Septiembre 27 de 1939

A la H. Mesa Directiva de la Asamblea Nacional del PRM: Con este oficio y en cumplimiento de lo dispuesto por la fracción Xl del artículo 67 de los Estatutos que rigen el funcionamiento del Partido, el Comité Central Ejecutivo que suscribe tiene el honor de remitir a ustedes el Proyecto de Plan Sexenal que ha sido formulado para ser puesto a la consideración de esa asamblea.

La comisión encargada de la elaboración del proyecto adjunto tuvo constantemente en cuenta las condiciones de nuestra realidad económica y social y las verdaderas posibilidades de desarrollo de nuestra economía dentro de las normas de la doctrina de la Revolución.

En el estudio previo a la elaboración del proyecto, fueron cuidadosamente examinadas las experiencias obtenidas por la aplicación del anterior Plan Sexenal durante el actual periodo constitucional de gobierno, en el que las más adelantadas conquistas sociales fueron logradas por la pureza de las convicciones revolucionarias del Presidente Cárdenas que logró transformar ese periodo en una etapa histórica de incalculable trascendencia para la vida del país; las experiencias obtenidas de la vigencia de aquel plan de gobierno sirvieron de base al estudio desarrollado para la formulación del presente proyecto, y la observación cuidadosa y el análisis profundo de la actual realidad social y económica del país guiaron a la expresada comisión en todos y cada uno de los diferentes aspectos que se abordan en el estudio que se remite a esa mesa directiva.

Toda actitud que pudiera significar una postura demagógica o ilusoria fue deliberadamente eliminada al formular el proyecto que tenemos el honor de adjuntar; y es así como, dentro de marcos positivamente reales desprendidos de las verdaderas condiciones de la nación, y apreciando en toda su importancia la valiosa enseñanza del pasado, se establecen formas viables y prácticas para atender necesidades y demandas sociales que no pueden ser olvidadas ni aplazadas. La referida comisión redactora del proyecto, que de parte del CCE del partido merece calurosos elogios por sus nobles e infatigables empeños, recibió de diversos organismos sociales iniciativas y anteproyectos que fueron objeto siempre de una cuidadosa atención, y las centrales campesinas y obreras que forman parte de este instituto político, participaron en la elaboración del proyecto a través de comisiones integradas por sus más preparados y capaces elementos; los puntos de vista aportados por estos representativos de las valiosas fuerzas sociales que actúan como factores en la vida del país, fueron atendidos debidamente y tomados en consideración en la estructura definitiva del proyecto.

La inconformidad de la Revolución con este estado de cosas es evidente, y los esfuerzos y la táctica de lucha para remedirlo son materia del conocimiento público y forman parte importante de la obra del actual Gobierno y del anteproyecto que esta comisión presenta.

Por estas razones, el presente anteproyecto de Plan Sexenal no contiene una planificación de la economía nacional y de la distribución de la riqueza, sino que sólo planea la acción gubernamental para la organización progresiva y sistemática de la transformación revolucionaria de la vida social.

Las posibilidades presupuestales ofrecen otro tipo peculiar de limitación a todo plan posible, debido a que de ellas depende en gran parte la cuantificación de la acción gubernativa, que es afectada por las evasiones de impuestos que son debidas, como se sabe, a un sistema de causación extraordinariamente complejo, sobre algunos de cuyos elementos no tiene el Gobierno, en muchos casos, influencia alguna. En cambio, los presupuestos no afectan de manera importante a ninguno de aquellos elementos del plan de gobierno que definen y condicionen el sentido de que la obra de éste debe tener y los propósitos finales que han de lograrse.

Por su propio origen, por su naturaleza de expresión de la voluntad de las mayorías populares organizadas, un plan como el que esta comisión presenta debe consistir fundamentalmente en la exposición clara de aquellos tipos de soluciones que las mayorías juzgan satisfactorias. Al lado de estos tipos de soluciones deben figurar las formas que la acción del Estado ha de asumir en los casos concretos previstos.

En su conjunto, el sentido de este anteproyecto de Plan Sexenal II es condicionar la acción gubernamental para que ésta tienda a la realización de la democracia integral, es decir, política, económica y social.

La comisión se ha esforzado porque el plan, interpretando la doctrina del PRM, esté presidido por ese criterio revolucionario, realizable mediante la postulación y ejecución de soluciones concretas, sometidas a un sistema armónico de conjunto que permita, por un lado, la participación funcional de las mayorías populares en la integración del Gobierno y" en la determinación del sentido y modalidades de su acción, poniendo en contacto directo a los gobernantes con el pueblo y, por otro lado, que se encamine a obtener y a consolidar de manera estable la participación en el disfrute de la riqueza creada, en la vida cultural y en todas las formas del bienestar social, de las mayorías populares que están integradas principalmente por los asalariados industriales y rurales, los ejidatarios y campesinos sin tierras, las juventudes y las mujeres organizadas, los trabajadores al servicio del Estado, los empleados del comercio, de la banca y de todas las empresas privadas, los soldados de la Revolución, los artesanos, los profesionistas y sus auxiliares, los maestros y, en general, por todos los que para el mantenimiento de su vida y la de los suyos no cuentan con más patrimonio efectivo que su capacidad de trabajo material o intelectual.

Cree oportuno la comisión señalar aquí que, si bien la ejecución del plan es obra a cargo del Gobierno, todos los grupos revolucionarios que integran el partido tienen el deber de cooperar vigorosamente en su realización y de crear alrededor de la gestión del Estado el ambiente propicio para ello. Se entiende con claridad que la acción de los revolucionarios, como tales, no está ni considerada ni circunscrita por el plan, sino que la definen y precisan las doctrinas que norman la conducta de las organizaciones de campesinos y trabajadores; el Pacto constitutito, la Declaración de principios y los Estatutos del PRM, al cual corresponde mantener la coherencia de las actividades de los grupos revolucionarios y la acción de apoyo a la obra gubernamental. Numerosas e importantísimas son las gestiones revolucionarias que, por su naturaleza, quedan fuera de un plan de gobierno; pero para ellas, e] pueblo cuenta con aquel organismo de acción política y socia], que las mayorías organizadas controlan.

Durante muchos años se concibió e] progreso de nuestro país en forma de realizaciones abstractas o aprovechables tan sólo por una minoría privilegiada. E] desarrollo de ciertas explotaciones industriales, ]a implantación de nuevos cultivos o de nuevos métodos de trabajo, la inversión de capitales extranjeros, por ejemplo, se entendían como formas del progreso nacional por sí mismas, independientemente de toda realidad humana y de las consecuencias antisociales que aparejaban.

Semejante concepto del progreso es inaceptable. En nuestra historia no ha conducido sino a la organización de la miseria de los muchos para crear la riqueza de los pocos. Es, por consiguiente, necesario mantener el concepto revolucionario del progreso que se desprende de la obra recientemente realizada y dentro del cual no se admite que haya habido progreso sino cuando se aumentan, real y positivamente, el bienestar económico y la libertad social del pueblo. Ningún hecho social y, por tanto, ningún acto de gobierno es bueno sino cuando clara e ineludiblemente tiene esas consecuencias. Se considera, además, que los 2 términos que describen el mejoramiento del pueblo -bienestar económico y libertad social- son inseparables entre sí. Se entiende, pues, que la realidad nacional intrínseca es la masa ciudadana y que sólo el mejoramiento de ésta es el progreso de la nación. Toda la obra gubernativa, así como la acción de la iniciativa privada en cualquier campo que se ejerza, son accesorias y subordinadas respecto del propósito fundamental de mantener en aumento constante la cantidad de los valores de uso que sea accesible a las grandes masas.

