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Finaliza la guerra cristera sin pacto alguno del gobierno con el Vaticano, únicamente los actos del clero se ajustarán a las leyes vigentes

21 de Junio de 1929

El arzobispo de Michoacán y delegado apostólico Leopoldo Ruiz y Flores y el obispo de Tabasco Pascual Díaz, firman con el presidente Portes Gil los acuerdos entre la Iglesia Católica y el Estado, redactados por el embajador norteamericano Dwight W. Morrow, que no tienen carácter oficial, pues la Iglesia carece de personalidad jurídica para convenir con el Ejecutivo.

Sin pedir ni ceder algo a cambio, el gobierno concede amnistía a los cristeros que se rindan y devuelve los templos y casas que no estén ocupadas por alguna oficina gubernamental. La Iglesia y los católicos quedan en la misma situación que tenían antes de estallar la guerra cristera.

Portes Gil, antes de firmarlos, pide como favor que salgan del país los prelados González y Valencia, y Manríquez y Zárate, únicos que tomaron partido en favor de los cristeros, y Monseñor Orozco, “pesadilla” del gobierno, para calmar a los jacobinos que seguramente estarán contra estos arreglos. Lo cual es aceptado. Inmediatamente después de este acto, los prelados van a dar gracias a la Basílica de Guadalupe, en donde Monseñor Ruiz y Flores comunica a Monseñor Díaz que el Papa lo ha nombrado arzobispo de México.

Desde el 5 de junio pasado comenzaron los arreglos. En Saint Louis Missouri, Morrow había hecho enganchar su vagón al tren en el que iban Mons. Ruiz y Flores y Mons. Pascual Díaz, y durante el trayecto hasta la frontera mexicana estuvieron los tres preparando la negociación.

En los siguientes días, los radicales rojos y blancos trataron de que fracasaran las negociaciones. El 11 de junio, el general Aristeo Pedroza, párroco de Ayo el Chico, en Jalisco, escribió a Ruiz y Flores: “Si el tirano se niega a conceder todas las libertades que exigimos, dejad que el pueblo continúe la lucha para alcanzarlas y no entreguéis a toda esa porción de vuestra grey a una matanza estéril. Recordad que Vosotros declarasteis hace tres años que era lícita la defensa armada contra la tiranía callista; no entreguéis a vuestras ovejas a la cuchilla del verdugo".

Por fin, el día 12 se celebró la primera entrevista entre el presidente Portes Gil y los prelados representantes de la iglesia católica.

El 14, en un telegrama al presidente, Adalberto Tejeda, secretario de Gobernación, deploró la vuelta inminente del "cochino clero que quiere reanudar su tarea monstruosa de deformar las conciencias y la moralidad del pueblo... No vais a permitir que las leyes de Reforma y la Constitución sean violadas". Los masones y la CROM multiplicaron los telegramas, y Portes Gil tuvo que aclarar a la prensa que no se transigiría.

El conflicto había estallado abiertamente el 4 de febrero de 1926, con las declaraciones del arzobispo Mora y del Río de que “el episcopado, clero y católicos, no reconocemos y combatiremos los artículos 3º, 5º y 130 de la constitución vigente”. A partir de este suceso se desencadenaron los siguientes hechos: consignación del prelado declarante, clausura de templos y centros religiosos, expulsión de sacerdotes extranjeros y del delegado apostólico; aprehensión de sacerdotes, encarcelamiento de los líderes de la Liga Nacional de la Defensa de la Libertad Religiosa, por convocar a la “paralización de la vida social y económica”; expedición de la Ley de Cultos, suspensión de cultos por parte del Episcopado a partir del 31 de julio; agitación, manifestaciones de ambos bandos y organización de brigadas femeninas; y finalmente, en enero de 1927, rebelión armada de los cristeros en los estados de Michoacán, Jalisco y Guanajuato, que después se extendería a Colima y a algunas zonas de Durango, Zacatecas, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Puebla y estado de México, pero sin perder su carácter básicamente regional centrado en el Bajío.

La guerra había sido sangrienta y cruel. El ejército saqueaba templos, asesinaba sacerdotes y bombardeaba pueblos desde aviones. Los cristeros cometían atrocidades, como la del Padre y General José Reyes Vega, quien ordenó incendiar un tren con todo y pasajeros. Había tenido lugar por lo menos una gran batalla en Tepatitlán, en la cual salió derrotado por Reyes Vega el general Saturnino Cedillo. En realidad, la guerra ya era insostenible para el clero y el gobierno, pero las críticas y posible reacción de los fanáticos de ambos bandos hacían sumamente difícil emprender cualquier negociación. Ninguno quería que sus seguidores lo acusaran de ceder. Al Vaticano y a la jerarquía católica mexicana les urgía terminar una rebelión armada que surgió espontáneamente, que no controlaban y que actuaba con gran autonomía. Temían además, que la suspensión prolongada del culto esté “resfriando más y más cada día la piedad de los fieles". La pacificación les permitiría continuar “la batalla por las almas” mediante la institucionalización acelerada de la Acción Católica. 

