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Selección de textos y documentos:

Doralicia Carmona Dávila

© Derechos Reservados
ISBN 970-95193

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1848 Memoria del General Pedro María Anaya, Ministro de Guerra acerca de la situación del ejército.

Querétaro, mayo 8 de 1848.

 

Memoria del General Anaya, Ministro de Guerra acerca de la situación del ejército.

 

Señores:

La obligación de presentar al Congreso de la Unión una memoria del estado que guardan los negocios públicos, reconoce por origen el deber que tienen los funcionarios de dar cuenta de todos sus actos a los mandatarios del pueblo. Circunstancias extraordinarias me impiden esta vez llenar debidamente lo que previene el artículo 120 de la Constitución Federal, porque contando con muy poco tiempo en el despacho de la Secretaría de Guerra, y habiéndose quedado en la capital, de la República la mayor parte de los antecedentes indispensable para escribirse la memoria, no es posible presentar un trabajo perfecto en estos angustiosos momentos. Sin embargo, este informe, aunque· se resienta de la premura con que se escribe, contiene lo bastante para que el Augusto Congreso forme opinión exacta del estado de los diversos ramos del Ministerio que se sirvió confiarme el Excelentísimo señor Presidente Provisional.

Si alguna vez he deseado poseer los conocimientos necesarios para desempeñar la Secretaría de Guerra, es en esta ocasión, en que los informes del Ejecutivo deben servir de base para la solución de las grandes cuestiones sometidas al Poder Legislativo; mas supuesto que no me es posible presentar una memoria cumplida en la cual se iniciaran las urgentes reformas, que en el ramo de guerra son de absoluta necesidad, me limitaré a exponer al Congreso con lealtad y franqueza, los males y desgracias en que nos hallamos sumergidos para procurar el remedio.

Por una serie no interrumpida de calamidades, hemos venido a parar a una posición social verdaderamente azarosa para lo presente, y de funestos amagos para el porvenir si no nos apresuramos a dirigirnos por otro sendero. Trabajada la nación por la discordia civil, desorganizados todos los ramos de la Administración Pública, y desmoralizado el Ejército por las contínuas revueltas, la República ha aparecido a los ojos del mundo, en los momentos más solemnes y difíciles como un pueblo que ni conoce sus derechos, ni sabe defenderlos. Notorio es el origen de los infortunios que nos agobian, y tanto en nuestro país como en el extranjero, se sabe que en 1835 algunos colonos que México abrigó en su seno, levantaron el estandarte de la rebelión bajo el pretexto de que el Pacto Federal, sus deberes y obligaciones para con la nación que les había dado patria, eran del todo concluidos. Fue, pues, entonces necesario que México, en defensa de sus derechos, apelara a las armas para someter a los sublevados de Texas. En ese acontecimiento el Gobierno de los Estados Unidos del Norte no pudo ocultar ser el autor y promovedor de aquella insurrección y que sus tesoros y armas vendrían más adelante en auxilio de la colonia rebelde. Jackson fue el ejecutor de las antiguas pretensiones del Gabinete anglo-sajón, y por su protección, Texas logró proclamar su soberanía, y enarbolar una estrella, que con el curso de los sucesos debía más adelante aumentar las del pueblo americano.

El desastre de San Jacinto frustró del todo los esfuerzos de nuestro Gobierno, y la política europea, arrastrada por intereses mercantiles, reconoció como nación a una congregación de hombres, que sin título y sin más razón que la fuerza, lograban desmembrar el territorio nacional. Desde este momento la cuestión texana cambió de aspecto y debió también habernos colocado en otro camino, supuesto que nos eran muy conocidas las miras del Gabinete del Norte, y el punto hasta donde avanzaría, si las revoluciones y motines continuaban consumiendo los recursos y las fuerzas que debíamos emplear en la defensa nacional y en la conservación de su territorio.