En el proyecto de Plan Sexenal que la comisión presenta se encuentran diseminados en los capítulos correspondientes diversos postulados, principios y normas de acción que responden a la necesidad de resolver el más profundo de los problemas nacionales. Es éste el problema de la revalorización y recuperación del hombre, quien además de ser el legítimo usuario de toda la riqueza producida por él, es, en sí mismo, por su fuerza de trabajo, por su potencialidad cultural y técnica, la más importante de las riquezas nacionales.

Esta obra de recuperación consiste esencialmente en reparar las consecuencias del largo proceso histórico de explotación de las masas que, manteniéndolas en un régimen de salarios de miseria y en condiciones de segregación cultural, ha creado un sistema de desvalorización del hombre, destinado a mantener al pueblo en la obediencia pasiva, sin conocimiento de sus derechos ni conciencia de su fuerza y sin participación de importancia en el producto de su trabajo.
           
Esta desvalorización del hombre, cuyo sentido económico es evidente, está arraigada en la vida nacional con toda suerte de prejuicios y nació en nuestro país inmediatamente después de que aparecieron las primeras formas de explotación organizadas por los conquistadores. Son clásicas a este respecto. las teorías de .la inferioridad de las razas aborígenes, de la improductividad del mexicano en el trabajo, de la incapacidad de los trabajadores nacionales para usar útil y honradamente su sueldo o salario relativamente decoroso. A través de la vida colonial, del agitado siglo XIX Y de la época porfiriana, las clases directoras fueron manteniendo con diversas formas las doctrinas de la inferioridad del mexicano Y acumulando todos los recursos de acción política, gubernativa, social y económica capaces de engendrar de hecho una inferioridad real, aunque transitoria. En nuestros días los mismos intereses sostienen las mismas ideas y, hasta donde las limitaciones impuestas por la Revolución aún lo permiten, mantienen en juego iguales elementos de creación artificial de la inferioridad. Las formas actuales de las teorías de los encomenderos son las de la incapacidad de los campesinos para hacer producir el ejido y de los obreros para manejar las unidades productoras, entre otras, pues la vieja tesis de la' incapacidad del mexicano para la función electoral democrática ha sido casi abandonada, aunque muy a pesar suyo, por los elementos contrarrevolucionarios.

 Para el pensamiento revolucionario es indudable que la obra de recuperación del hombre depende fundamentalmente de la redistribución económica que la Revolución ha venido llevando a cabo en el campo agrario y en el del trabajo asalariado. Las transformaciones de las relaciones entre los productores de la riqueza y los empresarios, las nuevas condiciones de participación del trabajo en la riqueza producida y las transformaciones operadas en el régimen de la propiedad, implican y engendran una revalorización decisiva del hombre. Es más, son la condición sin la cual ninguna revalorización es posible.
 
Por lo que se refiere a la redistribución de la tierra, la comisión considera de elemental justicia destacar la amplitud de la obra llevada a cabo por el actual Gobierno no sólo por la cuantía de las tierras repartidas y el número de campesinos beneficiados, sino por la restitución a esta obra de su sentido revolucionario integral que ensayos anteriores y la falta de convicciones sinceras o la indecisión política habían seriamente desvirtuado.

En el presente proyecto de Plan Sexenal se postula que el reparto agrario deberá continuarse al ritmo de su marcha actual. Además se propone la continuación y, en su caso, la implantación de una serie de medidas destinadas a perfeccionar el reparto agrario con la obra de colonización interior y creación de nuevos centros de población. La destrucción del latifundio no constituye, para la Revolución, una finalidad en sí misma, sino que es un instrumento para la reconstrucción de la vida del campesino en condiciones de mayor disfrute económico y de mayor libertad social. Es, pues, necesario continuar la obra de apoyo económico y técnico a los ejidatarios con una especial vigilancia para evitar que el empresario privado, operando por su cuenta y sin control público, mediante préstamos, compras de cosechas, refacciones, etc., cree situaciones de servidumbre económica que, nulificando de hecho la obra redentora revolucionaria, equivalgan a una sustitución del latifundio por un sistema de explotación indirecta financiera y mercantil, tan retardataria y perniciosa como el latifundio mismo. A este respecto, en el capítulo del plan destinado al tratamiento del problema de la producción agrícola y en el destinado a la reestructuración del crédito se establecen las normas tendientes a canalizar hacia el ejido, en condiciones de Control y dirección públicos, mayores volúmenes del capital en manos del crédito privado en condiciones de justo beneficio mutuo.

Es, además, necesario que la política general del régimen en materia de economía agrícola continúe orientada hacia el propósito de establecer condiciones generales que garanticen la supervivencia del ejido en medio de las otras formas de propiedad rural existentes. Para esto el plan establece la permanencia del propósito de hacer de la producción ejidal la base de la economía agrícola. Es, por lo tanto, necesario robustecer con todos los recursos disponibles la producción ejidal y tomar en cuenta que, en el mayor número de los casos, una adecuada organización colectivizada del trabajo humano, agregada a la realización de obras de ingeniería agrícola, de sistemas colectivos de cultivo, comunicación, riego, transporte, almacenamiento y venta de productos, puede dar al ejido todas las ventajas económicas de la explotación en grande escala, y al ejidatario el consiguiente incremento en su participación en la riqueza producida. El plan postula, por lo tanto, la colectivización fundada en la creación, mediante obras, organización y sistemas adecuados, de unidades importantes de producción del trabajo ejidal, como un importante recurso técnico para el mejoramiento económico del campesino y para el mejor aprovechamiento nacional de la agricultura.

Hay otros aspectos de la obra revolucionaria de revalorización del hombre, que son de imprescindible necesidad no sólo para consolidar lo ya obtenido, sino para poder seguir adelante.

Mencionaremos en primer término la consolidación y el engrandecimiento de las organizaciones de defensa de los campesinos y de los obreros. En los lugares correspondientes de este anteproyecto de Plan Sexenal están consignadas aquellas medidas de gobierno -tanto de carácter legal, de perfeccionamiento o transformación de leyes existentes como de carácter administrativo- que se consideran necesarias para el robustecimiento de las organizaciones de trabajadores. Es, sin embargo, necesario repetir aquí algo de lo que anteriormente se dijo. En este terreno, la obra de gobierno no puede sino apoyar o completar la acción directa de los revolucionarios a través de sus propios recursos de trabajo político y de sus propios organismos de gestión y de lucha. Este es el verdadero campo de la batalla revolucionaria: la organización de los campesinos y de los obreros. Puede considerarse como criterio supremo para juzgar del carácter social de todo acto político, de toda gestión pública o privada, de toda propaganda, la repercusión que tengan en esta cuestión fundamental. Todo hecho que conduzca a la desarticulación o debilitamiento de las organizaciones de trabajadores y campesinos es intrínsecamente contrarrevolucionario. Toda acción revolucionaria se caracteriza porque además de contribuir a cualesquiera otros fines de utilidad social, contribuye al fortalecimiento de las organizaciones.

