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Selección de textos y documentos:

Doralicia Carmona Dávila

© Derechos Reservados
ISBN 970-95193

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1848 Apuntes para la guerra entre México y los Estados Unidos

Manuel Payno, Guillermo Prieto, Ignacio Ramírez, et. al.

(Fragmento)*

CAPITULO I

Al contemplar el estado de abatimiento y ruina a que la funesta guerra con los Estados Unidos del Norte ha reducido a la República Mexicana, doloroso es por cierto tener que volver los ojos atrás para investigar las causas de este inmenso trastorno; pero sin la explicación de los antecedentes que dieron lugar al rompimiento de las hostilidades, nuestra obra quedaría trunca, y faltaría a los hechos la claridad con que deben presentarse al examen del mundo civilizado. Es de esperarse por otra parte que la dura lección que hemos recibido, nos sirva para reformar nuestra conducta, obligándonos a tomar las precauciones necesarias para que no se repitan las desgracias acaecidas, y para que de esa lección se saque todo el fruto posible, conviene no olvidar los errores que hemos cometido, y prepararnos a parar con tiempo los golpes con que nos amagan la ambición y la perfidia.

La República Mexicana, tan privilegiada por la naturaleza, llena de los elementos que forman una nación grande y feliz, tuvo entre otras desgracias, que no es del caso mencionar, la de estar situada en la vecindad de un pueblo fuerte y emprendedor. Emancipada de la Metrópoli, falta de la experiencia que no pudo adquirir mientras sus destinos se rigieron por manos extrañas, envuelta por dilatados años en el torbellino de incesantes revoluciones, presentaba una presa fácil al que quisiera emplear en su contra una fuerza respetable. Su situación desventajosa no podía ocultarse a las miradas escudriñadoras de los Estados Unidos, que en acecho de las ocasiones favorables a sus proyectos, los llevaron adelante por mucho tiempo ocultamente y bajo de cuerda, hasta que puestos en el disparadero, tuvieron que arrojar la máscara y descubrir sin embozo los planes de su política audaz y dominadora.

Para explicar, pues, en pocas palabras el verdadero origen de la guerra, bastaría decir que la ha ocasionado la ambición insaciable de los Estados Unidos, favorecida por nuestra debilidad; pero este aserto, por más verídico y fundado que sea, necesita la confirmación que vamos a darle con hechos pasados a la vista del mundo entero, y cuya evidencia no dejará duda de la exactitud de nuestros conceptos.

Al sacudir los Estados Unidos del Norte el yugo de la madre patria, aparecieron constituidos desde luego en una nación poderosa, merced a los buenos elementos del gobierno establecido desde que no eran más que simples colonias. Esa república anunció desde su nacimiento que estaba llamada a representar un papel importante en el mundo de Colón; y sus rápidos adelantos, y el aumento progresivo y asombroso de su territorio, y la multiplicación no interrumpida de sus habitantes, y el poder formidable que ha ido adquiriendo por grados, son otras tantas pruebas de que ha de llegar a ser un coloso, no sólo para las naciones débiles de la América española, sino aun para los viejos pueblos del Antiguo Continente.

Los Estados Unidos no esperaron el auxilio del tiempo para sus planes de engrandecimiento: desde los primeros días de su independencia adoptaron el proyecto de extender sus dominios, y desde entonces no se ha desviado su política una sola línea de estas ideas. Su conducta, sin embargo, no descubría a las claras tales miras; pero los hombres pensadores, que examinaban los sucesos, no tardaron en conocerlas; y el conde de Aranda, a cuya previsión no se ocultaron los fines que se proponían los Estados Unidos, dijo aquellas célebres palabras, que hoy debemos mirar como una profecía comprobada por los acontecimientos. "Esta nación ha nacido pigmea: tiempo vendrá en que llegará a ser gigante, y aun coloso muy temible en aquellas vastas regiones. Su primer paso será apoderarse de las Floridas para dominar el Golfo de México."

La ambición de los norteamericanos no se conformaba con esto: quisieron desde un principio extender sus dominios de tal suerte que quedasen de señores absolutos de casi todo este continente. A dos se pueden reducir sus ideas dominantes en este punto: una, sujetar a sus leyes y dominación toda la América hasta el istmo de Panamá; otra, abrirse paso por tierra para el mar Pacífico, y hacerse de buenos puestos que pusieran en boga a su navegación. De esta suerte, estableciendo de cualquier modo una comunicación fácil y de pocos días entre ambos océanos, ninguna nación podría competir con ellos: la misma Inglaterra tendría que ceder el campo a su afortunada rival; y ésta, dueña del comercio del mundo entero, poco tardaría en tocar el punto de engrandecimiento a que aspira.

En el corto espacio de unas tres cuartas partes de un siglo, los sucesos han venido a comprobar la existencia de esos planes y su pronta realización. La República Norteamericana ha absorbido ya territorios pertenecientes a la Gran Bretaña, a la Francia, a la España y a México: ha empleado todos los medios para lograrlo, así la compra como la usurpación, lo mismo la astucia que la fuerza; y nada la ha detenido cuando ha tratado de adquirir terrenos. Sucesivamente ha caído en su poder la Luisiana, las Floridas, el Oregon, Texas; tiene ya asegurada la posesión de las Californias, Nuevo México y gran parte de otros estados y territorios de la República Mexicana, y por más que queramos alucinarnos con que esas pretensiones llegarán ahora a su término, y que disfrutaremos de una paz y tranquilidad inalterables durante mucho tiempo, los antecedentes todos que hay en la materia deben desengañarnos de que subsistiendo, como han de subsistir, los mismos planes de dominación en los Estados Unidos, se ha de pretender realizarlos, y hemos de vernos envueltos nuevamente, más tarde o más temprano, en otra u otras guerras desastrosas, hasta que el pabellón de las estrellas ondee sobre el último palmo del terreno que tanto se codicia.

Tristes son en verdad estas consideraciones; pero su exactitud se demuestra con más claridad a medida que se examina con mayor detenimiento el fin constante que hemos visto que se ha propuesto la república vecina. Como punto de partida hemos fijado nosotros la época de su independencia, por ser desde entonces cuando de un modo más declarado se pensó en esa dominación tan vasta; pero si dirigiéramos la vista a una tiempos remotos, observaríamos que los primeros ocupadores de los Estados Unidos siguieron igual política, y que los hijos de Washington no hacen más que imitar la conducta de sus ascendientes.

En efecto, los súbditos de la Gran Bretaña, a quienes las convulsiones políticas y religiosas de su patria, obligaron a buscar en climas lejanos la libertad de conciencia y la tranquilidad que se goza bajo un gobierno pacífico, se establecieron en las regiones de la América septentrional, donde no tardaron en apoderarse de las posesiones de los infelices indígenas, transformándose de mezquinos arbustos en árboles frondosos de espesas ramas, cuyas raíces se extendían muy a lo lejos. Y entonces como después, todos los medios les parecieron adecuados, todos los recursos admitidos, desde la compra legal de los terrenos hasta su adquisición por el exterminio completo de las razas; siendo de notarse, sin embargo, que se dio la preferencia a los medios violentos, y que fueron muy contados los que siguieron las huellas del respetable Guillermo Penn.

Como los países sujetos a la dominación española lindaban con el territorio de los Estados Unidos, a ellos se dirigieron los primeros tiros de esta potencia. Después de la guerra de 1779, y de las conquistas hechas en su curso por el general Gálvez, la España adquirió a virtud del tratado de paz de 1783 la absoluta propiedad y posesión de las Floridas oriental y occidental, hasta la margen izquierda del Misisipí. Ya desde antes la misma nación se había hecho de parte de la Luisiana, es decir, de la isla con la ciudad de Nueva Orleáns, por donación voluntaria de la Francia en el año de 1764, con lo que quedó de dueña reconocida de aquel país que había estado pasando de mano en mano por cesiones anteriores.

