Abril 9 de 1923

Álvaro Obregón envía una carta a James A. Ryan, para que los gobiernos que representan, inicien pláticas informales para establecer un convenio garantizando supuestos derechos de los ciudadanos estadounidenses radicados en México en tiempos de la Revolución; condición previa establecida por Estados Unidos para reconocer al gobierno de Obregón. De dichas pláticas serán formalizadas el 15 de mayo de este mismo año y terminarán el siguiente 13 de agosto en que son firmados los Tratados de Bucareli.

Cuando Obregón inicia su régimen, Inglaterra, Francia, Bélgica, Suiza y Cuba retardaban el reconocimiento de su gobierno; mientras que, Estados Unidos planteaba condiciones inaceptables para hacerlo: el secretario del Interior de Warren G. Harding, Albert Fall, obstaculizaba las relaciones con México, decía que ningún gobierno de México sería reconocido si antes no se celebraba un convenio cuyo proyecto fue presentado a Obregón el 27 de mayo de 1921. El “Tratado de Amistad y Comercio” contenía cláusulas que afectaban la soberanía de la Nación y mostraban con claridad la intención de influir en la dirección del gobierno (los derechos de propiedad no debían ser violados aún por preceptos constitucionales; la Constitución de 1917 no sería retroactiva respecto a las propiedades adquiridas por ciudadanos o sociedades de los Estados Unidos; que derechos de propiedad aplicables al suelo o al subsuelo, no serían perturbados en el futuro. México debía devolver a los ciudadanos o sociedades de los Estados Unidos, cualesquier propiedades, derechos o intereses afectados por la Revolución; además, de pagar compensación por los daños sufridos en las propiedades que estaban siendo restituidas; y que los ciudadanos de Estados Unidos deberían gozar en México de los mismos derechos que los ciudadanos mexicanos en los Estados Unidos respecto a las actividades religiosas o educacionales).

Obregón aceptaba la idea de un tratado previo al reconocimiento de su gobierno.

La Suprema Corte de México proclamó que la nación es propietaria de la riqueza mineral del subsuelo, que es inalienable, y que sólo se pueden otorgar concesiones para la explotación en casos de operaciones regulares; pero, el 20 de agosto de 1921, decidió el caso de la Texas Company de México, en el sentido que las estipulaciones de la Constitución de 1917 no eran retroactivas para las compañías inmobiliarias o para las personas que por "actos positivos" anteriores a la publicación de la Constitución hubieran manifestado sus deseos de extraer petróleo. Esta resolución no satisfizo a los representantes de los grandes intereses petroleros. En noviembre de ese mismo año, Estados Unidos pide que se firme un convenio para crear una Comisión Mixta de Reclamaciones para estudiar las quejas pendientes; mismo que se firmaría después de concertarse el tratado de amistad y comercio. Se prolongan las discusiones, tratan temas tales como: la deuda exterior de México; negociaciones de los petroleros para proteger sus propiedades; validez de los títulos expedidos antes de la Constitución de 1917; resoluciones de la Suprema Corte, expropiación de las tierras.

El contenido de este texto pertenece a la publicación: MEMORIA POLITICA DE MÉXICO de Doralicia Carmona para leer más verifique la Edición Completa