Noviembre 19 de 1993

El Congreso de Estados Unidos aprueba el Tratado de Libre Comercio de América del Norte TLCAN
 
A pesar de la oposición de fuertes sectores norteamericanos, el Congreso aprueba el tratado que entrará en vigor el 1º de enero de 1994, por una mayoría de escasos 14 votos. El propósito del Tratado es eliminar barreras al comercio entre Canadá, México y Estados Unidos, en condiciones de competencia justa, así como aumentar las oportunidades de inversión, dando a cada país signatario igual acceso a sus respectivos mercados. Se crea así la más grande zona de libre comercio en el mundo actual, pero a diferencia de tratados como el de la Unión Europea, no establece organismos centrales de coordinación política o social, sólo una secretaría para administrar y ejecutar las resoluciones y mandatos que se derivan del tratado mismo.

Finaliza así la política de desarrollo prevaleciente desde los tiempos del presidente Cárdenas, cuyo propósito era mantener una independencia relativa de los Estados Unidos y un proyecto nacional basado en una economía mixta que asignaba al Estado el papel de rector y promotor activo del desarrollo económico, como regulador del comercio exterior y de los mercados internos de bienes y servicios básicos, como inversionista en áreas estratégicas y como promotor del bienestar social por medio de legislación agraria y laboral, e instituciones sociales de educación, salud y servicios básicos. Se concluye así también, el paso de una economía cerrada, a una economía abierta al exterior, “globalizada”, es decir, basada en el mercado externo y la trasnacionalización del sistema productivo y financiero. A partir de ahora, México se convierte en el primer país subdesarrollado que se integra a la economía norteamericana, a la vez que se distancia del resto de América Latina.

Escribe José Luís Ávila (La era Neoliberal): “Durante los casi cuatro años que se requirieron de negociaciones formales e informales del TLC, las discusiones nacionales sobre sus ventajas fueron protagonizadas por los líderes de las cámaras de diputados y senadores, organizaciones empresariales y oficiales de obreros y campesinos, el medio académico y organizaciones sociales y políticas de las más diversas posiciones ideológicas. En todo el trayecto, el régimen insistió en que no pretendía formar un mercado común sino una zona de libre comercio con Estados Unidos y Canadá, y que éste ampliaría la escala del comercio y las inversiones. Siempre destacó que la integración con Estados Unidos era un hecho históricamente consolidado, dado que dos tercios del comercio exterior se realizaba con Estados Unidos y de ahí provenía la mayor parte de la inversión extranjera radicada en el país. Desde esa perspectiva, el TLC era propuesto como una forma de "pasar una integración silenciosa a una integración negociada" -la expresión es de René Villarreal- donde imperaría la aplicación de reglas al comercio acordadas trilateralmente, explícitas y transparentes, con instancias institucionales de solución de controversias. Además, se pretendía que México no perdiera las prerrogativas ganadas, como las derivadas del Sistema Generalizado de Preferencias, que beneficiaba a la mitad de las exportaciones mexicanas a Estados Unidos.”

Con el nuevo Tratado se realiza el cambio estructural más notable del gobierno de Carlos Salinas de Gortari, que tendrá consecuencias profundas y duraderas. Según Lorenzo Meyer será, “más que un tratado de comercio, el inicio de un cambio de fondo en su relación histórica con el gran vecino del norte. El interés nacional mexicano dejó de ser definido en función del grado de independencia relativa frente a Estados Unidos para hacerlo en función de su cercanía e integración con ese país”

Años antes, tras la nacionalización de la banca y el control de cambios del 1º de septiembre de 1982, el presidente José López Portillo, que había fracasado en su intento de recuperar el proyecto nacionalista de independencia relativa con los Estados Unidos, tuvo que firmar  el 10 de noviembre siguiente la carta de intención que de nuevo, como en 1976, sometía la política económica a los dictados del Fondo Monetario Internacional, instrumento económico del gobierno norteamericano.

A partir del gobierno de Miguel de la Madrid, se inició el viraje hacia el nuevo  modelo económico neoliberal que comprende: la liberalización del comercio exterior, del sistema financiero y de la inversión extranjera; la orientación de la economía hacia los mercados externos; la privatización de las empresas públicas; la desregulación de las actividades económicas; la disciplina fiscal estricta; la eliminación de los desequilibrios fiscales existentes mediante la reducción de la inversión y el gasto públicos; una reforma fiscal claramente orientada a reducir las tasas marginales de impuesto a los ingresos mayores, y en contrapartida, ampliando la base de contribuyentes; y un marco legislativo e institucional adecuado para proteger los derechos de propiedad.

Después, en agosto de 1986, México ingresó al Gatt, con lo que se aceleró el paso al neoliberalismo, cuyo mayor impacto se dio en los intercambios comerciales y financieros con los Estados Unidos. Sin embargo, las disputas por el narcotráfico y la inmigración, así como las diferencias en el enfoque de la problemática centroamericana (Grupo Contadora), hicieron difícil llegar a acuerdos comerciales rápida y suavemente.