La habilidad diplomática de los gobernantes de la Unión, sacó grandes ventajas para su nación del tratado de amistad, límites y navegación, celebrado en 1795 entre España y los Estados Unidos. Los americanos ganaron cerca de un grado en toda la extensión de la línea divisoria que separaba las Floridas de su territorio, y adquirieron los terrenos más feraces de ambas Floridas, oriental y occidental, así como los ríos que bajan de la Georgia y del Misisipí, el importante punto de Natches y otros fuertes de grande utilidad para la defensa de la frontera. Estas ventajas se aseguraron en la nueva convención celebrada en 1802 entre las mismas potencias.

Después de este paso, lo que inmediatamente pretendieron los Estados Unidos, fue la interesante adquisición de la Luisiana. Esta provincia de que estaba la España en posesión, según se ha visto más arriba, pasó a poder de la Francia en el año de 1800, por el tratado de S. Ildefonso, firmado por D. Mariano Luis de Urquijo y el general Alejandro Berthier. El objeto con que se celebró fue el del engrandecimiento en Italia del infante duque de Parma, a quien la República Francesa se obligaba a proporcionar un aumento de territorio con el título de rey y todos los derechos anexos a la dignidad real. En cambio de esta concesión, S. M. C. se comprometía por su parte a retroceder la provincia de la Luisiana, con la misma extensión que tenía actualmente en poder de la España, y tenía cuando la poseía la Francia, y tal como debía estar con arreglo a los tratados concluidos subsecuentemente entre España y otros Estados.

Como en virtud de la retrocesión, la Luisiana había vuelto a poder de la Francia, con esta nación se entendió la americana para la adquisición de la mencionada provincia. La compra fue el camino adoptado entonces para el aumento del territorio. Previas las negociaciones correspondientes, Bonaparte, primer cónsul en esa época, vendió la Luisiana a los Estados Unidos en la cantidad de sesenta millones de francos. Aquí debemos advertir, como un hecho interesante, que en la cesión hecha por la España a la Francia, no se pensó en demarcar los límites de la provincia referida; y aunque se habían fijado desde el tratado de paz de París de 1763, aquel olvido o negligencia dio luego lugar a cuestiones de trascendencia, promovidas si se quiere de mala fe, pero que se hubieran podido evitar con sólo la precaución importantísima del señalamiento de límites.

Otro de los errores graves que en esa vez cometió la España, es sin disputa el de no haber estipulado que no pudiera enajenarse la Luisiana hasta después de algún tiempo. Conociendo luego aquella potencia la falta en que había incurrido, trató de remediarla, y logró en efecto del embajador francés esta declaración; pero Bonaparte, sin cuidarse de tales antecedentes, procedió a celebrar la venta con los Estados Unidos. El marqués de Casa Irujo, ministro de España en Washington, protesó contra semejante acto, y tal vez esto hubiera producido algún efecto favorable. Por desgracia el rey Carlos IV, cuya política débil no osaba presentar resistencia al hombre extraordinario que se anunciaba ya como el dominador de la Europa, temió que la protesta irritara a Bonaparte en su contra, e hizo que la levantara el embajador.

La adquisición de la Luisiana debe considerarse como de inmensa importancia para los Estados Unidos: con ella se duplicó la extensión de sus terrenos, y aquel país, que en poder de la España, lejos de producirle ventajas, le era perjudicial y gravoso, se convirtió en una fuente inagotable de riquezas, que supieron explotar las manos emprendedoras e industriosas en que había caído. Y como a la vez progresaban también los demás Estados de la Unión, y como los beneficios que resultaron de la adquisición de la Luisiana extendieron su saludable influencia por toda la república, los elementos de prosperidad que encierra se desarrollaron cada día más rápidamente, aumentándose de una manera gigantesca su poder.

Por un notable contraste, para nosotros fue un suceso desgraciado aquella adquisición, que nos proporcionó una vecindad bien poco apetecible. De la Luisiana a Texas no había ya más que un paso: la venta de esa colonia había roto el dique que contenía aún el torrente que se desbordó luego sobre México.

Constantes los norteamericanos en sus planes de absorción, luego que se vieron dueños de la Luisiana, tendieron sus redes a la vez al resto de las Floridas y a la provincia de Texas, países ambos que permanecían aún bajo la dominación española. Emplearon entonces distinta táctica: la astucia y la fuerza abierta les sirvieron de armas contra una nación, decaída desde antes de la fuerza y la gloria que la hicieron un día la primera del mundo, e incapaz en ese tiempo de defender sus colonias ultramarinas, porque tenía que emplear todas sus fuerzas para rechazar en su suelo propio la invasión del extranjero.

Y en verdad que la situación de la España era la más favorable a las miras ambiciosas de la república de Washington. Aprovechándose ésta de la crisis terrible por la que pasaba aquélla, envió emisarios, agentes y espías a México, Venezuela, Santa Fe y otros puntos, a recoger datos y noticias, y abrir el camino que les facilitara después la consecución de sus planes. Ya anteriormente había hecho frecuentes exploraciones para proporcionarse noticias geográficas y estadísticas, a lo que contribuyeron no poco los viajes de los capitanes Pike, Lewis y Clark. Con el conocimiento, pues, de todos los antecedentes, ya no estaban más que en acecho de una ocasión oportuna: la invasión de la Península por los franceses se las presentó.

Así es que, sin que la España les hubiera dado motivo alguno de queja, en medio de la paz, sin previa declaración de guerra, las autoridades americanas procuraron revolucionar, y sus tropas ocuparon en 1810 en la Florida occidental el distrito de Baton-Rouge, y en 1812 el de Mobila, observando la misma conducta que después con Texas. Para paliar el atentado escandaloso que se cometía, el presidente declaró que aquellos territorios les pertenecían, como parte integrante de la Luisiana; y aquí se empiezan ya a notar visiblemente las consecuencias que produjo la no demarcación de sus límites. La usurpación continuó luego: en la misma Florida occidental, el general Jackson llegó hasta Panzacola, mientras otro cuerpo de tropas penetraba en la Florida oriental. Siguió a poco la ocupación de la isla Amalia: después la toma de los castillos de San Marcos y Barrancas; y todos estos actos de hostilidad (fuerza es repetirlo) se cometían contra una nación con la que se vivía en paz. Y los males que son inevitables en la guerra, por la naturaleza misma de este azote de los pueblos, se agravaron por la crueldad que en esas campañas desplegó el general Jackson contra los infelices indígenas.

A la ocupación violenta de las armas procedía o seguía la declaración de los cuerpos legislativos, que procuraban sancionar tales hechos con sus determinaciones. Por este principio, una acta del Congreso incorporó a los dominios de Norteamérica, el distrito de Baton-Rouge. El mismo Congreso autorizó al ejecutivo para que se apoderara a viva fuerza de la isla Amalia, de Mobila y demás territorios de la Florida occidental, y así se verificó, después de lo cual otra acta incorporó dichos territorios hasta río Perdido.

Mientras el gobierno norteamericano se apoderaba así paulatinamente de las Floridas, no permanecía ocioso respecto de Texas, sino que simultáneamente premeditaba su ocupación, pues ya hemos observado que acometió ambas empresas a la vez. Confinaba Texas por el este con la Luisiana, y separábalo de Coahuila el río Medina, extendiéndose su territorio hasta el presidio de Nuestra Señora del Pilar de los Adaes. Pertenecía también esta provincia a la corona de España, que tuvo establecimientos allí desde el siglo xvi, a poco de haberse efectuado la conquista del poderoso imperio mexicano. Posteriormente, en el año de 1689, el capitán D. Alonso de León, que se hallaba entonces de gobernador de Coahuila, recibió orden del virrey, marqués de la Moncloa, de practicar el reconocimiento de la bahía del Espíritu Santo y del río San Marcos que desemboca en ella. En 1690 tomó posesión D. Alonso del territorio y fundó la misión de San Francisco de Texas. Llegada al rey de España la noticia de estos sucesos, y conocida su importancia, mandó por real cédula de 12 de noviembre de 1692 que se practicasen nuevos descubrimientos, y se emprendiese la navegación del río Codachos. Siguieron luego nuevas expediciones, de que resultaron las fundaciones de la Purísima Concepción, San José, María Santísima de Guadalupe y otras. De esta manera, sin oposición de ninguna especie, y usando el derecho que las naciones reconocían en aquellos tiempos para la adquisición de territorios, los monarcas de España se hicieron dueños de toda la provincia de Texas.

