| Selección de textos y documentos: Doralicia Carmona Dávila |
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1861 Un grupo de diputados pide la renuncia a Juárez como Presidente Constitucional |
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7 de septiembre 1861 Los que suscribimos, ciudadanos mexicanos en ejercicio de nuestros derechos, al ciudadano Presidente de la República, exponemos: Que, elegidos por el libre voto de nuestros conciudadanos para venir a representarlos en el Congreso de la Unión, en nuestra calidad de Diputados, hemos llenado hasta hoy nuestro deber, estudiando la situación del país, el origen de los males que lo aquejan y los medios que, aunque escasos, sean eficaces para salvarlo y, después de un maduro examen que ha producido en nosotros la convicción más profunda respecto de las medidas indispensables para organizar la marcha de la causa pública y para alcanzar la salvación no sólo de los principios políticos conquistados sino aun de la autonomía nacional, con ella y, cumpliendo un deber indeclinable que nos impone nuestra conciencia de ciudadanos y haciendo abstracción de nuestro carácter de Diputados, venimos a elevar una petición respetuosa al ciudadano Presidente, usando del derecho que nos concede el artículo 8º del Código fundamental. Vemos en la situación actual un elemento mayor que otro alguno de desorganización en la rotura casi absoluta de los lazos federativos, que deberían ligar, haciendo una las diversas partes que constituyen nuestra nacionalidad y la escisión de los Estados que tanto espanta y con razón en la esfera de los hechos consumados, existe ya, así en el orden administrativo como en el Legislativo y Judicial. Falta, pues, la unidad federativa y con ella faltará dentro de poco la unidad nacional, siendo imposible, por lo mismo, todo Gobierno en el centro y quedando, como está reducido a luchar estérilmente con su propia impotencia. La verdad de este hecho tiene el carácter de la evidencia; a dónde pueda conducirnos esta situación es demasiado fácil adivinarlo; cuál sea la causa de ella y cuál el remedio es, pues, el asunto de que venimos a ocuparnos. La gigantesca revolución que ha hecho triunfar en los campos de batalla la bandera de la Reforma, no ha sido, ciudadano Presidente, una de tantas revueltas que han agitado durante 40 años nuestro desgraciado país; ha sido, sí, una verdadera revolución social, en que el pueblo ha adquirido la conciencia de su fuerza y se ha puesto a la altura de las conquistas que ha pretendido alcanzar; pero de esa revolución, los combates y las victorias no han sido, ni podido ser más que el prólogo, estando encomendado su desarrollo y su consumación a la inteligencia política y administrativa e importante es recordar que en esa lucha los que alcanzaron la victoria, los que para ella sacrificaron su reposo y su hacienda, prodigando su sangre fueron, sin duda, los pueblos del interior de la República y de la frontera, que en el día del triunfo depusieron en el altar de la legalidad todas sus conquistas. Esperaron, con razón, el desarrollo y consumación de la Reforma; con ella esperaron también ver curadas esas llagas que de antiguo minan nuestra existencia social y que nos ponen bajo la dependencia de las potencias extranjeras, que nos dominan con el título oprobioso de acreedores; esperaron ver organizar la administración pública sobre los elementos de moralidad y de justicia, desterrados de ella tanto tiempo hace y, bajo el halago de esa esperanza, quedaron ahogadas las ambiciones bastardas y por la primera vez en la historia de nuestro país, el soldado victorioso acató la ley y cedió el puesto al depositario del Supremo Poder de la Nación. Mas, por desgracia, todas esas esperanzas han salido fallidas; la revolución se ha detenido en su marcha, puesto que no ha adelantado un solo paso en la esfera administrativa; la desmoralización se ha entronizado en todas direcciones y luchando el Ejecutivo con la falta absoluta de recursos, se ve el país amenazado por la guerra extranjera, devastado por bandidos que, sin invocar un principio o un pretexto político al menos, todo lo destrozan a su paso. Esto es porque ha faltado vida y acción en el centro, que ha visto desaparecer en menos de 100 días inmensas riquezas