La comisión considera que es de la más alta importancia hacer resaltar aquí que bajo la gestión de nuestro actual gobierno han aparecido formas nuevas de organización de la propiedad y del trabajo, que deben ser mantenidas y perfeccionadas por los regímenes revolucionarios sucesivos; pues a pesar de encontrarse aún en la etapa difícil de su implantación, representan no sólo recursos de acción revolucionaria peculiarmente mexicanos, sino también posibilidades fecundas de transformación social. Se trata de las administraciones obreras y mixtas de servicios públicos o de patrimonios descentralizados, y de las cooperativas de participación estatal. Mediante estas nuevas formas de la propiedad jurídicamente correctas, ha sido posible el mantenimiento en trabajo de unidades productoras sin empresario, y no es ilusorio esperar que el desarrollo y coordinación de las mismas puedan llegar a ser un poderoso instrumento de redistribución de la riqueza y de transformación social.
 
En efecto, la lucha de las organizaciones de trabajadores por una más justa participación en la riqueza por ellos producida, y la natural oposición de los empresarios a permitir participaciones mayores, conduce, en muchos casos, más pronto o más tarde, a la negativa del empresario a continuar el trabajo en su fábrica o industria. Se crea así una situación a todas luces grave, tanto para el interés de los trabajadores como para el interés nacional.

Frente a esta situación varias soluciones son posibles. La primera, históricamente, es la supresión por la fuerza de los trabajadores y su sometimiento a las condiciones del patrón. Esta fue la solución simplista y, en muchos casos, puramente precautoria, del porfirismo. Aun haciendo a un lado consideraciones de justicia y de bienestar público esta solución es mala, pues no hace sino aplazar el conflicto cuando el grupo de trabajadores a que se aplica es débil y no hay grupos fuertes con clara conciencia de la solidaridad de clase. Cuando esta última condición existe, como pasa actualmente entre nosotros, el conflicto local no se aplaza sino se generaliza y la situación grave de orden público queda creada. Esta solución regresiva ha sido definitivamente proscrita de la vida nacional por la conciencia revolucionaria y la fuerza numérica de las organizaciones de trabajadores. Es tan sólo un recuerdo histórico la etapa inicial de la lucha de clases que dio a los trabajadores mexicanos sus primeros mártires. Sigue siendo sin embargo, la esperanza y el sueño de la reacción que busca, para realizarlo, su ya clásico "hombre fuerte".

Otra solución ha sido intentada. Se ha pretendido resolver el conflicto extremo, por sustitución de patrones. En unos casos por transferencia de la propiedad a manos de extranjeros, en otros casos por transferencia de la propiedad a manos de revolucionarios claudicantes a quienes se ha enriquecido al efecto. De las 2 maneras se ha buscado siempre que el nuevo patrón posea alguna forma de inmunidad respecto de la acción de gobierno y, por lo tanto, alguna capacidad efectiva para condicionar la acción de gobierno de modo que ésta se convierta en represión de los trabajadores. Es un retorno sesgado, por lo tanto, a la primera solución. Las consecuencias de este sistema tramposo fueron el hundimiento político de sus gestores, la agravación de los conflictos de trabajo y la inquietud pública.

Bajo la presidencia del actual Primer Mandatario se puso en operación un nuevo sistema. Este consiste, dados los 2 elementos irreduciblemente contrarios y llegado el momento en que el conflicto de orden público se plantea con gravedad, en la eliminación de aquel de los términos del conflicto cuya función es socialmente reemplazable: el patrón. Se han formado así las empresas productoras sin empresarios, cuyas formas fueron mencionadas antes y cuyo estatuto legal está establecido en las leyes y disposiciones del caso. (Administración Obrera de los Ferrocarriles, Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos, Ley de Sociedades Cooperativas -participación estatal-.) Esta solución, característica del Gobierno actual, es la única lógica y coherente con el pensamiento revolucionario y la única que satisface el interés social. Con su aplicación el conflicto desaparece, no dejando tras de sí sino problemas técnicos de organización y financiamiento, en ningún modo insuperables y en ningún caso más serios que los que presentan, a este respecto, numerosas empresas productoras en manos de sus patrones y de cuya estructura técnica y económica el Estado tiene que preocuparse continuamente. Además, el Gobierno de la Revolución queda liberado de la continua amenaza patronal de paralización de actividades y, por otro lado, no se desclasa a los trabajadores poniendo en sus manos la propiedad, lo que tarde o temprano crea la posibilidad de que exploten a otros trabajadores y se constituyan así en patrones, como la práctica lo ha demostrado en varios casos conocidos.

El otro aspecto capital de la obra revolucionaria de revalorización y recuperación del hombre sin detenemos por ahora en la acción pública en materia de asistencia y bienestar social y de salubridad, es la acción educativa del Estado. Este importante ramo del esfuerzo gubernamentales otra de las genuinas características de los gobiernos surgidos de la Revolución, cuya doctrina ha sido ya claramente formulada en diversas ocasiones. Juzga la comisión que debe seguir en pie el propósito de mantener en plena vigencia el artículo 3 constitucional y que deben dar todos los pasos necesarios para mejorar los procedimientos de su aplicación, hacerla absolutamente general en nuestro país y reformar los textos legales que queden obscuros.

Hay, además, un campo de la educación pública en el cual las transformaciones operadas durante los últimos 5 años en la estructura social y económica del país y en el sentido general de la obra futura del gobierno, imponen una atención especial. Este es el campo de la investigación científica y de la cultura y la técnica superiores. Por lo que se refiere a la primera, en varios lugares del proyecto del Plan Sexenal se insiste en la necesidad de estudiar y explorar nuestro territorio metódica y eficazmente para hacer el inventario de nuestros recursos naturales y conocer las posibilidades de producción que contenga. Esto último impone el estudio de todos los recursos técnicos de obtención y transformación de las materias primas, cuya doctrina y técnica la Humanidad posee actualmente, y, por consiguiente, plantea la cuestión de la cultura superior y de la investigación científica. Ciencia y técnica son inseparables y ambas se desarrollan en virtud de su mutua acción.

Como una de las consecuencias del régimen de la propiedad organizado durante el porfirismo, que tuvo todas las características de la propiedad asentista tanto por el otorgamiento de las concesiones a las empresas extranjeras como por la liga de intereses y, por consiguiente, la mentalidad que esto creó en los propietarios mexicanos, las clases dirigentes no tuvieron interés ninguno en formar debidamente en el país a los técnicos autóctonos necesarios para mantener en trabajo las industrias y explotaciones ya organizadas y para proveer al desarrollo o implantación de explotaciones nuevas. En consecuencia, las actividades de los estudiosos mexicanos fueron desviadas hacia el desarrollo de una cultura fundamentalmente histórico-literaria dentro de la cual, con dificultades graves y escaso o ningún contacto con la realidad profesional, se formaron sólo 3 tipos técnicos: el arquitecto, el ingeniero civil y el de minas; siempre postergados y subordinados a los técnicos extranjeros a quienes el porfirismo consideraba mejores por definición.