Grande hubiera podido ser el partido que un gobierno previsivo y perspicaz hubiera sacado de tan importante posesión. El terreno conocido con el nombre de Texas se halla comprendido entre los 28 y 35° de latitud norte, y los 17 y los 25° de longitud oeste de Washington. Linda por el norte con el territorio de Arkansas; por el este con el Estado de Luisiana; por el sur con el de Tamaulipas y Golfo de México; y por el oeste con Coahuila, Chihuahua y Nuevo México. Texas tiene sobre la mayor parte de los terrenos de la república la ventaja de encerrar en su seno ríos hermosos y navegables, beneficio que es acaso el único que falta en casi todas las demás partes del suelo privilegiado de nuestra patria. Texas, por su feracidad y por su riqueza, por su clima y por su situación, cuenta con todos los elementos necesarios para prosperar co. mo nación en la agricultura, la industria, el comercio y la navegación.

El provecho que les debía resultar de la posesión de ese país, estimuló a los Estados Unidos a procurarla a toda costa, porque a pesar de que sin necesidad de nuevas adquisiciones tenían en sus terrenos propios más de las dos terceras partes de ellos sin desmontar, los apreciaban en poco por ser incapaces de grandes progresos en la agricultura, a causa de la mala calidad del suelo y de la temperatura extremosa y desagradable en todas las estaciones. Acaso los arrastraba también esa propensión innata en los pueblos septentrionales de cambiar sus tristes regiones por los risueños climas del mediodía.

Cuando los norteamericanos no eran todavía dueños de la provincia de la Luisiana, que colinda con Texas, se promovió una guerra entre España y Francia, en cuyo reino era regente el duque de Orleáns. Los franceses atacaron la misión de los Adaes, cuyo vecindario se trasladó a San Antonio de Béjar. El marqués de San Miguel de Aguayo recobró el punto de los Adaes, y sus habitantes volvieron a sus hogares, de que estuvieron en tranquila posesión, sin volver a ser molestados. El francés Lasalle había plantado antes un establecimiento momentáneo en la bahía de San Bernardo en 1685, pero su pronta desaparición no dio lugar a que ni aun entonces se considerase aquel hecho como un acontecimiento importante.

Es, pues, una cosa incontestable que la España había estado desde tiempos muy antiguos en exclusiva posesión de la provincia de Texas. Jamás había ocurrido a nadie que los límites de la Luisiana se extendieran hasta esa provincia, pretexto de que se valieron los norteamericanos para continuar sus usurpaciones, pretendiendo que la Luisiana llegaba hasta el río Bravo. Semejante concepto sólo podía fundarse en gratuitas suposiciones, pues era evidente que al vender la Francia a los Estados Unidos aquella colonia, no pudo trasmitirle otros derechos que los que había recibido de la España. Ahora, es muy sabido que el tratado celebrado con esta potencia había sido de simple retrocesión; y tanto la misma significación de esta palabra, como el texto expreso de los artículos, quitaban toda duda sobre el particular. Por el tratado de San Ildefonso, la España retrocedió la Luisiana a la Francia con la misma extensión que tenía actualmente en su poder, con la misma extensión que tenía cuando la poseía la Francia, y tal como debía estar con arreglo a los tratados concluidos subsecuentemente entre España y otros Estados. Y ni en esa época de dominación actual de España, ni en la anterior de posesión de la Francia, ni por ninguno de los tratados subsecuentes, había tenido jamás la Luisiana la extensión que quisieron darle después los Estados Unidos. Sus límites eran los que se habían fijado por el tratado de París, y el mismo Mr. Kerlerk en su descripción la hacía terminar en río Rojo.

Pero sea como fuere, el plan que entonces se propuso el gobierno americano fue el de fundar sus pretensiones en aquella suposición; y alentado además por la facilidad con que sus agentes hacían sus exploraciones y recogían datos y noticias, comenzó por pedir como parte de la Luisiana el territorio que media entre los ríos Mermenta y Sabina. Los comandantes de Texas cometieron el acto de debilidad de celebrar un convenio, en que se estipuló que todo aquel país quedase neutral y despoblado entre ambas potencias. La línea convencional corría entre los ríos Mermenta y Carcassieu, seguía por Arroyo Hondo, pasaba entre el Adaes y Natchitoches, y concluía en el río Rojo. Se llamó territorio contestado o disputado a todo el espacio comprendido entre dicha línea convencional y la orilla izquierda del Sabina. De esta convención resultó que el año de 1806 mandaron los Estados Unidos al general Wilkinson con orden de repeler a las fuerzas españolas, que a las órdenes del gobernador Herrera, estaban ya al este del Sabina. Y constantes en su propósito, continuaron los americanos en los años siguientes cometiendo nuevos actos de agresión y hostilidad contra la provincia de Texas.

En el año de 1818, el general Lallemand y otros emigrados franceses, ocuparon sobre el río Trinidad, en la misma provincia, un punto que llamaron Campo de Asilo. Sin embargo, su permanencia allí fue demasiado corta, en razón de que no tardaron en abandonar la empresa por indicaciones del presidente Monroe. También varios diputados americanos formaron un Congreso en Nacogdoches, en que resolvieron adjudicarse la tantas veces repetida provincia.

Desde el año de 1809 estaba en los Estados Unidos con el carácter de enviado extraordinario y ministro plenipotenciario de España D. Luis de Onís, quien desde su llegada procuró con toda eficacia contener las usurpaciones de los americanos, y celebrar un tratado que de una vez terminara las cuestiones pendientes entre las dos potencias sobre límites, indemnizaciones y otros puntos. Vanos fueron sus esfuerzos durante muchos años para cumplir con el objeto de su misión: consiguiólo al fin en el de 1819, en que firmó en Washington, con el distinguido americano John Quincy Adams, entonces secretario de Estado, el famoso tratado de 22 de febrero. La importancia de este documento exige que nos detengamos algo en su examen.

Por el artículo 29 S. M. C. cedió a los Estados Unidos en toda propiedad y soberanía, todos los Estados que le pertenecían situados al este del Misisipí, conocidos bajo el nombre de Florida occidental y Florida oriental. Por el 39 se señalaron los límites de ambas naciones, razón por la que parece oportuno transcribirlo íntegro en este lugar. Dice así: "La línea divisoria entre los dos países, al occidente del Misisipí, arrancará del seno mexicano en la embocadura del río Sabina en el mar, seguirá al norte por la orilla occidental de este río hasta el grado 32 de latitud; desde allí por una línea recta al norte hasta el grado de latitud en que entra en el río Rojo de Natchitoches Red river, y continuará por el curso del río Rojo al oeste hasta el grado 100 de longitud occidental de Londres y 23 de Washington, en que cortará este río, y seguirá por una línea recta al norte por el mismo grado hasta el río Arkansas, cuya orilla meridional seguirá hasta su nacimiento en el grado 42 de latitud septentrional; y desde dicho punto se tirará una línea recta por el mismo paralelo de latitud hasta el mar del Sur: todo según el mapa de los Estados Unidos de Melish, publicado en Filadelfia y perfeccionado en 1818. Pero si el nacimiento del río Arkansas se hallase al norte o sur de dicho grado 42 de latitud, seguirá la línea desde el origen de dicho río recta al sur o norte, según fuese necesario, hasta que encuentre el expresado grado 42 de latitud, y desde allí por el mismo paralelo hasta el mar del Sur. Pertenecerán a los Estados Unidos todas las islas de los ríos Sabina, Rojo de Natchitoches y Arkansas, en la extensión de todo el curso descrito; pero el uso de las aguas y la navegación del Sabina hasta el mar, y de los expresados ríos Rojo y Arkansas, en toda la extensión de sus mencionados límites, en sus respectivas orillas, será común a los habitantes de las dos naciones. Las dos altas partes contratantes convienen en ceder y renunciar todos sus derechos, reclamaciones y pretensiones sobre los territorios que se describen en esta línea, a saber: S. M. C. renuncia y cede para siempre por sí y a nombre de sus herederos y sucesores, todos los derechos que tiene sobre los territorios al este y al norte de dicha línea; y los Estados Unidos en igual forman ceden a S. M. C. y renuncian para siempre todos sus derechos, reclamaciones y pretensiones a cualesquiera territorios situados al oeste y al sur de la misma línea arriba descrita."

