mismos, a todos los habitantes del país, nuestras razones y quisimos también acudir directamente a la Suprema Corte, al presidente de la República, licenciado Miguel Alemán, para pedir a él la justicia que había sido pisoteada por el secretario del Trabajo, por la Junta Federal y por otras autoridades menores.

Con este doble propósito iniciamos el 20 de enero nuestro recorrido hacia la capital de la República. Durante 50 días caminamos a lo largo de la República más de 1400 kilómetros, constituyendo lo que llamó el pueblo mismo "La Caravana de Hambre" de los mineros". Nuestra caravana fue, en realidad, de hambre porque, aun cuando en todas partes recibimos donativos de los trabajadores y del pueblo, así como la asistencia y ayuda de los gobiernos de algunas de las entidades que atravesamos, en realidad sufrimos hambre, porque se nos privó, contra todo derecho, del trabajo y del fruto legítimo de nuestros esfuerzos. Fuimos, duran te más de seis meses, proletarios convertidos en mendigos, por la persecución sistemática de las autoridades del Trabajo.

Cuando marchamos por las carreteras de México, cruzando poblados humildes, rancherías, ciudades pequeñas y grandes, pudimos ver en torno nuestro la solidaridad manifiesta y espontánea de cientos de miles de mexicanos. Caminábamos en orden, disciplinados, serenos, sin deseo ninguno de provocación ni de agitación ilegal, con la única mira de reclamar justicia. Y por la evidencia de que tenemos razón, nuestra causa se convirtió en la causa del pueblo y de todos los mexicanos de pensamiento libre y honesto. No sólo las organizaciones sindicales que pertenecen a la misma central, la Unión General de Obreros y Campesinos de México, a la que nosotros estamos afiliados, se pronunciaron en favor de nuestra lucha. Recibimos y aceptamos con beneplácito el apoyo moral, la palabra de aliento, la ayuda pecuniaria de organizaciones sindicales pertenecientes a todas las centrales del país.

El hecho de que esta solidaridad nacional no se haya manifestado íntegramente, o por lo menos de modo más enérgico, se debió principalmente a la división existente en la organización sindical y la conducta ignominiosa de los líderes que han traicionado a su clase y son agentes del gobierno y de la clase patronal.

Recibimos, por otra parte, el apoyo moral y, en algunos casos, la ayuda práctica de muchos sectores y personas que no pertenecen al movimiento obrero, e inclusive de instituciones a las que podría haberse considerado como hostiles a nuestra lucha.

Grandes artistas de México, de prestigio mundial, intelectuales insignes, representativos muy eminentes de la Revolución rnexicana, tuvieron hacia nosotros una actitud de comprensión, que agradecemos profundamente y no olvidaremos jamás.

La Iglesia católica, a través de muchos sacerdotes y dignatarios, nos impartió también su apoyo.

Asimismo, nos brindaron su ayuda, en diversas formas, centros masónicos y grupos de las iglesias protestantes.

Hombres de todos los partidos políticos y de todas las tendencias -así como periódicos caracterizados como adversarios jurados del movimiento obrero- reconocieron en sus opiniones la justicia de nuestra lucha, y aun elevaron su palabra para defender nuestra causa.

Por todo esto, no exageramos al decir que nuestra lucha contó con la simpatía y la solidaridad moral de las grandes fuerzas de la nación.

Además, tuvimos a nuestro lado la solidaridad, el apoyo, la atención de las fuerzas del movimiento obrero internacional, a través de las organizaciones agrupadas en la Confederación de Trabajadores de la América Latina y en la Federación Sindical Mundial.

Aunque en proporciones modestas, la cooperación económica de los trabajadores mineros de los Estados Unidos y de Europa nos hizo sentir vivamente que la solidaridad internacional de la clase obrera no es un sueño, sino una hermosa realidad.

Cuando llegamos a la capital de la República se había realizado, en la práctica, un plebiscito nacional favorable a nuestra lucha. El pueblo de la capital nos recibió con muestras efusivas de respeto y apoyo, que nos dieron gran satisfacción.

Deseábamos ser recibidos por el ciudadano presidente de la República, licenciado Miguel Alemán, y esperábamos que después de escuchar nuestras razones y examinar serenamente los orígenes y las causas del conflicto, el primer magistrado de la República daría una decisión que, reparando las gravísimas violaciones cometidas por el secretario del Trabajo y por la Junta Federal de Conciliación, y, bajo la dirección de estas autoridades, por las empresas norteamericanas, nos restauraría en nuestro trabajo, reconociendo la legitimidad de nuestros derechos.