Al impacto de la lucha revolucionaria, las clases cultas y las inmediatamente dirigidas por ellas -incapaces de entender el fenómeno popular y violento cuyas causas la escuela y los pensadores y publicistas del régimen habían cuidadosamente ocultado- se refugiaron en una filosofía aristocrática e introspectiva, negadora de todos los valores populares y en la cual hasta la fecha se mantienen.

La participación creciente de los sectores populares organizados en la dirección del fenómeno de la producción y en la conducción de los problemas públicos, reclama con urgencia que se perfeccionen los medios que ya existen y se creen los que aún hay para rescatar en beneficio de la nación en general y de esos sectores en particular, la ciencia y la técnica.

Nuestra independencia económica debe apoyarse en nuestra capacidad científica y en nuestra aptitud técnica. Debe ser preocupación dominante del Estado establecer todas las instituciones necesarias y aplicar todos los medios adecuados para el resurgimiento científico de México. Pero esto debe hacerse con un claro sentido de la importancia que en la lucha social tiene para las clases en pugna la posesión de la técnica.

En efecto, casi la totalidad de la clase media culta, aun sin adecuados métodos e instituciones de estudio, posee muchos de los conocimientos técnicos necesarios a la nación y, en consecuencia y a pesar de su separación ideológica de la doctrina revolucionaria, ocupa numerosas posiciones de importancia en la gestión social, desde las cuales sirve, en cuantos casos se encuentra con la libertad necesaria para ello, a los intereses contrarrevolucionarios. La organización de nuestro sistema bancario es, entre otros, un caso clarísimo de la penetración contrarrevolucionaria en la obra de gobierno de la Revolución por medio de la infiltración de técnicos, en apariencia neutrales.

Así pues, el problema de la posesión de la cultura y de la técnica plantea un complejo sistema de cuestiones. Por una parte es necesario rescatar ambas para las clases trabajadoras, dando a éstos posibilidades sistemáticas, cada vez más perfectas, de capacitación técnica y de progreso cultural. Por otra parte, es necesario apoyar y fomentar el crecimiento de todas las organizaciones revolucionarias de juventudes estudiosas y de profesionistas. Especialmente el primer orden de cuestiones cae en el campo de la acción gubernativa.

Por lo que se refiere al problema general de la economía nacional, la comisión estima que debe señalar algunos de los principios de criterio que han normado la formulación del plan en este terreno.

Cree la comisión, en primer lugar, que el fomento y apoyo a la producción agrícola por el Estado debe manejarse, como ya se dijo, con el propósito final de que la producción ejidal llegue a ser la base de la economía agrícola. Para este fin, además de todas las aportaciones directas del Estado en beneficio de los ejidatarios, y además de la continuación rápida de los repartos de tierras, es necesario que la acción gubernativa, en apoyo de la producción por pequeños propietarios agrícolas, vaya encaminando a ésta hacia formas de trabajo y sistemas de distribución de los productos, de carácter colectivo a fin de disminuir las diferencias, creadas por la existencia de 2 regímenes de propiedad, mediante el establecimiento progresivo de semejanzas profundas en el régimen de la producción.

Por otra parte, es necesario atender a que la producción agrícola nacional se desarrolle en condiciones no sólo de asegurar a los productores un rendimiento estable de su trabajo sino, además, a la nación un abastecimiento suficiente en cantidad y diversidad de productos para las necesidades colectivas de alimentación y de materias primas y productos exportables. Para lograr este fin, el plan establece la concentración, en un solo organismo, de la dirección de la producción agrícola nacional que, en presencia de la amplitud y condiciones del mercado de consumo de productos agrícolas y de las posibilidades y características de la producción misma, esté en condiciones de poder dar a este esfuerzo un sentido de conjunto y de utilidad social. Cree la comisión que este organismo planificador y regulador de la producción agrícola, funcionando correlativamente con la implantación de técnicas mejores en el trabajo del campo y con una organización adecuada de almacenamiento, distribución y venta de los productos agrícolas, puede contribuir importantemente a una estabilización de los precios y de los rendimientos agrícolas en general y a una mejor consolidación de la economía ejidal.

En general, la idea que ha de dirigir el manejo de la intervención del Estado en la economía nacional debe ser que ésta repose principalmente en la explotación de los recursos naturales reproductibles y no en la de los recursos naturales agotables. Es sin duda necesario, y en algunos casos ya urgente, condicionar el empobrecimiento de nuestro territorio que la explotación de los recursos agotables crea, de tal manera que esta explotación se verifique dejando a la nación el mayor beneficio posible. En este campo es menester reconocer que el Gobierno actual ha dado pasos de una trascendencia y de una eficacia que el primer Plan Sexenal no se atrevió siquiera a prever. En el actual proyecto de Plan Sexenal se mantienen y amplían las medidas necesarias para establecimiento de reservas, para la regulación de la explotación, para el desarrollo de la industria metalúrgica, etc.

Pero esto, por sí solo, es insuficiente a la larga, pues es evidente que el futuro de nuestra patria está amenazado si la economía nacional reposa en un proceso de agotamiento de los recursos naturales, como quiera que esté condicionado. La política con mayor sentido histórico en materia económica parece ser la que conduzca a fundar el bienestar del pueblo en la explotación y transformación de aquellos recursos naturales que mediante una técnica de producción correcta, sea lícito considerar como capaces de reproducción por tiempo indefinido.

Este fin puede perseguirse de diversos modos. Por restricción drástica de la explotación minera. Por impulso intenso de la explotación de los recursos naturales reproductibles. O por un sistema mixto en que este impulso se acompañe de una política adecuada de transferencia gradual de capitales y trabajo hacia el campo de la explotación de los recursos agotables hasta lograr que el equilibrio de la economía nacional tenga aquí su punto de apoyo y que la explotación de los recursos agotables se haga, considerando la cuantía real de éstos, en la proporción conveniente.
           
Este sistema impone la necesidad de robustecer enérgicamente la producción agrícola e industrializar, en todo lo necesario, el resto de los recursos y actividades disponibles.

El Primer Plan Sexenal señaló, en materia de economía nacional, un punto que juzgamos necesario conservar porque define claramente la posición de México frente a los problemas económicos mundiales cuyas líneas fundamentales no han sufrido alteración. El documento dice:

"La necesidad de hacer de nuestro país una organización coordinada en una sistema económico propio, que garantice el abastecimiento adecuado de sus habitantes, no es el resultado de un impulso de nacionalismo meramente sentimental, sino la consecuencia de las transformaciones operadas en la estructura económica y en las relaciones mercantiles de todos los países.

"El PNR está cierto de que un arreglo internacional que coordinara las actividades económicas de todos los pueblos, y que determinara la obligación de producir de acuerdo con las necesidades de todos y las posibilidades naturales y técnicas de cada cual, organizando al mundo en un sistema de economías regionales, no sólo no competitivas sino complementarias, conduciría a la paz económica y al bienestar de los hombres. Pero ante la actitud mundial, que se caracteriza por la tendencia a formar economías nacionales auto suficientes el PNR considera que México se ve obligado, a su vez, a adoptar una política de nacionalismo económico, como un recurso de legítima defensa, sin que contraiga por ello ninguna responsabilidad histórica.