Pertenece a otra nación mejor iniciada en la política de nuestras pasadas Administraciones revelarnos por qué fatalidad este malhadado negocio tomó el aspecto lamentable que hoy le vemos. El hombre pensador observa con escándalo el atentado de un Gobierno, que titulándose amigo, rompió los pactos más solemnes de las sociedades, y lanzó sus soldados sobre pueblos que en nada la habían agraviado, con el codicioso designio de apropiarse un inmenso terreno que no le pertenecía, pero que cuadraba muy bien con sus ambiciosos proyectos.

La imprenta ha demostrado la justicia de nuestra causa. En los mismos Estados Unidos, uno de sus ex-Presidentes, más justo y quizá más. político que el General Jackson rehusó la agregación de Texas. El concienzudo y previsor Van Buren procuró reprimir los connatos de usurpación y de conquista; pero reserva o estaba al Vicepresidente Tyler y Presidente Polk, reproducir un suceso semejante en la injusticia a la ocupación de Gibraltar, a la invasión de la España en 1808, a la toma de Argel en 1830 y a la guerra de la China en 1841; pero suceso diferente por sus inmensas consecuencias en el orden moral y político de las naciones civilizadas.

Estrechada la República, se arrojó a la lucha en uso de su natural defensa, y en la margen izquierda del Río Bravo comenzó a derramarse la sangre mexicana. En el encuentro de Carricitos, en 17 de abril de 1846, se prepararon las sangrientas escenas de Palo-Alto, La Resaca, San Pascual, Los Ángeles, Mesa, Monterrey, Angostura, San Francisco, Sacramento, Veracruz, El Embudo, Taos, La Cañada, Alvarado, Cerro Gordo, Tuxpan, Calabozo, Padierna, Coyoacán, Churubusco, Molino del Rey, Chapultepec y México. Falto de todos los comprobantes oficiales, y entregado a los recursos de mi propia memoria, no me es posible instruir a la Cámara en los pormenores de estos acontecimientos favorables unos, bajo ciertos aspectos, pero adversos en último resultado, porque los invasores han logrado penetrar hasta el centro del país.

Según los datos que ministran las memorias de Guerra en los años de 1844, 1845 y 1846, la nación contaba para su defensa con un ejército diseminado en toda la República y cuyo número en enero de 1845, ascendía a 209 Jefes, 1,667 oficiales, y 21,457 de tropa de todas armas. Había también en los almacenes más de 400,000 balas de cañón, y 100,000 proyectiles de todos calibres, inmensos repuestos de cartuchos de fusil y pólvora en grano; 534 carabinas, 7,100 tercerolas, 3,705 espadas para la caballería, 4,450 para la infantería, 25,789 fusiles y 635 cañones de diversos calibres, inclusos los bomberos, obuses, cañones, culebrinas y morteros.

Este material de guerra existía y aunque diseminado por todos los Estados de la Confederación, el Gobierno General procuró aumentarlo luego que ocurrieron los sucesos de Palo-Alto. Las Administraciones de 1846 y 1847, pusieron en ejercicio todo su poder, expidiendo órdenes excitativas, súplicas, y dictando todo género de providencias que las circunstancias demandaban: tanto se hizo para despertar el espíritu público, y para que los Gobiernos de los Estados cooperaran a la defensa común. Si tantos elementos y esfuerzas fueron debidamente aplicados, y si esos mismos Estados cumplieron con el Pacto Federal y con lo que la patria reclamaba en el día solemne de su infortunio, no toca al Gobierno de la Unión, ni decirlo, ni menos anticipar el juicio que la historia y la posteridad formará de los hechos que han pasado a nuestra vista. Las desgracias de la guerra no desacreditan ni a los individuos ni a las naciones; pero en las que nos han acarreado nuestros disturbios y nuestra indolencia, hay motivo bastante para que las futuras generaciones se espanten de tanto desacierto y de tanta ignominia.