El ciudadano presidente no se dignó recibirnos ni escuchamos. Nuestros sacrificios, nuestros esfuerzos, no lograron siquiera que nos atendiera el primer mandatario.

La comisión nombrada por el primer magistrado para estudiar y resolver nuestro caso, comisión integrada por el secretario de Gobernación, señor Adolfo Ruiz Cortines; por el procurador general de Justicia de la República, licenciado Francisco González de la Vega, y por el presidente de la Junta de Conciliación, licenciado León Orantes, después de haber recibido de nosotros amplios informes y claros razonamientos, emitió un llamado dictamen que no fue sino la confirmación injusta y arbitraria de todos los procedimientos violatorios y atentatorios ejecutados por el secretario del Trabajo y por la Junta Federal de Conciliación, y por las empresas extranjeras, para privamos de nuestros derechos como trabajadores y lanzamos a la miseria.

Ese dictamen eludió toda consideración seria sobre el problema legal a debate; ignoró que el fondo del asunto es la negación del derecho de huelga y de la libertad de asociación por parte del secretario del Trabajo, y pretendió que el problema se resolviera por las vías de la caridad y de la beneficencia, como si no fuéramos otra cosa que menesterosos carentes de todo derecho y de toda garantía, a quienes sólo había que ayudar benévolamente para que no constituyésemos una carga social o un motivo de malestar público.

Nosotros no podíamos aceptar que esa fuera una resolución justiciera, ni siquiera digna de hombres que están reclamando derechos que les pertenecen. Nosotros no pedimos a las autoridades clemencia, sino justicia. Nuestro papel no fue el de mendicantes 58 que piden al Estado asilo y asistencia benéfica, sino ciudadanos a quienes el Estado debía respeto y un trato que reparara tanto los daños que' en lo personal hemos sufrido como las violaciones a la Constitución de la República ya la Ley Federal del Trabajo, que el gobierno ha cometido.

La opinión de esta comisión implica el reconocimiento por nosotros de todo proceder ilegal de la Secretaría del Trabajo y la aceptación de que fueran arrojados de su trabajo miles de trabajadores.

Por eso no estuvimos de acuerdo con ella.

Al mismo tiempo que esta opinión era dictada, se puso en práctica un proceso de presión para obligamos a aceptarla y para impedir que prosiguiéramos nuestra lucha.

Agentes oficiales se acercaron a nuestros compañeros haciéndoles ofrecimientos para que abandonaran la lucha y desconocieran los acuerdos que colectivamente hemos adoptado: se nos impidió salir en grupo del Parque 18 de Marzo, donde estábamos recluidos, tanto para manifestar públicamente nuestras demandas como para asistir a los servicios religiosos, por parte de aquellos que profesamos el credo católico. El Parque 18 de Marzo se veía visitado diariamente, a todas horas, por numerosos miembros de la policía reservada y uniformada, que ejercían espionaje y provocación y mantenían la constante amenaza de reprimimos violentamente en caso de que intentáramos aparecer en público como núcleo organizado.

La Secretaría del Trabajo, continuando su perversa y sucia campaña de mentiras, pretendió llenar de lodo a nuestros más leales y queridos dirigentes, como Francisco Solís, a quien se imputó por medio de la prensa una falsa conducta deshonesta. Cuando las organizaciones que nos dieron su solidaridad convocaron a un acto público, que debió efectuarse en la Plaza de la Constitución el 10 de abril, la policía del Distrito Federal se apresuró a poner en práctica actos intimidatorios, y minutos antes de la hora fijada para que comenzara dicha reunión, disolvió con derroche de fuerza a quienes se habían reunido para el mitin. Muchos trabajadores fueron golpeados y otros llevados a la cárcel, donde se les trató con insolencia ya algunos se les impusieron multas exorbitantes, para su condición de trabajadores pobres.

Finalmente, el día 12 de abril, el ciudadano presidente de la República, que se encontraba en gira por el norte del país, produjo una declaración en la cual afirmó que nuestro conflicto estaba liquidado definitivamente y que su resolución por parte del gobierno se ajustó a los términos del artículo 123 de la Constitución de la República.