Por este tratado adquirieron los Estados Unidos la propiedad de todo el territorio disputado, es decir, el situado entre Arroyo Hondo y el Sabina; pero como acabamos de ver en la última parte del artículo 39, renunciaron a todos sus derechos y pretensiones sobre los territorios que antes habían ambicionado. Manifiesta era desde antes para todo hombre sensato la injusticia de sus reclamaciones: el derecho de la España era claro e incontestable; sin embargo, los Estados Unidos se servían de sus ideas infundadas como de un título legal para hacerse de nuevos dominios. Después de la celebración del tratado de Washington ya no pudo ser así: la mutua cesión de pretensiones fijó los límites de ambas potencias: los términos del convenio constituyeron la norma a que una y otra debían sujetar sus operaciones en lo sucesivo; y por consiguiente, los Estados Unidos se ataron las manos para reclamar los territorios situados más acá del Sabina, porque al verificarlo, rompían un tratado solemne y destruían los vínculos en que el derecho de gentes afianza las relaciones de las sociedades que forman la gran familia humana.

Poco después del arreglo de las diferencias entre España y la república de Washington, consumó México su independencia de la antigua Metrópoli, a la que sucedió por supuesto en el pleno goce de los derechos que le correspondían sobre los territorios que acababan de emanciparse de su dominación. Los Estados Unidos reconocieron la independencia de nuestra nación a muy poco tiempo de haberse efectuado. En noviembre de 1823 se presentó al Congreso norteamericano el ministro de Relaciones Exteriores Mr. Henry

Clay, cuya conducta posterior, digna de un eterno agradecimiento por parte nuestra, no ha desmentido aquel favorable antecedente, y manifestó la opinión del presidente sobre reconocer a México como nación independiente y soberana. Las cámaras aprobaron la proposición del presidente, siendo de notarse que el acuerdo salió casi por unanimidad. No hubo más excepción que la de un solo diputado, Mr. Randolf, quien se opuso al reconocimiento, prorrumpiendo en nuestra contra en los agravios y dicterios que después nos han prodigado a manos llenas tantos compatriotas suyos.

Iniciado de una manera tan favorable el principio de nuestras relaciones con la nación vecina, se trató de afianzarlas más sólidamente con el envío de representantes, y a mediados del año de 1824 pasó D. Pablo Obregón a los Estados Unidos con el carácter de ministro plenipotenciario. Por su parte aquella república envió a México, a principios del año siguiente, a mister J. R. Poinsett, que ha dejado entre nosotros una funesta celebridad. Ese enviado venía con el principal objeto de celebrar un tratado de amistad y comercio que estrechase las relaciones nacientes entre las dos potencias. El gobierno mexicano entró en discusiones con Poinsett en 1826 acerca del tratado de limites hecho con D. Luis de Onís, y desde entonces debió terminarse este negocio, que quedó pendiente por la apatía y morosidad con que se obró.

Reanudáronse luego las negociaciones, allanáronse las dificultades que se presentaban, y se logró por fin que en 12 de enero de 1828 se confirmara en México el tratado celebrado en Washington en 22 de febrero de 1819. Las respectivas ratificaciones se canjearon en 5 de abril de 1832, quedando desde entonces el asunto concluido, y obligadas las nuevas partes contratantes a estar y pasar por lo convenido, como lo habían estado igualmente las antiguas. Pero los Estados Unidos, que no retrocedían un ápice de su antiguo y sostenido sistema, no apartaron los ojos de los productivos terrenos que codiciaban, y pensaban ya en los medios de apropiárselos, para extender el ámbito de los suyos, al mismo tiempo que reconocían los primeros como pertenecientes a una nación amiga. Sin embargo, disimulados en su conducta, aparentaron la mejor voluntad para seguir con México en las relaciones más pacfficas y cordiales, y nosotros hicimos otro tanto con la mejor buena fe, y en observancia del tratado de 5 de abril de 1831. Después de la muerte de Obregón quedó de encargado de negocios el secretario de la legación D. Manuel Montoya; y en octubre de 1828 fue nombrado D. José María Tornel ministro plenipotenciario. Por parte de Ios Estados Unidos sucedió Butler a Poinsett.

Para la adquisición de Texas habían pensado desde antes los agentes de esa república en la venta de sus terrenos, y la propusieron empeñosamente, aunque sin éxito, primero en 1825, y luego en 1827. El nuevo ministro, Mr. Butler, anunció también que quería negociar otro tratado de límites, pretensión a que se opuso el gobierno mexicano; así es que, desengañados los americanos de que por este medio nada conseguirían, adoptaron otros más eficaces; y cuando nuestras funestas revoluciones intestinas nos tenían ya debilitados, cuando uno de nuestros pronunciamientos derrocó el sistema federal, la mano enemiga que estaba preparada para darnos el golpe, se valió de este pretexto para insurreccionar al Estado de Texas, cuya población, compuesta de emigrados, estaba ya pronta de antemano para promover la escisión.

Mientras la provincia de Texas permaneció en poder de los españoles, la excesiva prudencia y vigilancia del gobierno opuso un fuerte dique a las pretensiones de los norteamericanos. Es verdad que había ya algunos de ellos establecidos en los desiertos que bañan los ríos San Jacinto, Brazos y Nueces; pero con muy pocas excepciones, se observaba estrictamente la política de no permitir la introducción de extranjeros y, sobre todo, la permanencia en la frontera de tropas mandadas por jefes militares, con autoridad despótica e ilimitada, no había dado lugar al aumento de la emigración. Muy poco tiempo antes de la independencia de México, en el año de 1819, fue cuando el gobierno español concedió a Moisés Austin la autorización correspondiente para formar en Texas una colonia. Debiese principalmente esta concesión al celo que animaba al monarca de España por el fomento y protección de la religión católica. Moisés Austin había representado a sus sectarios como abatidos y despreciados y pedía los terrenos que se le concedieron, como un lugar de asilo en que los emigrados pudieran y debieran entregarse al libre ejercicio de aquella creencia.

Esteban Austin, hijo y heredero de Moisés, continuó la obra comenzada por su padre, y dio principio a una vasta empresa de colonización desde 1820 entre los ríos Brazos y Colorado. La emancipación de nuestra república de la corona de España abrió una ancha puerta a la emigración. Recibiose con los brazos abiertos a los extranjeros que pisaron nuestro suelo; pero la inexperiencia política de los gobiernos nacionales convirtió en una fuente de males un principio benéfico en sí y eminentemente civilizador, y la inmigración que debía haber proporcionado brazos laboriosos a la agricultura, y servido a la industria y al comercio, dio por final resultado la segregación de uno de los Estados más importantes de la república, lo que nos envolvió luego en la guerra desastrosa actual.

Sin embargo, se tomaron al principio algunas disposiciones, cuya observancia quizá hubiera evitado el mal. Tal fue la de la ley en que se prohibió colonizar a los extranjeros limítrofes en aquellos Estados y territorios de la Federación que colindaran con sus naciones. Pero pronto se quebrantó este precepto, y en vez de emplear las precauciones que aconsejaba una sabia política, se caminó de errores en errores, sin prever las consecuencias trascendentales de semejante modo de obrar. La legislatura de Coahuila, que lo era ya también de Texas por haberse reunido en un Estado ambas provincias, expidió en 24 de marzo de 1825 su ley de colonización, en que decretaba: "Que todos los extranjeros que en virtud de la ley general de 18 de agosto de 1824, deseasen establecerse en los terrenos del Estado de Coahuila y Texas, eran libres para hacerlo, y se les invitaba por esa ley a verificarlo."