Cuando el Excelentísimo señor General de División, Benemérito de la Patria, don Antonio López de Santa Anna, tomó el mando del Ejército en septiembre de 1846, tuvo necesidad de formar en San Luis Potosí un ejército, porque después de los sucesos de Monterrey, no había en las tropas del Norte, ni cinco mil hombres, y éstos, en su mayor parte no estaban capaces de volver prontamente a la campaña, por las muchas enfermedades de que adolecían. Semejante improvisación se ha repetido varias veces; pero la experiencia debió convencernos que aumentar los regimientos del modo que está en práctica entre nosotros mucho tiempo ha, no es otra cosa que hacinar los hombres en tantas prisiones como son los cuarteles, para que llegado el conflicto, abandonen sus banderas y la República añada una desgracia más en sus anales.

Ocurrida la batalla de la Angostura, en la cual nuestras tropas tuvieron nueve mil hombres de baja por la deserción, se improvisó la defensa de Cerro Gordo, y los resultados fueron los que debían esperarse de la clase de tropas con que hemos sostenido todos los combates. Estos sucesos y los ocurridos en el Valle de México, están reclamando imperiosamente el que el Congreso dicte las leyes convenientes para reemplazar los cuerpos del ejército con hombres útiles, y no con imbéciles, criminales y gente viciosa, que sin conocer sus deberes, ni los que la sociedad les impone; comienza su ignorancia desde no entender el idioma español.

Ocupada la capital de la República, el Gobierno se encontró sin recursos de ningún género, sin armas ni municiones y sin ningún elemento para reorganizar las pocas fuerzas que se habían dispersado después de las ocurrencias de México y Puebla. Quinientos veinticinco cañones han caído en poder del enemigo en los diversos combates que hemos sostenido, un parque inmenso capaz para sostener la guerra por seis meses, y más de cuarenta mil fusiles. Enormes pérdidas, que el desconcierto social en que vivimos no ha permitido reponer.

Al hablar de las dificultades con que el Gobierno General ha tropezado, para resarcir las pérdidas pasadas, y para hacer nuevos esfuerzos en defensa de los derechos de la República, es indispensable mencionar el estado en que se encuentra la moralidad y la disciplina de las clases superiores e inferiores del Ejército. El Gobierno no participa de las opiniones que se han formado de esta clase, en los momentos en que la fortuna se ha mostrado esquiva para nuestras armas, y menos considera justo ese clamor apasionado que el charlatanismo, cubriéndose con el manto del interés público, ha hecho general en toda la nación contra la institución misma.

El estado de revolución permanente en que hemos vivido ha proporcionado a herederos indignos de pertenecer a la honrosísima carrera de las armas, el ingresar a ella y hacer progresos e inmerecidos ascensos, hasta llegar a engalanarse con las insignias superiores.

La empleomanía que tanto reagrava nuestra situación, ha abierto la puerta a la juventud más ignorante y corrompida de la época para abrazar la carrera militar como único recurso para vivir. Nuestra legislación, errónea en materia de reemplazos, ha señalado la choza del indígena embrutecido, las cárceles y los presidios, como los únicos lugares para sacar hombres destinados al servicio de las armas. ¿Con tan fatales elementos puede una nación o un Gobierno cualquiera sobreponerse a la emergencia?

Si esto es cierto, como lo es, también es notorio, que en medio de la desmoralización del Ejército, ha habido ciudadanos muy recomendables, que han mostrado en los combates con los invasores, cualidades dignas de la profesión militar. Si me fuera permitido, yo mencionaría los nombres de estos buenos servidores, que aún viven unos, y los otros sellaron con su sangre en el campo de batalla el amor a la patria: yo no me presento al Congreso para hacerle una apología, ni menos una sátira.

No obstante la carencia absoluta de medios para sobreponerse a la situación que guardaban las cosas en septiembre de 1847, el Gobierno hizo sus esfuerzos por reorganizar de nuevo el Ejército con cuyo objeto se han expedido algunos decretos, usando de las facultades que le concede la ley de 20 de abril del mismo año.