"El PNR, sin embargo, declara que todo gobierno dimanado de su acción política debe considerar como uno de sus principales deberes el de prestar su colaboración en cualesquiera arreglos o convenios internacionales que establezcan normas justas y racionales de convivencia económica.

"El planteo de una política económica nacionalista deberá hacerse en forma tal, que no dé origen al aislamiento de nuestro país sino que implique solamente una revisión cuidadosa de nuestras actividades en materia de comercio exterior y una revisión también del régimen de nuestra producción, sobre la base de que predomine el interés nacional."

En los primeros párrafos de este documento se hizo alusión a las limitaciones a que la acción interventora del Estado en los fenómenos económicos está sujeta y a la consiguiente restricción que sufre el campo sometido a planificación por el partido. Además de las limitaciones legales, y en algunos casos como consecuencia de ellas, existen limitaciones de orden técnico que hacen muy indirecta, retardada y precaria la intervención del Estado en la dirección de la economía nacional. Esta intervención es, sin embargo, uno de los propósitos fundamentales de la Revolución en su lucha por adquirir el poder público. Por lo tanto el estudio y establecimiento de instituciones y sistemas adecuados y legales de intervención estatal en este campo, debe considerarse como una de las materias capitales de la acción de los gobiernos revolucionarios.

La remoción de algunos de los más graves obstáculos que se oponen al establecimiento de una economía dirigida y, por lo tanto, de un orden social racional, eficaz y justo, no puede de momento hacerse. Entre otros está el régimen de la propiedad privada de los recursos naturales y de los instrumentos de producción. La supresión total de este régimen y la consecuente implantación en nuestro país de una organización social sin clases, meta de los esfuerzos revolucionarios, no son tareas cuya realización pueda, razonablemente, planearse de antemano para el Gobierno en los próximos 6 años, pues para ello se necesitaría aprovechar enérgicamente el momento en que la situación general ofrezca el grado de libertad de acción suficiente, ya sea que tal momento esté próximo o lejano.
           
Entretanto, es necesario y posible crear formas y órganos adecuados para una intervención creciente y directora del Estado en la economía nacional.

Para ello, el plan establece una serie de medidas contenidas en los capítulos respectivos y cuya presentación de conjunto se hace a continuación. Estas medidas implican en algunos casos la reforma de importantes leyes, en otros, reorganizaciones administrativas. Con ellas se trata de establecer sistemas de regulación económica de funcionamiento casi automático, o recursos para que la acción del Estado se ejerza con la persistencia Y en las direcciones que cada nueva situación vaya haciendo aconsejable o necesario.

Se habló ya del organismo director de la producción agrícola que el plan establece. Concomitantemente el plan señala la necesidad de establecer un organismo similar para la producción industrial. En este campo y por lo que se refiere a las empresas manejadas por los trabajadores ya por sí mismos o en cooperación con el Estado del mismo modo que en el campo agrícola, por lo que se refiere a la producción ejidal la viabilidad de una acción directora ejercida por el Estado es casi evidente. No lo es tanto en lo que toca a las empresas privadas. Sin embargo, un cierto grado de ordenación económica puede llegar a introducirse mediante la regulación o el control, según el caso, por el Estado, de los siguientes fenómenos: el comercio exterior, el comercio interior y el crédito. Las reformas necesarias al régimen en que estos fenómenos actúan, ejecutadas y conducidas con un propósito de conjunto, pueden permitir al Estado llevar a cabo una reestructuración de la economía del país, no sólo benéfica para los elementos interesados sino generadora de un progreso efectivo.

Por lo que se refiere a comercio exterior, el plan propone que se establezca en esa actividad la acción directora del Estado. Entre tanto que no podamos asegurar canales propios y constantes para disponer de nuestros excedentes de producción o de los volúmenes principales de aquellos productos que, por su naturaleza, están destinados principalmente a la exportación; mientras, además, continuemos entregados a los numerosos intermediarios que entre nuestros productores y los mercados exteriores actualmente existen, la incertidumbre de nuestras exportaciones seguirá repercutiendo sobre toda nuestra producción en la forma desorganizadora en que actualmente opera. Necesitamos establecer un sistema que maneje el intercambio internacional de nuestros productos de manera que nuestra capacidad de compra, debidamente organizada, garantice y estabilice nuestras ventas. Este sistema deberá organizar debidamente a nuestros productores para que nuestra producción, tanto por el mantenimiento de calidades tipo debidamente estudiadas, como de volúmenes exportables, llegue a ser considerada fuente normal y segura de abastecimiento por parte de los importadores del exterior. El control del comercio exterior permitirá establecer una política permanente y racional de aranceles, tarifas y fletes, así como, debido al aseguramiento en épocas determinadas de volúmenes importantes de carga, el establecimiento de líneas marítimas regulares y el desarrollo de nuestra marina mercante.

Respecto de la forma precisa que el control del comercio exterior deberá asumir, la comisión ha señalado la conveniencia de que se estudie el establecimiento de un sistema en el cual los obstáculos que pudieran presentarse para el establecimiento de consecuentes limitaciones en la libertad del mercado de cambios, se superen, en lo posible, con adecuados tratados de comercio y otras medidas.

Por lo que toca al régimen del crédito, el plan señala aquellos puntos en que es necesario introducir reformas al sistema actual, no sólo para que la estructura bancaria esté orientada hacia los mismos fines a que el Gobierno de la Revolución tiende, sino para algo más elemental y necesario aún para que no siga siendo, como hasta ahora, contraria a ellos. Para eso es necesaria una reforma a la Ley de Instituciones de Crédito y a la Ley del Banco de México que permitan, además de poner a trabajar en créditos a largo plazo parte importante de los recursos económicos, reorganizar los usos del crédito, canalizado hacia los campos en que éste es necesario para el financiamiento de la industrialización del país, y su coordinación de conjunto.
En otros términos, es necesario ejecutar las reformas convenientes para que el crédito deje de ser un negocio inmoralmente lucrativo y una amenaza continua alzada contra los gobiernos de la Revolución, y se convierta -dando al capital privado un beneficio razonable- en una función social útil para el desarrollo de la economía del país.

Mientras la tendencia del Estado mexicano fue estática, es decir, mientras se concretó al mantenimiento de la paz pública mediante la coacción, un número reducido de secretarios de Estado y el apoyo de una policía nacional bastaban para asegurar a los presidentes de la República el disfrute de su posición en el vértice de la pirámide burocrática, y la gran masa de los asuntos se resolvía por inercia, al través de la aplicación de reglamentos, leyes y rutinas preestablecidas, lejos de la observación y de la intervención del Jefe del Ejecutivo, al cual quedaban reservados generalmente sólo los problemas de política pura y algunos cuantos asuntos de alta importancia que la inevitable evolución del país iba planteando.