Pronto aceptaron esa invitación los habitantes de los Estados Unidos, que se veían en camino de prosperar por medio de su establecimiento en los terrenos que se les concedían. Agregábase a esto que se les brindaba con otras ventajas, no despreciables por cierto. Al darles las tierras, lejos de pedir remuneración de ninguna clase, se otorgaron libertades a los colonos, exceptuándolos por diez años del pago de contribuciones; así es que, con este y otros privilegios, y libres por su gran distancia del centro de las vejaciones y males de que eran víctimas otros Estados, los nuevos vecinos de Texas se encontraron en una posición excelente, y su bienestar llevó a poco en su seguimiento a nuevos emigrados. Todos estos, con muy contadas excepciones, eran nativos de los Estados Unidos, y conservaban en su nueva patria unas costumbres y manera de vivir enteramente conforme a las de sus compatriotas. Unidos a México con un lazo demasiado débil, constituyendo en el gran todo de la república una masa heterogénea por sus hábitos, lengua y carácter de todo punto diversos, sus simpatías se dirigían siempre a sus compatriotas, y el menos avisado pudo pronosticar desde entonces que, más tarde o más temprano, habían de preferir la unión con su país natal a la dependencia en que vivían de las autoridades mexicanas. Los colonos de Texas nunca se sujetaron a nuestras leyes, y la suspensión de la esclavitud los decidió a revelarse, mucho antes que la caída de la Federación pusiera en sus manos una bandera, bajo cuya sombra ocultaron las miras de segregación que hubieran llevado al cabo de todos modos. Recordaremos a nuestros lectores que los primeros colonos se establecieron en Texas cuando regía el gobierno monárquico. Si después México se independizó y adoptó el sistema federativo, este fue un hecho que nunca pudo alegarse para justificar la rebelión, supuesto que no importaba una condición bajo la que los texanos hubieran consentido en vivir sujetos a nuestras leyes. ¿Tenían acaso derecho para emanciparse los que habían admitido los terrenos, obligándose a vivir en el estado de súbditos de un monarca absoluto? ¿Dónde consta que la obediencia que habían jurado sólo debía limitarse al tiempo que durase una forma de gobierno, que se estableció por casualidad, cuando ya ellos llevaban años de haber dado principio a la empresa de colonización?

No llevaremos adelante estas indicaciones, ni entraremos en la cuestión tan debatida de la justicia que en nuestro concepto hemos tenido por todos títulos para oponernos a la independencia de Texas, tanto por no alargarnos demasiado, como habría que hacerlo si nos encargáramos de tratar esa materia, cuanto porque hasta cierto punto es secundario, o más bien extraño a nuestro propósito el examen de la injusticia con que se obró por parte de los texanos. El objeto que llevamos es el de manifestar que los Estados Unidos se propusieron hacerse de ese territorio a toda costa; y para lograrlo introdujeron allí sus ciudadanos, cuidaron del aumento de la población, en términos que ya el año de 29 se contaban 20 000 habitantes en la parte en que antes sólo había 3 000, fueron preparando poco a poco los ánimos a la adopción de sus planes, y por último, aprovecharon la primera oportunidad que se les presentó para descargar el golpe. Repetimos que estamos en la firme creencia, creencia confirmada por los hechos, de que la independencia de Texas se hubiera efectuado indefectiblemente, aun cuando la forma federativa de gobierno no hubiera sucumbido a la fuerza. Era imposible que aquel Estado, en que a la vez que escaseaban los vínculos de unión con México, abundaban los elementos de disolución, hubiera permanecido mucho tiempo sin romper el pacto bajo el que vivía constituido. Y si esto es así, ¿no es verdad que sería inútil ocuparse de las razones que se alegaron para paliar una ingratitud, que pagó con males sin cuento los beneficios prodigados por una mano inexperta y débil si se quiere, pero sin disputa generosa?

La República no permaneció indiferente al grito de rebelión proferido desde uno de sus confines. Se trató de que volviera al orden el departamento sublevado: tentáronse primero los medios conciliadores de avenimiento; propusiéronse a los colonos nuevas ventajas y prerrogativas, entre ellas, la de exceptuarlos por otros diez años del pago de contribuciones; y sólo cuando se vio que toda proposición pacífica era desechada, se decidió hacer la guerra, para sujetar a viva fuerza a los que no querían oír otra voz que el estallido del cañón. El ejército marchó sobre Texas: el general Santa Anna se puso a su cabeza; la campaña se abrió bajo los más felices auspicios.

Los texanos se prepararon por su parte a hacer una resistencia vigorosa. Para sostenerse, contaron con el auxilio eficaz de los Estados Unidos, que les dispensaron una protección, encubierta aún, pero decidida y constante. Recursos para la guerra, armas, gente, cuanto fue necesario, salió de las ciudades más populosas de la Unión para favorecer la causa de los texanos, al mismo tiempo que se protestaba guardar la más estricta neutralidad. El mundo entero fue testigo de la conducta observada por el gobierno americano, que no pudo menos de descubrir entonces los planes que se había propuesto.

Naturalmente estas ocurrencias agriaron las relaciones entre ambas potencias, y perturbaron la buena armonía existente. Se hizo preciso buscar una explicación, exigir una satisfacción de los agravios hechos, y procurar que se observasen la fe de los tratados y las leyes del derecho de gentes. Con esta misión pasó a Washington D. Manuel Eduardo Gorostiza, de enviado extraordinario de la República. Hechas las reclamaciones oportunas, el gabinete americano negó que sus intenciones fuesen hostiles respecto de México; aseguró que se había guardado y se seguiría guardando la neutralidad más completa, y manifestó que a lo que estaba decidido era a defender su frontera amenazada y a exigir que fuese escrupulosamente respetada la integridad de su territorio.

Mientras en Washington se seguían estas contestaciones diplomáticas, continuaba la guerra en Texas, donde las armas mexicanas obtuvieron triunfos constantes hasta la acción de San Jacinto, en que sufrieron una derrota que nadie se esperaba. Por desgracia nuestra se cometieron en aquella campaña actos de crueldad, indignos de disculpa, como el de Fanning, el Refugio y otros; pero la animadversión nacional que cayó sobre sus autores, comprobó que se habían visto con disgusto. La responsabilidad debe pesar exclusivamente sobre los que los ejecutaron; y otros hechos de clemencia y humanidad, repetidos con frecuencia en esa guerra y posteriormente, nos justifican de la inculpación que se nos ha hecho de barbarie e iniquidad.

Los Estados Unidos, propalando siempre que no llevaban más objeto que defender su frontera amagada, habían enviado una fuerza considerable a las órdenes del general Gaines, a la margen del Sabina, autorizando a aquel jefe para que en caso necesario avanzase hasta Nacogdoches, punto situado muchas leguas más acá de este río, y comprendido indudablemente dentro del territorio reconocido como mexicano. Los sucesos probaron que aquel cuerpo de tropas estaba en observación de los movimientos y adelantos de nuestro ejército, y que su general se disponía a avanzar, o difería verificarlo, según el estado que presentaba la guerra. Pero la autorización que se le había dado importaba un acto de agresión para con la República Mexicana: nuestro enviado por lo mismo no podía verlo con indiferencia; así es que hizo las reclamaciones oportunas sobre el particular, y entabló con Forsyth y Dickins, secretarios de Estado del gobierno americano, una enérgica correspondencia, en que sostuvo con claridad y firmeza los derechos de la nación que representaba. Vanos fueron, empero, todos sus esfuerzos: al contestar sus notas, se buscaban evasivas que no hacían más que embrollar el negocio, sin atender a las quejas de Gorostiza. Unas veces se decía, que el río conocido por todos como el Sabina, no era el tal Sabina, que el verdadero Sabina era el Neches; otras se sostenía que para dar cumplimiento al tratado celebrado con México, protegiendo su territorio contra los indios de los Estados Unidos, las tropas de éstos pudieran con justicia ser enviadas hasta el corazón del mismo México; otras se ponía en duda que nuestra república estuviese en posesión del territorio texano, a pesar de los artículos expresos de los tratados que no dejaban duda sobre esta verdad. En fin, valiéndose los Estados Unidos de cuantas estratagemas les sugería su política astuta, dejaban correr el tiempo, y nuestro enviado observaba con sentimiento que ningún fruto sacaba de sus repetidas reclamaciones.