Quisiera tener la satisfacción de anunciar al Congreso que todas estas providencias han tenido su exacto cumplimiento; pero no es así, y engañaría a las Cámaras-y a la Nación toda, si no mostrara por qué no han tenido verificativo las medidas a que hago referencia.

Los decretos de 5 de noviembre y 1 de diciembre tuvieron por objeto arreglar el Ejército bajo un pie más económico, y con la fuerza de 10 generales de división, 20 de brigada, 112 jefes, 911 oficiales y 22,409 de la clase de tropa. Con estas leyes se procuró extinguir la clase de oficiales sueltos, que tanto perjudican al Erario y al buen servicio, y se consultó cuanto podía proporcionar prudentes economías, sin menoscabar los derechos adquiridos con anterioridad. Mas estas providencias, para tener efecto, debían cumplirse por los Estados de la Federación con lo que ordenaba el decreto de 16 de diciembre próximo pasado, que exigía un contingente extraordinario de hombres para llevar al cabo la organización del Ejército.

Se asignó a los Estados un cupo de hombres capaces de entregarlos sin dificultad, y baste decir que únicamente se pidieron 16,000 hombres a los Estados de México, Michoacán, Jalisco, Puebla, Guanajuato, Oaxaca, San Luis Potosí, Zacatecas y Querétaro. ¿Y cuál fue el resultado de este decreto? Que fue formalmente desobedecido, que algunos Gobiernos no lo llegaron a publicar, y otros ni quisieron acusar su recibo. Si los Gobiernos particulares de los Estados no invadidos rehusaban dar reemplazos para formar el ejército, ¿de dónde podía aumentarse para atender a la defensa de la República? Cuando se decía que el Gobierno Provisional no había querido aumentar el Ejército para no verse precisado a hacer la guerra, en ese mismo momento se desobedecían sus órdenes, y se le privaba de todo recurso para satisfacer las exigencias nacionales.

De esto resulta que los batallones de línea, en vez de aumentar, han disminuído considerablemente, porque la deserción es tan general que, para evitarla, se necesita mantener en riguroso encierro a los soldados, quienes aprovechan el primer momento que se les presenta, cuando salen a algún servicio, para desertar. Los calabozos de los cuarteles y los juzgados militares están atestados de reos y de causas, por la frecuencia con que se comete este delito; por esto, mientras las Cámaras no acuerden un sistema de reemplazos análogo a nuestra situación, no tendremos jamás un Ejército, sino una masa de hombres perniciosa.

Por las últimas noticias recibidas en este Ministerio, la fuerza disponible con que cuenta la nación es la siguiente: El batallón de zapadores, 2 jefes, 26 oficiales y l 76 de tropa. El cuerpo de artillería tiene 22 jefes, 144 oficiales y 348 hombres de tropa. Los batallones de línea y los cuerpos de caballería tienen en servicio actualmente 85 jefes, 460 oficiales y 5,963 de tropa, formando un total de hombres armados de 109 jefes, 817 oficiales y 6,487 soldados. De esta fuerza debe deducirse la que está empleada en el servicio mecánico, los muchos soldados procesados, cuyo total no baja de 800 hombres: así es que la República, actualmente, no tiene 6,000 hombres disponibles para todo servicio.

Por los estados que ha mandado a la Secretaría la Dirección de Artillería, aparece que el Gobierno sólo cuenta en toda la nación con 48 piezas de artillería, de las cuales tres son de grueso calibre y las otras desde a ocho hasta de a 2. Existen también 58 piezas de hierro y de bronce que no están en estado de servicio, unas por inútiles y otras por desmontadas.