En cambio el Gobierno revolucionario -y especialmente el régimen actual- sustenta una tendencia dinámica, basada en el propósito de promover el bienestar de las mayorías por virtud de la transformación de las condiciones económicas y sociales, con la finalidad de crear una situación en que el desarrollo integral de las posibilidades económicas del país, mediante el empleo de todos los recursos que la técnica ha creado, dé fundamento a un estado de verdadera justicia social distributiva, con el apoyo de grandes masas de opinión satisfechas o puestas en el camino de estarlo.

Ante esta tendencia, la vieja organización del Estado se evidenció como incapaz de abandonar su carácter esencialmente pasivo y de vigilancia para asumir uno esencialmente activo y de dirección. Ha sido, entonces, indispensable modificada mediante la creación. de nuevas secretarías de Estado y departamentos autónomos y la reorganización de los ya existentes.

Esta situación crea la necesidad de atender más seriamente a la coordinación de las numerosas dependencias en la obra común Y a este fin se ha consagrado un capítulo especial en el Segundo Plan Sexenal.

Con el mismo propósito a la vista, el Segundo Plan Sexenal ha sido redactado sin tomar en cuenta la distribución del trabajo que impone la Ley de Secretarías de Estado, sino tratando en su conjunto los diversos problemas nacionales, independientemente de las oficinas administrativas a cuyo cargo quede estudiar o poner en práctica la realización efectiva de la obra de gobierno contenida en el plan.

México, D. F., a 27 de septiembre de 1939.

PUNTOS BÁSICOS DEL SEGUNDO PLAN SEXENAL

REPARTO AGRARIO Y ECONOMÍA AGRÍCOLA

Este capítulo se refiere a la acción de gobierno respecto de los problemas relativos a la agricultura, la ganadería, la caza, la pesca y la explotación forestal, mediante la recuperación legal y técnica de tierras, aguas y otros recursos naturales, la capacitación y mejoramiento de los hombres; la redistribución de los elementos de producción y la dirección de la producción misma. A este respecto, el PRM postula que la acción gubernamental debe tender:

1. A que el reparto agrario se realice integralmente en el menor    tiempo posible.

2. A garantizar, por todos los medios efectivos de que el Estado disponga, la posesión y usufructo de la tierra a quienes después de realizado el postulado anterior queden en posesión de ella de acuerdo con la ley.

3. A consolidar la acción de la Reforma Agraria realizada hasta el presente.

4. A impedir, por todos los medios, que el sistema latifundista de explotación del hombre se reconstituya directa o indirectamente.

5. A que la producción del ejido -substituto revolucionario de la explotación latifundista- llegue a ser la base de la economía agrícola del país.

6. A crear para el ejido las ventajas de la explotación en mayor escala, mediante la ejecución de obras y la implantación de los sistemas de trabajo que sean convenientes, de preferencia el colectivo.

7. A proceder del mismo modo respecto de las tierras comunales de los pueblos y de los terrenos nacionales que se colonicen, lo mismo que de aquellos que no siendo nacionales hayan de colonizarse con la intervención del Estado, así como a que esas tierras no puedan ser legalmente objeto de actos como traslaciones de dominio, gravámenes hipotecarios u otros reales que de alguna manera puedan tender a la preconstitución legal o de hecho de los latifundios.

8. A proceder del mismo modo respecto de la explotación agrícola no ejidal, con la finalidad de disminuir los antagonismos originados por la forma de propiedad, creando semejanza en la organización de la producción.

9. A organizar la producción y la distribución de los productos de tal manera que estas operaciones cumplan su fin social y redunden en mejoramiento de las condiciones económicas y sociales de los campesinos y de las mayorías populares.

10. A obtener, por todos los medios al alcance del Estado, el desarrollo de la producción, mediante la modernización de la técnica, el ensanchamiento de los campos donde la producción se desarrolle, la racionalización del trabajo y el concurso de todas las fuerzas que realizan funciones económicas en el país.

11. A promover la explotación de los recursos naturales que en este campo, por diversas causas, estén abandonados, principalmente por 10 que a tierra se refiere.

12. A establecer todos los medios y procedimientos que aseguren al Estado un grado cada vez mayor de dirección de la economía nacional.

13. A encauzar el crédito hacia el fomento de la producción agrícola y ganadera, preferentemente la ejidal, a fin de que el crédito desempeñe una función concordante con los propósitos revolucionarios.

14. Al establecimiento de formas económicamente eficaces de distribución y circulación de mercancías en el territorio nacional que impliquen la menor agregación posible de costos en estas funciones.

15. A que los indígenas sean incorporados de modo efectivo a la comunidad nacional, mediante el mejoramiento de sus condiciones económicas y sociales, de tal manera que, conservando la originalidad de su cultura, no tengan diferencia alguna de condición o tratamiento respecto de los demás mexicanos, principalmente por lo que hace a su participación en el disfrute de la riqueza producida.

16. A que la mujer campesina, dentro del tratamiento para la mujer mexicana en general, sea considerada con absoluta igualdad legal y de hecho respecto a los hombres.

ECONOMÍA INDUSTRIAL, COMERCIO Y CRÉDITO

Este capítulo se refiere a la acción de gobierno respecto de los problemas relativos a la explotación industrial de los recursos de nuestro territorio, a la circulación y consumo nacionales de los productos y a nuestro cambio internacional de mercancías, mediante la recuperación, preservación y conservación legales y técnicas de nuestras riquezas naturales, la.. organización y el incremento de la capacidad productora del país, la dirección de la producción y del crédito, y la organización adecuada del consumo interno. A este respecto, el PRM postula que la acción gubernamental debe tender:

l. A consolidar la independencia económica nacional.

2. A ajustar la producción industrial a la plena satisfacción de las necesidades nacionales.

3. A desplazar el centro de gravedad de nuestra economía, de la explotación de los recursos naturales agotables a la de aquellas que, mediante la aplicación de una técnica adecuada, sean susceptibles de reproducción por tiempo indefinido.

4. A condicionar la explotación de los recursos naturales agotables de manera tal que la velocidad del agotamiento se mantenga en un límite económico aceptable y se obtenga de dicha explotación el mayor beneficio posible para la nación.

5. A promover el establecimiento, hasta donde sea económicamente justificable y nacionalmente e necesario, de aquellas plantas industriales que complementen el proceso extractivo.
           
6. A promover la explotación de los recursos naturales que, por diversas causas, estén abandonados.

7. A establecer todos los medios y procedimientos que aseguren al Estado un grado cada vez mayor de dirección de la economía nacional.

8. A la creación y adquisición de medios permanentes de producción y a dotar al país del equipo mecánico de trabajo necesario para su desarrollo económico.
           
9. A aumentar rápidamente la fuerza motriz disponible.

10. A incrementar el abastecimiento de electricidad para que el precio de su uso y su profusa distribución llegue a ser un positivo factor de progreso.

11. A reformar el régimen general de concesiones, facilitando su otorgamiento preferente a las empresas de participación estatal administradas por los trabajadores y estableciendo la posibilidad legal del rescate de concesiones, para adaptar dicho régimen a las necesidades de la obra revolucionaria de gobierno.

12. A establecer y consolidar nuestra posición en los mercados de exportación y a la organización económica de nuestras importaciones.