Esta declaración del ciudadano presidente de la República no fue aceptada como justa por nosotros porque, en primer término, pasó por alto el hecho de que estaba pendiente el amparo que pedimos en contra de los actos violatorios cometidos por la Junta Federal de Conciliación y por la Secretaría del Trabajo; en consecuencia, no podía afirmarse que nuestro conflicto estuviera liquidado definitivamente, y en segundo término, afirmó que el gobierno federal había procedido, al tratar nuestro caso, apegándose al artículo 123 de la Constitución, cuando precisamente hizo lo contrario, esto es, violar ordenamientos del artículo 123 de la Constitución y de la Ley Federal del Trabajo.

Lamentamos que el ciudadano presidente de la República hubiera ratificado expresamente toda la política arbitraria y atentatoria de la Secretaría del Trabajo y que, al anticiparse con esa declaración al fallo de la justicia, hubiera establecido un elemento de indudable y fuerte presión ante el ciudadano juez que conocía el amparo que nosotros pedimos.

Cuatro días después de que apareció la declaración presidencial, el juez primero del Distrito Federal en materia administrativa, licenciado Ignacio Soto Gordoa, dictó sentencia en el amparo que nosotros solicitamos. Esa sentencia no constituye sino un atropello más en la larga cadena de los que hemos sufrido y nos llevó a la convicción de que el Poder Judicial no actuó con independencia ni honradez, sino en virtud de fuerte presión moral.

En esas condiciones, no nos quedaba ya nada qué hacer en México, porque la Corte tardaría cierto tiempo en resolver la re visión que nosotros pedimos de la sentencia del juez. Por otra parte, teníamos noticias de que nuestras familias se hallaban en situación cada día más angustiosa, por falta de alimentos y de medicinas, y nuestros compañeros de la caravana, cada vez menos capaces de resistir físicamente las privaciones, la intemperie y las enfermedades.

Por todo ello resolvimos volver a nuestra tierra. Pero esa decisión no quiere decir que aceptemos el trato cruel que han padecido nuestras mujeres y nuestros hijos, ni que aceptemos que miles de jefes de familia se queden fuera del trabajo, una vez que las compañías norteamericanas escojan a aquellos que desean reinstalar.

Nuestra lucha no ha terminado. Es una etapa en la lucha para que México sea un país libre y democrático, en el que se cumpla la ley, en el que los mexicanos sean tratados con dignidad y decencia. En la medida de nuestras fuerzas continuaremos luchando hasta que la Corte nos dé la razón. Pero, mientras tanto, juzgamos de nuestro deber hacer que todo el pueblo de nuestro país conozca la verdad sobre el significado de nuestro conflicto y sobre el precio que han pagado los mineros de Rosita y Cloete por la defensa de los derechos consignados en el artículo 123 constitucional.

Hemos sido privados de nuestro trabajo y del sustento para nosotros y nuestras familias. Habiendo servido durante muchos años en una de las industrias básicas de México, ahora nos encontramos en la condición de verdaderos parias, sin derechos, sin trabajo y con un porvenir oscuro.

Hemos librado una lucha justa en defensa de nuestros intereses y de los intereses y derechos de toda la clase obrera.

Hemos actuado dentro de la ley y hemos librado una lucha de principios en defensa de los postulados de la Revolución mexicana y del sistema jurídico que nos rige.

Nuestra causa justa, defendida con dignidad y entereza, fue aplastada por la fuerza del poder público.

Durante seis meses soportamos miserias, persecuciones, humillaciones y ofensas. Nuestras familias viven en el desamparo. Nuestra situación es tal que, aunque nos sea concedido el amparo por la Corte, no podrían repararse los gravísimos daños que ya hemos recibido.

Levantamos nuestra voz indignada de trabajadores honrados para protestar con toda nuestra energía contra el inicuo trato que se nos ha dado y contra las ofensas hechas a la clase trabajadora, con violación de la ley y de la Constitución de la República.

Que la opinión juzgue estos hechos y que la historia recoja y precise la responsabilidad de los funcionarios que nos han negado el amparo de la ley, a que todos los mexicanos tienen derecho, y nos han hecho víctimas de la injusticia.

Nueva Rosita, Coahuila, 27 de abril de 1951.

FRANCISCO SOLÍS  •  CIRO FALCONY G  •  FÉLIX CRUZ  •  REFUGIO MARTÍNEZ G •   ABDÓN ALFARO  •  PEDRO SALDÍVAR  •  PABLO AMADOR  •  JUAN BUSTOS  •  PEDRO SALAS  •  SIMÓN IBARRA  •  REYNALDO GUERRA • JULIÁN GUAJARDO G • FELICIANO ORTI Y VALERIANO SALAZAR.

Fuente:
Gill Mario. La huelga de Nueva Rosita. FCE. 2019