Las municiones que existen en los almacenes son tan insuficientes, que en toda la República no llegan a quinientos mil tiros de fusil, y la cartuchería cargada para la artillería de sitio y de batalla, apenas bastaría para una función de guerra, suponiéndola reunida en un punto, estando diseminadas estas municiones en los Estados de Querétaro, San Luis Potosí, Guanajuato, Jalisco, Chihuahua, Zacatecas, Chiapas, Oaxaca y Sinaloa. En cuanto al armamento baste decir que algunos de los cuerpos del Ejército ni lo tienen completo, y el Gobierno sólo cuenta en sus almacenes ciento veintiún fusiles de diversos calibres.

He aquí, señor, el verdadero estado del Ejército, el cual no sólo no es capaz de llenar los objetos de su institución, sino que, además, él es tan reducido en su número, que no basta ni aun para guardar el orden interior.

Para que la Cámara forme una idea aproximada de la exactitud de estos asertos, bastará que le haga una ligera reseña del estado que guardan en el ramo de guerra los principales Estados de la Federación.

Zacatecas.-Desde el 12 de marzo de 1847, que se destinó a Durango el 5 de caballería, no quedó en aquella demarcación ni un soldado, y se ha tenido necesidad de meter en la cárcel pública, para su custodia, a los reemplazos y desertores: no existe un solo fusil; nada hay en los almacenes de la capital, no obstante que las frecuentes invasiones de los indios bárbaros están reclamando imperiosamente que se sitúe en varios puntos de la frontera del Estado, alguna fuerza capaz de evitar las frecuentes incursiones. La fábrica de pólvora de dicha ciudad ha sido cerrada, por no contar el Gobierno con recursos para sus labores, y posteriormente se ha mandado que su maquinaria y útiles se entreguen al Comisario Genera] de la Federación. El Comandante General y el Excelentísimo señor Gobernador del Estado han manifestado con repetición, que la escasez de recursos y la falta de armas imposibilitan a aquel Gobierno para hacer esfuerzos a fin de ponerlo en estado de defensa.

San Luis Potosí.-Grandes y costosos esfuerzos ha hecho este Estado para auxiliar al Gobierno General en la guerra con los Estados Unidos, y la fuerza que hoy tiene para su defensa, pertenece al Ejército permanente; mas ella apenas es bastante para guardar el orden público constantemente amenazado por las tentativas de revolución que tres veces se han sofocado. Parte de esta fuerza se ha visto el Gobierno obligado a destinar a la persecución de los indios sublevados en el mineral de Xichú.

Jalisco.-Este importante Estado ha organizado por tres veces otras tantas brigadas, las que a primera orden han estado en los lugares que el Gobierno ha tenido por conveniente mandar, para emplearlas contra los invasores. De la pequeña guarnición que existe en la capital, se han destinado algunas fuerzas al Estado de Sinaloa para que cooperasen al restablecimiento del orden constitucional en dicho Estado, perturbado por las frecuentes sublevaciones de la guarnición de Mazatlán.

Querétaro.-Los únicos elementos de guerra que existen en este Estado, son los que pertenecen al Gobierno General, los que desde octubre del año próximo pasado a la fecha han disminuído considerablemente.

Los cuerpos no han podido ser reemplazados, la deserción ha sido y es escandalosa: de cuatro mil y pico de hombres que existían en dicha fecha, apenas alcanzan a una cuarta parte.

Michoacán.-Siempre ha existido en este Estado una fuerza muy pequeña, porque ella ha sido bastante para sostener el orden: sin embargo, ella ha disminuido considerablemente por las mismas causas que consumen nuestros cuerpos. La poca infantería que existía allí se ha destinado a la pacificación del Distrito de Huejutla, en donde los indígenas se han sublevado sin más objeto que usurpar las Propiedades ajenas.

Durango.-En éste existe una fuerza que no llega a doscientos hombres, y la cual siempre ha sido suficiente para contener las incursiones de los indios bárbaros. Dicho Estado ha escapado por acaso de sufrir la invasión americana, pues su posición geográfica le pone en situación de ser invadido por las tropas del Saltillo, a la vez que por las que ocupan Mazatlán.