También era frecuente, en la conducta del secretario de Estado, la falta de franqueza y buena fe con que debía obrar. Gorostiza recibía con repetición noticias de que el general Gaines se disponía a hacer uso de la autorización que se le había dado, y pasaba comunicación tras comunicación para evitar aquella agresión indisculpable. En contestación a sus notas se le aseguró en 12 de julio de 36, que no había nada de cierto en cuanto al movimiento de Gaines, y el 11 del mismo, es decir, la víspera, se había repetido a ese general la autorización para avanzar hasta Nacogdoches. Tal orden era inconciliable con las protestas hechas a cada paso por los Estados Unidos, y estaba en contradicción con la carta que dirigió el presidente en 6 de agosto de aquel año al gobernador del Tennessee, en que inculcaba la obligación en que estaban de observar una estricta neutralidad.

El hecho anunciado tantas veces se verificó al fin: la ocupación de Nacogdoches por las tropas del general Gaines consumó la violación del territorio mexicano. Así, cuando había paz entre las dos naciones; cuando la Norteamericana se proclamaba neutral; cuando México no le daba motivo alguno de ofensa, se penetraba en su territorio a mano armada, se ocupaban sus posiciones y se tomaba en su contra una actitud imponente y enemiga. Para disculpar aquel atentado, los Estados Unidos no alegaron más fundamento que el de que México no podía impedir a los indios de su territorio que hicieran incursiones hostiles contra sus conciudadanos. Este principio chocaba con las reglas establecidas por el derecho internacional, según el que, un pueblo no puede ocupar militarmente el territorio de los demás con el pretexto de que defiende su frontera.

Agregábase a esto que ese pretexto, que aun suponiéndolo verdadero, no hubiera nunca servido para justificar aquel hecho atentatorio, carecía de todo fundamento. Las hostilidades de los indios eran supuestas: ningún riesgo corrían las fronteras de los Estados Unidos; el peligro que se aseguraba era inminente, inevitable, no existía más que en las suposiciones gratuitas y calculadas de sus gobernantes.

Descubierta ya la iniquidad con que se procedía, hubiera sido un crimen ver con profunda indiferencia el desprecio con que se nos trataba. Nuestro enviado obró entonces con la dignidad y firmeza que exigía su alto carácter: pidió sus pasaportes y regresó a México, dando por terminada su misión. Próxima parecía desde entonces la ruptura de hostilidades: las diferencias entre las dos naciones tomaban un carácter alarmante; a la vez que Gorostiza se retiraba de los Estados Unidos por causas eminentemente justas, el ministro de aquella república, que lo era entonces Mr. Powhatan Ellis, hacía exageradas reclamaciones sobre perjuicios inferidos a sus conciudadanos. Después de cambiadas algunas contestaciones entre el referido personaje y nuestro secretario de Relaciones Exteriores, Mr. Powhatan Ellis pidió también su pasaporte, y se retiró sin dar la explicación que su gobierno había ofrecido mandar por su conducto sobre el paso del Sabina.

Atendida, pues, solamente la cuestión de justicia, no cabía duda en que desde entonces hubiéramos debido declarar la guerra a la república vecina. No se hizo así, sin embargo, por consideraciones demasiado oportunas sobre los males incalculables que nos traería una contienda abierta con una nación poderosa. Dejose disipar el nublado; y aunque subsecuentemente se recibieron con frecuencia nuevos motivos de queja, entre los que debe enumerarse como principal el indisculpable atentado de la toma de Monterrey (Californias) por el comodoro Jones, se pasó por todo, por tal de no interrumpir la paz, y aún se buscaron los medios de dar a los Estados Unidos las garantías e indemnizaciones que habían vuelto a reclamar.

Celebrose una convención el 11 de abril de 1839 entre México y los Estados Unidos, a consecuencia de la cual se nombró una comisión encargada del examen de las reclamaciones. Ascendían éstas a la crecida suma de 6 291 605 pesos, de la que la comisión admitió y reconoció la de $ 2 026 140: otra de $ 928 628 que exigían los comisionados americanos, fue desechada por los de México; y la restante de $ 3 334 837 quedó sin examinar. Posteriormente, en 30 de enero de 1843, se concedió nuevo término al gobierno de nuestra república para el pago de la cantidad reconocida, estipulándose que sería satisfecha en el plazo de cinco años, en veinte abonos iguales, entregados cada tres meses. La república hizo esfuerzos de consideración para cubrir ese crédito: el triste estado de las rentas nacionales exigió que se recurriese a los medios más odiosos, llegándose hasta el extremo de imponer un préstamo forzoso, que se miró como un gravamen irreparable. Hubiéranse sin duda continuado haciendo los desembolsos correspondientes como sucedió con los primeros, si las diferencias cada vez más alarmantes que se suscitaron luego, no hubiesen dado un carácter enteramente hostil a las relaciones entre las dos repúblicas.

En cuanto al pago de las reclamaciones que habían quedado pendientes, un tercer arreglo, celebrado en 20 de noviembre de 1843 entre Wady Thompson, Bocanegra y Trigueros, allanó este punto. Ratificado, aunque con modificaciones, por el senado de los Estados Unidos, quedó pendiente de la resolución del gobierno mexicano, y corrió luego la suerte que los demás asuntos no terminados, cuando estalló la guerra.

Las principales potencias de Europa habían reconocido ya la independencia de Texas: lo mismo habían hecho los Estados Unidos, a pesar de las fuertes razones alegadas por el presidente Jackson en su mensaje del año de 36. Entonces se quería, o se aparentaba por lo menos, llevar la delicadeza tan adelante, que se ofendían de la simple sospecha de que reconocían la independencia como un medio que los conduciría al fin de apoderarse subsecuentemente de ese territorio, por vía de la anexión. Después se disiparon estos escrúpulos: la independencia del departamento sublevado quedó reconocida: luego se verificó la anexión.

El 12 de abril de 1844, celebró el presidente de los Estados Unidos un tratado con Texas, relativo a la agregación de aquel territorio a la Unión. Este tratado no recibió la ratificación del senado, quedando por entonces suspensa la usurpación que se efectuó luego por un nuevo camino. Pero bastó el hecho de que se hubiera promovido este negocio, para que se hiciera a México un nuevo agravio. Notábanse en aquella época algunos preparativos que indicaban verdaderos deseos de llevar adelante la guerra de Texas, que no había sido por tanto tiempo en boca de nuestros gobiernos más que un pretexto para extorsionar a los infelices pueblos. El ministro americano, Mr. Shannon, o bien porque en realidad creyese que se iba a emprender positivamente la guerra, o bien porque buscase un pretexto para obligar a México a declararla a los Estados Unidos, haciéndonos aparecer con el carácter de agresores, pasó una nota oficial, manifestando a nombre de su gobierno, que su política siempre se había dirigido a incorporar a Texas a la Unión Americana, y que la agresión que se proyectara por México contra aquel departamento, la consideraría como ofensa propia.

En aquella célebre comunicación, que desacreditará para siempre al diplomático que la suscribió, se protestaba contra la guerra de Texas, por hallarse pendiente el proyecto de agregación. Haciase allí la confesión, preciosa para nosotros, de que el plan de apoderarse de esa parte de nuestro territorio se había seguido invariablemente por todos los partidos y casi por todas las administraciones de la República Norteamericana, por espacio de 20 años. Los hechos que hemos referido, y otros más que pasamos en silencio por ser menos interesantes y en obsequio de la brevedad, prueban con evidencia que existía ese plan, y que era más antiguo de lo que se decía; pero la confesión explícita del ministro Shannon, no desmentida ni contradicha por las autoridades de su país; esa confesión, decimos, es de suma importancia, por venir de boca de los mismos usurpadores, que se calificaron a sí propios de tales ante todas las naciones civilizadas.

De nuevo debió México en esta vez romper completamente con su pérfido vecino, y hacer la guerra hasta donde se lo permitieran sus fuerzas. Contemporizose, sin embargo, todavía: conformose nuestro gobierno con fundar la justicia que nos asistía; esperó que resolviera el senado americano sobre el proyecto de agregación; y como la decisión de dicho cuerpo nos fue favorable entonces, continuó las relaciones, perturbadas ya, pero existentes aún entre nuestra república y la de Washington. Lo más que se hizo fue protestar que se consideraría la agregación como una declaración de guerra, porque pasar hasta por este extremo, sí hubiera sido el colmo del vilipendio y la degradación.

