18 de Marzo de 1938

Este día, expide un decreto en el que declara expropiados por causa de utilidad pública y a favor de la nación, la maquinaria, instalaciones, edificios, oleoductos, refinerías, tanques de almacenamiento, vías de comunicación, carros-tanque, estaciones de distribución, embarcaciones y todos los demás bienes muebles e inmuebles necesarios para el descubrimiento, captación, conducción, almacenamiento, refinación y distribución de los productos de la industria petrolera, propiedad de las empresas extranjeras Compañía Mexicana de Petróleo El Águila, S.A., Compañía Naviera de San Cristóbal, S.A., Compañía Naviera San Ricardo, S.A., Huasteca Petroleum Company, Sinclair Pierce Oil Company, Mexican Sinclair Petroleum Corporation, Stanford y Compañía, S. en C. Peen Mex Fuel Company, Richmond Petroleum Company de México, California Standard Oil Company of México, Compañía Mexicana el Aguila, S.A., Compañía de Gas y Combustible Imperio, Consolidated Oil Company of México, Compañía Mexicana de Vapores San Antonio, S.A., Sabalo Transportation Company, Clarita, S.A., y Cacalilao, S.A.

Dispone que la Secretaría de la Economía Nacional proceda a la inmediata ocupación de los bienes materia de la expropiación y que la Secretaría de Hacienda pague la indemnización correspondiente a las compañías expropiadas, en efectivo y a un plazo que no excederá de diez años.

La medida responde a la negativa de las empresas petroleras, dada su supuesta incapacidad económica, a aceptar un laudo que las condena a implantar nuevas condiciones de trabajo. Como se han roto las relaciones de trabajo y se hace inevitable la suspensión total de actividades de la industria petrolera, el poder público interviene para impedir que se produzcan graves trastornos a la población y para proveer a la defensa, conservación, desarrollo y aprovechamiento de los yacimientos petrolíferos.

El contenido de este texto pertenece a la publicación: MEMORIA POLITICA DE MÉXICO de Doralicia Carmona para leer más adquiera la edición completa