Oaxaca.-En este Estado nada existe capaz de oponerse a la invasión extranjera; y la muy pequeña guarnición que tiene, apenas hasta para medio conservar el orden público. No existe armamento de ninguna clase, y sus municiones no son bastantes ni para sostener doscientos hombres el fuego por una hora.

México.-Después de los sucesos de la capital, parte de las fuerzas que sostuvieron los diversos encuentros con el enemigo, marcharon al Estado de Puebla a las órdenes del Excelentísimo señor General Santa Anna. Estas tropas disminuyeron casi en su totalidad por su escandalosa deserción ocurrida en Nopalucan: los piquetes de diversos cuerpos de caballería marcharon de orden del Gobierno a Toluca, y después a Cuernavaca. Puedo asegurar a la Cámara, sin temor de equivocarme, que estas tropas han disminuído considerablemente, y que su número no pasa de 500 hombres.

La absoluta falta de recursos obligó al Excelentísimo señor General don Juan Álvarez a disolver algunos cuerpos activos y nacionales. El Gobierno del Estado constantemente se ha negado a auxiliar al Gobierno General, y las pocas fuerzas de Guardia Nacional que ha puesto a sus órdenes y los mezquinos recursos pecuniarios que ha ministrado, han sido tan insuficientes, que verdaderamente de nada han servido.

Si en esta capital existieran los antecedentes respectivos, se impondría el Congreso de que para sacar del Gobierno del Estado dos mil pesos y ciento cincuenta hombres de Guardia Nacional, fue necesario establecer un altercado, y mandar un comisionado para que lograse convencer al Gobierno de la necesidad de este auxilio.

Puebla.-La situación que guarda este Estado respecto a sus medios de defensa, es tan triste y desconcertadora, como que ni existe un hombre ni un fusil. Cuadrillas numerosas de malhechores la infestan, y muchas de sus poblaciones no sólo han sufrido los males de la invasión extranjera, sino que todos los días son acosadas por los asaltos de los bandidos: semejante mal estado ha obligado al Gobierno a mandar alguna fuerza de caballería, a las órdenes del Comandante General, para atender a lo más urgente del servicio.

Chiapas.-La posición geográfica de este Estado le ha preservado de la invasión americana: la falta de recursos y su pobreza general, ha impedido que allí se levanten fuerzas para atender a su defensa, en caso de que los americanos intentasen penetrar en él por el rumbo de Tabasco. La poca fuerza que allí existe disponible, se ha destinado últimamente a la pacificación de los indígenas sublevados en los Distritos de Tila y Tichicalco.

Veracruz.-A consecuencia de los sucesos de la guerra, todos cuantos elementos tenía de resistencia este Estado, han acabado, y no cuenta con ningunos, ni de armas, municiones, ni de tropa. Desde la invasión de Veracruz, el Gobierno del Estado ha hecho cuanto ha estado en sus alcances para hostilizar a los invasores, y hoy se encuentra en una situación tan lamentable, que no tiene medios para perseguir y castigar la multitud de ladrones que infestan los caminos.

En el resto de los Estados de la Federación y en los Territorios, nada absolutamente, nada existe capaz de atender ni a su seguridad interior, ni para resistir las hostilidades ·del enemigo extranjero.

Este cuadro imperfecto que he trazado de la situación que guardamos, es triste, pero exacto. Todos los días el Supremo Gobierno está palpando la necesidad de poner un remedio a una situación tan precaria; pero por más esfuerzos que ha hecho, no le ha sido posible sobreponerse a la situación.