Desechado por el senado el proyecto de agregación, en virtud de la facultad que le corresponde de revisar los tratados celebrados por el ejecutivo, y de aprobarlos o reprobarlos, se buscó otro arbitrio de ir a dar al mismo fin por diverso rumbo. Adoptose el de que en la cámara de diputados se hiciese proposición para agregar a la Unión el territorio de Texas, como cosa que estaba en sus atribuciones. El nuevo proyecto se aprobó en la mencionada cámara por una mayoría de 22 votos; en el senado por uno solo; y en 19 de marzo de 1845 quedó consumado aquel acto de hostilidad y usurpación.

En esa vez más que antes, era de rigurosa justicia hacer desde luego la guerra a la potencia que con tanto descaro se apoderaba de lo que por todos títulos nos pertenecía. Subía de punto esta necesidad, al considerarse que las administraciones que se habían ido sucediendo entre nosotros, habían convenido todas en el principio de que el decreto de agregación se miraría como un casus belli. Pero todavía se sufrió esa nueva injuria, sin que se determinara otra cosa sino que quedaran suspensas las relaciones diplomáticas entre ambos países, retirándose de Washington nuestro ministro el general Almonte, y haciendo otro tanto de México el de los Estados Unidos.

Al terminar el año de 1844, una nueva revolución había derrocado al gobierno del general Santa Anna, ejercido interinamente por el general Canalizo, elevando al poder a D. José Joaquín de Herrera, presidente del consejo. El famoso decreto de 29 de noviembre de ese año había acabado de desacreditar a los funcionarios públicos que lo expidieron: en él se establecía una dictadura ilimitada; y la guerra de Texas era, como tantas otras veces, el barniz de justicia con que se procuraba cubrir el atentado que se cometía contra las instituciones. La mayor parte de los mexicanos dudó de la sinceridad del gobierno, recordando que a la guerra nacional e indispensable que se debió hacer al Departamento segregado, se prefirió la de Yucatán, en que sin fruto se sacrificaron tantos hombres y dinero. La opinión de que lo único que se quería de veras era la continuación de un poder omnímodo en las manos del general Santa Anna, cundió por toda la república; de suerte que los pueblos, que detestaban su opresión, se levantaron en su contra, lo derribaron y dieron el triunfo al partido conocido después con el nombre de Decembrista.

La política que éste siguió, difirió en todo de la observada por las administraciones anteriores. Obró desde el principio en la firme inteligencia de que el departamento de Texas se había perdido para siempre desde el año de 1836; de que era una locura pretender que llegasen nuestras águilas victoriosas hasta el otro lado del Sabina; de que lo que nos convenía eran las negociaciones, y de ninguna suerte una guerra, para la que nos faltaban los elementos más indispensables; y de que si se dirigía el negocio con habilidad diplomática, lograrían sacarse ventajas no despreciables, al paso que por otro camino no podíamos esperar sino infortunios y calamidades. La idea cardinal que dominaba en los ánimos del gobierno de Diciembre, era la de que de todas maneras nos convenía preferir la independencia de Texas a su agregación a los Estados Unidos. Del primer modo, se colocaba una tercera nación entre la nuestra y la agresora, y se levantaba un dique que contendría, a lo menos por algún tiempo, la irrupción que nos amenazaba. Del segundo, resultaba la pérdida de toda esperanza de salvación, porque a más de que quedábamos de confinantes con un territorio que nuestros ambiciosos vecinos reputaban ya suyo, nos íbamos a ver envueltos de luego a luego en una guerra para la que no estábamos preparados.

La grita de los partidos se levantó furiosa contra la política adoptada: imputaciones de debilidad, de perfidia, de traición, empañaron la fama de los gobernantes: se clamó por la guerra, declarándola el solo medio de salvar el honor nacional. Entre los opositores, así como había hombres que no se guiaban más que por miras mezquinas y viles intereses, Ios había también que no obraban sino por el más puro patriotismo. Esperanzas halagüeñas animaban entonces a muchos mexicanos, de cuyos ojos no ha caído la venda hasta que la ha arrancado la mano del desengaño: y hoy que es ya demasiado tarde para remediar el mal; hoy que los sucesos ocurridos, las desgracias acaecidas, han puesto las cosas en su verdadero punto de vista, es cuando se conoce cuán sabia era y cuán previsora la política de la administración del general Herrera.

A pesar del clamor público levantado en su contra, continuaba ella con firmeza el sendero que se había propuesto tomar. A fin de abrir las negociaciones relativas a su objeto, pidió formalmente, y el congreso le concedió por decreto de 17 de mayo de 1845, autorización para oír las proposiciones que había hecho Texas, y proceder al arreglo o celebrar el tratado que fuera conveniente y honroso para la república. Las proposiciones presentadas eran las cuatro siguientes: 14 Se reconoce la independencia de Texas. 24 Texas se compromete a no agregarse ni sujetarse a ningún otro país. 34 Los límites y otras condiciones se reservan para el tratado final. 44 Texas está pronto a someter los puntos en disputa sobre territorios y otros asuntos a la decisión de árbitros.

En virtud de la autorización concedida, nuestro ministro de relaciones recibió los cuatro artículos expresados, como preliminares de un tratado formal y definitivo, y expresó que estaba dispuesto a comenzar la negociación, como lo deseaba Texas, y a admitir al comisionado o comisionados que nombrase al efecto. En nota separada se hizo la declaración adicional de que, además de los puntos propuestos, había otros esenciales e importantes que debían ser objeto también de las negociaciones; y que en caso de que éstas se frustrasen, o si Texas consentía directa o indirectamente en la agregación a los Estados Unidos, la respuesta dada se consideraría como nula y de ningún valor.

Estos preliminares hacían creer que no sería difícil conseguir un arreglo satisfactorio; pero bien sea por la conducta posterior de Texas, que por fin resolvió agregarse a la Unión Americana, bien por el rompimiento con aquella nación, o bien porque el arreglo era incompatible con los motines y revoluciones que hubo contra el gobierno Decembrista, se suspendieron las negociaciones, y luego se dejó a la suerte de las armas la decisión de una cuestión tan interesante.

En 13 de octubre de 1845 pasó una carta reservada Mr. Black, cónsul de los Estados Unidos, a D. Manuel de la Peña y Peña, nuestro ministro de negocios extranjeros, transcribiendo parte de una comunicación del secretario de Estado de su nación, en que proponía que se recibiese un enviado revestido de plenos poderes para arreglar todas las cuestiones controvertidas entre ambos gobiernos. Admitió el mexicano, exigiendo como condición previa que se retirara la fuerza naval que estaba a la vista de Veracruz, y ofreciendo recibir al comisionado para arreglar de un modo pacífico, razonable y decoroso la contienda presente.

Iniciadas así de nuevo las negociaciones, en diciembre de 1845 se presentó en México el enviado Mr. John Slidell; pero desde luego se ofreció la dificultad de que su gobierno quería que se le recibiese como un ministro plenipotenciario, ordinario o general, y el nuestro sólo se prestaba a admitirlo como un comisionado ad hoc para la cuestión de Texas. El fundado dictamen del consejo de gobierno, de 16 de diciembre del año citado, manifestaba con toda evidencia la diferencia existente entre los dos caracteres. De admitirse a Mr. Slidell como enviado ordinario, resultaba que al tiempo de arreglar la cuestión de Texas, se ocupaba de las demás cuestiones propias de un plenipotenciario queejerciera sus funciones cerca de un gobierno con quien no hubiera sino relaciones pacíficas. De admitirse a Slidell como se pretendía, resultaba también que, sin que México recibiese la satisfacción debida, quedasen restablecidas las negociaciones diplomáticas entre ambas potencias; que se complicase el negocio de la agregación con el de las reclamaciones pecuniarias; que México se atara a sí mismo las manos para hacer la guerra; y que los Estados Unidos consiguiesen todas las ventajas consiguientes a su comercio e intereses.

