2 de Febrero de 1962

En Monterrey; Nuevo León, la Unión Neolonesa de Padres de Familia realiza una gran manifestación para protestar en contra de la “imposición” de los textos gratuitos. El origen del descontento es la protesta de libreros e impresores que consideran lesionados sus intereses y la actitud asumida por la iglesia que valiéndose de grupos reaccionarios y conservadores, siguen disputando al Estado el control de la educación.

Desde que surgieron los libros de texto gratuitos, ha habido grandes protestas de los sectores conservadores de la sociedad sobre todo por su carácter laico; otros, en cambio, lo hicieron por su expresión genérica en la imágenes que mostraban a las mujeres en roles tradicionales.

El 30 de enero de 1960, la Comisión Revisora de Libros de Texto y de Consulta publicó la lista de los libros aprobados para el ciclo que se iniciaba y sólo incluía los textos para el quinto y sexto grados; los de primero al cuarto grado, serían repartidos entre febrero y abril del año en curso en todas las escuelas primarias, fueran oficiales o particulares. A los pocos días, el anuncio de la SEP sobre el carácter obligatorio de los libros de texto gratuito, levantó gran polvareda y se dieron movilizaciones de grupos que protestaban en contra de la política educativa del Estado. “En buena medida esta agitación reflejó la antigua rivalidad entre el Estado y la Iglesia por el control del sistema educativo” dice Greaves Laine (Política Educativa y Libros de Texto Gratuitos. Una Polémica Entorno al Control por la Educación).

La discusión fue iniciada por el maestro Valentín Zamora Orozco, autor, editor y distribuidor de sus propios textos el 7 de febrero de 1960 al publicar una carta abierta en Excélsior, secundada por otros autores de textos escolares, libreros y editores que protestaron por el carácter único y obligatorio de los textos; la prensa señaló que la medida afectaba a la industria editorial y que era anticonstitucional.

Cuatro días después, la Sociedad Mexicana de Autores de Libros Escolares manifestó en un desplegado que la Comisión no tenía facultades para prohibir el uso y la venta de libros y acusaba al Estado de tratar de uniformar “el pensamiento de una generación de acuerdo con las ideas de unos cuantos autores”. Luego, autores de textos comerciales –en virulenta reacción- dijeron que eran antipedagógicos y que un mismo “libro no podía emplearse indistintamente con alumnos de escuelas rurales, urbanas o particulares, diurnas o vespertinas y que… la imposición de los textos gratuitos había convertido a la Secretaría de Educación en un “nuevo Tribunal de la Inquisición”.

El contenido de este texto pertenece a la publicación: MEMORIA POLITICA DE MÉXICO de Doralicia Carmona para leer más adquiera la edición completa