Con dificultad ha logrado hasta hoy guardar el orden y la tranquilidad pública. En enero del presente año se inició en San Luis Potosí una revolución, que afortunadamente se ahogó al nacer-, merced a la lealtad y patriotismo de las tropas permanentes que forman aquella guarnición. Si bien estas tentativas de trastornar el orden público, fueron reprimidas oportunamente, siempre ha continuado en el Estado de San Luis un rumor sordo, seguro precursor de que los enemigos de la tranquilidad continúan haciendo sus esfuerzos para reproducir un nuevo escándalo, semejante al de diciembre de 1845.

Tengo el profundo pesar de anunciar al Congreso, que desde octubre próximo pasado, estalló un motín en Xichú y en Tolimán, en el cual algunos genios turbulentos, acaudillando a los indígenas de Sierra Gorda, han ejercido todo género de hostilidades contra los pueblos inofensivos de aquellos Distritos. Sin proclamar ningún principio político, se han limitado hasta hoy a atacar las propiedades particulares, a desconocer las autoridades legítimas y a llamar la atención del Supremo Gobierno con sus continuas correrías, hechas unas veces en este Estado, y otras en los límites del de Guanajuato.

Los cabecillas de estos alborotos no se han limitado sólo a perturbar la tranquilidad pública y a usurpar las propiedades ajenas, sino que además han entrado en relaciones con el enemigo invasor, y le han pedido auxilio para continuar haciendo la guerra al Gobierno. En el Ministerio de mi cargo existen varios documentos que prueban este crimen, y además en una causa que se ha mandado instruir a los cabecillas aprehendidos en Huichapan, al regresar de México para la Sierra, consta que el General en Jefe Americano ha fomentado esa insurrección, la cual! seguramente sería protegida con las armas enemigas en el primer evento.

Deseoso el Gobierno de reducir al orden lo más pronto posible a los disidentes, ha ordenado que el Excelentísimo señor General don Anastasio Bustamante, con las tropas de su mando, opere sobre los sublevados con la actividad y decisión que exige el interés público.

Mucho tiempo ha que en el distrito de la prefectura de Huejutla ocurrió un pronunciamiento que tiene la misma fisonomía que el de la Sierra Gorda. Como el Gobierno se encuentra en una posición tan embarazosa y precaria, no ha podido destinar, por falta de recursos, algunas tropas que redujeran a los sublevados. En estos días se ha mandado que el batallón número 18 de línea, marche para aquel distrito, y el Gobierno se lisonjea de que el buen sentido de los ciudadanos apoyados en esta fuerza, hará que los indígenas vuelvan al orden.

La primera vez que el Gobierno mandó que marchasen algunas tropas para Huejutla a fin de hostilizar a los indios, el Jefe que les mandaba cometió el crimen de sublevarse contra el Gobierno, secundando en Huauchinango la asonada promovida en San Luis. Este motín no tuvo consecuencias ningunas, y a poco tiempo se sometieron los rebeldes, a quienes el Gobierno ha mandado poner a disposición de sus jueces competentes.

Cerca de dos años hacía que en el Estado de Sinaloa se había perturbado la tranquilidad pública, y no había bastado ninguna providencia para hacer volver al sendero de la ley a las tropas que guarnecían Mazatlán.

La invasión de este puerto por las tropas americanas, que arrojó de allí a los sublevados, dió por resultado que el Coronel Téllez se viese privado de todos los recursos que le proporcionaba el puerto, cuyo jefe, hostilizado por las fuerzas que se mandaron de Jalisco, y las que levantó el Excelentísimo señor Gobernador de Sinaloa, dieron por resultado el completo sometimiento de los revolucionarios. Todas las personas que tomaron parte en estos sucesos desgraciados, se hallan puestas a disposición del tribunal respectivo.

En lo general, la tropa arreglada ha dado pruebas en esta vez de patriotismo y constantemente ha rehusado mezclarse en ningún movimiento revolucionario. Quizá a este buen sentido se debe que no hubiera progresado ni tenido otras consecuencias el motín suscitado en el mineral de Temascaltepec contra las autoridades del Estado de México, no obstante los motivos de queja que existían contra el Excelentísimo señor Gobernador.