acumuladas por el clero en tres siglos de dominación absoluta; que no ha podido cumplir una sola de las promesas mil que ha hecho al país; que ha tenido la desgracia de ver levantar en la puerta de la Capital, por pequeñas hordas de bandidos, cadalsos en que han perecido los hombres más prominentes de la revolución; que con el poder omnímodo no ha podido destruir unas cuantas bandas de forajidos, ni alcanzar siquiera asegurar la vida y las haciendas de los ciudadanos en el centro mismo de la Capital; que, por último, se ha visto obligado a los cuatro meses de existencia, a buscar los medios de sostenerla en las fuentes mismas a que ocurrió la reacción caduca y moribunda, en los últimos instantes de su agonía. El Ejecutivo, ciudadano Presidente, no procuró extender su acción legal, benéfica y conciliadora, en los Estados y éstos, temiendo por el porvenir de la causa en favor de la que habían luchado, se han encerrado en sus propias individualidades, dando por resultado, todo ello, la rotura de los vínculos federales. Creemos que para consumar una gran revolución no son bastantes los títulos legales, es necesario el tacto político; creemos que para mandar a un pueblo que tiene la conciencia de su fuerza no alcanza la coacción de la ley y que, en los países que han aspirado ya las auras de la libertad, el único Gobierno posible es el basado sobre el prestigio y el amor de los pueblos, prestigio y amor que desgraciadamente ha perdido de todo punto el actual personal de la administración. Lejos de nosotros la idea de imputar como un delito, como un crimen o como un error, los hechos que hemos referido; no venimos hoy con el carácter de acusadores, ni en nuestra calidad de ciudadanos queremos abrogarnos los derechos de jueces. Desgracia o más bien resultado preciso de las grandes revoluciones que devoran no sólo la vida y las haciendas de los hombres prominentes, sino también su prestigio y su reputación, el hecho es que, el actual Presidente de la República, a quien nos dirigimos, no es posible que salve la situación y su separación del alto puesto que ocupa es una necesidad tan imperiosa para la salvación del país, como fue importante su presencia en él, en los primeros días de la revolución. Durante ella y en los de prueba, usando de ese poder siempre ominoso que se llama dictadura, se gastó lo más noble que poseía, su prestigio y su poder moral que en vano se ha pretendido reconquistar por medio de diversas combinaciones ministeriales que no han hecho más que sacrificar otras tantas reputaciones, esterilizando nobles y fecundas inteligencias. La revolución, ciudadano Presidente, necesita de éstas; necesita que el nombre de Juárez no pase a la posteridad con las notas que sobre él arrojaría la historia, si apareciera como el del hombre que sofocó los gérmenes de una gran revolución; la Reforma exige la vida, la acción que presta sólo el prestigio perdido hoy y que es el único centro de unión que puede reanudar los vínculos federativos ya rotos; que puede revivir los elementos de la organización social ya apagados; que puede, por último, darnos la fuerza para salir airosos en los conflictos interiores y exteriores que nos amenazan. Y, en nombre de esas supremas necesidades, en nombre de la salvación de los principios políticos que profesamos, en nombre del honor y de la salvación de nuestro país, ocurrimos al ciudadano que es capaz de todas las virtudes republicanas, al ciudadano que ocupa el poder, según él mismo lo ha dicho, por un acto de noble abnegación; al ciudadano que jamás hará personal la cuestión de los intereses sociales y respetuosamente le pedimos se separe temporal o absolutamente de la Presidencia de la República, en la que sus virtudes son estériles y en la que sacrifica, con su propia reputación, el porvenir de la República. Protestamos de la manera más solemne ante el ciudadano Presidente y ante el mundo entero que al elevar esta súplica no nos mueve interés alguno bastardo, sino única y exclusivamente el sagrado de la salvación del país y esperamos que, en los términos prescritos por el artículo 8o del Código fundamental, se sirva mandarnos sea manifiesta su resolución. México, 7 de septiembre de 1861. Manuel María Ortiz de Montellano
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