13. A encauzar el crédito hacia el fomento de la producción ejidal y agrícola, de la producción industrial realizada por empresas obreras de participación estatal, de las obras públicas y servicios de urbanización y saneamiento, el impulso y control del comercio exterior y a la dirección de la producción en general, a fin de que el crédito desempeñe una función concordante con los propósitos revolucionarios.

14. A racionalizar la aplicación de trabajo humano en los procesos industriales.

15. Al establecimiento de formas económicamente eficaces de distribución y circulación de mercancías en el territorio nacional, que impliquen la menor agregación posible de costos en estas funciones.

16. A proteger el ingreso real del pueblo mediante la organización del consumo.

COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

Este capítulo se refiere a la acción del Gobierno respecto de los problemas de acceso a las zonas de recursos naturales, de consolidación de la comunidad cultural de los habitantes del país, de aumento de la producción y eficacia' en los servicios de circulación y distribución de productos, mediante el establecimiento y mejora de comunicaciones y transportes. También comprende la ejecución de las obras materiales no específicamente previstas en los demás capítulos de este plan. A estos respectos, el PRM postula que la acción gubernamental debe tender:

1. A coordinar los diferentes sistemas de comunicaciones y transportes de modo que sean complementarios unos de otros.

2. A mantener el principio de coordinación y cooperación de los gobiernos de los Estados y el Federal, y a establecer la coordinación y cooperación de los ejidatarios y demás fuerzas económicas que deban ser interesadas.

3. A construir y establecer aquellas obras o sistemas de comunicaciones y transportes que den acceso a nuevas zonas de recursos naturales.

4. A comunicar entre sí los ejidos y zonas agrícolas de una misma región por medio de sistemas que, además, los enlacen con los sistemas troncales. .

5. Al establecimiento y mejora de las rutas de tránsito del comercio internacional y del turismo, a través de nuestro territorio.

6. A relacionar y a vincular materialmente, en el menor tiempo posible, las regiones pobladas de nuestro territorio cuyos habitantes, por falta de comunicaciones adecuadas con el resto del país, están casi segregados de la comunidad nacional, estableciendo para ello medios de comunicación que puedan después ser mejoradas progresivamente.
           
7. A contribuir el desarrollo y organización de la marina mercante.
           
8. A ejecutar las obras materiales de previsión y defensa contra las
inundaciones, tolvaneras y riesgos semejantes.

TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL

Este capítulo se refiere a los problemas relativos a la intervención del Estado en la regulación de las relaciones de trabajadores y patrones y en la protección de los trabajadores y personas económicamente débiles, mediante la elaboración y aplicación de leyes sobre trabajo y previsión social. A este respecto, como consecuencia del reconocimiento que el PRM hace de la realidad actual de la lucha de clases, afirmando, a la vez, que la subsistencia de la sociedad no debe depender de la existencia de clases sociales explotadas, postula que la legislación respectiva y su aplicación deben tender:

1. A crear posibilidades de todas clases, en este campo de acción, para que el Estado impulse la transformación del sistema económico imperante en otro que esté organizado de tal manera que, al mismo tiempo que aplique al proceso de la producción todos los progresos de la técnica peculiar del sistema actual, evite la injusticia social y el desorden económico en la distribución de la riqueza, especialmente mediante el apoyo que otorgue al proletariado para unificarse y robustecer su organización.

2. A contribuir a la redistribución de la riqueza producida de modo que la clase trabajadora obtenga la mayor participación compatible con la posibilidad de utilidades razonables que conserven y atraigan capital hacia las empresas productoras, y se reparta esa participación entre el mayor número de trabajadores.

3. A que los asalariados disfruten de la mejor manera posible de la parte de riqueza producida que les corresponde y a que quede protegida contra el gravamen de inútiles intermediarios.

4. A que no se disminuya la productividad del trabajo como consecuencia de ciertas innecesarias repercusiones que en el campo de la producción tengan las desviaciones tácticas dentro de la lucha de clases.

5. A que los beneficios directamente obtenidos por los asalariados se usen con un sentido de provecho para la colectividad entera y especialmente para la comunidad donde los trabajadores vivan.

6. A proteger a los asalariados contra las contingencias que les resten capacidad para ganar el salario, y a que la organización que maneje los recursos destinados a este fin constituya una base firme para extender una protección semejante a todas las personas económicamente débiles.

7. A regular y coordinar las relaciones entre las organizaciones de trabajadores y las sociedades cooperativas.

8. A facilitar la prevención de los conflictos y diferencias entre trabajadores y patrones, así como su pronta y eficaz resolución, y a asegurar la exacta observancia de todas las prevenciones y estipulaciones que norman las relaciones de unos y otros.

EDUCACIÓN PÚBLICA

Este capítulo comprende la acción de gobierno que, ejecutada por medio de instituciones escolares y otros recursos, tiene como fines establecer la unidad cultural de los mexicanos, elevar su capacidad técnica, cuidar de la conservación y progreso del trabajo científico y transmitir a las nuevas generaciones el pensamiento revolucionario. A este respecto, el PRM postula que la acción gubernamental debe tender:

l. A que todas las actividades escolares, educativas o de investigación científica que directa o indirectamente dependen de su apoyo económico sean conducidas de acuerdo con el texto y el espíritu del artículo 3º constitucional.
2. A establecer en el país elementos uniformes de cultura, integrando así la necesaria unidad cultural nacional.
           
3. A establecer los sistemas más. eficaces de abundante difusión popular de la ciencia, la cultura y el arte, en todo el territorio nacional.

4. A ampliar la acción del Estado en materia de educación física, con el objeto de impulsar el mejoramiento corporal de los hombres; de desarrollar el sentido de la organización y de la disciplina; de crear la noción del valor del trabajo en equipos; de contribuir a la desaparición del alcoholismo mediante la ocupación del actor en la práctica de los deportes, y de mantener al pueblo en las condiciones físicas útiles para la defensa nacional.

5. A establecer todas las instituciones de estudios, exploración de nuestro territorio, investigación científica, intercambio internacional, etc., necesarios para incorporar al patrimonio de la cultura nacional los métodos, doctrinas y resultados de la ciencia y de la técnica universales.

6. A establecer los métodos escolares y educativos necesarios para conducir hacia el fenómeno de la producción los adelantos científicos contemporáneos.

7. A mantener y a crear, en su caso, los sistemas e instituciones necesarios para dar a los campesinos y a los obreros las más amplias posibilidades reales de adquirir la cultura hasta en sus grados superiores.

8. A conservar y establecer. los sistemas necesarios para capacitar a los trabajadores y campesinos para la ejecución de las actividades directoras, técnicas y sociales.

RELACIONES EXTERIORES

Este capítulo se refiere a la acción de gobierno encaminada a mantener relaciones con los demás estados que forman la comunidad internacional, mediante los procedimientos diplomáticos, la celebración de convenciones y tratados y todos los demás recursos de relaciones con el exterior. A este respecto, el PRM postula que la acción del Gobierno debe estar normada por los siguientes puntos de programa:

l. La política exterior de México tenderá a defender en todo momento la autonomía de la nación no sólo en el aspecto político, sino también en cuanto a su derecho para dictar todas las normas de carácter social o económico que México estime adecuadas para el fortalecimiento de su posición y su independencia.