En 1988, la Fundación Ford patrocinó los trabajos de una Comisión Binacional para el Futuro de las Relaciones México-Estados Unidos, que recomendó la formación de un mercado común de América del Norte integrado por México, Estados Unidos y Canadá, similar al de la Comunidad Económica Europea. Para entonces, el 54% del comercio exterior y el 52% de las exportaciones petroleras de México se realizaban con Estados Unidos; el 65% de la inversión extranjera directa era de origen estadounidense y dos terceras partes de la deuda externa eran controladas por firmas también norteamericanas; además casi toda la mano de obra emigrante se dirigía a Estados Unidos y el empleo generado por las maquiladoras correspondía casi en su totalidad a empresas estadounidenses. Era tiempo en que Europa avanzaba a la consolidación de lo que originalmente fue una zona de libre comercio hasta dar forma a la actual Unión Europea. Era época de expansión de las oportunidades de inversión para el capital internacional en los países antes socialistas.

Salinas de Gortari rechazó, como candidato presidencial del Partido Revolucionario Institucional PRI,  la idea del mercado común con los Estados Unidos debido a la gran disparidad existente entre las dos economías; pero ya como presidente constitucional comenzó en 1990 la negociación de un tratado de libre comercio con Estados Unidos, similar al que los norteamericanos habían firmado con Canadá en 1989, que eliminó los aranceles y tarifas entre ambos países.

Primero inició consultas informales con empresarios de México, Estados Unidos y Canadá para lograr la integración de México al acuerdo comercial ya pactado entre esos países. Después, animado por la “buena voluntad” del presidente Bush (el espíritu de Houston), Salinas se reunió unas seis veces con el mandatario estadounidense para acordar el Tratado. La negociación del Tratado estuvo a cargo del secretario de Comercio Jaime Serra Puche por parte de México y de Carla Hill por los Estados Unidos. Se integró un equipo complejo dividido por ramas especializadas y se consultó sistemáticamente con el sector privado. Deliberadamente se excluyó el libre flujo de mano de obra.

En México, el gobierno salinista propagó el TLCAN como la solución casi mágica para obtener recursos financieros y tecnológicos, así como mercados (más 400 millones de personas con altísimo poder de compra) necesarios para volver a crecer al ritmo requerido para ingresar al “primer mundo”. Argumentó que la liberalización comercial y financiera y la reducción de la intervención del Estado en la economía permitirían aprovechar plenamente las oportunidades que ofrecía la globalización, al favorecer la asignación más eficiente de los recursos productivos y el logro de mayores tasas de crecimiento. La pérdida de soberanía que obviamente implicaba, se justificó como el precio necesario para integrar la economía mexicana a la estadounidense. La mayoría de gente, ávida de esperanzas tras las crisis recurrentes, aceptó de buen grado la idea del TLCAN.

En Estados Unidos la principal oposición al Tratado fue de parte de las organizaciones obreras que preveían la emigración de empresas en pos de la mano de obra barata mexicana, así como de los ecologistas que temían que muchas empresas contaminantes se establecerían en México con restricciones poco estrictas.

Durante las negociaciones y la firma del Tratado, la figura de Salinas creció a nivel de gran estadista mundial, a la altura de los más ilustres presidentes de la historia de México y de las esperanzas puestas en el TLCAN, que traería un bienestar nunca visto para los mexicanos. El levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional EZLN el mismo día en que entrará en vigor el Tratado y la crisis de 1995 volverán a la realidad “tercermundista” a quienes ya se sentían estar en “el primer mundo”.

Para el año 2000, México adquirirá de Estados Unidos el 70% de sus importaciones y le venderá el 85% de sus exportaciones, que pasarán del 10% al 32% del PIB. El 10% de los mexicanos nacidos en México vivirá en Estados Unidos y enviarán remesas a sus familiares por más de 6,000 millones de dólares. A pesar de estos extraordinarios aumentos, el TLCAN no será capaz de inaugurar para México un nuevo periodo de crecimiento como el que tuvo durante la etapa del “desarrollo estabilizador”.

En el año 2007, José Luis Calva (El modelo neoliberal) del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, escribirá en el periódico EL UNIVERSAL: “Bajo el modelo económico de la Revolución Mexicana, el Producto Interno Bruto (PIB) de México creció 15.9 veces (1,592.7%) durante el periodo 1935-1982, al pasar a una tasa media de 6.1% anual, lo cual implicó un incremento de 348% en el PIB per cápita, que aumentó a una tasa media de 3.2% anual; la inversión fija bruta per cápita creció a una tasa media de 6% anual; y el poder adquisitivo del salario mínimo se incrementó 96.9%... Bajo el modelo económico neoliberal, el PIB sólo se incrementó 0.78 veces (78.1%), al crecer a una tasa media de 2.4% anual durante el periodo 1983-2006, lo que implicó un incremento acumulado de apenas 18.5% en el PIB per cápita, que creció a una tasa media de 0.7% anual; la inversión fija bruta per cápita solamente creció a una tasa media de 0.5% anual; los salarios mínimos perdieron 70% de su poder adquisitivo (retrocediendo a un poder de compra inferior al que tenían en 1946); alrededor de 7 millones de mexicanos, trabajadores varones en su mayoría, emigraron a Estados Unidos; y más de 20 millones de mexicanos pasaron a engrosar las filas de la pobreza y la indigencia.”

Doralicia Carmona: MEMORIA POLÍTICA DE MÉXICO.