Estas son las ocurrencias más principales y que he considerado dignas de transmitirlas al conocimiento del Augusto Congreso; réstame, pues, manifestar el uso que ha hecho el Gobierno de sus facultades con que se halla investido para dictar ciertas providencias que exigían la expedición de algún decreto.

Habiendo incurrido algunos malos mexicanos en la falta de presentarse al enemigo como prisioneros de guerra, por no abandonar sus hogares en la capital de México, acordó el Gobierno expedir un decreto, por el cual se desconocía como prisioneros de guerra a los presentados voluntariamente. La moralidad, disciplina y el honor del Ejército, exigían una medida semejante, y por esto se expidió el decreto de 9 de noviembre del año pasado y la circular de 12 de febrero del corriente año, ordenando que todos los individuos del fuero de guerra que antes del 1° del citado mes no se hubiesen presentado a sus respectivos jefes y pasado revista de presentes, se les diera de baja en el Ejército, y no fueran admitidos al desempeño de sus empleos, ni se les abonase sueldo alguno.

Con fecha 1° de diciembre se expidió un decreto concediendo indulto a los desertores de la clase de tropa permanente y activa que hubieran abandonado sus banderas. Para la expedición de esta ley se tuvo presente la necesidad que había de disminuir los criminales, y para proporcionar algún aumento a los cuerpos del Ejército.

Desde el año de 1842 se expidió un decreto, estableciendo la contribución de un centavo por peso a todas las clases del ejército para el establecimiento de la Casa de Inválidos, Como esa disposición no produjo los deseos apetecidos, el Gobierno, deseando eximir a los militares de dicho descuento en las circunstancias en que no se hallan en corriente sus haberes, expidió el decreto que mandó cesar dicho descuento, con fecha 16 de diciembre próximo pasado.

El abuso y los desórdenes que se cometían en las oficinas militares, destinando a sus labores multitudes de Jefes y Oficiales inútiles, que no hacían más que erogar gastos al tesoro público, obligó al Gobierno a expedir el decreto de 26 de enero del corriente año, en el cual se establece la dotación que deben tener los jefes y oficiales para las atenciones del servicio, tanto las comandancias como los generales empleados.

La repetición con que se comete en los cuerpos del Ejército el delito de deserción, ha estrechado al Ejecutivo a declarar vigente, por decreto de 1o de marzo, la ley de 13 de febrero de 1814, que desaforó a los desertores del Ejército; esta providencia le estaba reclamando la buena administración de justicia.

Por lo hasta aquí dicho, se habrá impuesto el Congreso del lamentable estado que guarda la nación por lo relativo al ramo de guerra. Me he limitado, como advertí desde el principio, a sólo hacer un ligero informe, y si él llena, como me supongo, su objeto, los deseos del Gobierno están cumplidos.

Graves y urgentísimas reformas exige el Ejército. El Ejecutivo, por mi conducto, recomienda a la Cámara el que se ocupe, tan pronto como lo permitan sus multiplicadas atenciones, de arbitrar los medios para poner a la República en estado de seguridad y defensa.

Siendo este escrito una relación del estado que guardamos, el Gobierno quiere que su contenido se mantenga en secreto, porque traería funestas consecuencias su publicación, y mostraría a las naciones extranjeras las llagas que atormentan nuestra sociedad. Además, si los promovedores de un trastorno público llegasen a persuadirse de la debilidad en que estamos, y de los únicos recursos con que cuenta la Administración, se alentaran y llevarían tal vez a efecto sus proyectos anárquicos.

Concluiré suplicando al Congreso, se digne suplir con su notoria ilustración lo que hubiere omitido la pequeñez de mis alcances, y la precipitación con que extendí este informe.

Querétaro, mayo 8 de 1848.

 

Pedro María Anaya.

 

Es copia. México, 30 de marzo de 1849.-Manuel María de Sandoval.