2. Sin perjuicio de lo fijado en el párrafo anterior, se procurará el cultivo y fomento de las relaciones de amistad de México con todas las naciones de la tierra, y de manera muy especial, estrechar las relaciones políticas y económicas con los países hispanoamericanos.

3. En ningún caso se celebrarán compromisos que coloquen a los
extranjeros en posición de preferencia respecto a los mexicanos, o que impliquen en algún sentido menoscabo a los principios fundamentales de la Revolución Mexicana.

4. El Cuerpo Diplomático mexicano deberá integrarse por personal conocedor de los problemas políticos y sociales del país y plenamente solidarizado con la orientación revolucionaria en esas materias.

5. Se favorecerá la celebración de tratados comerciales, con una política que tienda a equilibrar la balanza del comercio y robustecer nuestros mercados.

6. México cooperará en lo internacional para obtener el afianzamiento permanente de la paz sobre bases justas para todos los pueblos. Intervendrá en todos los casos en que su acción pueda colaborar eficazmente para el restablecimiento de la paz. Para estos efectos, tomará parte en las reuniones internacionales y en los demás actos conducentes al noble fin propuesto.         .
GOBERNACIÓN

Este capítulo se refiere a la acción de gobierno tendiente a mantener dentro del sistema de la Constitución General el funcionamiento de la organización política del país y la acción en materia de prevención social, de control de la migración y el movimiento de población, y de administración de los territorios federales e islas de ambos mares, mediante la expedición y aplicación de leyes sobre estos particulares. A este respecto, el PRM postula que la acción gubernamental debe tender:

l. A reforzar la plena vigencia del sistema democrático constitucional, mediante la reglamentación de la función electoral de manera que garantice la efectividad del sufragio y, en consecuencia, asegure el respecto debido a la voluntad de las mayorías acerca de la integración del Gobierno.

2. A garantizar la institución del municipio libre.
           
3. A sostener los derechos de los trabajadores al servicio del Estado y a obtener el reconocimiento de tales derechos en las legislaciones de las entidades federativas.
           
4. Al establecimiento de un adecuado régimen de responsabilidad de los funcionarios y empleados públicos para impedir las corrupciones administrativas, que implican grave peligro para la eficacia de la acción revolucionaria.
           
5. Al establecer y asegurar coordinadamente en todo el país, un régimen de prevención y represión de los delitos en consonancia con las peculiaridades de nuestro medio y con los adelantos científicos en la materia.

6. A formular e implantar una política de población que contribuya a satisfacer mejor las necesidades económicas y sociales de la colectividad nacional y de los grupos que la integran.
7. A continuar fomentando el desarrollo económico y social de los territorios federales.
 
PUBLICIDAD

Este capítulo se refiere a todos los actos gubernativos que tengan por objeto principal difundir públicamente el conocimiento de hechos, o propagar ideas, opiniones o doctrinas. A este respecto, el PRM postula que la acción del Gobierno debe tender:

1. A mantener informado al pueblo acerca de la marcha de la administración pública, de cuantos acontecimientos influyan hondamente en la vida nacional, o interesen a una fracción popular importante.

2. A explicar y sostener las tesis de la Revolución Mexicana, en cuanto se relacionen con el Estado, y propagar los principios en que se inspira la política del Gobierno.
           
3. A activar la colaboración popular en la obra gubernativa y en las tareas promotoras de la prosperidad general.

4. A promover justa estimación para México en el extranjero, y despertar simpatía hacia las luchas sociales del pueblo mexicano, y hacia la Revolución y los actos del Gobierno.

5. A superar, sin eliminaría, la publicidad de lo meramente pintoresco, presentando ante el público nacional y ante el extranjero las actividades científicas y técnicas mexicanas para crear confianza y respeto a la capacidad nacional para las formas superiores del trabajo.

HACIENDA PUBLICA

Este capítulo se refiere a la acción de gobierno encaminada a la obtención de ingresos para los gastos públicos, a su correcta aplicación a los fines señalados en este plan y a la utilización de las medidas fiscales con propósitos de orientación económica y social, mediante el perfeccionamiento de los sistemas impositivos y la elaboración y manejo técnico de los presupuestos. A este respecto, el PRM postula que la acción fiscal debe tender: .

1. A obtener los ingresos suficientes para incrementar las actividades gubernamentales en beneficio de las mayorías populares, concurriendo así a la realización del postulado revolucionario referente a la mejor distribución de la riqueza.

2. A imponer una participación progresivamente mayor en el sostenimiento de los gastos del Gobierno a los que tengan mayor participación en la riqueza, a la vez que a disminuir las cargas fiscales que pesan sobre los contribuyentes de modestos recursos.

3. A utilizar los sistemas impositivo s para encauzar y mejorar la producción y facilitar la distribución en beneficio del pueblo, y para combatir los vicios sociales y crear mayores posibilidades de cultura y bienestar para la colectividad.

DEFENSA NACIONAL

Este capítulo comprende la acción del Estado relativa a mejorar la organización del Ejército nacional y a crear y mantener la organización de las fuerzas humanas y económicas de la República en condiciones de asegurar la inviolabilidad de nuestro territorio, la independencia de la nación y la estabilidad de nuestras instituciones, mediante la utilización de los recursos militares y la adecuada preparación del pueblo, de la economía general, de las comunicaciones y transportes y de todos los demás elementos necesarios para la defensa nacional. A este respecto el PRM postula que:

1. La obra de la defensa nacional debe ser el resultado de la cooperación y coordinación organizadas de todos los recursos naturales, humanos y técnicos de la nación.

2. La defensa nacional debe ser planeada por un organismo que contenga representantes de todas las fuerzas y elementos disponibles y necesarios.

3. La acción del Ejército, tanto en la paz como en la guerra, debe ser estudiada y planeada por cuerpos técnicos especializados.

4. El mejoramiento del Ejército, así como el de las recompensas de sus componentes y el de su organización técnica para adaptarlo mejor a la defensa del territorio nacional y de las instituciones revolucionarias, es obra de interés social.

DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL

Este capítulo se refiere a la acción del Gobierno encaminada al mantenimiento, mejoramiento y aplicación de los diversos servicios del Distrito Federal, mediante el ejercicio de funciones administrativas y de promoción y dirección, por el Departamento del Distrito Federal. A este respecto, el PRM postula que:

1. La acción del Departamento del Distrito Federal debe tender a los mismos fines que la obra general de gobierno, conforme a todos los postulados y prevenciones de este plan, en cuanto sean aplicables a sus funciones y específicamente, a realizar fines semejantes a los que, de acuerdo con el capítulo relativo a Gobernación, se prevén para los municipios, mediante la honesta y racional aplicación de los ingresos públicos y con la cooperación de todas las fuerzas de la colectividad.

2. El Departamento del Distrito Federal deberá promover y coordinar la cooperación de las fuerzas de la colectividad, de tal manera que no sólo pueda dedicar al desempeño de sus funciones los recursos presupuestales, sino también los derivados de la cooperación de los ciudadanos, del crédito y de todas las posibilidades financieras que puedan aportarse.