El dictamen referido concluía consultando al gabinete que el compromiso que contrajo de admitir un plenipotenciario de los Estados Unidos, con poderes especiales para tratar sobre el asunto de Texas, no lo obligaba a recibir un enviado extraordinario y ministro plenipotenciario, encargado de residir cerca del gobierno, con cuyo carácter venía el Sr. Slidell, según sus credenciales. Conforme la administración del general Herrera en estos principios, los hizo presentes al enviado, negándose a recibirlo. Mr. Slidell insistió en que debía serlo en los términos que su gobierno pretendía; pero el nuestro se mantuvo firme en su negativa.

El año de 1846 vio en sus primeros días figurar en la escena política nuevos gobernantes, elevados al poder por otra revolución. El general Paredes se pronunció en San Luis contra Herrera: pocos días le bastaron para que lograra el triunfo más completo esa escandalosa revolución, Entonces renovó sus instancias Mr. Slidell, considerando que aunque las antiguas habían sido terminantemente desechadas, como el negocio iba a resolverse por distintas personas, era oportuno ver si se encontraba en ellas mejor disposición. Pasose el negocio de nuevo a consulta al consejo de gobierno, el cual repitió las razones en que había fundado el anterior; corroborolas más, concluyendo con que se renovase la declaración de que no se podía admitir a Slidell sino como plenipotenciario ad hoc para la cuestión de Texas. El gobierno lo manifestó así a aquel enviado, quien ya no pudo hacer otra cosa que pedir sus pasaportes y retirarse de la república.

En 21 de marzo del año citado declaró el general Paredes, que no siendo compatible la paz con el mantenimiento de las prerrogativas e independencia de la nación, sería defendido su territorio mientras que el congreso nacional se ocupaba de decretar la guerra a los Estados Unidos. El congreso no llegó hasta allá, conformándose con expedir el decreto de 6 de julio, por el que autorizó al gobierno para que en uso de la natural defensa de la república, repeliese la agresión cometida contra varios de sus departamentos, y para que hiciese conocer a las naciones amigas las causas justificativas que la obligaban a defender sus derechos, rechazando la fuerza con la fuerza.

Mientras los Estados Unidos aparentaban que los animaba un deseo sincero de no romper la paz, sus actos de hostilidad manifestaban con plena evidencia cuáles eran sus verdaderos intentos. Sus buques ocupaban nuestras costas; sus tropas continuaban avanzando sobre nuestro territorio, situándose en puntos que bajo ningún aspecto podían ser disputados. Así se unía a la violencia el sarcasmo: así al tiempo mismo que se nos usurpaba parte del territorio, se nos tendía una mano pérfida, para tener luego el descaro de decir que nuestra obstinación y arrogancia constituían las verdaderas causas de la guerra.

Para explicar la ocupación del territorio mexicano por las tropas del general Taylor, los Estados Unidosocurrieron a la peregrina idea de que los límites de Texas se extendían hasta el río Bravo del Norte. Fundaban esta opinión en dos principios distintos: uno, que así lo había declarado el congreso texano en diciembre de 1836; otro, que el río mencionado había sido el límite natural de la Luisiana. Anunciar sólo tales razones, equivale ya a juzgar la causa de quien no cuenta para defenderse más que con absurdos tan palpables. El primer argumento, en que se apoyaba con refinada malicia el gobierno de una nación que se precia de inteligente y civilizada, habría sido ridículo aun en boca de un niño. ¿A quién podría convencer que la declaración del congreso texano importara un título legal para la adquisición de los terrenos que se apropiaba tan descaradamente? Si semejante principio hubiera de reconocerse, deberíamos estar muy agradecidos a aquellos señores diputados, que tuvieron la bondad de conformarse con tan poco, y no declararon que los límites del Estado rebelde se extendían hasta San Luis, hasta la capital, o hasta nuestra frontera con Guatemala.

La cuestión es tan clara de por sí, que sería oscurecerla detenerse en su examen un instante más. Pasemos, pues, a la otra, punto menos irracional que la primera. En primer lugar, para pretender que los limites de la Luisiana llegaban hasta el río Bravo, era necesario confundir a esa provincia con la de Texas, lo que nunca podía admitirse; y ya en el principio de este artículo hemos manifestado la posesión antigua y pacífica de la España sobre los terrenos de la segunda. Por otra parte, ni la misma provincia, y después Estado de Texas, había extendido nunca sus terrenos hasta el río Bravo, siendo el de las Nueces el que siempre se le había fijado por lindero. Por último, gran parte del territorio situado del otro lado del Bravo, pertenecía sin disputa ni duda de ninguna especie a otros Estados de la república, es decir, a Nuevo México, Tamaulipas, Coahuila y Chihuahua.

Y después de tantos y tan claros antecedentes, ¿habrá un solo hombre imparcial que no repute como una usurpación escandalosa, la ocupación violenta de nuestro territorio por las armas norteamericanas? Pues a pesar de esto, esa potencia quiso llevar hasta el extremo la burla y el escarnio; y cuando ya la cuestión estaba confiada a la fuerza, que es la ultima, ratio de las naciones como de los reyes; cuando ya se había derramado la desolación y el espanto en nuestras poblaciones; cuando muchos de nuestros conciudadanos habían perecido en la contienda, la mano ensangrentada de nuestros pérfidos vecinos volvió a presentarnos la oliva de la paz. En 27 de julio de 1846 el secretario de Estado, Buchanan, propuso nuevamente la admisión de un enviado para la apertura de negociaciones que tendieran a la conclusión de una paz honrosa. El gobierno nacional contestó que nada podía resolver por sí, y que dejaba al congreso que iba a reunirse la resolución de este negocio. Y luego, para seguir constantes en el mismo sistema de política, mandaron un comisionado con el ejército que nos invadió por el oriente, como para dar a entender que la paz se haría en cuanto desistiéramos de nuestra oposición. ¿A quién esperaban engañar con tan fingidas apariencias? ¿No hablaba más alto que su lenguaje hipócrita, la serie de hechos que hemos referido?

Por lo que toca, pues, a la cuestión de justicia, ninguno que la examine de buena fe puede desconocer nuestros incontestables derechos. Entre los ciudadanos mismos de la nación que nos ha hecho la guerra, hansobrado quienes defiendan la causa de la República Mexicana; y esos imparciales defensores no han sido hombres oscuros, sino personajes muy distinguidos. México ha contado con el auxilio, ineficaz por desgracia, pero generoso e ilustrado, de un Clay, de un Adams, de un Webster, de un Gallatin; es decir, con el de las notabilidades más apreciadas por sus virtudes, por sus talentos, por sus servicios. Su conducta merece nuestro agradecimiento, y los redactores de esta obra tienen una verdadera complacencia en tributarles en este lugar el sincero homenaje de su gratitud.

Tales son los sucesos que nos han orillado a una guerra calamitosa, y en cuya relación hemos procurado no apartarnos ni una línea de los datos fehacientes que hemos consultado, para comprobar en cualquiera ocasión todos y cada uno de nuestros asertos.

De los hechos referidos resulta demostrado hasta la evidencia, que la causa real y efectiva de la guerra que nos ha afligido, ha sido el espíritu de engrandecimiento de los Estados Unidos del Norte, que se han valido de su poder para dominarnos. La historia imparcial calificará algún día para siempre la conducta observada por esa república contra todas las leyes divinas y humanas, en un siglo que se llama de las luces, y que no es, sin embargo, sino lo que los anteriores, el de LA FUERZA Y LA VIOLENCIA.

 

Tomado de:

Varios Autores. Apuntes para la Guerra con los Estados Unidos. México, CONACULTA [Cie de México]. 1991. 455 págs. pp. 39-67.

*Apuntes para la Guerra con los Estados Unidos se publicó en 1848 elaborada por un grupo de quince liberales: Ramón Alcaraz, Alejo Barreiro, José María Castillo, Félix María Escalante, José María Iglesias, Manuel Muñoz, Ramón Ortiz, Manuel Payno, Guillermo Prieto, Ignacio Ramírez, Napoleón Saberlo, Francisco Schiafino, Francisco Segura, Pablo María Torrescano y Francisco Urquidi