El gobierno, a pesar de contar con el apoyo financiero, militar y político de los Estados Unidos, fue incapaz de derrotar definitivamente a los alzados y sufría una sangría constante de recursos y de tropas con las acciones guerrilleras de los cristeros, que le obligaban a desatender otros problemas agravados por la economía paralizada. Recelaba que una rebelión obregonista pudiera encontrar aliados entre los cristeros, como ya lo había intentado la reciente “revolución escobarista”. Asimismo, tenía que enfrentar una futura reñida elección en la que el candidato derrotado podía buscar el apoyo cristero. Además, en el Congreso los obregonistas criticaban la continuación de la guerra: “Llevamos dos años para combatir dos mil y no se ha acabado con ellos. ¿Es que nuestros soldados no saben combatir rancheros, o no se quiere que se acabe la rebelión?” El entierro de León Toral, asesino de Obregón, al que acudieron miles de personas y el atentado al tren presidencial, habían tensado más la situación.

Sin embargo, los jefes cristeros eran reacios a un arreglo porque sabían que en el momento de que se abrieran los templos, la deserción sería general. Cada vez que intuían algún intento de negociación, protestaban y exigían que a los combatientes se les tomara en cuenta, ya que “es nuestra actitud la que provoca el intento del tirano para solucionar el conflicto". Su movimiento estaba en auge, en el occidente de México disponían de 25,000 hombres armados y organizados, aunque pésimamente municionados; y en el resto del país, había otros 25,000 cristeros. Contaban con más de 2000 autoridades civiles, 300 escuelas y basto apoyo popular. Su jefe principal, el general exfederal Enrique Goroztieta y Velarde, había fracasado en aliarse con el candidato presidencial Vasconcelos, quien le dio cita para después de las elecciones. A fines de mayo, cuando el arreglo parecía inminente, Goroztieta dijo a Manuel Ramírez: "Nos venden, Manuelito, nos venden”.

El escollo estaba en convencer a los jefes cristeros a deponer las armas. La muerte de Gorostieta ocurrió de manera providencial. El 3 de junio anterior fue fusilado por tropas del general Cedillo. Oficialmente se anunció que había caído accidentalmente en una emboscada. Vasconcelos denunció que Cedillo había iniciado negociaciones con Gorostieta para hacerle caer en una trampa y suprimir así un estorbo al arreglo.

Al hacerse público al otro día, el acuerdo entre Portes Gil y los representantes de la iglesia católica, las campanas tocan a vuelo en todo el país para anunciar la reanudación del culto. Los aviones del gobierno tiran sobre los campos ocupados por los cristeros miles de volantes anunciando el término de las hostilidades y los obispos envían sacerdotes para persuadirlos de amnistiarse. Los cristeros se desbandan convencidos de su victoria porque habiendo peleado por ir a misa, la misa vuelve a oficiarse.

La mañana del 27 de junio, en la Basílica de Guadalupe, se impondrá solemnemente el sagrado palio al nuevo arzobispo de México y se celebrará la primera misa desde que estalló el conflicto hace casi tres años.

El general en jefe cristero, Jesús Degollado Guízar, licenciará las tropas que llevan el nombre de Guardia Nacional el 13 de julio siguiente y en un manifiesto señalará: "La Guardia Nacional desaparece, no vencida por nuestros enemigos, sino, en realidad, abandonada por aquellos que debían recibir, los primeros, el fruto valioso de sus sacrificios y abnegaciones. Ave, Cristo, los que por ti vamos a la humillación, al destierro, tal vez a una muerte gloriosa, víctimas de nuestros enemigos, con el más fervoroso de nuestros amores, te saludamos y una vez más te aclamamos Rey de nuestra patria."

Pero la pacificación no será fácil ni inmediata, el rumor popular será que hay más muertos después de la guerra que durante ella. Los principales líderes cristeros sobrevivientes serán perseguidos por algunos generales al margen de los arreglos. Se estima que en la Cristiada murieron más de 80,000 personas. La paz definitiva llegará hasta el gobierno de Ávila Camacho.

Finaliza así la guerra sin pacto ni compromiso alguno del gobierno con el Vaticano, únicamente los actos del clero se ajustarán a las prescripciones de las leyes vigentes. Roma ordenó a Mons. Ruiz practicar “la ciencia de perder ganando". Los comunistas de entonces así lo comprenden: "La Iglesia que durante siglos fue la representante del orden feudal, latifundista, hoy sabrá representar además los intereses de la clase capitalista, patronal, explotadora; la Iglesia, eterno instrumento para mantener sumisas y en la ignorancia a las masas populares, iniciará de nuevo y con doble esfuerzo su tarea para destruir en el corazón y en la mente de las masas la poca conciencia que la Revolución les ha dado".

Más de medio siglo después, en 1992, el presidente Salinas reformará el artículo 130, y el 16 de julio siguiente, publicará la Ley Reglamentaria sobre Asociaciones Religiosas y Culto Público, para reconocer personalidad jurídica a las iglesias y corporaciones religiosas, levantar la prohibición de que los extranjeros sean ministros de culto religioso y otorgar derechos políticos a los ministros de cualquier culto religioso; mantendrá la prohibición a asociarse con fines políticos y realizar proselitismo a partidos o asociaciones políticas; y establecerá un marco más flexible para las celebraciones y manifestaciones de culto externo. Asimismo, reformará el artículo 5ª para no prohibir más las órdenes monásticas, y el 27 para que las iglesias puedan adquirir, poseer y administrar inmuebles para cumplir sus fines. En 1993, también reformará el artículo 3º, para retirar la prohibición a las corporaciones religiosas a participar en la educación.

Doralicia Carmona: MEMORIA POLÍTICA DE MÉXICO.